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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER FEDERAL. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE CIENTO SETENTA Y NUEVE DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA PROMOVERLA, AL REPRESENTAR EL TREINTA Y CINCO PUNTO OCHO POR CIENTO (35.8 %) DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE CINCUENTA Y DOS SENADORES INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA PROMOVERLA, AL REPRESENTAR EL CUARENTA PUNTO SEIS POR CIENTO (40.6 %) DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE DECRETOS INTERPRETATIVOS DEBE VERIFICARSE SU CONTENIDO VINCULANTE, GENERAL, ABSTRACTO E IMPERSONAL. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE CESACIÓN DE EFECTOS DEL DECRETO IMPUGNADO, AL NO ESTAR CONDICIONADA SU VIGENCIA A LA CONCLUSIÓN DE ALGÚN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO, COMO ES EL CASO DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE NORMAS ELECTORALES. VIOLACIÓN DE LA VEDA ELECTORAL –SU EXPEDICIÓN NOVENTA DÍAS ANTES DE QUE INICIE EL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE– [INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE INTERPRETA EL ALCANCE DEL CONCEPTO DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD Y APLICACIÓN DE SANCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 449, NUMERAL 1, INCISOS B), C), D) Y E), DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y 33, PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, Y 61 DE LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS]. VII. CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 105, PENÚLTIMO PÁRRAFO, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. EL DECRETO POR EL QUE SE INTERPRETA SU ALCANCE, EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES EN LA MATERIA, EMITIDO CUANDO ESTÉ EN CURSO UN PROCESO ELECTORAL, RESULTA VIOLATORIO DE LA VEDA ELECTORAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE INTERPRETA EL ALCANCE DEL CONCEPTO DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD Y APLICACIÓN DE SANCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 449, NUMERAL 1, INCISOS B), C), D) Y E), DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y 33, PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO Y 61 DE LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO]. X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS [INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE INTERPRETA EL ALCANCE DEL CONCEPTO DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD Y APLICACIÓN DE SANCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 449, NUMERAL 1, INCISOS B), C), D) Y E) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y 33, PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO Y 61 DE LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS].

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 46/2022 Y SUS ACUMULADAS 49/2022, 51/2022 Y 53/2022. · Registro digital (IUS): 31606
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-07-07
Promovente: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN; DIVER
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Julio de 2023, Tomo I, Pág.180.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 46/2022 Y SUS ACUMULADAS 49/2022, 51/2022 Y 53/2022. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN; DIVERSOS SENADORES INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN; Y EL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MOVIMIENTO CIUDADANO. 8 DE NOVIEMBRE DE 2022. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: SALVADOR ANDRÉS GONZÁLEZ BÁRCENA.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de noviembre de dos mil veintidós emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelven las acciones de inconstitucionalidad 46/2022, promovida por los partidos políticos nacionales Acción Nacional (en adelante PAN), Revolucionario Institucional (en adelante PRI) y de la Revolución Democrática (en adelante PRD); y sus acumuladas 49/2022, promovida por diversas diputaciones del Congreso de la Unión, 51/2022, promovida por diversas senadurías del Congreso de la Unión y 53/2022, promovida por el partido político nacional Movimiento Ciudadano (en adelante MC), contra el decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en los artículos 449, numeral 1, incisos b), c), d) y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 33, párrafos quinto, sexto y séptimo y 61 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintidós (en adelante el Decreto interpretativo o el Decreto impugnado).

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.

1. Presentación de los escritos iniciales de demandas. Mediante sendos escritos presentados en el Buzón Judicial de este Alto Tribunal, el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, Marko Antonio Cortés Mendoza, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN; Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y José de Jesús Zambrano Grijalva, en su calidad de presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática; el veintinueve de marzo de dos mil veintidós por diversas diputaciones; el treinta de marzo de dos mil veintidós por diversas senadurías y el uno de abril de dos mil veintidós, Dante Alfonso Delgado Ranauro, Benjamín Alamillo González, Ana Lucía Baduy Valles, Rubén Isaac Barrios Ochoa, Jacobo David Cheja Alfaro, Priscilla Franco Barba, Martha Patricia Herrera González, Tabita Ortiz Hernández, Lucía Alejandra Puente García y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, en su carácter de integrantes y de secretario general de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de MC; promovieron sendas acciones de inconstitucionalidad contra el decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en los artículos 449, numeral 1, incisos b), c), d) y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante LGIPE) y 33, párrafos quinto, sexto y séptimo y 61 de la Ley Federal de Revocación de Mandato (en adelante LFRM), publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en los términos siguientes:

"SE INTERPRETA EL ALCANCE DEL CONCEPTO DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD Y APLICACIÓN DE SANCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 449, NUMERAL 1, INCISOS B), C), D) Y E), DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y 33, PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, Y 61 DE LA LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO.

