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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO FEDERAL. EL CONGRESO DE LA UNIÓN NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR A CABO UNA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS SI LAS NORMAS NO IMPACTAN DE MANERA DIRECTA Y DIFERENCIADA SUS DERECHOS NI ESTÁN DIRIGIDAS A IMPONER UNA OBLIGACIÓN, OTORGAR UN DERECHO O REGULAR UNA CONDUCTA ESPECÍFICA DE ESOS GRUPOS POBLACIONALES (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE ELECCIÓN DE PERSONAS JUZGADORAS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESPECTIVAMENTE, EL CATORCE Y EL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO FEDERAL. EL CONGRESO DE LA UNIÓN NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR A CABO UNA CONSULTA PREVIA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SI LAS NORMAS NO TIENEN UN IMPACTO DIRECTO EN LOS DERECHOS DE ESTE GRUPO POBLACIONAL (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE ELECCIÓN DE PERSONAS JUZGADORAS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESPECTIVAMENTE, EL CATORCE Y QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO FEDERAL. LA OMISIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DE REALIZAR AUDIENCIAS PÚBLICAS CON LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO IMPLICA UNA TRANSGRESIÓN A LOS PRINCIPIOS DE REPRESENTATIVIDAD Y DEMOCRACIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE ELECCIÓN DE PERSONAS JUZGADORAS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESPECTIVAMENTE, EL CATORCE Y QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO FEDERAL. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO FEDERAL. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE ELECCIÓN DE PERSONAS JUZGADORAS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESPECTIVAMENTE, EL CATORCE Y EL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO FEDERAL. EL HECHO DE QUE LOS VICIOS ADUCIDOS POR LA ACCIONANTE HAYAN ACONTECIDO EN LA FASE DE DICTAMINACIÓN DE LA MINUTA ENVIADA POR EL SENADO NO TIENE POTENCIAL INVALIDANTE, YA QUE LA POSIBLE VIOLACIÓN EN EL TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE FUE BÁSICAMENTE PREPARATORIO, PUDO PURGARSE POR LA ACTUACIÓN DEL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A QUIEN LE CORRESPONDE LA FACULTAD DECISORIA DEFINITIVA (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE ELECCIÓN DE PERSONAS JUZGADORAS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESPECTIVAMENTE, EL CATORCE Y QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO FEDERAL. LA SUPUESTA FALTA DE ATENCIÓN A LAS SUSPENSIONES CONCEDIDAS EN DIVERSOS JUICIOS DE AMPARO RESPECTO DEL DECRETO IMPUGNADO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UN VICIO INVALIDANTE SUSCEPTIBLE DE ANULAR DICHO DECRETO EN LA VÍA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE ELECCIÓN DE PERSONAS JUZGADORAS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 175/2024 Y SU ACUMULADA 178/2024. · Registro digital (IUS): 33533
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-22
Promovente: PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.105.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 175/2024 Y SU ACUMULADA 178/2024. PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 4 DE FEBRERO DE 2025. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 175/2024 y su acumulada 178/2024, promovidas por el Partido Político Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional, respectivamente.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de las acciones. Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por el Partido Político Movimiento Ciudadano y por el Partido Revolucionario Institucional en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el ocho y trece de noviembre de dos mil veinticuatro, respectivamente, y recibidas en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el ocho y catorce de noviembre siguiente.

2. El primer escrito inicial fue promovido por Dante Alfonso Delgado Rannauro, Benjamín Alamillo González, Ana Lucia Baduy Valles, Lucia Alejandra Puente García, Jacobo David Cheja Alfaro, Priscilla Franco Barba, Tabita Ortiz Hernández, Martha Patricia Herrera González, Isaac Barrios Ochoa y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, quienes se ostentan como Coordinador, Integrantes y Secretario General de Acuerdos, respectivamente, de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano; y el segundo escrito por Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Ambos solicitando la invalidez de las normas señaladas a continuación, emitidas y promulgadas por las autoridades que más adelante se indican.

• PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO

“III. NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA Y EL MEDIO

OFICIAL EN QUE SE HUBIERE PUBLICADO:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2024”.

• PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

“III. Norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se hubiere publicado.

a) El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

b) El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral”.

• ÓRGANO LEGISLATIVO QUE EMITIÓ Y EJECUTIVO QUE PROMULGÓ LAS NORMAS IMPUGNADAS:

I. Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados y de Senadores.

