I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE AQUÉLLOS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). III. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. EL DECRETO CUESTIONADO NO TIENE UN IMPACTO DIRECTO Y DIFERENCIADO EN LOS DERECHOS DE ESTOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, POR LO QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN NO TENÍA UNA OBLIGACIÓN DE REALIZARLA PREVIAMENTE, COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). IV. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN MANDATO CONVENCIONAL EN LA ELABORACIÓN DE LEYES Y OTROS PROCESOS DE ADOPCIÓN DE DECISIONES SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CONDICIÓN DE DICHAS PERSONAS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). V. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL DECRETO CUESTIONADO NO IMPACTA DE MANERA DIFERENCIADA LOS DERECHOS PROPIOS DE DICHAS PERSONAS NI SE DIRIGE A IMPONER UNA OBLIGACIÓN, OTORGAR UN DERECHO O REGULAR UNA CONDUCTA ESPECÍFICA DE ESOS GRUPOS POBLACIONALES (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. IMPOSIBILIDAD DE SU PROMOCIÓN EN CONTRA DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL DECRETO CUESTIONADO IMPLICÓ UNA EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL A LA VEDA ELECTORAL (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL DECRETO CUESTIONADO CUMPLIÓ LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). IX. ACCESO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ANÁLISIS DE LA NORMA QUE PROSCRIBE LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LOS CASOS DE LAS CANDIDATURAS A CARGOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN [DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 80, NUMERAL 1, INCISO I), PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 176/2024. PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO. 11 DE FEBRERO DE 2025. PONENTE MINISTRO: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de octubre de dos mil veinticuatro.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 176/2024, promovida por el partido político Movimiento Ciudadano, contra las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ocho de noviembre de dos mil veinticuatro, el Coordinador, integrantes y Secretario General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de octubre de dos mil veinticuatro.
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Normas generales cuya invalidez se reclama. En la presente acción de inconstitucionalidad se combate el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de octubre de dos mil veinticuatro.
4. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El partido político actor señala como preceptos violados los artículos 1, 2, 14, 17, 35, 40, 41, 72 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 14, 17, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 3, 4, 5 y 9 de la Carta Democrática Interamericana; 4 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
5. Conceptos de invalidez. La parte accionante expuso los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, de cuyo contenido se dará cuenta en cada uno de los considerandos destinados a su estudio.
6. Trámite y admisión. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Coordinador, Integrantes y Secretario General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, con el número 176/2024; y, por razón de turno, designó al Ministro Alberto Pérez Dayán como instructor.
7. Por auto de quince de noviembre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad, tuvo por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentaron y por designados a los delegados que señalaron. Además, ordenó dar vista a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, para que rindieran su informe; y los requirió para que las Cámaras mencionadas enviaran copias certificadas de los antecedentes legislativos de las normas generales combatidas; y, al Poder Ejecutivo Federal, para que exhibiera copia certificada del Diario Oficial de la Federación de quince de octubre de dos mil veinticuatro, que contiene el Decreto cuya constitucionalidad se cuestiona.
8. Adicionalmente, se requirió a la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral para que remitiera copias certificadas de los estatutos vigentes del Partido Político Movimiento Ciudadano, así como las certificaciones de sus registros vigentes y precise quiénes son los actuales representantes e integrantes de su órgano de dirección nacional e, informe las fechas en que darán inicio los próximos procesos electorales en materia judicial a nivel federal y estatal.
9. En ese mismo proveído se solicitó a la Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que expresara su opinión en relación con la presente acción de inconstitucionalidad.
10. También se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente.
11. Informes de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Poder Ejecutivo Federal. Mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo por recibidos los informes remitidos por los Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, a los cuales anexaron las copias certificadas de las documentales que les fueron solicitadas. Asimismo, en auto de tres de diciembre siguiente, se tuvo por recibido el informe y los anexos remitidos por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal.