"Artículo Primero. Como concepto de propaganda gubernamental, en su aplicación contenida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 449, numeral 1, incisos b) y d) así como en la Ley Federal de Revocación de Mandato, artículo 33, párrafos quinto y sexto, debe entenderse:

"El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, por un ente público (Poderes de la Federación, entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como órganos constitucionales autónomos, o cualquier otra dependencia o entidad de carácter público), con el objeto de difundir el quehacer, las acciones o los logros relacionados con sus fines, o información de interés público referida al bienestar de la población, cuyas características deberán ajustarse a lo señalado en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"No constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables.

"Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público, conforme al artículo 3, fracción XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas."

"Artículo Segundo. La obligación de las personas servidoras públicas de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos señalada en los artículos 449, numeral 1, incisos c) y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 33, párrafo séptimo, de la Ley Federal de Revocación de Mandato, consistirá en:

"La aplicación de recursos públicos, entendidos como la instrucción a personas servidoras públicas subordinadas por el cargo que se ejerce; la aplicación de recursos financieros para el pago directo de, o la ocupación de cualquier tipo de bien material propiedad pública bajo su cargo o con acceso a éste, de manera absolutamente ajena a la realización de reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos actos que impliquen apoyo a personas aspirantes, precandidatas, candidatas o a partidos políticos antes, durante o después de campañas electorales, además de las que mencionen expresamente ambas leyes.

"Artículo Tercero. Las sanciones aplicables a las autoridades o personas servidoras públicas de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los Poderes Locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno de la Ciudad de México, órganos autónomos y cualquier otro ente público conforme a los artículos 449, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 61 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, deberán ser aplicadas bajo el principio de estricto derecho. No podrán aplicarse sanciones por analogía o mayoría de razón.

"Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

2. Conceptos de invalidez. Las partes actoras en las acciones de inconstitucionalidad expusieron los siguientes conceptos de invalidez:

a. Acción de inconstitucionalidad 46/2022 (PAN, PRI y PRD).

• Primer concepto de invalidez:

- Existe violación al principio de legalidad, contenido en los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, así como al principio democrático que se deriva de los diversos 39, 40, 41 y 134, todos de la Constitución General, provocando la invalidez del Decreto, debido a que modificó el sentido de la norma interpretada para restringir su ámbito material de aplicación.

- El Decreto se emitió con fundamento en el apartado F del artículo 72 de la Constitución Federal. Conforme a dicho precepto se observará el mismo proceso legislativo que para una ley. Por su parte, este Alto Tribunal, en las jurisprudencias P./J. 69/2005 y P./J. 87/2005, ha delimitado esta facultad.

- El Decreto modificó por completo el sentido de las normas para restringir o reducir su ámbito material de aplicación, contraviniendo la teleología constitucional de las normas interpretadas.

- Cuando el Decreto, en su artículo primero, interpreta el concepto de propaganda gubernamental contenido en los artículos 449 de la LGIPE y 33 de la LFRM, contraviene la razón esencial de elevar a rango constitucional el principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos y en la difusión de propaganda gubernamental, para sancionar su incidencia en la equidad de la contienda electoral, incorporado en el diverso 134 de la Constitución Federal debiéndose interpretar armónicamente con el 41 del mismo ordenamiento.

- Dichos preceptos constitucionales fueron interpretados al resolverse la acción de inconstitucionalidad 119/2020, determinando un concepto de propaganda gubernamental.

- Los órganos aplicadores siempre tendrán frente a ellos una serie de alternativas de sentido adjudicables al texto a aplicar. Ante esto, puede ser que, mediante una norma intermedia (entre la norma a interpretar y la norma individualizada), el legislador determine el significado de aquella norma. Esto es la llamada interpretación auténtica.

