I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (FE DE ERRATAS DE LAS REFORMAS DE LOS ARTÍCULOS 10, 11, 36 Y 48 DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE DURANGO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS). III. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES. LOS CONGRESOS LOCALES CUENTAN CON LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA ESTABLECER ESTE SISTEMA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SIEMPRE QUE SE SUJETEN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD (ARTÍCULO 4, NUMERAL 1, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE DURANGO). IV. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES. LA NORMA LOCAL QUE PREVÉ QUE SE PODRÁN IMPUGNAR "TODOS LOS ACTOS Y RESOLUCIONES" DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES, ABARCA LAS OMISIONES Y LOS ACUERDOS, PUES LA PALABRA "ACTOS" IMPLICA LA EXPRESIÓN POSITIVA DE UNA DETERMINACIÓN (ARTÍCULO 4, NUMERAL 1, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE DURANGO). V. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (ARTÍCULO 13, NUMERAL 4, DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE DURANGO). VI. COALICIONES. LA NORMA LOCAL QUE PREVÉ LA FORMA EN QUE SE ACREDITARÁ SU REPRESENTACIÓN LEGAL, EN TÉRMINOS DEL CONVENIO RESPECTIVO, NO INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLAS (ARTÍCULO 13, NUMERAL 4, DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE DURANGO). VII. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES. LA PREVISIÓN LOCAL QUE ESTABLECE QUE LA REPRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEBERÁ ESTAR ACREDITADA ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (ARTÍCULO 14, NUMERAL 1, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE DURANGO). VIII. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES. LA PREVISIÓN LOCAL QUE ESTABLECE LA PROHIBICIÓN A LA CIUDADANÍA Y CANDIDATURAS PARA PROMOVER LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN POR CONDUCTO DE SUS PERSONAS REPRESENTANTES, TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 14, NUMERAL 1, FRACCIÓN II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR SU PROPIO DERECHO, SIN QUE SEA ADMISIBLE REPRESENTACIÓN ALGUNA", DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE DURANGO). IX. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES. LIMITAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE SE REFIERAN A LA IMPUGNACIÓN DE ACTOS O RESOLUCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ÚNICAMENTE PARA CONFIRMAR O REVOCARLOS ES INCONSTITUCIONAL, AL IMPEDIR QUE EL TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL EJERZA SUS FACULTADES JURISDICCIONALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 27, NUMERAL 2, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CUANDO SE TRATE DE ACTOS O RESOLUCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LOS EFECTOS SERÁN SÓLO PARA CONFIRMAR O REVOCAR EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA", DE LA LEY DE MEDIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE DURANGO). X. NULIDAD DE ELECCIONES. EL LEGISLADOR LOCAL CUENTA CON LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA ESTABLECER LAS CAUSALES QUE ESTIME PRUDENTES PARA DECRETARLA, SIEMPRE QUE NO DISTORSIONEN EL PRINCIPIO DE CERTEZA ELECTORAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 54, NUMERAL 1, FRACCIONES I Y II, EN SENDAS PORCIONES NORMATIVAS "EN EL MUNICIPIO DE QUE SE TRATE", DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE DURANGO). XI. NULIDAD DE ELECCIONES. LA NORMA LOCAL QUE PREVÉ LA CAUSA CONSISTENTE EN ALCANZAR EL VEINTE POR CIENTO DE VOTACIÓN VICIADA O DE CASILLAS NO INSTALADAS "EN EL MUNICIPIO DE QUE SE TRATE" NO CORRESPONDE AL SISTEMA DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, EL CUAL DEBE TOMAR EN CUENTA EL DISTRITO CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 54, NUMERAL 1, FRACCIONES I Y II, EN SENDAS PORCIONES NORMATIVAS "EN EL MUNICIPIO DE QUE SE TRATE", DE LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE DURANGO). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 14, NUMERAL 1, FRACCIÓN II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR SU PROPIO DERECHO, SIN QUE SEA ADMISIBLE REPRESENTACIÓN ALGUNA", 27, NUMERAL 2, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CUANDO SE TRATE DE ACTOS O RESOLUCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LOS EFECTOS SERÁN SÓLO PARA CONFIRMAR O REVOCAR EL ACTO O RESOLUCIÓN
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 189/2023. PARTIDO POLÍTICO MORENA. 5 DE DICIEMBRE DE 2023. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Actos impugnados: Decreto 408 que contiene reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango. De los que, en el caso, se impugnan los artículos 4, numeral 1, fracciones I y II; 13, numeral 4; 27, numeral 2; y 54, numeral 1, fracciones I y II, publicado en el Periódico Oficial Número 16, Tomo CCXXXVIII, del Estado de Durango el uno de agosto de dos mil veintitrés.
