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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 118, 172, 241, PÁRRAFO TERCERO, 284, PÁRRAFO ÚLTIMO, 377, PÁRRAFO ÚLTIMO, 423 Y 425 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). II. CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE HAYAN SEPARADO DE SU CARGO PARA UNA CONTIENDA ELECTORAL PODRÁN REINCORPORARSE, UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO RESPECTIVO (ARTÍCULOS 16, PÁRRAFO CUARTO, Y 19, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). III. REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA CONDICIÓN PARA ASIGNARLAS CONSISTENTE EN EL REGISTRO DE PLANILLAS EN OTROS MUNICIPIOS, VULNERA LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN II Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN IV, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ: "POR LO MENOS, CINCUENTA MUNICIPIOS DEL ESTADO", Y 377, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). IV. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. RESTRICCIÓN TEMPORAL DE LOS DIRIGENTES PARTIDISTAS PARA SU REGISTRO [ARTÍCULOS 118 Y 120, FRACCIÓN II, INCISO G), NUMERAL 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO]. V. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. EL REQUISITO DE LOS ASPIRANTES DE ACREDITAR QUE ESTÁN INSCRITOS EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES PARA SU REGISTRO, NO ES EXCESIVO NI INJUSTIFICADO [ARTÍCULO 120, FRACCIÓN II, INCISO B), DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO]. VI. CANDIDATURAS COMUNES. DETERMINACIÓN DE LAS FECHAS EN LAS QUE DEBE PRESENTARSE LA SOLICITUD DE REGISTRO [ARTÍCULOS 76, FRACCIONES I Y II, 77, INCISOS B), C), E) Y G), 81, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, 260, PÁRRAFO SEGUNDO, 289, PÁRRAFO ÚLTIMO, Y 363 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO]. VII. SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL. SU REGULACIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 185, FRACCIÓN LIX, 196, FRACCIONES XXXV Y XXXVI, Y 201, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). VIII. CAPACITACIÓN ELECTORAL, UBICACIÓN DE CASILLAS Y DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LAS MESAS DIRECTIVAS. ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DELEGABLE AL ORDEN ESTATAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 185, FRACCIÓN LVIII, 187, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 223, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). IX. EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL. LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES DE DAR FE PÚBLICA RESPECTO DE ACTOS O HECHOS QUE INFLUYAN O AFECTEN AQUÉLLA, ES CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 231, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). X. JORNADA ELECTORAL. CONDICIONES PARA LA APERTURA DEL LOCAL DE RESGUARDO DE LA PAQUETERÍA ELECTORAL (ARTÍCULO 347, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). XI. DERECHO AL VOTO ACTIVO. IMPEDIMENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ACREDITADOS PARA LAS MESAS DIRECTIVAS EN DETERMINADAS CASILLAS, A EJERCERLO FUERA DE SU SECCIÓN ELECTORAL (ARTÍCULO 284, FRACCIÓN IX, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). XII. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 289, PÁRRAFO PENÚLTIMO, Y 334, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "TRATÁNDOSE DE PARTIDOS COALIGADOS, SI APARECIERA CRUZADO MÁS DE UNO DE SUS RESPECTIVOS EMBLEMAS, SE ASIGNARÁ EL VOTO AL CANDIDATO DE LA COALICIÓN", DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). XIII. COALICIONES. LA REFERENCIA A ÉSTAS SIN REGULARLAS GARANTIZA EL PRINCIPIO DE CERTEZA ELECTORAL, AL DAR A ENTENDER QUE ESTE TIPO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA TAMBIÉN SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES [ARTÍCULOS 19, PÁRRAFO PRIMERO, 26, PÁRRAFO SEGUNDO, 28, FRACCIONES III Y IV, 74, 75, 118, 120, FRACCIÓN II, INCISO G), NUMERAL 2, 241, PÁRRAFO TERCERO, 254, 260, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y QUINTO, 264, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, 289, PÁRRAFO ÚLTIMO, 332, FRACCIÓN III, 333, FRACCIÓN V, INCISO A), 336, FRACCIÓN I, 369, PÁRRAFO SEGUNDO, 377, PÁRRAFOS PRIMERO Y PENÚLTIMO, 379, PÁRRAFOS PENÚLTIMO Y ÚLTIMO, 380, FRACCIONES I, II, III, IV Y PÁRRAFO ÚLTIMO, 381, PÁRRAFO PRIMERO, 429, PÁRRAFO QUINTO, FRACCIÓN I, Y 484, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO]. XIV. RADIO Y TELEVISIÓN. EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL TIENE LA FACULTAD EXCLUSIVA PARA ADMINISTRAR Y ASIGNAR LOS HORARIOS DE TRANSMISIÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y ESTATALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 260, PÁRRAFO QUINTO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). XV. DOCUMENTACIÓN ELECTORAL. SU EXPEDICIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES SERÁ GRATUITA Y EXPEDITA, CON EXCEPCIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO, SIN QUE LA REGULACIÓN RESPECTIVA TRASCIENDA A LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL REGISTRO CIVIL DE EXPEDIR DE MANERA GRATUITA LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE ÉSTA (ARTÍCULO 4 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). XVI. ELECCIONES EXTRAORDINARIAS. CONVOCATORIA POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA SU REALIZACIÓN CUANDO SE DECLARE UN EMPATE EN