- Ahora bien, esta interpretación, inscrita en un sistema jurídico como el mexicano en el que son los tribunales federales los encargados de la interpretación normativa, no puede tener por objeto modificar la norma interpretada, menos aun cuando ésta recoge conceptos constitucionales que, además, han sido interpretados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante TEPJF).

- En el presente caso, no hay cabida a diversas alternativas de interpretación sobre los alcances del concepto de propaganda gubernamental y utilización de recursos públicos, lo que constituye un requisito previo para la validez de una interpretación auténtica.

- El Decreto pretende apartarse de los criterios emitidos por el TEPJF al sostener, en su iniciativa, que se emite dada la presencia de criterios judiciales contradictorios que han ignorado el significado que el Constituyente les dio a determinados conceptos.

- Así, corresponde a este Alto Tribunal profundizar sobre los límites del ejercicio efectuado de interpretación auténtica a la luz de los siguientes temas:

1) La interpretación auténtica no es una facultad de modificación o derogación de la norma interpretada. El Decreto impugnado no supera esta grada, en tanto modifica directamente el espíritu del artículo 134 constitucional en cuanto a los conceptos de imparcialidad de recursos públicos y equidad en la contienda electoral respecto de la propaganda gubernamental, así como sus alcances conforme a la interpretación judicial

2) Debe seguir el mismo trámite legislativo que para la norma inicial. El decreto en realidad interpreta principios y valores constitucionales. Esto, ya que la LFRM y la LGIPE replican el contenido de preceptos constitucionales. Quien tenía la facultad de interpretar las normas derivadas de la reforma de dos mil siete era la integración del Constituyente que realizó dicha reforma, no así una integración futura y diversa. Aun sí la interpretación se realizó sobre leyes secundarias, no se llevó a cabo el proceso legislativo correcto, ya que el mismo día que se dio cuenta en el Pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados respecto de la iniciativa del decreto, fue discutida y aprobada, al haber sido dispensada de los trámites legislativos.

3) Que su resultado sea la elección de una de las alternativas interpretativas jurídicamente viables del texto que se interpreta y que esas posibilidades de interpretación no pueden ser elaboradas tomando en cuenta solamente el texto aislado del artículo que se interpreta, ya que el mismo es parte de un sistema de normas que adquiere un sentido de conjunto o "sistémico" en el momento en que los operadores realizan una aplicación. El Decreto impugnado omite considerar el espíritu que motivó al Constituyente Permanente en dos mil siete a proscribir que actores ajenos (personas servidoras públicas) incidan en las campañas electorales y que la propaganda gubernamental debe ser institucional, salvo las excepciones previstas para ello.

- Así, el Decreto es omiso en atender las motivaciones históricas que derivaron en la reforma aludida, apartándose de lo dicho por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la interpretación histórica contenida en la jurisprudencia P./J. 61/2000.

- Para esto, la accionante narra los antecedentes a dicha reforma electoral, así como el clima en el que se dieron las elecciones presidenciales de dos mil seis. Menciona que estos principios ya se encontraban, en un primer esbozo, en los "Acuerdo de Neutralidad" o en las "Normas Reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de Recursos públicos para el Proceso Electoral Federal 2008-2009" expedidos, ambos, por el otrora Instituto Federal Electoral.

- El TEPJF ha sostenido, básicamente y desde hace más de diez años, el mismo concepto de propaganda electoral (SUP-RAP-19/2010 y 123/2010 y acumulados), mismo que en la iniciativa del Decreto se considera contradictorio.

- Desde dos mil siete, se reconoce que se está en presencia de propaganda electoral si: a) un servidor o entidad pública emite un mensaje; b) que éste se dé mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y/o expresiones; c) que se advierta su finalidad es difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno; y, d) que tal difusión se oriente a generar una aceptación en la ciudadanía. Incluso, por decisión del TEPJF, consideró que las expresiones en las que no se hacía referencia a partido político, candidato o proceso electoral alguno, constituían propaganda gubernamental prohibida.

- Debe aclararse que el conjunto normativo a interpretar supone no sólo el ejercicio de las normas que están dentro del mismo ordenamiento, sino también de las normas superiores y de los principios y valores que componen al sistema jurídico.

