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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO). II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL [PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DERIVÓ EN EL "DECRETO QUE CONTIENE LAS OBSERVACIONES DEL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL DIVERSO POR EL QUE SE ABROGA (SIC) EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE (SIC) EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA (SIC) CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL']. III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE [PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DERIVÓ EN EL "DECRETO QUE CONTIENE LAS OBSERVACIONES DEL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL DIVERSO POR EL QUE SE ABROGA (SIC) EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE (SIC) EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA (SIC) CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL']. IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL "DECRETO QUE CONTIENE LAS OBSERVACIONES DEL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL DIVERSO POR EL QUE SE ABROGA (SIC) EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE (SIC) EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA (SIC) CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL' [PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DERIVÓ EN EL "DECRETO QUE CONTIENE LAS OBSERVACIONES DEL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL DIVERSO POR EL QUE SE ABROGA (SIC) EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE (SIC) EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA (SIC) CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL']. V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA FALTA DE VOTACIÓN, EN LO PARTICULAR, DE LOS ARTÍCULOS RESERVADOS [PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DERIVÓ EN EL "DECRETO QUE CONTIENE LAS OBSERVACIONES DEL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL DIVERSO POR EL QUE SE ABROGA (SIC) EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE (SIC) EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA (SIC) CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL']. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE ATRIBUCIONES PARA EMITIR NOTAS ACLARATORIAS PARA CUIDAR LA EFECTIVIDAD DEL TRABAJO LEGISLATIVO Y CUMPLIR CON LA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS EXPEDIDAS POR DICHO ÓRGANO EN LA GACETA OFICIAL EN LA FORMA EN QUE HUBIEREN SIDO APROBADAS ["NOTA ACLARATORIA AL DECRETO QUE CONTIENE LAS OBSERVACIONES DEL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL DIVERSO POR EL QUE SE ABROGA (SIC) EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE (SIC) EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL PARA (SIC) CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL']. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CONSULTA A LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LA EXPEDICIÓN DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VIII. DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. ANTE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 63/2017 Y SUS ACUMULADAS 65/2017, 66/2017, 67/2017, 68/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017, 74/2017 Y 75/2017. · Registro digital (IUS): 27890
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-06-15
Promovente: ENCUENTRO SOCIAL, DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Pág. 343.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 63/2017 Y SUS ACUMULADAS 65/2017, 66/2017, 67/2017, 68/2017, 70/2017, 71/2017, 72/2017, 74/2017 Y 75/2017. ENCUENTRO SOCIAL, DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARTIDO MORENA. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIOS: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR Y ETIENNE MAXIMILIEN ALEXANDRE LUQUET FARÍAS.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Por escritos recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las fechas que se indican, los partidos políticos nacionales, los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se mencionan y el procurador general de la República promovieron acciones de inconstitucionalidad, a través de las cuales solicitaron la invalidez de las normas que se refieren, emitidas y promulgadas por la Asamblea Legislativa y el jefe de Gobierno del Distrito Federal:

Ver acciones de inconstitucionalidad promovidas

SEGUNDO.—Los conceptos de invalidez que hacen valer los accionantes son, en síntesis, los siguientes:

I. Encuentro Social

En el único concepto de invalidez, el partido político impugna el artículo 17, fracción V, inciso a), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, por violar los artículos 25, 35, fracción I, 40, 41, 52, 73, fracción XXIX-U, 122 y 133 de la Constitución Federal; 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El precepto impugnado establece que los Concejos de la Demarcaciones Territoriales de la Ciudad estarán integrados por entre 10 y 15 concejales, y que el 60% de ellos será electo por el principio de mayoría relativa, a través de planillas, votadas en su conjunto.

De esta manera, al establecerse que para acceder a los cargos de concejales es necesario pertenecer a una planilla, la cual deberá resultar vencedora en su conjunto, excluye en definitiva a los candidatos independientes, quienes no podrán solicitar su registro como aspirantes a ocupar el referido cargo, lo que viola directamente contra (sic) sus derechos político-electorales.