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 50/2016 Y SUS ACUMULADAS 51/2016, 52/2016, 53/2016 Y 54/2016. · Registro digital (IUS): 26812
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-11-25
Promovente: PARTIDO POLÍTICO NACIONAL ENCUENTRO SOCIAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MORENA, DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo I, Pág. 292.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 50/2016 Y SUS ACUMULADAS 51/2016, 52/2016, 53/2016 Y 54/2016. PARTIDO POLÍTICO NACIONAL ENCUENTRO SOCIAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MORENA, DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 25 DE AGOSTO DE 2016. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, por el que se emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelven las acciones de inconstitucionalidad promovidas por: Partido Político Nacional Encuentro Social (50/2016), Partido de la Revolución Democrática (51/2016), Partido Político Morena (52/2016), diversos diputados integrantes de la LIX Legislatura del Estado de México (53/2016) y Partido Acción Nacional (54/2016), respectivamente, en contra de diversos artículos contenidos en el Decreto 85, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.

I. Trámite

1. Presentación de los escritos, autoridades (emisoras y promulgadoras) y normas impugnadas. Las presentes acciones de inconstitucionalidad se presentaron de la siguiente manera:

Ver manera en que se presentaron las acciones de inconstitucionalidad

2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas impugnadas: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México.

3. Normas generales impugnadas. En los correspondientes escritos de acción de inconstitucionalidad, se impugnaron las siguientes normas generales:

Ver normas generales

4. Conceptos de invalidez. Los promoventes hicieron valer los que consideraron pertinentes y a los cuales se hará alusión, al analizar la constitucionalidad de los preceptos que se impugnan.

5. Artículos constitucionales que los promoventes señalan como violados. Quedarán precisados en cada apartado del estudio de los conceptos de invalidez.

6. Admisiones y trámite. Mediante proveído de treinta de junio de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 50/2016, promovida por el Partido Político Nacional Encuentro Social, y turnar el asunto al Ministro Javier Laynez Potisek. Asimismo, en autos de la misma fecha, el citado presidente ordenó formar y registrar los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad 51/2016, 52/2016 y 53/2016, promovidas por los Partidos Políticos de la Revolución Democrática y Morena, así como por diversos diputados integrantes de la Legislatura del Estado de México, respectivamente, acordando su acumulación a la acción 50/2016. Finalmente, en auto de primero de julio del mismo año se acordó formar y registrar el expediente de la acción de inconstitucionalidad 54/2016, promovida por el Partido Acción Nacional, acordando también su acumulación a los citados expedientes.

7. Por auto de seis de julio de dos mil dieciséis, el Ministro Javier Laynez Potisek admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de México, por ser quienes, respectivamente, emitieron y promulgaron las normas impugnadas, para que rindieran sus informes. También solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la procuradora general de la República sus opiniones.