12. De los informes de las autoridades demandadas se advierte lo que a continuación se sintetiza.
13. a) Cámara de Senadores.
14. Considera que se actualizan tres causales de improcedencia:
15. I. Inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expresa que esta hipótesis se encuentra prevista en los artículos 1(1) y 19, fracción IX,(2) de la Ley Reglamentaria, en relación con los diversos 105, último párrafo, de la Constitución Federal,(3) primero y segundo transitorios del Decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 107, y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas constitucionales(4) en razón de que el Decreto combatido, al derivar de una reforma constitucional, es también incuestionable.
16. En ese sentido, el diverso octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial(5) otorgó al Congreso de la Unión un plazo de noventa días naturales a partir de su entrada en vigor para realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan a fin de llevar a cabo el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025. Derivado de ello se hicieron las adecuaciones correspondientes emitiendo el Decreto impugnado, siendo imposible disociar las normas generales que en el caso se cuestionan y la reforma a los artículos constitucionales, ya que éstos son los que prevén tanto el inicio como los aspectos esenciales del proceso de elección judicial, por lo tanto, la norma general combatida y su régimen transitorio únicamente tiene como propósito implementar las normas constitucionales.
17. II. Falta de legitimación. Se refiere a la contenida en el numeral 19, fracción IX, en relación con los diversos 1 y 62, párrafo tercero,(6) de la Ley Reglamentaria, toda vez que el accionante carece de legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad, ya que si bien el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal(7) faculta a los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales o locales, también lo es que, de acuerdo con el diverso 41 constitucional, tal atribución se limita a la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo a nivel Federal y Local; no obstante, en el caso particular, el decreto cuestionado atiende a las reformas para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial, siendo que los artículos 95, 96, 97, 99 y 100 de la Constitución Federal no exigen que los postulantes deban necesariamente ser integrantes de algún partido político para ser susceptibles de ser propuestos a los comicios de elecciones de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.
18. Agrega que se incumple el inciso f) de la fracción II del artículo 105 constitucional ya que las normas impugnadas no son de naturaleza electoral, pues aunque el Decreto combatido refiere a leyes electorales, éste deviene de un mandato constitucional consistente en reglamentar el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, para elegir a las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación y no así a la naturaleza jurídica de ellos, es decir, su constitución, plazos y requisitos para el registro, derechos y obligaciones de sus militantes, entre otros establecidos en el artículo 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en consecuencia, el partido político accionante carece de legitimación para cuestionar el Decreto en virtud de que no transgrede actos de naturaleza electoral que afecten la esfera jurídica del Partido Político accionante, ya que única y exclusivamente prevé el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, sin que ello signifique una modificación a ordenamientos de carácter electoral o derive de actos del mismo carácter.
19. III. Improcedencia por impugnarse la constitucionalidad de fases dentro del procedimiento legislativo del Decreto combatido. Esta hipótesis se basa en los artículos 19, fracción VIII y 60 de la Ley Reglamentaria,(8) porque los promoventes combatieron las etapas que integran el procedimiento legislativo que antecedió al Decreto cuestionado y no una norma general, esto es, combaten la validez constitucional del Decreto por violaciones cometidas en el procedimiento legislativo, así como a diversos preceptos constitucionales en materia de debido proceso legislativo y a los principios de democracia deliberativa, representación, libertad parlamentaria y seguridad jurídica. Empero, se ha determinado que los actos que integran el procedimiento legislativo son una unidad indisoluble con la norma general emanada, de tal forma que no procede combatir cada acto legislativo individualmente.
20. Por cuanto al fondo, refuta los conceptos de invalidez primero, segundo y tercero en los que se señala que se vulneraron los principios de seguridad jurídica, legalidad, democracia deliberativa y tutela judicial efectiva previstos en la Constitución Federal, ya que en su opinión los argumentos son inoperantes pues la disposición legal reclamada deriva de un mandamiento constitucional relativo al Proceso de Elecciones Extraordinarias 2024-2025, el cual no puede ser sujeto a un control constitucional.
