I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL (LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA FALTA DE CONVOCATORIA A UN PARLAMENTO ABIERTO (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). V. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, LOS CONGRESOS TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE AQUÉLLOS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). VI. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LA NORMA GENERAL CON EL OBJETO DE REGULAR LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ACTUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS ENTES PÚBLICOS, NO ES SUSCEPTIBLE DE AFECTAR SUS DERECHOS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA OMISIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE ENVIAR A LA COMISIÓN RESPECTIVA LA INICIATIVA PARA SU DICTAMEN ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN CON POTENCIAL INVALIDANTE (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA OMISIÓN DE EXPONER LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UNA INICIATIVA DE LEY CON CARÁCTER DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN CON POTENCIAL INVALIDANTE (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA TRAMITACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY CON CARÁCTER DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DELIBERACIÓN DEMOCRÁTICA, PARTICULARMENTE, EN CUANTO A LA NECESIDAD DE RESGUARDAR EL DEBIDO PROCESO, EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS PARLAMENTARIAS, LA LIBERTA
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2023 Y SUS ACUMULADAS 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 Y 47/2023. PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIVERSOS DIPUTADOS Y DIVERSOS SENADORES INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO Y PARTIDO POLÍTICO DEL ESTADO DE JALISCO DENOMINADO HAGAMOS. 8 DE MAYO DE 2023. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023, promovidas por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, diversos diputados y diversos senadores integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, Movimiento Ciudadano y Partido Político del Estado de Jalisco denominado Hagamos, contra las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demandas. Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron de la siguiente manera:
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2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Normas generales cuya invalidez se reclama. En las acciones de inconstitucionalidad se impugna el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós.
4. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los actores señalan como preceptos violados los artículos 1o., 2o., 6o., 7o., 14, 16, 35, fracciones II, VI, VIII y IX, 40, 41, 49, 50, 51, 52, 56, 72, 74, fracción IV, 99, fracción IX, 105, fracción II, penúltimo párrafo, 109, 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Conceptos de invalidez. Los accionantes expusieron los conceptos de invalidez que estimaron pertinentes, de cuyo contenido se dará cuenta en cada uno de los considerandos destinados a su estudio.
6. Trámite, acumulación y admisión. Por acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el PRD con el número 29/2023 y, por razón de turno, designó al Ministro Alberto Pérez Dayán como instructor.
7. Mediante acuerdos de esa misma fecha la Ministra presidenta ordenó formar y registrar los expedientes de las acciones de inconstitucionalidad 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023 y 43/2023; y determinó la acumulación a la diversa 29/2023.
8. Por auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió las acciones de inconstitucionalidad, tuvo por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentaron y por designados a los delegados y autorizados que señalaron. Además, ordenó dar vista a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que rindieran su informe, y los requirió para que las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión enviaran copias certificadas de los antecedentes legislativos de las normas generales impugnadas y, al Poder Ejecutivo Federal para que exhibiera copia certificada del Diario Oficial de la Federación publicado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, que contiene el decreto cuya constitucionalidad se cuestiona.
9. Asimismo, solicitó al presidente del Instituto Nacional Electoral para que remitiera copias certificadas de los estatutos o documentos básicos vigentes de los Partidos PRD, PAN, PRI y MC, así como de las certificaciones de sus registros vigentes y precisara quiénes son los actuales representantes e integrantes de sus órganos de dirección nacional; además, informara las fechas en que darán inicio los próximos procesos electorales a nivel federal y estatal.
10. En ese proveído también pidió la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente.
11. Por último, desechó de plano la demanda promovida por el partido político de Jalisco denominado Hagamos, es decir, la acción de inconstitucionalidad 47/2023, porque se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX, de la ley reglamentaria, en relación con los diversos 10, fracción I, 11, párrafo primero, en relación con el 59, 62, párrafo tercero, y 65 del propio ordenamiento, así como 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal, es decir, por no contar el partido político con la legitimación activa necesaria para ejercitar el medio de control constitucional.(1)
12. Informes de las Cámaras de Diputados y Senadores y del Poder Ejecutivo Federal. Mediante auto de siete de marzo de dos mil veintitrés el Ministro instructor tuvo por recibidos los informes remitidos por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de ese Congreso, a los cuales anexaron las copias certificadas de las documentales que les fueron solicitadas.
13. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En auto de diez de marzo de dos mil veintitrés se tuvo por recibida la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
14. Pedimento de la Fiscalía General de la República. El fiscal general de la República no formuló pedimento en el presente asunto.
15. Cierre de la instrucción. En proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, el Ministro instructor ordenó cerrar instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente; acuerdo en el cual tuvo por recibidos los alegatos presentados por las partes.
I. COMPETENCIA
16. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos a), b) y f), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los promoventes de las acciones plantean la posible contradicción entre la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Constitución Federal.
II. OPORTUNIDAD
17. Las demandas fueron presentadas dentro del plazo legal.
18. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) dispone que el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales, cuyo cómputo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el ordenamiento impugnado; y si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente; y que en materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.
19. El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós; por lo tanto, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del veintiocho de diciembre de dos mil veintidós al veintiséis de enero de dos mil veintitrés.
20. En consecuencia, si los escritos que contienen las acciones de inconstitucionalidad se presentaron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintitrés y el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, es evidente que su promoción resulta oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
21. Las acciones fueron promovidas por parte legitimada.
22. Los artículos 105, fracción II, incisos a), b) y f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, primer y último párrafos, de su ley reglamentaria, son del tenor siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;
"b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
"...
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro; ..."
"Artículo 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos.
"...
"En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento."
23. Ahora bien, de acuerdo con el inciso a) de la fracción II del artículo 105 constitucional establece que podrán ejercitar acción de inconstitucionalidad el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales.
24. Así, cuando la acción de inconstitucionalidad se promueve contra una ley expedida por el Congreso de la Unión, por legisladores que representan el treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos:
1. Los promoventes deben ser legisladores integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;
2. Deben representar cuando menos el equivalente al treinta y tres por ciento del total que integra dicha Cámara; y,
3. La acción de inconstitucionalidad debe hacerse valer contra leyes federales.
25. En el caso de la acción de inconstitucionalidad 37/2023 fue promovida por los diputados integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, el primero de los requisitos aludidos se encuentra satisfecho, en virtud de que quienes suscribieron la demanda de acción de inconstitucionalidad tienen el carácter de diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, lo que se acreditó con la copia certificada de las diversas constancias (de asignación, así como de mayoría y validez) que se anexaron al escrito de demanda.
26. El segundo de esos requisitos también se encuentra acreditado, ya que la demanda está firmada por un total de ciento noventa y siete diputados integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión,(3) que representan más del treinta y tres por ciento de los quinientos legisladores que conforman dicho órgano legislativo, en términos de lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Federal; esto es, la Cámara referida se integra por un total de quinientos diputados, por lo que el treinta y tres por ciento de ese total equivale a ciento sesenta y siete legisladores y, en el caso, la demanda se suscribió por ciento noventa y siete de los integrantes de la Cámara de Diputados, lo que equivale al treinta y nueve punto cuatro por ciento.
27. El tercero de los requisitos consistente en que la acción de inconstitucionalidad se haga valer contra leyes federales, también se cumple porque los ordenamientos impugnados participan de los atributos de una ley federal en sentido formal y material.
28. En consecuencia, ha quedado demostrado que los diputados integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión que promovieron la presente acción de inconstitucionalidad, están legitimados para demandar la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
29. Por otra parte, el inciso b) de la fracción II del artículo 105 constitucional establece que podrán ejercitar acción de inconstitucionalidad el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales.