8. Informes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad. Los Poderes Legislativo (fojas 757 a 808) y Ejecutivo (fojas 688 a 736) del Estado de México, al sustentar la constitucionalidad de los artículos impugnados, señalaron, de manera coincidente, en síntesis, lo siguiente:

a) En relación con la impugnación formulada en contra del artículo 4 del Código Electoral del Estado de México, que establece como excepción a la expedición gratuita de los documentos requeridos por las autoridades electorales, la emisión del acta de nacimiento, sostiene que no contraviene el artículo 4o. de la Constitución Federal, que señala que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

Lo anterior, ya que la expedición de la primera copia del acta de nacimiento debe ser gratuita, por corresponder a los derechos de identidad y reconocimiento de la personalidad, entre otros, y en ese tenor, con tal expedición se garantiza a las personas el derecho de ser registrado y obtener su acta de nacimiento de manera gratuita.

Empero, en la expedición posterior de un acta de nacimiento, al ser un documento certificado legalmente, por el cual, se da constancia del origen físico de una persona a partir del registro de sus datos básicos, tiene un costo que constituye un pago de derechos que tiene como objeto satisfacer el servicio público brindado por el Estado; de manera que le permita a éste continuar en el desempeño de tal actividad y así proporcionar el servicio a la colectividad.

En ese tenor, considera que el pago por la expedición de una copia del acta de nacimiento que, además, no es exclusivo en el periodo de elecciones, no resulta contrario a las disposiciones constitucionales, por constituir una contribución establecida en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir los servicios que presta el Estado.

b) Sobre la impugnación de los artículos 16, cuarto párrafo y 19, tercer párrafo, del Código Electoral del Estado de México, relativos a la reincorporación de los servidores públicos que se separaron de su cargo para contender en un proceso electoral, señala que tales dispositivos no son contrarios a lo dispuesto en los artículos 14, segundo y cuarto párrafos; 16, primer párrafo; 41, base I, segundo párrafo; 115, primer párrafo; 116, primer párrafo, fracciones II y IV, inciso b) y 133 de la Constitución Federal, ello aun cuando se solicite el goce de una licencia temporal para desempeñar el cargo conferido, a efecto de contender en un proceso electoral, en principio, ya que para que prevalezca la equidad en cualquier contienda electoral, es indispensable que durante el periodo de campaña los candidatos no ostenten cargos en la administración pública que les permitan un posicionamiento mayor o ejercer algún tipo de presión al electorado y, por ende, toda persona que preste sus servicios al Estado en cualquiera de los tres niveles de gobierno, previo a su postulación como candidato, deberá separarse del mismo.

Al respecto, afirma que la licencia temporal satisface el requisito en mención, pues implica una desvinculación de las funciones y del cargo desempeñado y, por tanto, de ninguna manera puede influenciar la decisión del electorado, ni otorgar potestad al ciudadano triunfador.

Respecto de la reincorporación, señala que si la Constitución Federal no establece una restricción para que las personas que se postulen a cargos de elección popular puedan reincorporarse al cargo que desempeñaban, es claro que deja abierta la posibilidad de que la separación sea temporal, luego, a la luz del principio pro homine, debe considerarse que, una vez finalizada la contienda electoral, pueden volver al cargo que ostentaban. Asumir una postura en contra implicaría una transgresión al artículo 1o. constitucional, conforme al cual, la restricción a un derecho establecido en la Carta Magna debe estar expresamente contemplado en ésta, lo cual, no acontece en el caso particular.

Además, sostiene que la separación de un cargo público para contender en un proceso electoral y la reincorporación al mismo una vez que concluya, no implica que se desempeñen dos cargos públicos de manera simultánea, en tanto que, de conformidad con lo previsto por los artículos 144 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, los servidores públicos por nombramiento o designación, al entrar en funciones, deberán rendir protesta formal respecto del desempeño del empleo, cargo o comisión y nunca podrán reunirse en un solo individuo dos empleos o cargos públicos del Estado.

Asimismo, señala que, de estimarse lo contrario, se violentaría el principio de igualdad reconocido en los numerales 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los cuales todos los ciudadanos deben gozar de los mismos derechos y oportunidades; además de que en el marco de una democracia constitucional, la igualdad implica la posibilidad de que cualquier persona alcance el poder político y, para tal efecto, el poder votar y ser votado para ocupar cualquier cargo de elección popular; por lo tanto, los funcionarios públicos que se encuentren en el desempeño de su cargo, al igual que cualquier ciudadano mexicano, deben tener el derecho de acceso a cualquier cargo de elección popular, para lo cual, en cumplimiento a las disposiciones legales, podrá separarse de su cargo para poder ser contendiente en el periodo de elecciones y, en su caso, ocupar el cargo respectivo con la posibilidad de reincorporación.