La Fe de Erratas respecto de las reformas a los artículos 10, 11, 36 y 48 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, publicada en el Periódico Oficial de la Entidad Número 65, Tomo CCXXXVIII, el trece de agosto de dos mil veintitrés.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de diciembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 189/2023, promovida por el partido político Morena.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, Mario Martín Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso y del Gobernador del Estado de Durango, por el "Decreto 408 que contiene reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, publicado en el Periódico Oficial de esa Entidad el uno de agosto de dos mil veintitrés"; así como la Fe de erratas respecto de las reformas a los artículos 10, 11, 36 y 48 de esa Ley, publicada en el Periódico Oficial el trece de agosto siguiente.
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: La LXIX Legislatura del Congreso del Estado de Durango y el Gobernador Constitucional de esa entidad.
3. Normas generales cuya invalidez se reclama. Decreto 408 que contiene reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, concretamente, los artículos 4, numeral 1, fracciones I y II; 13, numeral 4; 27, numeral 2, y 54, numeral 1, fracciones I y II, publicado en el Periódico Oficial del Estado el uno de agosto de dos mil veintitrés; y la Fe de erratas de la citada legislación, relativa a los artículos 10, 11, 36 y 48, publicada el trece de agosto de la referida anualidad.
4. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Se señalan como preceptos violados los artículos 1, 2, 14, 16, 24, 35, 39, 40, 41, 115, 116, 124, 130 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 1, 2, 23, 24, 27 y 29 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
5. Conceptos de invalidez. El accionante expuso los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, de cuyo contenido se dará cuenta en los apartados destinados a su estudio.
6. Trámite y admisión. Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Morena, con el número 189/2023 y, por razón de turno, designó al Ministro Alberto Pérez Dayán como instructor.
7. Por auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad, tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostenta. Además, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Durango, para que rindieran su informe y enviaran copias certificadas de los antecedentes legislativos de las normas generales impugnadas y, al Poder Ejecutivo Estatal, para que remitiera los ejemplares de los periódicos oficiales donde consten las publicaciones de las normas y la fe de erratas combatidas.
8. Asimismo, solicitó al Presidente del Instituto Nacional Electoral que remitiera copias certificadas de los Estatutos o documentos básicos vigentes del Partido Político Morena, así como de las certificaciones de su registro vigente y para que precisara quiénes son los actuales representantes e integrantes de su órgano de dirección nacional; y al Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, informara la fecha en que dará inicio el próximo proceso electoral en la entidad.
9. De igual forma, requirió opinión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente.
10. Instituto Nacional Electoral remite constancias. En acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor tuvo al Instituto Nacional Electoral exhibiendo las copias certificadas digitalizadas de los Estatutos vigentes del Partido Político Morena, así como las certificaciones de su registro vigente, en las que se precisa que Mario Martín Delgado Carrillo se encuentra registrado como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y se proporcionan los nombres de los demás integrantes de dicho Comité.
11. Asimismo, tuvo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango informando la fecha en que dará inicio el próximo proceso electoral en esa demarcación territorial, a saber, el uno de noviembre de dos mil veintitrés.
12. Informe y nuevo requerimiento al Poder Ejecutivo del Estado de Durango. Mediante auto de dos de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo al Consejero General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Durango rindiendo informe; sin embargo, al no haber dado cumplimiento íntegro al requerimiento formulado en el acuerdo de doce de septiembre del año en cita, por exhibir copias simples en lugar de certificadas de los Periódicos Oficiales donde se publicó el Decreto combatido y la Fe de erratas, se le requirió de nuevo el envío de éstos en formato electrónico.
13. En el Informe correspondiente, la autoridad manifiesta que le correspondió la promulgación y publicación del Decreto combatido, ya que el artículo 98 de la Constitución del Estado de Durango y el diverso 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública lo facultan y obligan a promulgar y hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso, así como publicarlas.
14. Asimismo, expresa que en la demanda no se le atribuyen vicios a los actos que le son propios ni se enderezan conceptos de invalidez, y que, al haber actuado conforme a esa normativa, se puede concluir que no existe afectación.
15. Informe del Congreso Local y opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo al Secretario de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Durango rindiendo el informe solicitado; asimismo, se tuvo por recibida la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
16. El Congreso del Estado de Durango argumenta que el proceso de creación y publicación del Decreto combatido cumplió con los requisitos constitucionales y legales que se prevén para el Estado de Durango y expresa diversos argumentos tendientes a demostrar que los conceptos de invalidez son infundados.