21. No obstante lo anterior, argumenta que el Decreto en cuestión no violenta derechos políticos respecto a la participación política de los pueblos indígenas ni discapacitados, así como el principio de legalidad pues éste es formal y materialmente constitucional, en virtud de que el procedimiento legislativo desahogado por la Cámara de Senadores cumplió con los requisitos formales y procesales que disponen los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
22. b) Cámara de Diputados.
23. En su informe alega que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en los artículos 20, fracción II, 19, fracción IX, 59 y 65 de la Ley Reglamentaria(9) relativa a la falta de legitimación de la accionante porque la reforma y adición a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral regula la implementación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. En ese sentido, por disposición constitucional,(10) los partidos políticos se encuentran impedidos para plantear medios de control constitucional en esta materia, al no poder intervenir en el proceso extraordinario de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, por lo que resulta jurídicamente inviable que el partido político promovente cuestiona mediante una acción de inconstitucionalidad las reformas secundarias relacionadas con esta materia. Además, las normas secundarias que regulan la implementación del Decreto de reforma constitucional no corresponden al derecho electoral al no abordar aspectos relacionados con la conducción de elecciones o el funcionamiento de partidos políticos, por lo que quedan excluidas de este ámbito.
24. Por cuanto al fondo, alegó que son infundados los conceptos de invalidez porque el Decreto cuestionado es formal y materialmente constitucional, ya que los procedimientos legislativos llevados a cabo por las Cámaras del Congreso de la Unión cumplieron con los requisitos formales y procesales que disponen los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que no ocurrieron los vicios en el trámite legislativo que el partido accionante aduce; y que no obstante ello, y aún en el caso de considerar su existencia, éstos no trascienden de modo fundamental a las normas con las que culminaron los procedimientos legislativos.
25. Asimismo, contrariamente a lo señalado por el accionante, argumenta que el procedimiento legislativo satisface los requisitos convencionales en materia de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, así como a las personas con discapacidad, puesto que este derecho aplica sólo en aquellos en que la norma provoque afectaciones a sus prerrogativas, siendo evidente que no era exigible llevar a cabo un proceso de consulta en el caso, pues el contenido y objeto de las reformas no buscó regular algún aspecto de la vida social, económica o política de las comunidades indígenas ni se vincula con la seguridad social en el ámbito estatal que repercute directamente en los derechos de las personas con discapacidad, sino que pretende reglamentar, entre otras cuestiones, la elección de juzgadores del Poder Judicial, por lo que no resulta aplicable la exigencia de consulta relativa y, por ende, resulta constitucionalmente válido el procedimiento legislativo.
26. Atendiendo al concepto de invalidez relativo a que el Decreto fue expedido en violación de la “veda legislativa” establecida en el numeral 105 constitucional, advierte que resulta infundado ese alegato al partir de una interpretación equívoca del principio de legalidad y certeza jurídica, así como del artículo octavo transitorio del Decreto en materia de reforma del Poder Judicial(11) y el diverso 105, fracción II, de la Constitución Federal,(12) toda vez que el transitorio prevé una excepción expresa a la diversa disposición constitucional para el caso del proceso electoral extraordinario de dos mil veinticinco, es decir, por disposición transitoria de la Constitución Federal no aplica la temporalidad mínima para que una ley en materia electoral pueda ser promulgada y publicada antes del inicio de un proceso electoral de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.
27. Respecto de los conceptos de invalidez tendientes a combatir la eliminación total de la suplencia de la queja, refiere que es infundado porque parte de una interpretación equívoca del Decreto combatido, así como de los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, en virtud de que el partido político no toma en consideración la naturaleza particular del medio de impugnación en materia electoral relativo al procedimiento de elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, esto es, los interesados poseen un nivel de especialización en el ámbito jurídico, perfil profesional que implica que dichas personas al ser peritos en alguna rama del derecho, están en condiciones de ejercer plenamente sus derechos procesales y defender sus intereses sin necesidad de una suplencia amplia de la queja.