c) Por lo que respecta a la impugnación de los artículos 28, fracción IV y 377, fracción I, del Código Electoral del Estado de México, relativo a la asignación de regidores según el principio de representación proporcional, condicionada a la postulación de planillas en 50 Municipios de la entidad federativa, sostiene que tales preceptos no son una limitante al derecho de los ciudadanos a ser votados para cualquier cargo de elección popular, ni a la autonomía municipal, ni tampoco contraviene lo previsto en los artículos 1o.; 14, segundo y cuarto párrafos; 16 primer párrafo; 115, bases I y VIII, primera parte; 116, fracción IV, incisos a) y b), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al efecto, señala que los preceptos impugnados son constitucionales, por constituir bases generales del sistema de representación proporcional para la integración del órgano de Gobierno Municipal; además, ya que busca una mayor participación en la vida política del país y que los partidos políticos, al formar planillas en los Municipios del Estado de México, puedan otorgar a los ciudadanos una oportunidad de acceso para elegir cargos políticos en el Gobierno Municipal. Asimismo, que los partidos tengan participación en todos los Municipios de la entidad mexiquense, aunado a que, al ponerles un mínimo de Municipios en los cuales deben autorizar la formación de planillas, se pretende que éstos no pierdan sus registros como se ha suscitado.

Resalta que tales disposiciones contemplan la participación en condiciones de igualdad de hombres y mujeres, al considerar que la representación municipal se integre por un cincuenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género y el restante con candidatos del género opuesto, en cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y paridad de género.

d) En lo relativo a la impugnación del artículo 31 del Código Electoral del Estado de México, que prevé el proceso electoral extraordinario en caso de empate, sostiene que, contrario a lo expuesto por el partido impugnante, resulta innecesario que el dispositivo en comento establezca un plazo para convocar a elecciones extraordinarias, en tanto que previamente deberán agotarse los medios de impugnación que se tengan al alcance, cuyo tiempo de sustanciación es incierto.

Que en caso de que se requiera de la práctica de elecciones extraordinarias, la Legislatura Local, al señalar una nueva fecha para su realización, podrá emplear medios electrónicos o de comunicación como periódicos, radio o televisión, por lo que no resulta un impedimento el dar a conocer a la población una nueva fecha para las votaciones.

Además, que debe desestimarse lo manifestado por la parte impugnante, en el sentido de que existen omisión legislativa, en virtud de que no se satisfacen los requisitos indispensables para considerar actualizada la figura jurídica en comento.

e) Respecto de la impugnación de los artículos 76, fracciones I y II; 77, incisos b), c), e) y g); 79; 81, párrafos segundo y tercero; 260, segundo párrafo; 289, último párrafo y 363 del Código Electoral del Estado de México, que regulan las candidaturas comunes de los partidos políticos, afirma que la facultad del Congreso del Estado de México para regular la materia de candidaturas comunes encuentra sustento en el artículo 116, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Federal, en el diverso artículo 85, numeral 5, de la Ley General de Partidos Políticos y en el artículo 61, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, de los que se advierte la facultad de las Legislaturas para que, por medio de la configuración legislativa, se garantice la eficacia del sistema electoral.

Al respecto, destaca que esta facultad es diversa a la prevista en el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal, que se reserva a la Federación la expedición de las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materias de partidos políticos, pues la prerrogativa de las entidades federativas quedó plasmada por la Federación en la Ley General de Partidos Políticos, específicamente, en el citado artículo 85.

En ese tenor, no existe invasión alguna a las facultades federales, sino el cumplimiento de la obligación del Estado para garantizar el funcionamiento del sistema en materia electoral, bajo el contexto y delimitación de las atribuciones locales.

f) Respecto de la impugnación de los artículos 185, fracciones LVIII y LIX; 187, segundo párrafo; 196, fracciones XXXV y XXXVI; 201, fracción V y 223, fracción VII, segundo párrafo, del Código Electoral del Estado de México, relativos a las atribuciones del consejo general, a su consideración no invaden alguna facultad conferida al Instituto Nacional Electoral, sino por el contrario, la Constitución y las leyes generales en la materia establecen explícitamente los campos del Instituto Nacional Electoral y, por su parte, el artículo 104, numeral 1, inciso r), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que los organismos públicos locales ejercen las facultades que, al respecto, les confiere, las no reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que establezcan las leyes locales.