Así, el artículo impugnado es inconstitucional por su deficiente regulación, esto es, por omitir establecer aquellas disposiciones necesarias para garantizar el acceso a cargos públicos a través de las candidaturas independientes. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis XXIX/2013 y V/2015, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubros: "OMISIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA ELECTORAL. EN SU CARÁCTER ABSOLUTO Y CONCRETO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL." y "CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA AUSENCIA DE LEY SECUNDARIA, OBLIGA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS-ELECTORALES A ADOPTAR LAS MEDIDAS PARA CONTENDER EN LAS ELECCIONES."

2. No se desconoce que la Constitución establece que para la integración de los órganos públicos de elección popular se debe seguir el sistema electoral mixto, esto es, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y que, en específico, el artículo 122 dispone que para la integración de los Concejos de cada una de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, el 60% de sus integrantes serán electos por el primero de los principios referidos, y el 40% restante por el segundo de ellos; sin embargo, esto no autoriza que el 60% de los concejales se integre, en su totalidad, por la planilla presentada por un partido político, aun cuando los candidatos, individualmente considerados, no hayan resultado vencedores, lo cual es injusto para aquellos candidatos con un mayor número de votos, quienes por no ser parte de la planilla vencedora no accederán al cargo público.

Lo anterior es contrario a la naturaleza del principio de mayoría relativa, el cual tiene como finalidad que el candidato directamente electo, y no un conjunto de ellos, represente y tenga contacto con un sector de la sociedad.

Adicionalmente, el término "conjunto", de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española significa, "en su totalidad, sin atender a detalles", siendo evidente la vulneración al principio de mayoría relativa, dado que, contrario a su naturaleza, se estaría votando por la planilla y no por los candidatos individualmente considerados, permitiendo que personas que no sean electas por los ciudadanos se conviertan en concejales.

3. El artículo 17, fracción IV, inciso a), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, es violatorio del principio de supremacía constitucional derivado del artículo 133 de la Constitución Federal, pues desconoce el contenido del diverso 122, apartado A), base IV, inciso a), del cual no se desprende que el 60% de los integrantes de los Concejos de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México deban ser electos en su conjunto, a través de planillas, puesto que, como se ha señalado con anterioridad, la lógica del principio de mayoría relativa implica la elección de candidatos en lo individual. Al respecto, sirve de apoyo la tesis 2a. LXXV/2012 (10a.), de rubro: "SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE 10 DE JUNIO DE 2011, RESPETA ESTE PRINCIPIO."

4. El artículo impugnado es inconstitucional, porque viola el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, derivado de los artículos 35, fracción I, 40, 41, base I, párrafo segundo, y 122 de la Constitución Federal, pues impide que quienes hayan obtenido la mayoría de votos accedan al cargo, ya sean candidatos postulados por partidos políticos o independientes.

5. Por último, el artículo impugnado es violatorio del artículo 135 de la Constitución Federal, porque la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México carece de facultades para ampliar, reducir, adicionar o modificar el contenido del artículo 122 constitucional, por lo que le es indisponible modificar los alcances del principio de mayoría relativa para la elección de los concejales de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

II. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

a) Acción de inconstitucionalidad 65/2017

1. Los artículos 4, 16, 17, 28 y 29 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, son violatorios de los artículos 1o., 35, 40, 122 y 133 de la Constitución Federal y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte, esencialmente, porque son contrarios al principio de progresividad de los derechos político-electorales, el cual, en el caso, debe aplicarse a los principios de democracia directa y participativa. El referido principio obliga a que en la elección de quienes integren los órganos de la Ciudad de México, incluidas las alcaldías, se garantice la elección individualizada de cada uno de los concejales por el principio de mayoría relativa. Sirve de apoyo la tesis P./J. 11/2012 (10a.), de rubro: "DERECHO A SER VOTADO. REQUISITOS PARA EL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR PREVISTOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

2. La elección de concejales por medio de planillas es violatoria del principio de democracia en su doble vertiente: la constitucional y la convencional.

