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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN A LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE CONSIDERARSE COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL O LEY FEDERAL EN MATERIA ELECTORAL PARA LA PROCEDENCIA DE ESTA VÍA (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A TRAVÉS DE ESTA VÍA (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIONANTES NO REÚNEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO REQUERIDO EN EL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ÚNICAMENTE CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL EXPEDIDAS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTIVA (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, PERO ÚNICAMENTE CUANDO EL CONGRESO LOCAL RESPECTIVO HUBIERA EXPEDIDO LA NORMA DE MÉRITO (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN GENERAL (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA MAYORÍA CALIFICADA PARA DECLARAR LA INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES ES DE OCHO VOTOS, MIENTRAS EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SE COMPONGA DE ONCE MIEMBROS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 164/2024 Y SUS ACUMULADAS 165/2024, 166/2024, 167/2024 Y 170/2024. · Registro digital (IUS): 33424
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-01
Promovente: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS, MOVIMIENTO CIUDADANO Y UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.94.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 164/2024 Y SUS ACUMULADAS 165/2024, 166/2024, 167/2024 Y 170/2024. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS, MOVIMIENTO CIUDADANO Y UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA. 5 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: DANIELA CARRASCO BERGE, FERNANDO SOSA PASTRANA, OMAR CRUZ CAMACHO Y BRUNO A. ACEVEDO NUEVO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día cinco de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas 165/2024, 166/2024, 167/2024 y 170/2024, promovidas por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Diversas Diputadas y Diputados integrantes del Congreso del Estado de Zacatecas, Movimiento Ciudadano y Unidad Democrática de Coahuila, en contra del “Decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial”, publicado el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de los escritos iniciales. Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de la manera siguiente:

a) El 7 de octubre de 2024, el Partido Acción Nacional (en adelante, “PAN”), por conducto del presidente de su comité ejecutivo nacional, promovió la acción de inconstitucionalidad 164/2024.

b) El 9 de octubre de 2024, el Partido Revolucionario Institucional (en adelante, “PRI”), por conducto de su dirigente nacional, promovió la acción de inconstitucionalidad 165/2024.

c) El 11 de octubre de 2024, diversas diputadas y diputados del Congreso del Estado de Zacatecas (en adelante “minoría legislativa de Zacatecas”) promovieron la acción de inconstitucionalidad 166/2024.

d) El 14 de octubre de 2024, el Partido Movimiento Ciudadano (en adelante, “MC”), por conducto del coordinador, los integrantes y el secretario general de acuerdos, todos de su comisión operativa nacional, promovió la acción de inconstitucionalidad 167/2024.

e) El 15 de octubre de 2024, el partido político local Unidad Democrática de Coahuila (en adelante, “Unidad Democrática de Coahuila”), por conducto de su presidente, promovió la acción de inconstitucionalidad 170/2024.

2. Conceptos de invalidez. Los promoventes manifestaron, diversos planteamientos, relacionados tanto con vicios en el procedimiento, como con vicios sustantivos. Éstos serán retomados en los apartados correspondientes.

3. Autos de registro y turno. Por acuerdo de 7 de octubre de 2024, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 164/2024 y turnarlo al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor en el procedimiento, al existir conexidad con la controversia constitucional 286/2024, toda vez que se impugna el mismo decreto legislativo.

4. Mediante acuerdos de 10, 14, 15 y 16 de octubre de 2024, respectivamente, la Ministra Presidenta acordó formar y registrar los expedientes números 165/2024, 166/2024, 167/2024 y 170/2024 y ordenó turnarlos, por conexidad, al mismo Ministro instructor. Asimismo, determinó la acumulación de todos estos con el expediente 164/2024.

5. Admisión y trámite. Por acuerdo de 17 de octubre de 2024, el Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad 164/2024, 165/2024, 166/2024, 167/2024 y 170/2024.