Además, los artículos impugnados no contravienen lo principios rectores del proceso electoral de certeza, imparcialidad e independencia, ya que, de conformidad con el artículo 41, base V, párrafo primero, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el artículo 42, numerales 2 y 3, así como del diverso 63, numeral 1, incisos a) y b), ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y del numeral 26, primer párrafo, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales, es necesario el establecimiento de acuerdos y la coordinación de los tres niveles de gobierno para la capacitación de las personas que formarán parte de las casillas en los días de elección y para que se puedan llevar con éxito las campañas electorales respectivas.

g) Sobre la impugnación del artículo 231, fracción I, del Código Electoral del Estado de México, que regula la fe pública electoral, señala que se encuentra apegado a lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual, los organismos públicos electorales deben contar con servidores públicos investidos de fe pública; que la función de la Oficialía Electoral es dotar a los servidores de fe pública para constatar actos y hechos en materia electoral dentro y fuera de los procesos de elección que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral, asimismo, que por medio de su certificación se evite la pérdida o alteración de los indicios o elementos relacionados con actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la legislación electoral , en general, para garantizar la certeza de determinados actos o hechos de naturaleza electoral.

En ese tenor, señala que el artículo 231 impugnado tiene como finalidad dar legalidad y equidad a la elección, en cumplimiento a los principios que rigen el proceso electoral, lo cual se traduce en transparencia y fortalecimiento a las actividades realizadas por los funcionarios electorales, con lo que se da respuesta a un clamor ciudadano y legalidad al proceso electoral.

h) Por lo que respecta a la impugnación del artículo 347, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México, relativo a la apertura del lugar de resguardo de los paquetes electorales, sostiene que no le causa agravio al partido accionante, pues de ninguna manera viola el principio de equidad, sino que, por el contrario, tutela el resguardo de la documentación electoral al colocar por lo menos una cámara de circuito cerrado que permita observar el interior de las bodegas electorales.

Respecto a la apertura de la paquetería electoral sólo en presencia de la mayoría de representantes de partidos políticos, afirma que no constituye una medida restrictiva, pues la instalación de las bodegas tiene como objeto la salvaguarda de las boletas electorales antes y después de la jornada electoral para brindar mayor seguridad y certeza jurídica a los partidos políticos, por tanto, a efecto de respetar tales principios, así como los diversos de legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, lo correcto es que estén presentes la mayoría de éstos en el momento en que se vuelvan a abrir, a efecto de evitar especulaciones en torno al fraude electoral y a la desaparición de boletas; consecuentemente, el dispositivo impugnado no le causa agravio al partido accionante.

i) En torno a la impugnación del artículo 284, fracción IX, último párrafo, del Código Electoral del Estado de México, relativo al derecho a votar de los representantes de los candidatos independientes, partidos políticos o coaliciones en las casillas electorales en las que fueron nombrados, señala que, a efecto de poder ejercer el derecho al voto, los ciudadanos deben estar registrados en la lista nominal de electores, lo cual constituye un requisito indispensable no sólo para los ciudadanos, sino también para los representantes de los partidos políticos que residan en el lugar en el que van a votar, esto es, que su credencial de elector tenga el domicilio de la entidad actual en la cual residen, porque, de no ser así, a ningún ciudadano se le permitirá votar en otra entidad.

j) Sobre la impugnación del artículo 260 del Código Electoral del Estado de México, que faculta al Instituto Electoral Local para ordenar a los partidos políticos, coaliciones o candidatos comunes modificar o sustituir los contenidos de los mensajes que transmitan por radio y televisión, cuando se afecten los principios rectores de los procesos electorales locales, sostiene que no adolece de inconstitucionalidad, en tanto que la intención de la norma es elevar el nivel en el debate político evitando propaganda que, por su naturaleza, no contribuye al sano desarrollo de las contiendas electorales por servir como una técnica de presión social destinada a establecer en los individuos determinadas formas de pensar o de actuar, así como obtener solidaridades con ciertos grupos y lograr adhesiones fuertes.