- La interpretación auténtica tiene, dos limitaciones: a) las posibilidades semánticas del texto tomado de manera aislada, elaborando una serie de alternativas viables para el texto a interpretar; y, b) estas posibilidades iniciales contrastadas con el sentido sistémico del orden jurídico, tomando en cuenta normas de rango superior e, incluso, principios y valores explícitos o implícitos del ordenamiento.

- Al no existir contradicción en los supuestos de interpretación, al obviarse el espíritu del Constituyente en la reforma de dos mil siete, y al ser omiso de realizar una interpretación armónica de los artículos 33, 41 y 134 de la Constitución General, esta interpretación auténtica no se ajusta a los parámetros de este Alto Tribunal.

• Segundo concepto de invalidez.

- Existe violación al principio de certeza establecido en el artículo 105 de la Constitución General, ya que el motivo de la prohibición de decretarse y promulgarse leyes electorales noventa días previos a una elección tiene sustento en permitir que sean impugnadas ante este Alto Tribunal para que se resuelvan previo al inicio del proceso electoral, garantizando el principio de certeza en la materia. Esta limitante aplica respecto de "modificaciones legales fundamentales". Conforme a la jurisprudencia P./J. 98/2006, son aquellas que alteran de manera sustancial disposiciones que rigen o integran el marco legal aplicable al proceso electoral. Conforme al citado principio, los participantes del proceso electoral conocen, en forma cierta, las reglas bajo las cuales se llevará a cabo el mismo. Este principio y la prohibición son aplicables al proceso de participación ciudadana (tesis P./J. 87/2007).

- Es hecho notorio que los procesos electorales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas comenzaron entre los meses de septiembre y diciembre de 2021. Por su parte, el Decreto fue publicado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, por lo que es inconcuso que fue publicado después de iniciados los mencionados procesos electorales y el revocatorio, por lo que conforme con las tesis P./J. 144/2005 y P./J. 60/2001, así como las ya citadas, el Decreto transgrede los artículos 14, 35, 39, 40, 42, párrafo tercero y 116, fracción IV, inciso B), de la Constitución General.

- La modificación impugnada viola el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución General, en tanto es de naturaleza electoral, fundamental y se realizó durante el proceso electoral, ya que éste, conforme a la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 1/2002, concluye hasta que ésta haya resuelto el último de los medios de impugnación promovidos contra actos o resoluciones electorales emitidos al final de la etapa de resultados, resultando aplicable el precedente de la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014 al determinar que el plazo para la celebración de la elección corresponde a una Norma Fundamental.

• Tercer concepto de invalidez:

- Se transgreden los principios de irretroactividad de la ley y de seguridad jurídica, previstos en el artículo 14 de la Constitución General, al violarse los derechos adquiridos de los gobernados que promovieron la revocación de mandato bajo el amparo de la ley que hoy se modifica.

- Conforme con lo resuelto en las acciones de inconstitucionalidad 47/2006 y sus acumuladas 49/2006, 50/2006 y 51/2006, toda norma tiene como componentes un supuesto y una consecuencia. Así mismo en dichos precedentes se determinó que una norma transgrede este principio cuando trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 123/2001.

- El principio de irretroactividad se vulnera en perjuicio de los gobernados que promovieron la revocación de mandato, en tanto se modifica la suspensión de difusión de propaganda gubernamental, de tal manera que el decreto impugnado no puede aplicarse al proceso de revocación dos mil veintidós.

- El decreto impugnado crea inseguridad jurídica debido a que genera ambigüedad respecto a lo establecido en la Constitución General y por esta Suprema Corte, al ser contradictorio en ambos casos.

- Se pretende modificar lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 151/2021 respecto de la omisión legislativa y la invalidez pospuesta del artículo 61 de la LFRM en aras de no realizar una aplicación retroactiva.

- No existe un fundamento legal que permita la aplicación del decreto en forma retroactiva (tesis 1a./J. 50/2003).

• Cuarto concepto de invalidez.

- Se transgrede el principio de reserva de ley, ya que, conforme con los límites de la facultad reglamentaria, en la jurisprudencia P./J. 30/2007, cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley secundaria la regulación de una determinada materia excluye la posibilidad de que ello pueda hacerse en otras normas secundarias como el reglamento. Así mismo, esta facultad no puede modificar, ni ir más allá de lo previsto en la ley reglamentada.