6. Entre otros aspectos, se ordenó: a) dar vista a ambas Cámaras del Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, así como a los Poderes Legislativos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas, para que rindieran sus informes; b) dar vista a la Fiscalía General de la República (en adelante, “FGR”) para que formule el pedimento que le corresponda; c) solicitar la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante, “Sala Superior Electoral”); y, d) requerir diversa información al Instituto Nacional Electoral (en adelante, “INE”) y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Coahuila de Zaragoza.

7. Por otra parte, determinó que no había lugar a conceder la suspensión solicitada en los expedientes 164/2024, 165/2024, 166/2024 y 167/2024.

8. Informes del Poder Ejecutivo Federal, de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, y de los poderes legislativos de las entidades federativas. El Poder Ejecutivo Federal y la Cámara de Senadores rindieron sus informes, ambos sostienen la validez formal y material del Decreto impugnado; el primero plantea la actualización de seis causales de improcedencia, mientras que el segundo de tres. La Cámara de Diputados presentó su informe, hizo valer diversas causas de improcedencia y solicitó se reconociera la validez del Decreto impugnado. Las legislaturas de la Ciudad de México, Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Tabasco, Zacatecas, Nayarit, Michoacán de Ocampo, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Quintana Roo, Estado de México, Querétaro, Puebla, Sinaloa, Baja California, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Veracruz y San Luis Potosí también rindieron sus informes, haciendo valer algunas causas de improcedencia, que serán abordadas en lo consecutivo.

9. Opinión de la Sala Superior Electoral. El 28 de octubre de 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rindió su opinión.

10. Opinión de la FGR. No emitió opinión, a pesar de estar notificada.

11. Informe del INE. El 21 de octubre de 2024, el INE, mediante oficio INE/SE/2786/2024, atendió el requerimiento formulado e informó a este Alto Tribunal sobre los estatutos vigentes, integración del Comité Ejecutivo Nacional y presidencia de este, de los partidos políticos nacionales PAN, PRI y MC.

12. Informe del Instituto Electoral de Coahuila. El Instituto referido, mediante oficio IEC/SE/3674/2024, atendió el requerimiento formulado e informó a este Alto Tribunal sobre los estatutos vigentes, integración de la dirigencia estatal y presidencia de esta, del partido político local Unidad Democrática de Coahuila.

13. Alegatos. El Poder Ejecutivo Federal y los Congresos del Estado de México y de Querétaro presentaron alegatos.

14. Amicus curiae. En diversas fechas, se recibieron escritos de amicus presentados por: i) un colectivo de diversos docentes e investigadores jurídicos en el ámbito del derecho constitucional, derecho constitucional comparado y otras áreas jurídicas;(1) ii) los colectivos “Iniciativa Americana por la Justicia” y “Guardianes de la Constitución”;(2) iii) la asociación civil “Barra Mexicana, Colegio de Abogados” y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford;(3) iv) diversos integrantes de la sociedad civil; v) Joseph Irwing Olid Aranda; vi) Octavio López de Alba, Ramón Delgado Muñoz y Lohengrin Martínez Flores; vii) la organización civil “Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos”;(4) viii) la asociación civil “Instituto Mexicano de la Mediación”;(5) ix) la asociación civil “Plan Nueva República”;(6) x) y el Diputado del Congreso de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

15. Manifestaciones. El 21 de octubre de 2024, diversas diputadas y diputados pertenecientes al grupo parlamentario del PAN, presentaron un escrito de manifestaciones.(7) El 1 de noviembre de 2024, el Diputado Germán Martínez Cázares presentó un escrito de manifestaciones.

16. Solicitud de atención prioritaria 2/2024. Mediante oficio LXVI/JGRFN/001045/2024, recibido el 25 de octubre de 2024, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, solicitó a este Alto Tribunal la atención prioritaria para resolver la controversia constitucional 286/2024 y las acciones de inconstitucionalidad 164/2024, 165/2024, 166/2024, 167/2024 y 170/2024.