II. Poder Ejecutivo Federal.

3. Artículos constitucionales señalados como violados.

Ver artículos

4. Conceptos de invalidez. En sus escritos iniciales, el Partido Político Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, expusieron los siguientes conceptos de invalidez:

Partido Político Movimiento Ciudadano

En el primer concepto de invalidez, expuso la inconstitucionalidad por violaciones al principio de seguridad jurídica por existir vicios en el procedimiento legislativo al no haber realizado las consultas necesarias a diversas poblaciones vulnerables, al tenor siguiente:

a) Inconstitucionalidad por no incluir a pueblos, barrios y comunidades indígenas en una legislación que les afecta de forma inminente.

• Señala que la reforma impugnada, al reglamentar las modificaciones constitucionales en materia de reforma judicial, trastoca la impartición de justicia, incluyendo la electoral, en estados con una gran cantidad de poblaciones indígenas y con sistemas normativos internos, como son Baja California, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Tlaxcala. Argumenta que con el Decreto impugnado no sólo modifica la manera de elegir a jueces, magistrados y ministros, que serán los encargados de impartir justicia en determinados casos a personas indígenas, sino que, además no prevé medidas que garanticen la participación de personas de adscripción indígena en el proceso electoral.

• Hace referencia al marco normativo nacional e internacional vigente en materia de derechos de autodeterminación y participación de pueblos y comunidades indígenas, así como sobre la jurisdicción indígena y su reconocimiento. Indica que, de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Federal, existe un derecho a la participación política de los pueblos indígenas a la autodeterminación, se les reconoce la jurisdicción indígena y el acceso a la justicia del Estado conservando los sistemas normativos propios, lo cual, igualmente ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial por parte de esta Suprema Corte. Así pues, menciona que en el amparo directo 6/2018, este Alto Tribunal determinó que por “jurisdicción especial indígena” se debe entender la facultad que tienen las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas para resolver conflictos al interior de sus colectividades o a impartir justicia de acuerdo con sus propios procedimientos, usos y costumbres, siempre y cuando estos no sean contrarios a la Constitución Federal y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, así como a ser juzgados según diversos parámetros de su propia cultura.

• Destaca las consideraciones vertidas al resolver este Alto Tribunal la acción de inconstitucionalidad 178/2020, donde se determinó que la consulta indígena se erige como un parámetro de control constitucional en dos vertientes, como derecho sustantivo o como requisito constitucional del procedimiento legislativo.

• De igual forma, desarrolla determinaciones contenidas en diversas acciones de inconstitucionalidad resueltas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como son las acciones de inconstitucionalidad 83/2015 y sus acumuladas, y 285/2020, en donde se estableció que la consulta previa es una prerrogativa en el caso de procedimientos legislativos; 122/2020, donde se determinó la obligación de las legislaturas de prever una fase adicional en el procedimiento legislativo cuando exista la obligación de consultar a pueblos y comunidades indígenas, y; 148/2020 y sus acumuladas, donde se establecieron las características que debe contener la referida consulta.

• Así, menciona que en el caso concreto la reforma judicial impugnada tiene el potencial de afectar la jurisdicción indígena, así como sus derechos de autodeterminación y participación política, con lo que el Congreso de la Unión se encontraba obligado a realizar la consulta previa al tenor del parámetro expuesto. Argumenta que la administración de justicia en lo general, y en lo particular con la materia electoral, es una actividad que impacta de manera directa en las comunidades indígenas, y que el hecho de que las modificaciones en estas materias no se realicen conforme lo expuesto, como en el caso, conlleva un potencial de invalidez que viola los artículos 2°, 14, 16 y 72 de la Constitución Federal.

b) Inconstitucionalidad por no incluir a personas con discapacidad en una legislación que les afecta de forma inminente.

• Refiere que el hecho de reglamentar la reconfiguración total del sistema de impartición de justicia, tanto en lo general como en lo particular a la materia electoral, incide en la que se imparte a las personas con discapacidad, actualizándose en el caso un incumplimiento por parte de las autoridades señaladas al mandato convencional de consultar a éstas. Argumenta que en el procedimiento legislativo de la reforma impugnada no se realizó consulta alguna en los temas de justicia, representación política o se tomaron en consideración las necesidades de este grupo en situación de vulnerabilidad al momento de reglamentar la votación de las personas juzgadoras, misma que resulta evidentemente capacitista, deviniendo así en un acto discriminatorio que configura un vicio en el procedimiento legislativo, contaminando de origen la normativa impugnada.