17. Cumplimiento del requerimiento formulado al Poder Ejecutivo del Estado de Durango. En proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por acreditado el requerimiento hecho al Poder Ejecutivo de Durango y por recibidas las copias certificadas digitalizadas de los Periódicos Oficiales donde se publicaron las normas y fe de erratas impugnadas.
18. Alegatos. En acuerdo de veintitrés de octubre siguiente, se tuvo al Delegado del Partido Político Morena formulando alegatos.
19. Pedimento de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República no formuló pedimento en el presente asunto.
20. Cierre de instrucción. En proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor ordenó cerrar instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
21. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el promovente de la acción plantea la posible contradicción entre la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango y la Constitución Federal.
II. OPORTUNIDAD
22. La demanda fue presentada dentro del plazo legal.
23. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) dispone que el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales, cuyo cómputo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el ordenamiento impugnado; y, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente; también que, en materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.
24. El Decreto 408 que contiene Reformas, Adiciones y Derogaciones a diversos artículos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango. De los que en el caso se impugnan los artículos 4, numeral 1, fracciones I y II; 13 numeral 4; 27, numeral 2, y 54, numeral 1, fracciones I y II, fue publicado en el Periódico Oficial Número 16, Tomo CCXXXVIII del Estado de Durango el uno de agosto de dos mil veintitrés, por lo tanto, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del dos al treinta y uno de agosto del año en cita.
25. Por lo que hace a la fe de erratas respecto de las reformas a los artículos 10, 11, 36 y 48 de la legislación referida, publicada en el periódico oficial de la entidad número 65, Tomo CCXXXVIII, el trece de agosto siguiente, el plazo transcurrió del catorce de agosto al doce de septiembre de dos mil veintitrés.
26. En consecuencia, si el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad se presentó en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, es evidente que su promoción resulta oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
27. La acción fue promovida por parte legitimada.
28. Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su Ley Reglamentaria, son del tenor siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: ...
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro; ..."
"Artículo 62. ...
"En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento."
29. Es así que, en términos del inciso f) de la fracción II del artículo 105 constitucional transcrito, cuando la acción de inconstitucionalidad se promueva por los partidos políticos, se deben satisfacer los siguientes extremos:
a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente;
b) Que el partido político promueva por conducto de sus dirigencias (nacional o local, según sea el caso);
c) Que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello;
d) Que las normas sean de naturaleza electoral.
30. Ahora bien, se procede al análisis de los documentos y estatutos con base en los cuales el partido político promovente de la acción acredita su legitimación, a saber:
31. La presente acción de inconstitucionalidad 189/2023 fue promovida por el Partido Político Morena, instituto que se encuentra registrado como Partido Político Nacional, según certificación expedida por la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés.
32. La demanda fue suscrita por Mario Martín Delgado Carrillo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese Partido, lo que se acredita con la certificación de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés.
33. Por su parte, el artículo 38, inciso a), del Estatuto del Partido Morena prevé la integración de la Dirección Nacional Ejecutiva y sus funciones.(2)
34. Este Tribunal Pleno concluye que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada para ello. Además de que las disposiciones combatidas son de naturaleza electoral, pues corresponden a los medios de impugnación que en esa materia rigen para el Estado de Durango.
IV. PRECISIÓN DE LA LITIS
35. En la acción de inconstitucionalidad se combate la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, reformada mediante el Decreto 408, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de uno de agosto de dos mil veintitrés, concretamente los artículos 4, párrafo 1, fracciones I y II; 13, párrafo 4; 14, párrafo 1, fracciones II y IV; 27, párrafo 2; y, 54, párrafo 1, fracciones I y II.
36. Asimismo, en el escrito de demanda el partido político señala como otra norma general reclamada la Fe de Erratas respecto de las reformas a los artículos 10, 11, 36 y 48 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, publicada en el Periódico Oficial de la Entidad, el trece de agosto de dos mil veintitrés.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
37. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente; así, este Tribunal Pleno advierte de oficio que ha lugar a sobreseer por lo que hace a la Fe de Erratas respecto de las reformas a los artículos 10, 11, 36 y 48 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, publicada en el Periódico Oficial de la entidad, el trece de agosto de dos mil veintitrés.
38. En efecto, en el apartado de normas impugnadas, el partido político incluye esa Fe de Erratas, y en el de antecedentes, señala que se debe invalidar porque no fue promulgada por el Titular del Poder Ejecutivo local ni tampoco contiene refrendo, sino que sólo fue suscrita por David Gerardo Enríquez Díaz, quien se ostenta como Secretario de Servicios Legislativos, cuando esto debió llevarlo a cabo el Gobernador del Estado, con fundamento en el artículo 98, fracción II, de la Constitución Política de esa entidad.