Por un lado, los artículos combatidos son violatorios de los artículos 40 y 122 de la Constitución Federal, porque no hay razón alguna que justifique que se coarte el derecho a votar directamente por quienes ostentarán cualquier cargo público de elección popular. Con mayor razón, a partir de la reforma al artículo 122, con el cual se garantiza el derecho de los ciudadanos de la Ciudad de México a elegir a sus representantes con base en los principios de democracia, laicidad y representación. Ello, si se toman en cuenta que el arreglo democrático es un ejercicio soberano, el cual se instituye por el pueblo para sí y en su beneficio, la Constitución es la manifestación de la voluntad que debe prevalecer sobre la de los órganos constituidos. Luego, la democracia se ha convertido en un derecho exigible y sujeto de garantías, el cual debe ser protegido, entre otros, por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otro lado, los preceptos combatidos son violatorios del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual protege, al igual que la Constitución, el derecho a elegir libremente a los representantes a través del voto y prohíbe su imposición arbitraria. En el mismo sentido, los artículos 1, 2 y 3 de la Carta Democrática Interamericana señalan que los pueblos de América tienen derecho a la democracia, con la correlativa obligación de los Gobiernos de promoverla y defenderla. De esta manera, la democracia representativa se verá reforzada con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en el marco de respeto de los derechos humanos, garantizando que el acceso al poder y su ejercicio se realicen a través de elecciones periódicas, libres y justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo.

3. Los artículos impugnados establecen la definición e integración de las alcaldías de la Ciudad de México. Según el diseño de los preceptos en estudio, la ciudadanía, con la emisión de un solo voto, elige a la totalidad de los concejos que las integran.

El esquema referido restringe indebidamente el derecho al voto de la ciudadanía, puesto que el mismo voto será contabilizado para elegir al alcalde y a los concejales; contrario a lo establecido en el inciso a) de la fracción VI del artículo 122 de la Constitución Federal.

Lo establecido por la Asamblea Legislativa se basa, erróneamente, en los Ayuntamientos como órganos de Gobierno de los Municipios que integran el resto de las entidades federativas. El error radica en que los cargos de presidente municipal, síndicos y regidores no son equiparables a los del alcalde y concejales. En primer lugar, porque la redacción del propio artículo 122 advierte que a diferencia de lo que pasa en los Municipios, en los cuales el Ayuntamiento, como órgano de Gobierno, está conformado por el presidente municipal y los síndicos y regidores, las alcaldías únicamente cuentan con dos órganos de Gobierno, esto es, el alcalde y el concejo.

Esta diferencia esencial aparta a las alcaldías, como órgano de Gobierno de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, del régimen del "Municipio Libre" del artículo 115 constitucional. De esta manera, mientras que los Ayuntamientos tienen facultades amplias de Gobierno, las facultades de las alcaldías están enunciadas en la Constitución de la Ciudad de México.

Por otra parte, el establecimiento de las funciones que fueron otorgadas a los concejos hace más evidente la necesidad de que sean integrados de forma diferenciada. De acuerdo con el artículo 53, apartado C, de la Constitución Local, corresponde a los concejos la supervisión y evaluación de las acciones de Gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a las demarcaciones territoriales; facultades que obedecen a la lógica de fungir como contrapeso al poder del alcalde, cuyas facultades se encuentran enunciadas en un apartado distinto del referido artículo 53.

De esta manera, los artículos impugnados contravienen la Constitución Federal, puesto que la regulación de la elección del alcalde y de los concejales atenta en contra de las funciones de supervisión, así como a la división de poderes y al sistema de pesos y contrapesos que los Constituyentes (Federal y Local) instituyeron.

Esto es así, porque el voto expresado por la ciudadanía tendrá que reflejar la coincidencia de intereses para elegir al alcalde y al 60% del concejo, anulando completamente la posibilidad de que este último se erija como un órgano de contrapeso.