- El Decreto pretende dejar sin efectos las interpretaciones y criterios de las autoridades jurisdiccionales competentes, con la intención de realizar actividades, manifestaciones, declaraciones y señalamientos que han sido determinadas como violatorias de los artículos 41 y 134 de la Constitución General, la LFRM, la LGIPE y la acción de inconstitucionalidad 151/2021.

- Los principios de seguridad jurídica, reserva y primacía de la ley, son aplicables a los reglamentos y a los criterios de interpretación de una ley, estos últimos tienen como límites los alcances de las disposiciones que interpretan, por lo que sólo pueden detallar las hipótesis y supuestos normativos legales para su aplicación, sin incluir nuevos que sean contrarios a la sistemática jurídica, ni crear limitantes distintas a las previstas expresamente en ley. - La emisión del criterio interpretativo es una función materialmente legislativa similar a la creación de un reglamento, lo cual, debió seguir el procedimiento legislativo correcto de conformidad con lo dispuesto en la normatividad constitucional aplicable.

b. Acción de inconstitucionalidad 49/2022 (Diputaciones).

• Primer concepto de invalidez.

- Los artículos primero y segundo del Decreto contravienen lo dispuesto en los numerales 1, 35, 41 y 134 de la Constitución, al ser notoriamente contrarios a la forma, alcances y límites definidos en jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; ya que en la jurisprudencia P./J. 87/2005, se determinan los límites de la interpretación auténtica.

- Si bien es cierto que la vaguedad del lenguaje genera una posibilidad de opciones de interpretación en el órgano de individualización y para evitar ello el órgano legislativo puede emitir una norma intermedia para explicitar la opción correcta; sin embargo, en el caso no hay cabida a diversas alternativas interpretativas sobre el concepto de propaganda gubernamental, imparcialidad y utilización de recursos públicos, dada su definición constitucional y jurisprudencial.

- Son cuatro las características establecidas en la jurisprudencia de este Alto Tribunal para estar en presencia de una interpretación auténtica legítima: 1) no se debe modificar o derogar la norma interpretada; 2) debe seguirse el mismo trámite legislativo que para la norma inicial; 3) su resultado demanda la elección de una de las diversas alternativas interpretativas; y, 4) éstas no pueden ser elaboradas tomando en cuenta el texto aislado.

- El Decreto impugnado no cumple con ninguna de esas características, ya que modifica el espíritu del artículo 134 constitucional (imparcialidad de recursos y equidad en la contienda respecto de la propaganda y sus alcances jurisprudencialmente determinados); en realidad se realiza una interpretación de conceptos y valores constitucionales, pues la LGIPE y la LFRM solamente replicaron el contenido de los introducidos en la reforma de dos mil siete. Además, debió ser el propio Constituyente de esta reforma, en caso de ser necesario, el único legitimado para realizar la interpretación auténtica del contenido de esta reforma, conforme con el procedimiento establecido en el diverso 135 constitucional.

- El Congreso de la Unión no puede emitir leyes interpretativas de la Constitución, pues en el artículo 72, apartado F, sólo se hace referencia a leyes y aun si el decreto impugnado fuera sobre leyes secundarias, no se siguieron las etapas del procedimiento legislativo, ya que, sin justificación alguna, se dispensaron los trámites legislativos y se sometió directamente a discusión del Pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados. Es decir, el mismo día en que se presentó se discutió y fue aprobada, obviando el trámite de discusión en Comisiones.

- El Decreto impugnado no atiende ni a la iniciativa, ni a los dictámenes, ni a las razones históricas que dieron origen a la proscripción de que actores políticos externos incidan en las campañas y que la propaganda gubernamental de todo tipo y origen debe ser institucional, salvo las excepciones previstas para ello en la mencionada reforma de dos mil siete. Se omite atender las motivaciones históricas, apartándose de la jurisprudencia P./J. 61/2000, en relación con el contexto en que se suscitó la elección presidencial de dos mil seis que derivó en los "Acuerdo de Neutralidad" o en las "Normas Reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de Recursos públicos para el Proceso Electoral Federal dos mil ocho-dos mil nueve" expedidos por el otrora Instituto Federal Electoral.