• Desarrolla el marco normativo convencional vigente, así como diversos precedentes de esta Suprema Corte y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativos a la garantía de participación política de las personas con discapacidad en la obligación de las autoridades mexicanas de consulta. Menciona que, de conformidad con los artículos 4, 5, 29 30 y 33, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, toda acción que busque garantizar esta participación debe contar con un proceso de consulta estrecha al grupo sujeto de dichas acciones, donde los Estados parte aseguren que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás.

• Así, señala que la participación de personas con discapacidad en la vida política del país, en condiciones de igualdad, conlleva la administración de justicia pronta, completa e imparcial, en términos del artículo 17 constitucional, por lo que se debió consultar a este grupo al momento de pretender realizar una reforma electoral de la proporción de la que se impugna, resultando en una violación a los artículos 1°, 14, 16, 35 y 72 de la Constitución Federal.

En su segundo concepto de invalidez, refiere que debe existir una debida fundamentación y motivación en las normas que crea el órgano legislativo, consistente en respetar los tiempos electorales, siendo que el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución General establece la restricción de promulgar y publicar normas electorales noventa días antes del inicio del periodo electoral en el que se vayan a aplicar, la cual tiene como propósito tener reglas estables durante la contienda electoral, evitando que los partidos en gobierno puedan alterarlas en su beneficio.

En esa línea, expresa que la ampliación del sistema electoral para abarcar juzgadores federales y locales por medio de reforma constitucional, se encuentra dentro del supuesto que prevé el referido artículo 105 constitucional y, al dictarse la legislación electoral para una reforma tan revuelta y deficientemente diseñada, resulta violatoria de dicho precepto y, con ello, del principio de legalidad contenido en el numeral 16 de la Norma Fundamental; esto es, al entrar en vigor la reforma, al día siguiente se determinó el inicio del proceso electoral extraordinario, sin contar con la legislación secundaria.

Así, indica que, aunque exista el artículo Octavo Transitorio de la reforma constitucional publicada el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, este no toma en cuenta que la reforma originaria se hizo en violación de la prohibición del artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución General, aunado a que una norma transitoria no es una norma general y, por tanto, no puede establecer una excepción a la prohibición constitucional, porque su objeto es determinar el modo de aplicación de otras normas y sus destinatarios son las autoridades que deben aplicarlas, por lo que su finalidad está limitada exclusivamente al modo de aplicación de las normas que expiden o derogan, teniendo una vigencia limitada y una naturaleza accesoria, pues sólo existen en la medida en la que hay una norma principal.

Argumenta que la estructura de los transitorios no es general, abstracta e impersonal, como sí lo es la norma que implementan, por lo que, si existe un choque entre una norma constitucional y un transitorio constitucional, este último debe tener menos valor.

Por ello, considera que la norma secundaria impugnada es inconstitucional de origen y carece de fundamentación, lo que deviene en una violación del principio de certeza en materia electoral que cuenta con dos vertientes, la primera consistente en que las partes que participan en un proceso electoral conozcan las reglas fundamentales que integran el marco jurídico que aplicará para regular el acceso de ciudadanos al ejercicio del poder público y, la segunda, referente a que los actos realizados en un proceso electoral sean veraces, fidedignos y confiables como presupuesto de la democracia; concluyendo que el principio de legalidad en materia electoral significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se desplieguen conductas arbitrarias.

Por otra parte, sostiene que existe una falta de fundamentación por contravenir los parámetros de la facultad reglamentaria para la reforma judicial electoral, toda vez que el artículo Segundo Transitorio, tercer párrafo, incisos a) y b), de la reforma a la Constitución Federal de quince de septiembre de dos mil veinticuatro, establece el procedimiento para determinar las vacantes que habrán de someterse a votación en el proceso electoral extraordinario 2024-2025, respecto de jueces y magistrados, por lo que teniendo en cuenta el artículo Décimo Primero Transitorio de la referida reforma, que establece que para la interpretación y aplicación de ese Decreto los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad, se tiene que la insaculación realizada en tiempos recientes por el Senado de la República incumple con lo señalado en el artículo Segundo Transitorio, pues no se renovaron la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial, sino que se realizó un solo sorteo con una lista nacional que se dividió en dos.

De esta forma, expresa que ello denota una falta de reglamentación por parte del Congreso de la Unión, ya que este procedimiento debió haberse establecido en los transitorios de la reforma realizada a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que hay una omisión legislativa y un defecto en el uso de la facultad reglamentaria.