Así, la declaratoria de inconstitucionalidad que se solicita tiene como finalidad proteger las garantías institucionales que aseguran la autonomía de los concejos, entre ellas, que la elección de sus integrantes se realice directamente por los ciudadanos y no por el alcalde.

Por último, el glosario del Instituto Nacional Electoral relativo a la reforma político electoral, no incluye el término "planilla", lo que genera una laguna jurídica y falta de certeza para los ciudadanos, además de que, como se ha señalado, restringe el derecho a la democracia, así como el de votar y ser votado.

b) Acción de inconstitucionalidad 66/2017

1. El artículo 27, fracciones II, IV y VI, viola el principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal.

2. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México es contrario a los artículos 54 y 122 de la Constitución Federal, en relación con los límites de sobre y subrepresentación. Al igual que la fracción V del artículo 54, relativo a la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la fracción III del apartado A del artículo 122 de la Constitución Federal, y el inciso c) del numeral 2 del apartado B del artículo 29 de la Constitución de la Ciudad de México establecen que, en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados que exceda en la integración del Congreso de la Ciudad de México, en ocho puntos su porcentaje de votación emitida.

No obstante, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y, en específico, el artículo 27, fracciones II, IV y VI, reduce dicho umbral exigiendo que los límites de sobre y subrepresentación sean del cuatro por ciento, violando con ello el principio de soberanía y el derecho humano al voto en su doble vertiente.

3. La regulación que sobre los principios de mayoría relativa y representación proporcional adoptó la Asamblea Legislativa, es inconstitucional, pues no respeta el principio de soberanía ni el derecho a la democracia, ya que al ser la Constitución la manifestación de la voluntad popular, esta debe prevalecer sobre la de los órganos constituidos.

En el mismo sentido, los artículos 1, 2 y 3 de la Carta Democrática Interamericana señalan que los pueblos de América tienen derecho a la democracia, con la correlativa obligación de los Gobiernos de promoverla y defenderla. De esta manera, la democracia representativa se verá reforzada con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en el marco del orden constitucional.

c) Acción de inconstitucionalidad 67/2017

1. Invalidez del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, por violación del derecho a la consulta previa de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México.

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México es inconstitucional, en su totalidad, por haber sido emitido en violación a lo dispuesto por los artículos 6, 7 y 17 del Convenio 169 sobre "Los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo"; 1, 2 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; XXIII y XXIX de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; principio 22 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; 1o. y 2o., apartados A, fracciones I, III y VII, y B, fracción IX, 115, fracción III, último párrafo, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, 16, 20 y 20 Bis de la Ley de Planeación; 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 9o. y 22 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 2o. y 6o. del Reglamento Interno del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Indígenas; del Protocolo para la Implementación de Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas de conformidad con Estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas, Tribales en Países Independientes; del Protocolo de Consulta a los Pueblos y Barrios Originarios, así como a las Comunidades Indígenas Residentes sobre la División de las Circunscripciones en las Demarcaciones Territoriales en la Ciudad de México para el proceso electoral 2017-2018; del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de la Recomendación General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos No. 27/2016 sobre el Derecho a la Consulta previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana; de los artículos 24, apartado A, numeral 6, así como 57, 58 y 59, apartado A, numeral 1, y apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México, y del artículo 10, último párrafo, del propio Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, con base en los argumentos presentados a continuación:

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México es inválido en su totalidad, ya que fue violado el derecho a la consulta de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México.

El derecho a la consulta previa es un derecho de fuente constitucional y convencional. En el ámbito internacional, el derecho a la consulta a pueblos indígenas está previsto en el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo y, en específico, en los artículos 6, 7 y 17, los cuales exigen que cada vez que se emitan disposiciones legislativas o administrativas susceptibles de afectar, positiva o negativamente, directa o indirectamente a los pueblos originarios y a sus derechos, se les debe consultar mediante los procedimientos adecuados y a través de sus instituciones, estableciendo los medios por los que se garantice la libre participación de los interesados. También se establece el derecho a decidir, con base en sus prioridades, en cuestiones de desarrollo.