39. Al respecto, de la consulta al Periódico Oficial indicado se acredita que se encuentra publicada la Fe de erratas respecto de las reformas de los artículos 10, 11, 36 y 48 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, con el número de Decreto 408, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, No. 16 ext., de fecha uno de agosto de dos mil veintitrés.
40. La Fe de erratas en cuestión hace referencia al Decreto 408 combatido en la presente acción de inconstitucionalidad, sin embargo, sólo contiene erratas de los artículos 10, 11, 36 y 48 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, disposiciones que no corresponden a las combatidas en este medio de control constitucional, según se acredita con la precisión anotada en párrafos anteriores.
41. Cabe agregar que en el apartado de conceptos de invalidez no se agrega mayor manifestación sobre los vicios que supuestamente tiene la Fe de Erratas en cuestión.
42. También es importante tomar en cuenta que el primer párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal, dispone que la procedencia en las acciones de inconstitucionalidad se actualiza cuando sea planteada una contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Federal.(3)
43. De acuerdo con lo expuesto, ha lugar a sobreseer en la acción de inconstitucionalidad, pues de lo manifestado por el partido político en el punto séptimo de los antecedentes de la demanda, se tiene que si bien argumenta que la Fe de Erratas debe ser invalidada, también lo es que dicha argumentación no la hace valer por contradicción alguna con la Constitución Federal, sino con la normativa del Estado, particularmente con lo dispuesto en los artículos 80 y 98, fracción II, de la Constitución de la entidad, cuando el diverso 105, fracción II, de la Constitución Federal ordena que procede la acción de inconstitucionalidad que tenga por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y dicha Constitución.
44. Aceptar el planteamiento del partido político en esos términos implicaría desnaturalizar a la acción de inconstitucionalidad como un medio de control de la regularidad constitucional de carácter abstracto entre una norma general y el texto de la Ley Fundamental; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria, en relación con el 105, fracción II, de la Constitución Federal por lo que hace a la Fe de Erratas reclamada.
45. Sobre el particular, es aplicable por analogía lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 150/2017 y su acumulada 153/2017.(4)
VI. ESTUDIO DE FONDO
46. A continuación, se introduce un cuadro que identifica los problemas denunciados como inconstitucionales, así como las disposiciones impugnadas:
Ver temas y normas impugnadas
47. Tema 1. Eliminación de las omisiones y acuerdos de las autoridades electorales como objeto de impugnación (artículo 4, numeral 1, fracciones I y II). La disposición combatida en este apartado en su texto anterior a la reforma cuestionada, y en el vigente, es del tenor siguiente:
Ver texto anterior y vigente del artículo 4
48. El partido político combate el artículo 4, numeral 1, fracciones I y II, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, ya que el legislador eliminó como objeto de impugnación las omisiones y acuerdos de las autoridades electorales, lo que, aduce, vulnera los principios de progresividad, legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, que protegen principalmente, los artículos 1, 14, 16, 17, segundo párrafo, y 116, fracción IV, incisos b) y l), de la Constitución Federal, 2.8.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 49. Señala que el problema de la reforma es que, al haber sido derogada la posibilidad de combatir acuerdos y omisiones de autoridades electorales, los operadores jurídicos pueden entender que, eventualmente, revisar su constitucionalidad y legalidad podría infringir el mandato del legislador local, esto es, podrían entender que ya no es posible combatir acuerdos y omisiones electorales, lo que transgrede el derecho de acceso a la justicia, en la modalidad de tutela judicial efectiva.
50. Reitera que es indudable que, al limitar el objeto de reclamo del sistema de medios de impugnación para reducirlo a actos y resoluciones, se elimina la posibilidad de inconformarse respecto de los acuerdos y omisiones de las autoridades electorales, lo que provoca una limitación a los parámetros con los que cuenta la ciudadanía para una adecuada defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución Federal, para su protección mediante el acceso a la justicia electoral completa.
51. El concepto de invalidez es infundado, ya que el partido político basa su argumento en una lectura limitada del artículo combatido, olvidando que la palabra "actos" incluye las omisiones y los acuerdos.
52. Entre el conjunto de preceptos que el partido político señala como transgredidos, se encuentran el 116, fracción IV, inciso l), y 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal.
53. Ahora bien, el artículo 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución General de la República ordena lo siguiente:
"Artículo 116. ...
"IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: ...
"l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación; ..."
54. De ese precepto se aprecia, en lo que interesa para la respuesta que debe darse al concepto de invalidez, que las leyes electorales estatales deben garantizar el establecimiento de un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.