Por tanto, señala que la omisión de reglamentar aspectos de la reforma constitucional en materia de elecciones judiciales viola la facultad reglamentaria que posee el Congreso de la Unión e, implícitamente, conlleva una vulneración al principio de legalidad al carecer de fundamentación, dado que la materia debió regularse en su totalidad, lo que significa que el legislador federal incumplió con su mandato constitucional.

En su tercer concepto de invalidez, señala que la reforma que reglamenta la elección de jueces, magistrados y ministros resulta contraria a diversos aspectos del principio de democracia representativa, pues en vez de potenciar el cambio constitucional que reglamentan, viola diversos artículos constitucionales, por lo siguiente:

a. Falta de regulación de acciones afirmativas y deficiencia en paridad de género

La etapa de “asignación final” no cumple con el mandato constitucional de paridad de género, pues obedece a la obtención del mayor número de votos para la asignación de cargos. Sólo podría haber paridad si se ignora a quien resulte con mayor votación y se designa por género.

Además, no hay acciones afirmativas para pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y personas LGBTTIQ.

b. Violaciones al derecho a votar de personas con discapacidad al no legislarse su participación efectiva en el proceso electoral de personas juzgadoras

La reforma impugnada no prevé medidas de accesibilidad para personas con discapacidad a fin de garantizar su derecho al voto (medidas que garanticen la utilización de la lengua de señas, el braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles); tampoco prevé ajustes razonables para garantizar que su derecho a la información se pueda ejercer en el contexto del proceso electoral.

c. Se afecta el carácter de órgano superior de dirección del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aunado a que se contravienen los principios rectores de independencia, imparcialidad y profesionalismo

La reforma resulta contraria al artículo 41, fracción V, constitucional, al delegar la designación de las personas de las áreas operativas del Instituto Nacional Electoral exclusivamente en la presidencia del Consejo General, cuando anteriormente correspondía a la totalidad del Consejo.

La designación colegiada de las y los titulares de las áreas operativas es un mecanismo que protege la independencia del Instituto Nacional Electoral en general y el carácter de órgano superior de su Consejo General.

La toma de tal decisión por parte de la totalidad de los integrantes del Consejo General refuerza la legitimidad de los nombramientos.

Al permitir la designación de las personas titulares de las áreas operativas sea facultad exclusiva de la Presidencia del Consejo General se elimina un contrapeso esencial dentro de la estructura del Instituto Nacional Electoral.

En su cuarto concepto de invalidez menciona que se afecta el derecho a la tutela judicial efectiva al eliminar el derecho a la doble instancia en el procedimiento especial sancionador. Sobre el particular, expuso los siguientes argumentos:

• Relata que en el procedimiento legislativo se aprobó e incorporó en el Senado una reserva que modifica la iniciativa presidencial en relación con el procedimiento especial sancionador (PES). Indica que, en el diseño original de la reforma, se proponía sustituir a la Sala Regional Especializada por una Comisión Especializada de la Sala Superior, misma que resolverá los PES en primera instancia, mientras que la Sala Superior serviría como segunda instancia, conociendo de los recursos interpuestos por los interesados. Así, menciona que la reserva aprobada suprimió a la Comisión Especializada y dejó en su lugar a la Sala Superior en Pleno, volviéndola autoridad resolutora única y definitiva, como se observa en el numeral 6, del artículo 471; el primer párrafo del numeral 1, y el numeral 2, del artículo 473; el inciso c), del numeral 1, del artículo 474; los numerales 5 y 8, del artículo 474 Bis; el numeral 1, del artículo 475; el numeral 1, y los incisos d), e) y f), del numeral 2, del artículo 476; todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así pues, considera que la supresión de la segunda instancia dentro del procedimiento especial sancionador viola de diversas maneras el derecho de acceso a la justicia. En primer lugar, señala que el artículo 14 de la Constitución Federal contempla que todo acto de afectación a derechos supone el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, mismas que en el caso no se cumplen; en segundo lugar, menciona que se debe observar que el numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana que versa sobre las garantías judiciales y prevé la segunda instancia como un derecho al señalar en su inciso h), el “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”, y; en tercer lugar, indica que el derecho a la segunda instancia se configura parte del derecho de acceso a la justicia, previsto particularmente en el artículo 17 de la Constitución Federal.