30. Así, cuando la acción de inconstitucionalidad se promueve contra una ley expedida por el Congreso de la Unión, por legisladores que representan el treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Senadores, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos:
1. Los promoventes deben ser legisladores integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;
2. Deben representar cuando menos el equivalente al treinta y tres por ciento del total que integra dicha Cámara; y,
3. La acción de inconstitucionalidad debe hacerse valer contra leyes federales.
31. En el caso de la acción de inconstitucionalidad 38/2023 promovida por los senadores integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, el primero de los requisitos aludidos se encuentra satisfecho, en virtud de que quienes suscribieron la demanda de acción de inconstitucionalidad tienen el carácter de senadores de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, lo que se acreditó con la copia certificada de las diversas constancias (de asignación, así como de mayoría y validez) que se anexaron al escrito de demanda.
32. El segundo de esos requisitos también se encuentra acreditado, ya que la demanda está firmada por un total de cuarenta y seis senadores integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión,(4) que representan más del treinta y tres por ciento de los ciento veintiocho legisladores que conforman dicho órgano legislativo, en términos de lo dispuesto por el artículo 56 de la Constitución Federal; esto es, la Cámara referida se integra por un total de ciento veintiocho senadores, por lo que el treinta y tres por ciento de ese total equivale a cuarenta y tres legisladores y, en el caso, la demanda se suscribió por cuarenta y seis de los integrantes del Senado, lo que equivale al treinta y cinco punto noventa y tres por ciento.
33. El tercero de los requisitos consistente en que la acción de inconstitucionalidad se haga valer contra leyes federales, también se cumple porque los ordenamientos impugnados participan de los atributos de una ley federal en sentido formal y material.
34. En consecuencia, ha quedado demostrado que los senadores integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión que promovieron la presente acción de inconstitucionalidad, están legitimados para demandar la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
35. Por último, en términos del inciso f) de la fracción II del artículo 105 constitucional transcrito, cuando la acción de inconstitucionalidad se promueva por los partidos políticos, se deben satisfacer los siguientes extremos:
a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente;
b) Que el partido político promueva por conducto de sus dirigencias (nacional o local según sea el caso);
c) Que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello; y,
d) Que las normas sean de naturaleza electoral.
36. Ahora bien, se procede al análisis de los documentos y estatutos con base en los cuales los partidos políticos promoventes de las acciones acreditan su legitimación, a saber:
37. La acción de inconstitucionalidad 29/2023 fue promovida por el Partido de la Revolución Democrática, instituto que se encuentra registrado como partido político nacional, según certificación expedida por la directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de veintidós de febrero de dos mil veintitrés.
38. La demanda fue suscrita por José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva de ese partido, quien lo acredita con la certificación de veintidós de febrero de dos mil veintitrés.
39. Por su parte, los artículos 38 y 39 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática,(5) prevén la integración de la Dirección Nacional Ejecutiva y sus funciones.
40. La acción de inconstitucionalidad 30/2023 fue promovida por el Partido Acción Nacional, instituto que se encuentra registrado como partido político nacional, según certificación expedida por la directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de veintidós de febrero de dos mil veintitrés.
41. La demanda fue suscrita por Marko Antonio Cortés Mendoza como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político, quien lo acredita con la certificación de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, expedida por esa autoridad electoral.
42. Por su parte, los artículos 53, inciso a) y 57, inciso a), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional,(6) prevén las facultades del Comité Ejecutivo Nacional, sus funciones y las de su presidente.
43. La acción de inconstitucionalidad 31/2023 fue promovida por el Partido Revolucionario Institucional, instituto que se encuentra registrado como partido político nacional, según certificación expedida por la directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de veintidós de febrero de dos mil veintitrés.
44. La demanda fue firmada por Rafael Alejandro Moreno Cárdenas como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, quien lo acredita con la certificación de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, expedida por la autoridad electoral referida.