17. Cierre de instrucción. Por auto de 30 de octubre de 2024, el Ministro instructor acordó el cierre de instrucción.

II. COMPETENCIA

18. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos d) y f), de la Constitución Federal,(8) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) así como en el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023 de este Tribunal Pleno.(10) Esto, dado que se planteó la posible contradicción entre una norma general producto de una reforma constitucional y la Constitución Federal.

III. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA

19. De conformidad con los artículos 41, fracción I, y 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, “Ley Reglamentaria en la materia”),(11) por un lado, se deberán precisar las normas generales objeto del presente medio de control; por otro, este Alto Tribunal debe corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados en la demanda. Precisándose que, en tratándose de normas en materia electoral, su invalidez únicamente podrá fundarse en la violación a los preceptos expresamente señalados en los escritos iniciales.(12)

20. Este Tribunal Pleno concluye que, derivado de la lectura integral de las demandas se advierte que los accionantes impugnan en su integridad el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024.

IV. OPORTUNIDAD

21. Los artículos 105, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria en la materia,(13) disponen que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente, considerando que en materia electoral todos los días son hábiles.

22. En este caso, el Decreto impugnado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, por lo que el plazo para su impugnación transcurrió del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2024.

23. Así, si las demandas fueron presentadas el 7 (PAN), 9 (PRI), 11 (minoría legislativa de Zacatecas), 14 (MC) y 15 (Unidad Democrática de Coahuila) todos de octubre 2024, se concluye que se presentaron oportunamente.

V. LEGITIMACIÓN

24. Los artículos 105, fracción II, inciso f), primera parte, de la Constitución Federal y 62, párrafo último, de la Ley Reglamentaria en la materia, disponen que los partidos políticos nacionales con registro podrán ejercer acción de inconstitucionalidad para lo cual deben satisfacer lo siguiente:(14)

a) El partido político debe contar con registro ante el INE;

b) Debe promover el escrito por conducto de su dirigencia nacional;

c) Quien suscriba a nombre y en representación del partido político debe contar con facultades para ello; y,

d) Las normas impugnadas deben ser de naturaleza electoral, ya sea del orden federal o local.

25. Ahora procederemos al análisis de los documentos y estatutos con base en los cuales los promoventes de las acciones acreditan su legitimación.(15)

26. PAN. El PAN es un partido político nacional con registro ante el INE, lo cual se demuestra con la certificación del registro emitida por el referido Instituto.

27. Conforme al artículo 54, fracción I, inciso a), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional vigentes,(16) es facultad del Comité Ejecutivo Nacional ejercer, por medio de su Presidencia, la representación legal del partido.

28. La demanda respectiva fue firmada por Marko Antonio Cortés Mendoza, quien se ostenta como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido, personalidad que se acredita con la certificación emitida por el INE.

29. PRI. El PRI es un partido político nacional con registro ante el INE, lo cual se demuestra con la certificación del registro emitida por el referido Instituto.

30. Conforme al artículo 89, fracción XIII, de los Estatutos Generales del Partido Revolucionario Institucional vigentes,(17) la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional tendrá la facultad de representar al partido.

31. La demanda respectiva fue firmada por Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, quien se ostenta como Presidente Nacional del PRI, personalidad que se acredita con certificación emitida por el INE.

32. MC. MC es un partido político nacional con registro ante el INE, lo cual se demuestra con la certificación del registro emitida por el referido Instituto.

33. Conforme al artículo 20, numerales 1 y 2, inciso o), de los Estatutos Generales de Movimiento Ciudadano vigentes,(18) la Comisión Operativa Nacional se forma por nueve integrantes y tiene la facultad para promover las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que le correspondan. Sus acuerdos tendrán validez con la aprobación y firma de la mayoría de los integrantes.