• Finalmente, argumenta que la reforma impugnada, en este apartado, afecta a los partidos políticos, a los precandidatos y candidatos, a los servidores públicos y a los concesionaros de radio y televisión, puesto que vulnera la autonomía e independencia en la organización de elecciones, transgrediendo los artículos 14, 17, 41 y 134 de la Constitución Federal.

Partido Revolucionario Institucional

En su primer concepto de invalidez, plantea la violación al procedimiento legislativo, tanto por la violación a los plazos legales, así como por la falta de observancia en los principios fundamentales del derecho parlamentario, en atención a los siguientes argumentos: • Inicialmente, refiere el marco jurídico nacional aplicable al procedimiento legislativo, mismo que, argumenta, constituye un control de los procesos legales que opera con la finalidad de evitar violaciones en el desarrollo del debido procedimiento legislativo, consistente en los mandatos constitucionales, legales y reglamentarios aplicables. Señala que su cumplimiento está en la posibilidad de garantizar la transparencia y legalidad de éste, así como el derecho a la información y otros que fortalecen los principios de deliberación, libertad y representatividad.

• Así, al referir que el artículo 72 de la Constitución Federal establece los fundamentos del proceso de discusión parlamentaria, y que la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los reglamentos de cada una de las cámaras establecen cómo debe proceder la discusión en éstas, indica que, en el caso, se viola el procedimiento legislativo por violaciones a los plazos legales y por la inobservancia de los principios fundamentales del derecho parlamentario. Particularmente señala: 1) la violación al principio de deliberación y derecho de las minorías; 2) la violación al principio de libertad y representación parlamentaria; 3) el incumplimiento de los plazos y procesos establecidos en las reglas bicamerales, y; 4) vicios del procedimiento legislativo.

• Alega la dilación en la remisión de la respuesta de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, pues señala que mediante oficio de once de octubre de dos mil veinticuatro, se realizó una consulta al Presidente de la Comisión de Justicia de dicha Cámara sobre los Proyectos de Dictamen de la Comisión de Justicia, a las minutas de los entonces proyectos de decreto que aquí se impugnan (los dos), siendo que hasta el diecisiete de octubre del mismo año y sin una justificación lógica o jurídica, el Presidente de la Comisión de Justicia señaló que la Dirección General de Asuntos Jurídicos informó que, a esa fecha, no se había recibido ninguna suspensión provisional y/o definitiva relativa a los documentos aludidos, como consta en el acuse de recibo de dicho oficio. De igual forma, refiere que, de dicha respuesta, no se desprende que se haya realizado una consulta que sirva de respaldo a la información brindada, lo que es contrario a los principios de máxima publicidad, certeza y legalidad.

• Considera que esto adquiere relevancia, puesto que la certeza sobre una posible suspensión provisional y/o definitiva, en el caso, trasciende a que los diputados se encuentran obligados a atender dichos mandatos judiciales, pues de lo contrario se estaría violando el mandato constitucional del artículo 103 de la Norma Suprema, relativo al desacato de las suspensiones judiciales dictadas dentro de un juicio de amparo.

• Señala que en la misma fecha de once de octubre de dos mil veinticuatro, se presentó también al Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, otro escrito en el que diversos diputados le solicitaron, en el marco del procedimiento legislativo en cuestión, que se sometiera a la consideración de los integrantes de esa comisión la propuesta para la realización de audiencias públicas con personas integrantes del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que se recabara su opinión en relación con los entonces proyectos, con la finalidad de contar con mayores elementos para su análisis, discusión y aprobación.

• Menciona que la Comisión de Justicia no emitió una respuesta a dicha solicitud, lo cual acreditó una violación al debido proceso en la aprobación de proyectos y dictámenes, pues aún sin considerar ésta, se procedió a realizar la sesión correspondiente, haciendo nugatorio el derecho de los diputados integrantes de la comisión de referencia a contar con información suficiente, como la que se considera pudo ser aportada por los integrantes del Poder Judicial de la Federación.

• Refiere que la deliberación en comisiones es un requisito indispensable para garantizar que la reforma cumpla con los estándares de calidad y congruencia normativa, además de reflejar un consenso entre los distintos grupos parlamentarios y así atender a los intereses de la sociedad en su conjunto, con lo que al omitir o minimizar la discusión en comisiones: a) se afectó el derecho de los legisladores a participar plenamente en el análisis y discusión de la reforma, y; b) se vulneró el principio de transparencia legislativa. Con esto, estima violados los artículos 39 y 40 de la Constitución Federal y los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad, contenidos en los artículos 14 y 16 del mismo ordenamiento.