k) En la impugnación del artículo 358, fracción VII, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México, que prevé el recuento de votos por el Consejo Distrital, sostiene que tal dispositivo no regula de manera deficiente el nuevo escrutinio y cómputo de los votos, en tanto que, de manera completa, prevé todas las hipótesis para que se lleve a cabo de manera adecuada y completa, y fija el proceder de los Consejos Distritales para tal efecto.

l) Por lo que respecta a la impugnación de los artículos 118 y 120, fracción II, incisos b) y g), párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México, que establece los requisitos para ser candidatos independientes y, particularmente, lo relativo a la separación del cargo partidista con tres años de anticipación, así como no haber sido postulado en el proceso electoral inmediato anterior, sostiene que los candidatos independientes son ciudadanos que, sin ser postulados por un partido político o coalición, obtuvieron su registro por parte del órgano electoral correspondiente.

Que uno de los rasgos más importantes de los candidatos independientes es que puede contender en una elección sin el respaldo de un partido político; en ese tenor, a efecto de salvaguardar la independencia de las candidaturas independientes del sistema de partidos, se impone a los candidatos que con anterioridad militaron en algún partido político, acreditar que transcurrieron, por lo menos, tres de la última participación que tuvieron dentro del partido político.

m) En lo tocante a la impugnación de los artículos 19, primer párrafo; 26, segundo párrafo; 28, fracciones III y IV; 74; 75; 118; 120, fracción II, inciso g), numeral 2; 241, tercer párrafo; 254; 260, párrafos primero, segundo y quinto; 264, párrafos tercero y cuarto; 289, párrafos penúltimo y último; 332, fracción III; 333, fracción V, inciso a); 334, fracción I; 336, fracción I; 369, segundo párrafo; 377, párrafos primero y penúltimo, y fracción I; 379, párrafos penúltimo y último; 380, fracciones I, II, III, IV y último párrafo; 381, primer párrafo; 429, quinto párrafo, fracción I y 484, tercer párrafo, todos del Código Electoral del Estado de México, que regulan las coaliciones y candidaturas comunes, señala que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 40, 41, 115, 116 y 124 de la Constitución Federal, su configuración queda a cargo del legislador local, conforme a sus propias situaciones y estableciendo sus propios principios para el desarrollo político electoral.

n) Sobre la impugnación del artículo 358, fracción II, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México, que impone al Consejo Distrital realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la votación recibida en una casilla cuando existan objeciones fundadas, señala que de ninguna manera se viola en su perjuicio los principios de certeza, legalidad, máxima publicidad y objetividad, en tanto que el conteo de votos no constituye un acto complejo que comprenda una pluralidad de determinaciones cohesionadas, sino que se conforma con actos distintos vinculados a dar legalidad de los resultados. Luego, es una medida instrumental que facilita el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros con que cuentan los Consejos Distritales, hace más eficiente la labor del nuevo escrutinio y cómputo y, con ello, se disminuye considerablemente el margen de error en que se pueda incurrir. Al efecto, una de las formas para garantizar la autenticidad y la certeza en la libre expresión del sufragio, contrario a lo señalado por el accionista, al realizar el Consejo Distrital, nuevamente el escrutinio y cómputo de una casilla, cuando existan objeciones fundadas, tiene como fin no afectar el derecho al sufragio en su dimensión individual y social en favor de determinado partido; ello en estricto cumplimiento al principio de certeza, conforme al cual se debe ejercer la voluntad del electorado y a los principios de autenticidad, legalidad y certeza de los resultados de la elección.

9. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación opinó, en síntesis, lo siguiente:

a. Sobre la reincorporación de servidores públicos a su cargo luego de contender en un proceso electoral. No emite opinión, debido a que este tema ya fue resuelto por este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 56/2014 y su acumulada 60/2014, en la que, por unanimidad de diez votos, se determinó que no existe restricción constitucional alguna para que los ciudadanos que se separaron de un cargo público para contender en los procesos electorales locales puedan reincorporarse al mismo, una vez concluidos los cómputos de la elección en la que participaron.