34. El escrito inicial, por el que se promueve la acción respectiva, fue suscrito por Dante Alfonso Delgado Rannauro, en su carácter de coordinador, y por Benjamín Alamillo González, Jacobo David Cheja Alfaro, Priscila Franco Barba, Tabita Ortiz Hernández, Martha Patricia Herrera González y Rubén Issac Barrios Ochoa, en su carácter de integrantes, todos de la Comisión Operativa Nacional.(19) Es decir, un total de siete de los nueve integrantes, por lo que se cumple con el requisito de la mayoría de ese órgano para que sus actos sean válidos. La calidad de miembros de la Comisión referida se acredita con la certificación emitida por el INE.

35. Ahora bien, este Alto Tribunal considera que se tiene por acreditado el requisito material de impugnación de todas las demandas presentadas por los partidos políticos nacionales en tanto que las normas que se cuestionan pueden ser catalogadas como leyes electorales federales, conforme a las consideraciones siguientes.(20)

36. En primer lugar, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no soslaya que en los recursos de reclamación 8/2016-AI y 9/2016-AI -derivados de las acciones de inconstitucionalidad 15/2016 y 17/2016, respectivamente-,(21) así como en la acción de inconstitucionalidad 168/2007 y su acumulada 169/2007,(22) se determinó que una reforma constitucional no podía ser impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad, ya sea respecto de vicios formales o materiales, y que, tratándose de impugnaciones presentadas por partidos políticos nacionales, una reforma constitucional -aún si versaba sobre la materia electoral- no podía ser considerada como una “ley federal” para efectos de lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal.

37. Sin embargo, en una nueva reflexión, se considera que, conforme al desarrollo jurisprudencial de los criterios de este Alto Tribunal, es posible considerar que ciertas normas de la Constitución Federal pueden ser calificadas como “leyes electorales federales”, para efectos de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad en su contra.(23)

38. En este sentido, a continuación se abordan los razonamientos para sustentar que la Constitución Federal puede contener normas generales que sean calificadas como leyes, electorales, federales.

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL COMO “LEY”

39. Al instituirse por primera vez la acción de inconstitucionalidad, mediante la reforma constitucional de 31 de diciembre de 1994, se determinó que dicho mecanismo procedía para plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la propia Constitución, con excepción de las que se refirieran a la materia electoral.(24) Sin embargo, por diversa reforma constitucional de 22 de agosto de 1996, se suprimió tal prohibición y, además, se introdujo el inciso f) y el antepenúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal, para legitimar a los partidos políticos para impugnar leyes electorales a través de este mecanismo de control constitucional; especificándose que la única vía para impugnar leyes electorales por contravención a la Constitución Federal es la acción de inconstitucionalidad.(25)

40. Así, a partir de la reforma de 1996, la Constitución Federal ya no habla de una prohibición para impugnar normas generales “que se refieran a la materia electoral” sino que legitima a los partidos políticos nacionales para plantear la invalidez de “normas de carácter general” (término genérico contenido en el primer párrafo de la fracción II del artículo 105), bajo el concepto de “leyes electorales federales o locales” (término específico contenido en el inciso f) de la fracción II del mismo precepto).(26) Así, el texto vigente dispone:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

[...]

II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

[...]

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro;

[...]

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

[...]. (énfasis añadido)

Ver texto vigente con énfasis

41. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 10/1998, esta Suprema Corte determinó, a partir de una interpretación armónica, sistemática y teleológica, que los términos “normas generales” y “leyes electorales” se usan indistintamente, por lo que la referencia expresa a leyes electorales debe entenderse referida a cualquier disposición legal en esa materia, sin que se deba hacer alguna distinción por alguna razón particular. Por lo tanto, cualquier disposición de naturaleza electoral podrá ser materia de impugnación a través de la acción de inconstitucionalidad.(27)

42. Desde entonces este Alto Tribunal ha mantenido una doctrina sólida de entender el término “ley” con una interpretación amplia, haciendo hincapié en que la nomenclatura de la disposición impugnada no es lo relevante para determinar su naturaleza.