28. c) Poder Ejecutivo Federal.
29. Esta autoridad expresa que es infundado el argumento esgrimido en el sentido de que existieron violaciones a los principios de seguridad jurídica, democracia deliberativa, representación y libertad parlamentaria por vicios en el procedimiento legislativo, además, respecto a no incluir a pueblos, barrios, comunidades indígenas y personas con discapacidad, toda vez que el Decreto cuestionado se apegó a lo establecido en los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, y a los reglamentos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, puesto que en todo momento se veló por el cumplimiento de las formalidades ahí previstas. Aunado a que las consultas exigidas no son necesarias porque los preceptos reformados con el Decreto cuestionado no impactan de manera negativa en la vida o entorno social de las comunidades y grupos que pretende defender el partido político, por ende, no afecta sus derechos de manera directa y diferenciada del resto de la población, pues se trata de adecuaciones a leyes secundarias derivadas de una reforma constitucional aplicable al Poder Judicial de la Federación.
30. Asimismo aduce que es falso que existan violaciones al principio de legalidad por falta de fundamentación y motivación pues existe la adecuación necesaria entre los motivos señalados y las normas aplicables, toda vez que las modificaciones realizadas al ordenamiento combatido derivan de una reforma constitucional que se llevó a cabo con anterioridad. Por tanto, el Decreto combatido en ningún momento transgrede el principio de legalidad al derivar de un mandato constitucional.
31. Finalmente, sostiene que es infundado que el artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral afecte la justicia electoral porque al estar frente a un grupo de personas que contendrán para ser elegidas en algún cargo del Poder Judicial de la Federación a que se refiere el artículo 96 de la Constitución Federal, resulta ilógico considerar que si los aspirantes a dichos cargos deben contar con título de licenciatura en derecho, además de otros requisitos, no puedan considerarse ajenos a las leyes para la defensa de sus derechos. Por lo tanto, es incongruente que una persona que pretenda convertirse en juzgador federal defienda tener la suficiente capacidad para decidir los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción, a la par de sentirse vulnerado como para ser suplido en la queja deficiente, por lo que es infundado que se afecte la justicia electoral.
32. Requerimiento al Instituto Nacional Electoral. Mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo por cumplido el requerimiento formulado al Instituto Nacional Electoral, en virtud de la presentación del oficio INE/DEAJ/465/2024 por parte del Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de ese órgano, al que acompañó copias certificadas digitalizadas de los estatutos vigentes del Partido Político Movimiento Ciudadano, así como las certificaciones de sus registros vigentes, en las que se precisa a sus actuales representantes e integrantes de su Comisión Operativa Nacional; además, hace del conocimiento la fecha en que dio inicio el próximo proceso electoral en materia judicial a nivel federal, es decir, el dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro.
33. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En auto de tres de diciembre de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibida la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 34. Pedimento de la Fiscalía General de la República. Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, se tuvo por formulado el pedimento realizado por el Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República.
35. Alegatos. Mediante acuerdo de doce de diciembre de dos mil veinticuatro, se tuvieron por presentados los alegatos formulados por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y por el Poder Ejecutivo Federal.
36. Cierre de instrucción. En proveído de seis de enero de dos mil veinticinco, el Ministro instructor ordenó cerrar instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
37. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(13) en términos del artículo tercero transitorio de la nueva Ley Orgánica de ese Poder, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(14) toda vez que el promovente de la acción plantea la posible contradicción entre la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Constitución Federal.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
38. El partido político accionante combatió el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de octubre de dos mil veinticuatro, haciendo valer violaciones al procedimiento legislativo que le dio origen, por lo que en principio, atendiendo a tales planteamientos, debe tenerse como impugnado este Decreto en su totalidad.