b. Sobre la asignación de regidores por el principio de representación proporcional condicionada a postular planillas en 50 Municipios. La Sala considera que tampoco es materia de opinión, en virtud de que también esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió pronunciamiento sobre el tema en la acción de inconstitucionalidad 57/2012, en la que, por unanimidad de once votos, se declaró la invalidez de una norma que supeditaba el derecho a participar en el proceso de asignación de regidores por el principio de representación proporcional, a los partidos políticos que, entre otros requisitos, hayan registrado planillas en por lo menos treinta Municipios; ello por ser contrario a lo dispuesto por los artículos 35, fracción II y 115 de la Constitución Federal.

c. Sobre los requisitos para ser candidatos independientes (separación de cargo partidista con tres años de anticipación y no haber sido postulado en el proceso electoral inmediato anterior). Sobre el particular, considera, de igual forma, que no es materia de opinión, ya que este Alto Tribunal ha resuelto el tema en la acción de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas.

d. Sobre las candidaturas comunes. Invasión del ámbito de competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de coaliciones. Al respecto, la Sala considera que las disposiciones legales impugnadas que se relacionan con la temática señalada, efectivamente son inconstitucionales, en tanto que regulan aspectos propios de coaliciones, lo cual es facultad del Congreso de la Unión. Opinión que, a su consideración, coincide con lo resuelto por este tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad 86/2014 y su acumulada 88/2014. Asimismo, hace notar que esta Suprema Corte ya se ha pronunciado sobre el tema de candidaturas comunes, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 69/2015, 71/2015 y 73/2015, acumuladas.

e. Sobre la invasión de competencias del Instituto Nacional Electoral. La Sala considera que el tema no es materia de opinión, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de diez votos, ha resuelto el tema en la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas, en que determinó que el artículo 41, fracción V, apartado D, de la Constitución Federal reserva al Instituto Nacional Electoral, la reglamentación de la totalidad del servicio profesional electoral nacional.

f. Sobre la regulación deficiente de la fe pública electoral. Considera que no se vulnera lo preceptuado por el artículo 41, base V, apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho precepto no prohíbe a las Legislaturas de los Estados regular las atribuciones de la oficialía electoral a nivel estatal, con la finalidad de que los funcionarios correspondientes den fe de la realización de actos y hechos en materia electoral, por lo que, de acuerdo a una interpretación conforme de la norma cuestionada, se debe entender que la Constitución permite a las Legislaturas Estatales regular las atribuciones de la oficialía electoral de las entidades federativas. Señala, asimismo, que respecto a la frase contenida en la disposición impugnada: "que pueda influir o afectar la equidad en las contiendas electorales", no condiciona dicha atribución a que los actos únicamente estén relacionados con las contiendas electorales, sino que debe entenderse de manera genérica, es decir, para dar fe de actos o hechos en materia electoral, que puedan influir o afectar la equidad en las contiendas electorales.

g. Sobre la apertura del lugar de resguardo de los paquetes electorales. Señala que el dispositivo cuestionado no vulnera los principios constitucionales previstos en el artículo 41, fracciones II y V, así como 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establecen que todos los contendientes en un proceso electoral tienen el derecho de participar en el mismo de manera equitativa para llevar a cabo sus actividades y, para ello, rigen los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, que tienen que respetar las autoridades en ejercicio de su función electoral.

h. Sobre el derecho al voto de los representantes partidistas. Afirma que no puede considerarse inconstitucional, porque el derecho al ejercicio del voto de los representantes de los candidatos independientes, partidos políticos o coaliciones en las casillas electorales está plenamente garantizado en el artículo 317 del código en cita, y si bien el accionante refiere que existe una antinomia entre los artículos 284 y 317 de la ley en comento, más que contradecirse se complementan, pues mientras el segundo contiene el derecho general para votar, el primero delimita dicho derecho respecto de las personas que pertenezcan a otra demarcación territorial, lo que debe interpretarse en el sentido de que se actualice el caso que el representante no pueda votar por pertenecer a otra demarcación territorial, que trae como consecuencia que no esté legitimado para votar en esa elección; es ahí donde encuentra su justificación el artículo impugnado. Señala también que tales preceptos van acorde con lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 279 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el cual se confirma que los representantes partidarios y de candidatos independientes podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, con lo que está garantizado su derecho de voto sin que se vea restringido por la norma impugnada, pues atiende a un diverso supuesto que tendrá que ser objeto de interpret

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26812-8cb1acba/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-la-ausencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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