43. Así, por ejemplo, al resolverse la acción de inconstitucionalidad 9/2001, se declaró procedente la impugnación de disposiciones contenidas en las Constituciones locales en tanto quedaban comprendidas en el concepto de “normas generales”. Al respecto, en dicho precedente se dijo:(28) De todo lo antes expuesto, no se advierte que se excluya de este medio de control constitucional a las normas que conforman una Constitución Local, ni tampoco se desprende que exista razón alguna para hacerlo así; antes bien, en el precepto constitucional en cita se establece que la acción de inconstitucionalidad procede contra normas generales, comprendiéndose dentro de dicha expresión a todas las disposiciones de carácter general y abstracto provenientes de los órganos legislativos tanto ordinarios como extraordinarios.(29)

Ver precedente con énfasis

44. Este Tribunal Pleno coincide con la equivalencia entre los términos “normas generales” en materia electoral y “leyes electorales”, por las mismas razones expresadas en los precedentes. Aunado a que el propio artículo 133 de la Constitución Federal cataloga a la misma -junto a las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales de los que forme parte el Estado Mexicano- como “Ley Suprema de toda la Unión”.(30) En un sentido similar, el artículo 40 de la Constitución Federal recurre al término “ley fundamental” para referirse al texto constitucional.(31) Inclusive, en el artículo 41, es denominada “Pacto Federal”.(32)

45. Además, en innumerables ocasiones, este Alto Tribunal se ha referido a la Constitución Federal como “Ley Fundamental”, solo por citar algunos ejemplos recientes, véanse las acciones de inconstitucionalidad 189/2023;(33) 161/2023 y sus acumuladas 166/2023, 167/2023, 169/2023 y 171/2023;(34) 146/2023 y sus acumuladas 148/2023, 149/2023 y 150/2023;(35) 82/2022,(36) y 148/2021.(37)

46. De ahí que resulte innegable el carácter de “ley” de la Constitución Federal, pues si bien goza de ciertas características particulares, lo cierto es que constituye un ordenamiento -de carácter fundamental- integrado por una diversidad de normas generales.

47. A mayor abundamiento, el propio órgano reformador de la Constitución ha equiparado el vocablo ley con el de Constitución. Veamos un par de ejemplos. El 22 de marzo de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara aprobada la interpretación al alcance del Artículo Tercero Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el D.O.F. el 26 de marzo de 2019”. Esto es, el órgano reformador, integrado por dos terceras partes del Congreso de la Unión y por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas, utilizó la facultad dispuesta en el artículo 72, inciso F, de la Constitución para interpretar los alcances de lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto constitucional por el que se crea la Guardia Nacional. Recordemos que este artículo 72, utilizado para regular el proceso de reforma constitucional, regula las formalidades esenciales que deberá tener “todo proyecto de ley o decreto”. Además, en lo referente a la interpretación auténtica, dispone: “[e]n la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.” Ambas disposiciones, a pesar de referir a leyes, son utilizadas para fundamentar actos relativos a reformas constitucionales o bien, a leyes en sentido estricto.

48. Entonces, la usanza jurídica, no sólo de esta Suprema Corte, sino que, la del propio órgano reformador de la Constitución, es coincidente: se interpreta el vocablo “ley” según su contexto normativo, para referir, indistintamente, al producto normativo del Congreso de la Unión y a la Constitución Federal.

49. Más aún, el artículo 71 enlista a los entes que tienen el derecho “de iniciar leyes”, siendo éstos los entes legitimados para iniciar cualquier ley o reforma constitucional. Se agrega, de hecho, “no podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución”.

50. En ese sentido, este Alto Tribunal, en su función de intérprete de la Constitución Federal, puede entender que el término “leyes” hace referencia a las normas con carácter general, abstracto e impersonal que emite un órgano estatal en funciones materialmente legislativas, en sentido amplio, al ejercer sus diversas competencias. Sin que al respecto exista un argumento sólido para que resulte relevante si esas competencias se ejercen con motivo de la emisión o modificación de una ley ordinaria en términos de los artículos 71 y 72 constitucionales, o si están siendo ejercidas en términos del procedimiento previsto en el artículo 135 constitucional con motivo de una modificación a la Ley Fundamental. Máxime que, el último de los preceptos citados no tiene un procedimiento legislativo propio y específico, por lo que se tiene que acudir al previsto en el diverso artículo 72 para efectos de su regulación.