39. Ahora bien, de la lectura integral del escrito inicial se advierte que, en particular, reclamó la invalidez del artículo 80, numeral 1, inciso i), segundo párrafo, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
III. OPORTUNIDAD
40. La demanda fue presentada dentro del plazo legal.
41. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(15) dispone que el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales, cuyo cómputo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el ordenamiento cuestionado; y si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente; y que en materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.
42. El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de quince de octubre de dos mil veinticuatro; por lo tanto, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del dieciséis de octubre al catorce de noviembre de dos mil veinticuatro.
43. En consecuencia, si el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ocho de noviembre de dos mil veinticuatro, es evidente que su promoción resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
44. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
45. Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, tercer párrafo, de su Ley Reglamentaria, son del tenor siguiente:
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
(...).
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
(...).
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro;
(...).
Artículo 62. (...).
En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento.
46. De conformidad con los artículos transcritos, los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral o con registro en una entidad federativa, por conducto de sus dirigencias respectivas, podrán promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales o locales, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:
a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente;
b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia (nacional o local según sea el caso) y, que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello; y
c) Que las normas impugnadas sean de naturaleza electoral, federales o locales en el caso de que los accionantes sean partidos políticos nacionales y, en el caso de los partidos políticos locales, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro.
47. Del análisis de la demanda y los anexos aportados a las acciones de inconstitucionalidad que ahora se resuelve, se advierte que se cumple con los presupuestos antes señalados, en los siguientes términos.
48. El escrito de demanda fue suscrito por Dante Alfonso Delgado Rannauro, Benjamín Alamillo González, Ana Lucia Baduy Valles, Lucia Alejandra Puente García, Jacobo David Cheja Alfaro, Priscilla Franco Barba, Tabita Ortiz Hernández, Martha Patricia Herrera González, Isaac Barrios Ochoa y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, quienes se ostentan respectivamente como Coordinador, Integrantes y Secretario General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano; personalidad que acreditan con la certificación de diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral.
49. En términos del artículo 20, numeral 2, inciso a), de los Estatutos de este partido, es facultad de la Comisión Operativa Nacional ejercer la representación política y legal del partido Movimiento Ciudadano en todo tipo de asuntos de carácter judicial, político, electoral, administrativo, patrimonial y para delegar poderes y/o establecer convenios. Específicamente, en términos del inciso o) del mismo precepto, también se encuentra facultada para interponer, en términos de la fracción II del artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral.(16)
50. No obstante que este Tribunal Pleno advierte que en el escrito no se encuentra la firma autógrafa de Ana Lucia Baduy Valles y Lucia Alejandra Puente García; sin embargo, de acuerdo con el artículo 20, numeral 1, de los Estatutos de Movimiento Ciudadano, sólo se requiere la firma de la mayoría de los integrantes de la Comisión Operativa Nacional de dicho partido,(17) por lo que se encuentra colmado tal requisito.
51. Por lo que hace a la naturaleza de las normas controvertidas, es claro que versan sobre el derecho electoral, al regular diversos aspectos directamente vinculados con procesos electorales para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, contenidas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
52. Por tanto, este Tribunal Pleno concluye que esta acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada para ello.
53. En este sentido, son infundados los argumentos de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión relativos a que el partido político promovente no tiene legitimación para cuestionar el Decreto reclamado, porque la legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad está delimitada en términos del artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, en función del ámbito de las normas que se pretenden combatir, por lo que los partidos políticos están legitimados exclusivamente para cuestionar normas que afecten directamente el sistema electoral relativo a los procesos de elección popular, sin embargo, señala que las normas impugnadas no son de naturaleza electoral, ya que no están vinculadas al sistema electoral de cargos de representación popular, sino a la designación de personas juzgadoras, un ámbito completamente distinto y ajeno a su esfera de competencia.
54. Aducen que se encuentran impedidos para cuestionar una ley secundaria, que reglamenta la implementación del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, ya que no
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33619-61cfd914/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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