En el mismo sentido, los principios XXIII y XXIX de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 22 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, coinciden en que existe una obligación para los Estados de celebrar consultas a los pueblos originarios previo a la ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes y acciones relacionadas que les afecten.

Por otro lado, el artículo 2o., apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige la consulta a los pueblos indígenas por parte de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, con la finalidad de abatir las carencias y rezagos que los afectan y específicamente, en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas y de los Municipios y, en su caso, a incorporar las recomendaciones y propuestas aportadas. En consonancia a lo anterior, los artículos 14, 16, fracción III, 20 y 20 Bis de la Ley de Planeación; el artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el 9 y el 22 de su estatuto orgánico, y los artículos 2 y 6 del Reglamento Interno de su Consejo Consultivo; así como el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, desarrollan el deber del Estado de respetar y garantizar el derecho a la consulta.

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 58 reconoce la composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica y, por ello, en el diverso 25, apartado A, numeral 6, reconoce el derecho a la consulta, cuando la norma en cuestión se encuentre estrechamente relacionada con su derecho a la libre determinación y su autonomía. Además, en el artículo 59, apartado C, reconoce su derecho a participar plenamente en la vida política de la ciudad.

Ahora, el Protocolo para la Implementación de Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas, de conformidad con los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, desarrolla una serie de reglas necesarias para garantizar la efectividad del referido derecho.

De dichas reglas se desprende que la consulta debe constar de varias etapas: la primera, es la de previsiones generales (capacitación, planeación, contratación de traductores, entre otros), siguiendo con la etapa de preparación de diagnóstico y protocolo inicial; una vez concluido el documento de planificación inician las fases de acuerdos previos, de acuerdos sustantivos y, finalmente, las etapas de ejecución, cumplimiento y seguimiento de acuerdos.

En el caso, ninguna de las referidas etapas fue cumplida, pues no hubo siquiera algún acto tendiente a consultar a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, y con la finalidad de permitirles manifestar, si el contenido del Código de Elecciones y Participación Ciudadana les afectaba de alguna manera.

Además, específicamente en el caso de normas electorales, la Asamblea Legislativa debió haber tomado en cuenta al "Protocolo de consulta a los pueblos y barrios originarios, así como a las comunidades indígenas residentes sobre la división de las circunscripciones en las demarcaciones territoriales, en la Ciudad de México, para el proceso electoral 2017-2018", emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el cual es acorde con la Constitución Federal, la Local, el Convenio 169 de la OIT, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de veintisiete de junio, y la jurisprudencia 37/2015, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: "CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS.". Por último, resulta relevante hacer notar que el artículo 10, último párrafo, del propio código impugnado reconoce también el derecho a la consulta.

De acuerdo con todos los preceptos referidos, es claro que la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada es un requisito necesario para salvaguardar los derechos político-electorales de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas, siendo nula cualquier disposición adoptada en violación a ella.

Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis «LXIV/2016 y 37/2015», del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: "PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA, INFORMADA Y DE BUENA FE ES PROCEDENTE PARA DEFINIR LOS ELEMENTOS (CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS), NECESARIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL DERECHO AL AUTOGOBIERNO." y "CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS.", y las tesis 2a. XXIX/2016 (10a.) y 1a. CCXXXVI/2013 (10a.), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. DERECHO A SER CONSULTADOS. REQUISITOS ESENCIALES PARA SU CUMPLIMIENTO." y "COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS. TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ESTÁN OBLIGADAS A CONSULTARLOS, ANTES DE ADOPTAR CUALQUIER ACCIÓN O MEDIDA SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS E INTERESES."

2. Omisión legislativa en incluir candidaturas de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, para la integración de los Concejos y del Congreso de la Ciudad de México.