45. Por su parte, el artículo 89, fracción XIII, de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional,(7) prevé las facultades del presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
46. La acción de inconstitucionalidad 43/2023 fue promovida por Movimiento Ciudadano, instituto que se encuentra registrado como partido político nacional, según certificación expedida por la directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, de veintidós de febrero de dos mil veintitrés. 47. La demanda fue firmada por Dante Alfonso Delgado Rannauro, Ana Lucía Baduy Valles, Benjamín Alamillo González, Jacobo David Cheja Alfaro, Lucía Alejandra Puente García, Martha Patricia Herrera González, Priscilla Franco Barba, Rubén Isaac Barrios Ochoa, Tabita Ortiz Hernández y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez como coordinador, integrantes y secretario general de Acuerdos, respectivamente, de la Comisión Operativa Nacional de ese partido, quien lo acredita con la certificación de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, expedida por esa autoridad electoral.
48. Y el artículo 20 de los Estatutos de Movimiento Ciudadano,(8) prevé la integración y funciones de la Comisión Operativa Nacional.
49. Ahora, en cuanto al requisito de que las disposiciones impugnadas por los partidos políticos correspondan a la materia electoral, este Tribunal Pleno ha definido que las disposiciones jurídicas generales en materia electoral no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que aun previstas en ordenamientos jurídicos distintos a una ley electoral, regulen aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra.(9)
50. Así, por ejemplo, las disposiciones normativas relacionadas con distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones corresponden a la materia electoral y, por ende, pueden impugnarse por los partidos políticos mediante acciones de inconstitucionalidad.
51. De la revisión de los conceptos de invalidez formulados por PAN y MC se advierte que sostienen que el Congreso de la Unión transgredió las reglas del procedimiento legislativo en la emisión del decreto impugnado y argumentan la inconstitucionalidad de diversas disposiciones tanto de la Ley General de Comunicación Social, como de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y los otros institutos políticos PRI y PRD sólo combaten disposiciones de esos ordenamientos, pero no el procedimiento del que emanaron.
52. Por lo tanto, a juicio de esta Suprema Corte, los partidos políticos sólo están legitimados para argumentar violaciones al procedimiento legislativo por parte del Congreso de la Unión en la emisión de leyes en materia electoral, así como supuestos normativos de ese contenido, lo cual se surte en el caso, en virtud de que los artículos 4, fracción VIII Bis, 9, fracción I, incisos a) y f), 14 y 21 de la Ley General de Comunicación Social impugnados, encuadran en lo que este Tribunal Pleno ha definido como materia electoral, ya que regulan, respectivamente, lo siguiente:
• Lo que se entiende por propaganda gubernamental; que no constituye ésta las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones; y que tampoco lo es la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita (4, fracción VIII Bis);
• Que queda prohibido difundir campañas de comunicación social que tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier persona servidora pública, con excepción de lo previsto en el artículo 14 de la ley; y aquella que se dirija a influir en la competencia entre los partidos políticos, o personas precandidatas o candidatas, en periodo electoral y no electoral [9, fracción I, incisos a) y f)];
• Que el informe anual de labores o gestión de las personas servidoras públicas, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en canales de televisión y estaciones de radio, deben cumplir con lo que resulte aplicable de esa ley y con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (14);
• Que durante el tiempo que comprendan los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, así como las campañas electorales, debe suspenderse la difusión de propaganda gubernamental, en los términos establecidos en la legislación de la materia (21, primer párrafo);
• Que para los efectos del párrafo primero de ese artículo, en el caso de los procesos electorales locales, deberá suspenderse la difusión de campañas de comunicación social en los medios de comunicación con cobertura geográfica y ubicación exclusivamente en la entidad federativa de que se trate; y que se exceptúan de lo anterior:
• I. Las campañas de información de las autoridades electorales;
• II. Las relativas a servicios educativos y de salud;
• III. Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia; y,
• IV. Cualquier otra que autorice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de manera específica durante los procesos electorales, sin que ello implique que sólo las campañas aprobadas por la referida autoridad administrativa son las que podrían difundirse (21, segundo párrafo); y,
• Que cuando existan procesos electorales, las dependencias y entidades de la administración pública deben acatar la normatividad aplicable que ordene la suspensión de las campañas gubernamentales (21, último párrafo).