• Sobre este mismo punto, destaca que mediante oficio de trece de octubre de dos mil veinticuatro, signado por diversos diputados en su calidad de integrantes del grupo parlamentario del PRI, solicitaron con fundamento en la fracción XIV del artículo 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suspensión de la reunión de la Comisión de Justicia de dicha Cámara por las razones siguientes: 1) se configuró una violación al procedimiento legislativo respecto a la convocatoria de reunión extraordinaria de la Comisión de Justicia, pues ésta no se publicó en la Gaceta Parlamentaria, no se remitió vía electrónica y no se envió el link que permitiera a los convocados acceder a dicha reunión semipresencial, de conformidad con el artículo 312, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y; 2) no se acreditó la urgencia de convocar a una reunión extraordinaria de dicha Comisión ni se justificó el hecho de no haber circulado un dictamen con cinco días hábiles de anticipación, como lo establece el ordenamiento antes referido.

• Manifiesta que, en vista de lo anterior, se solicitó formalmente suspender dicha discusión y reponer el procedimiento, a efecto de que, de conformidad con los plazos reglamentarios, se convocara a una reunión ordinaria que permitiera el estudio exhaustivo de las minutas correspondientes (que derivaron en los decretos que ahora se combaten a través del presente medio de control); solicitud que no fue atendida y de la cual no se recibió respuesta alguna, violentando con ello, además, la garantía de audiencia.

En su segundo concepto de invalidez, el Partido Revolucionario Institucional refiere que el artículo 498, numeral 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la etapa de la jornada electoral inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio del año que corresponda y concluye con el cómputo de los votos en casilla, lo cual es inconstitucional, ya que no define de forma precisa la hora en que termina la jornada electoral.

Indica que si bien de una interpretación sistemática y funcional se podría arribar a la conclusión de que la jornada electoral inicia a partir de las 8:00 horas y concluye a las 18:00 horas, al igual que en las elecciones concurrentes en que se renueve cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión en términos del artículo 285 de la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo cierto es que el numeral controvertido al prever que “concluye con el cómputo de los votos en casilla”, genera incertidumbre, dado que no establece una hora precisa sobre la conclusión de la votación, generando confusión en los electores y los integrantes de las respectivas mesas directivas de casilla, los que podrían interpretar que la votación continúa hasta en tanto vote la totalidad de los electores o se agoten todas las boletas electorales, sin importar la hora de cierre de la votación; asimismo, deja la posibilidad de que la casilla permanezca abierta hasta en tanto se contabilicen todos los votos de los electores.

Destaca que este tema no es simple sino que contrae un vicio sustancial, tomando en consideración que el número de cargos a elegir y cuya votación se recabará en cada casilla, supera por mucho el número tradicional de cargos de elección popular que los ciudadanos están acostumbrados a elegir, por lo que, considerando el número total de cargos a elegir, se debe establecer con precisión el tiempo de votación que tendrá la ciudadanía para la emisión de su voto.

Además, sostiene que no debe perderse de vista que, con la incorporación de un nuevo proceso de elección dentro de la conformación actual de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, existe una distinción entre las reglas establecidas para las elecciones ordinarias y las establecidas ahora para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

Por tanto, solicita se declare la invalidez de dicha parte normativa y se establezca una interpretación conforme a las reglas y tiempos para la votación establecidos en las elecciones ordinarias de cargos de elección popular, en virtud de que la importancia de definir con claridad la fecha de la jornada electoral en horas precisas, deviene de los principios de definitividad y de certeza a fin de que no haya inequidad en las contiendas de personas juzgadoras.

En el tercer concepto de invalidez señala que se violan los artículos 1º, 14, 16, 35 y 41 de la Constitución Federal, así como los principios de certeza y equidad en materia electoral respecto al financiamiento para el desarrollo de las campañas electorales.

Lo anterior, sostiene, ya que las personas juzgadoras que competirán serán electas no por sus capacidades para el puesto en cuestión, sino por el poder adquisitivo o recursos propios con que cada uno cuente durante el proceso electoral, lo que presupone una inequidad en toda la contienda electoral.

Por ejemplo, señala que las personas candidatas podrán erogar recursos con la finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura dentro de los periodos de campaña respectivos; sin embargo, tal previsión resulta inequitativa, pues una persona que aspire al cargo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33533-1423a0e9/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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