La redacción de los artículos 10, último párrafo, 14, 256, penúltimo párrafo, 262, fracción V, y del artículo vigésimo noveno transitorio del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, es contraria a los artículos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1o., 2o., apartado A, fracciones I, III, y VII, 35, fracciones II y III, y 115, fracción III, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., 53, apartado A, fracción IX, 56, numeral 2, fracción V, 57, 58 y 59, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México y 26, numerales 3 y 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Existe la obligación constitucional y convencional de garantizar la inclusión política de los pueblos y comunidades indígenas. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé expresamente el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos y a votar y ser votado para los cargos de elección popular; la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas establece el derecho de las minorías a participar efectivamente y sin discriminación en las decisiones que, tanto a nivel nacional como regional, les afecten. Además, la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos reafirma el derecho de los pueblos americanos a contar con instituciones efectivas para garantizar el derecho a la democracia.

Desde la emisión de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en mayo de dos mil catorce, fueron reconocidos los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas (artículo 26, numerales 3 y 4), en congruencia con la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación en agosto de dos mil uno. Sin embargo, esta ley no ha sido reformada para cumplir con los extremos de la diversa reforma constitucional, mediante la cual, se modificó la fracción III del apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el veintidós de mayo de dos mil quince.

Lo mismo sucedió con la emisión del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en el cual se omitió, por una parte, contemplar lo establecido en la fracción III del apartado A del artículo 2o. de la Constitución Federal, en el que se exige que los derechos político-electorales en materia indígena se ejerzan en un marco de respeto a la autonomía de la Ciudad de México; y por otro, los extremos de los numerales 3 y 4 del artículo 26 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa fue omisa en incluir en los artículos 14, 256 y 273 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, acciones afirmativas en materia electoral, siguiendo el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución 53/2016, en la que modificó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual emitió la convocatoria para la elección de 60 diputados por el principio de representación proporcional para la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, con la finalidad de que los partidos políticos incluyeran una fórmula de candidatos indígenas en el primer bloque de 10 candidaturas.

Por ejemplo, el artículo 14 impugnado, únicamente sugiere a los partidos políticos procurar la inclusión, en sus candidaturas, de una persona perteneciente a pueblos y barrios originarios, así como de comunidades indígenas. Resulta claro que el legislador omitió contemplar y garantizar los mecanismos jurídicos para hacer efectivos los derechos de las minorías en este precepto. La redacción en sí misma es discriminatoria, porque textualmente no exige la garantía del derecho en cuestión, tornándose además en ambigua, al prever, exclusivamente, que los partidos políticos "procurarán" incluir a candidatos integrantes de grupos indígenas.

De acuerdo con el Registro de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad (Sederec), existen 141 Pueblos y Barrios Originarios en la Ciudad de México, y según la encuesta inter censal 2015 del INEGI, en la Ciudad de México habitan 8'918,563 personas, de las cuales 1'004,525, se auto adscriben (960,059), y son hablantes de lenguas indígenas (129,355). Las comunidades indígenas residentes con mayor presencia son los nahuas (27.4%), mixtecas (10.8%), otomíes (10.2%), mazatecas (9.6%), zapotecas (7.9%), mazahuas (6.3%) y totonacas (4.1%). Por estas razones se presentó ante el Pleno de la Asamblea Legislativa una reserva al artículo 14 del código. Se propuso una reforma al precepto para exigir que se incluyeran como mínimo a 3 candidatos pertenecientes a los referidos grupos indígenas.

Ahora, el artículo vigésimo noveno transitorio también es omiso en incluir criterios específicos de participación de los pueblos indígenas, para candidaturas a concejales. En específico, el numeral 4 del apartado C del artículo 59 del código obliga a que las autoridades y representantes tradicionales de los pueblos, barrios y comunidades indígenas, electos de conformidad con sus sistemas normativos, sean reconocidos por la autoridades de la ciudad, con la obligación de garantizar su legitimidad; de ahí la obligación de contemplar sus candidaturas.

No obstante ello, el artículo vigésimo noveno transitorio omite establecer las acciones afirmativas suficientes para compensar las situaciones de injusticia y para garantizar que los representantes de los grupos indígenas residentes de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27890-b4611f02/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-la-ausencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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