51. A partir de lo anterior, se concluye que la acción de inconstitucionalidad bajo análisis resulta procedente para la impugnación de “leyes”, esto es, normas generales, entendidas como las disposiciones de carácter general, abstracto e impersonal emitidas por cualquier autoridad en ejercicio de funciones materialmente legislativas. Es decir, en el caso presente, emitidas por el Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas, o ambos en su conjunto actuando como órgano reformador. Sin que resulte relevante la distinción de si tales normas generales resultaron de un procedimiento de reforma constitucional u ordinario.

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL COMO LEY “ELECTORAL”

52. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/1995, en sesión de 31 de octubre de 1995, es decir, cuando aún se prohibía promover este medio de control constitucional contra normas generales en materia electoral, determinó que dicha materia es aquella que establece el régimen conforme al cual se logra la selección o nombramiento, a través del voto de los ciudadanos y dentro de un proceso democrático, de las personas que han de fungir como titulares de órganos de poder representativos del pueblo.(38) Asimismo, señaló que, ante la ausencia de una definición constitucional sobre el alcance de la materia electoral, resultaba necesario desentrañar su contenido a partir de una interpretación armónica y sistemática del texto que estuviera vigente en el momento de resolver un caso.(39)

53. Mas adelante, en la acción de inconstitucionalidad 10/1998, resuelta en sesión de 25 de febrero de 1999, es decir, con posterioridad a la reforma constitucional que habilitó a la acción de inconstitucionalidad como medio para impugnar “leyes electorales”, se abandona la versión acotada de “materia electoral” y se empieza a construir un concepto más amplio.

54. En ese sentido, se determinó que las normas generales electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones.(40)

55. En la acción de inconstitucionalidad 30/2001 y su acumulada 31/2001 se determinó que dentro de las normas que se consideran de naturaleza electoral están aquellas que reglamentan la autonomía e independencia en el funcionamiento de las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia electoral.(41)

56. En la acción de inconstitucionalidad 24/2002 se determinó que las normas de naturaleza orgánica que regulan la situación transitoria de un órgano de la administración municipal, previo a la toma de posesión de las personas electas, no son de naturaleza electoral, aun cuando los próximos munícipes sean electos por medio de comicios.(42)

57. En la acción de inconstitucionalidad 3/2005 se determinó que para tener la calidad de norma general en materia electoral es necesario que se regulen aspectos relativos a los procesos electorales previstos por la Constitución Federal.(43)

58. En la acción de inconstitucionalidad 98/2008,(44) se afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha construido, paulatinamente, lo que es el “carácter electoral” de las leyes y ha identificado los elementos esenciales que lo componen, considerando siempre como eje fundamental el proceso electoral. Distinguiendo las cuestiones relacionadas directamente de aquellas indirectas, aunque ambas resulten impugnables. Al respecto, se dijo que las cuestiones relacionadas directamente con los procesos electorales son: a) las reglas que establecen el régimen normativo de los procesos electorales y b) los principios para la elección de determinados servidores públicos. Por su parte, las cuestiones relacionadas indirectamente con los procesos electorales eran: la distritación o redistritación, la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, el financiamiento público, la comunicación social de los partidos, los límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, y los delitos y faltas administrativas de carácter electoral y sus sanciones.

59. En la acción de inconstitucionalidad 87/2009 y su acumulada 88/2009, se afirmó que la procedencia de la acción de inconstitucionalidad ha ido evolucionando, y que el estado actual de la discusión es que cada caso concreto ha de analizarse en lo particular, sin que el predicado “electoral” pueda ser considerado como un absoluto, ya que de otro modo podría facilitar que algunos asuntos de importancia indiscutible quedaran fuera del control constitucional, como consecuencia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33424-590c1642/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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