55. Se advierte que el Poder Reformador no detalló qué actos podrán impugnarse ante la instancia electoral de las entidades federativas, empero, contiene similar redacción a la hipótesis cuestionada, es decir, alude a "actos y resoluciones electorales"; por tanto, para este Tribunal Pleno esa redacción permite determinar que queda en la libertad de configuración legislativa de cada Estado de la Federación, especificar cuáles son esos actos y resoluciones, pues la obligación toral es la de prever un sistema de medios de impugnación.
56. De igual forma, es importante tener presente lo dispuesto en el artículo 3, numeral 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,(5) pues prevé que el sistema de medios de impugnación que regula tiene por objeto garantizar que todos los "actos y resoluciones de las autoridades electorales" en los procesos electorales y de consulta popular se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad.
57. Sobre este ordenamiento, es oportuno tener presente que es de observancia general.
58. Por su parte, el segundo párrafo del numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."
59. En relación con ese precepto, este Alto Tribunal ha señalado que protege el derecho fundamental de acceso a la justicia, por cuanto establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
60. Esto es, garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, entendido como el derecho consistente en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permite obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas; y que fue instituido por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales para que éstos le administren justicia, por lo cual, la jurisdicción es un principio del orden jurídico constitucional impuesto a los individuos para la definición de sus derechos subjetivos.
61. En este sentido, son aplicables, en lo conducente, la jurisprudencia y tesis cuyos rubros son los siguientes:
"JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL."(6)
"PLAZOS JUDICIALES. EL ARTÍCULO 44, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, AL NO EXCLUIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES, A LAS DE TÉRMINO, E IMPLÍCITAMENTE LIMITARLAS AL HORARIO HÁBIL QUE DETERMINE EL PLENO DE DICHO ÓRGANO, CONTRAVIENE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL NUMERAL 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(7)
62. Precisado lo anterior, como se apuntó, el concepto de invalidez es infundado, ya que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Federal, las entidades federativas cuentan con un sistema integral de justicia en materia electoral creado exprofesamente para revisar la legalidad de actos y resoluciones de las autoridades electorales, lo que incluye omisiones y acuerdos de la materia electoral.
63. En efecto, si bien en el sistema que se analiza de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, concretamente, en el artículo 4, fracciones I y II, se prevé que tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad, pero no incluye "omisiones y acuerdos", también lo es que el vocablo "acto" abarca los "acuerdos", pues finalmente son la expresión positiva de una determinación.
64. Asimismo, abarca las actitudes o conductas omisivas en que pudieren incurrir las autoridades electorales, pues, aunque en principio el vocablo "acto" presupone un hacer, es decir, un acto positivo que, por la naturaleza que encierra crea, modifica o extingue derechos y obligaciones, para los efectos de la solución de medios de impugnación electorales, también lo es que la intelección de la palabra "acto" no debe ser restringida, sino que debe entenderse en un sentido amplio y, por tanto, comprende los procederes omisos de las autoridades. En otras palabras, dicha expresión contiene la significación de toda situación fáctica o jurídica que tenga la entidad suficiente para alterar el orden legal, ya sea que provenga de un hacer (sentido estricto) o un no hacer (omisión propiamente dicha), siempre que, en este último supuesto, exista una norma jurídica que imponga a la o las autoridades que figuren como responsables, un deber jurídico de hacer.
65. Máxime que tanto la Constitución Federal como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se refieren a "actos y resoluciones electorales", de donde se entiende que las entidades federativas tienen libertad de configuración legislativa para detallar lo que consideran "acto", tal y como se establecía en el texto anterior del precepto combatido, que se refería a actos, omisiones, acuerdos o resoluciones; sin embargo, el hecho de que el legislador en el precepto reformado haya eliminado los términos "omisiones y acuerdos" no provoca la inconstitucionalidad de la disposición, ya que, como se razonó, la palabra acto debe entenderse en un sentido amplio, tan es así, que no sólo la disposición que se examina alude a "actos y resoluciones", sino que también se utiliza en los diversos 10, 11, 12, 18, 19, 36 y 66 de la propia ley combatida, de donde se entiende que el legislador entendió el vocablo "acto" en el sentido amplio que ahora subraya esta Suprema Corte.
66. Por ende, se reconoce la validez del artículo 4, fracciones I y II, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango.
67. Tema 2. Invasión a la competencia del Congreso de la Unión para legislar sobre coaliciones (artículo 13, numeral 4). La disposición en cuestión, en su texto anterior a la reforma, y en el vigente, se reproduce a continuación:
Ver texto anterior y actual del artículo 13
68. Morena combate la reforma al artículo 13, numeral 4, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Part
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32455-b2d038e3/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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