53. Por tanto, este Tribunal Pleno concluye que las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por parte legitimada para ello, en los términos expuestos en este considerando, sin perjuicio de estimar inoperantes aquellos conceptos de invalidez que combaten el contenido de disposiciones legales distintas a la materia electoral.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
54. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente. Así, el Poder Ejecutivo Federal considera que debe sobreseerse en las acciones de inconstitucionalidad 29/2023, 30/2023, 31/2023 y 43/2023 promovidas por PRD, PAN, PRI y MC, en términos del artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 62, último párrafo, de la ley reglamentaria, debido a que esos institutos políticos carecen de legitimación activa para cuestionar la constitucionalidad del decreto impugnado que reformó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
55. Sobre el particular, en esta sentencia ya fue abordado ese problema jurídico y se concluyó que las acciones de inconstitucionalidad respectivas se promovieron en contra del procedimiento legislativo y de disposiciones legales de contenido electoral.
56. Al no existir otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento aducido por las partes o que esta Suprema Corte advierta oficiosamente, se procede al estudio de los conceptos de invalidez.
V. ESTUDIO DE FONDO
57. A continuación, se introduce un cuadro que identifica los temas denunciados a examinar y son los siguientes:
Ver temas
Tema 1. Parlamento abierto
58. Los diputados accionantes aducen que el decreto impugnado es violatorio de los derechos de libertad de expresión, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas protegidos por los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal, porque el órgano legislativo emisor no actuó como un parlamento abierto; es decir, ni la Cámara de Diputados ni la de Senadores proporcionaron espacios para que la ciudadanía participara de forma activa en la discusión de las normas de comunicación social, aun cuando las disposiciones combatidas inciden directamente en la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y en el ejercicio de participación electoral ciudadana como eje central del modelo democrático.
59. Señalan que la Primera Sala de la Suprema Corte ya se pronunció sobre la figura de parlamento abierto como parte integrante de los sistemas democráticos constitucionales, en el amparo en revisión 27/2021, en el sentido de que ese concepto supone que el órgano legislativo comunique toda su actividad a la ciudadanía de forma transparente, en formatos abiertos y entendibles; así como la necesidad de abrir espacios de participación entre los ciudadanos y los funcionarios, a través de foros deliberativos y otros instrumentos de comunicación dentro de los procedimientos parlamentarios.
60. Así, reiteran que el parlamento abierto en los últimos años se ha configurado como una herramienta de apertura democrática, porque permite la incorporación del ciudadano en el diseño de las normas, por lo que consideran que esa figura no puede verse solamente como una buena práctica legislativa, sino que constituye un mecanismo para el ejercicio de los referidos derechos, cuya omisión se traduce en una violación directa a los artículos 6o. y 7o. constitucionales, así como una afectación al propio modelo democrático, pues la ciudadanía no tuvo la posibilidad de disentir, argumentar, persuadir y construir acuerdos, con base en la capacidad de negociación de los actores políticos.
61. Para el examen de sus argumentos debe destacarse que sobre la figura de parlamento abierto existen como precedentes la acción de inconstitucionalidad 294/2020 y sus acumuladas,(10) así como los amparos en revisión 25/2021(11) y 27/2021,(12) en los que se ha definido que la implementación de ese modelo en una democracia implica incorporar al ciudadano tanto en el diseño de las normas, en las iniciativas ciudadanas, así como en la difusión de los proyectos para recabar comentarios y medir el grado de aceptación de los cambios normativos propuestos, lo cual incluye realizar deliberaciones abiertas.
62. Asimismo, en esos asuntos se puntualizó que un modelo legislativo en el que se otorga un papel de mayor p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31646-e5684b68/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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