- El TEPJF desde hace más de diez años, ha sustentado el mismo concepto de propaganda electoral (SUP-RAP-19/2010 y 123/2010 y acumulados), que es contradicho por el decreto impugnado.

- Desde 2007, se reconoce que se está en presencia de propaganda electoral si: a) un servidor o entidad pública emite un mensaje; b) que éste se dé mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y/o expresiones; c) que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno; y, d) que tal difusión se oriente a generar una aceptación en la ciudadanía. Incluso, por decisión del TEPJF, consideró que las expresiones en las que no se hacía referencia a partido político, candidato o proceso electoral alguno, constituían propaganda gubernamental prohibida.

• Segundo concepto de invalidez.

- Los artículos primero y segundo del Decreto contravienen los diversos 1o., 35, 41, 72, inciso f), 99 y 134 constitucionales, pues la interpretación no es de jerarquía superior a los criterios emitidos por el TEPJF quien es la máxima autoridad en la materia, en términos del numeral 99 constitucional y, sin embargo, se reconoce que su objetivo es realizar una interpretación que elimine esos criterios.

- El Decreto impugnado se funda en los artículos 71, fracción II y 72, apartado F, de la Constitución General, no así en el diverso 73, por lo que no puede tener el mismo carácter que la ley; es un acto posterior que, si bien permite que el legislador fije los alcances, su naturaleza, origen y fuerza no es el mismo, por lo que no puede modificar los criterios electorales de este Alto Tribunal o del TEPJF.

- No puede pretenderse fijar la interpretación de disposiciones emitidas hace más de cinco años por una integración legislativa diferente. Además de que la facultad interpretativa no es ilimitada; de tal manera que se está disfrazando una reforma legal a partir de una interpretación, pues es claro que el decreto modifica el contenido de la ley, cuando su finalidad debiera ser la reducción de la ambigüedad de ciertos preceptos legales.

• Tercer concepto de invalidez.

- Los artículos primero y segundo del decreto impugnado transgreden los diversos 14, 16, 35, fracciones I y IX, y 41 de la Constitución Federal, pues afectan directamente el derecho al voto libre que tiene la ciudadanía, ya que los artículos 449, numeral 1, incisos b), c), d) y e), de la LGIPE y 33, párrafos quinto, sexto y séptimo y 61 de la LFRM son parte de un sistema regulatorio que busca materializar el modelo de comunicación en materia electoral, a través de la precisión de infracciones basadas en el propio texto constitucional.

- El Decreto impugnado permite el ejercicio de actos y propaganda por parte de personas servidoras públicas que puedan incidir en el sentido del sufragio, al considerar solamente como propaganda gubernamental aquella emitida con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, por un ente público con el objetivo de difundir el quehacer, acciones o logros relacionados con sus fines o información de interés público referida al bienestar de la población.

- Se permite que las personas servidoras públicas, haciendo uso de los canales institucionales, puedan expresarse en el sentido que quieran y que se pueda difundir toda información que resulte relevante o beneficiosa para la sociedad. Esto, permite la realización de asambleas y todo tipo de actos de apoyo a personas aspirantes o candidatas antes, durante y después de campañas electorales, por lo que posibilita la inclusión de actividades gubernamentales en los procesos electorales, lo que conlleva una presión directa para influir en el elector, transgrediendo la equidad en la contienda, la imparcialidad y el voto libre de la ciudadanía.

- Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, cuando se realiza un ejercicio interpretativo, se debe acudir a la norma más amplia o la interpretación más extensiva [tesis 1a. CCLXIII/2018 (10a.)], conforme al principio pro persona, sin embargo, la interpretación del decreto extiende las actividades de las personas servidoras públicas, permitiendo una difusión total de sus actividades, restringiendo la libertad en el ejercicio al voto libre de la ciudadanía.

- Lo mismo sucede con la interpretación del principio de imparcialidad, pues implícitamente prevé que las personas servidoras públicas puedan realizar diversos actos que impliquen apoyo a actores involucrados en procesos electorales, pudiendo injerir en la libertad del voto ciudadano.

• Cuarto concepto de invalidez.

- El artículo tercero del decreto impugnado es violatorio de los artículos 94 y 105 de la Constitución General, al ser contrario a la acción de inconstitucionalidad 151/2021, ya que en ésta se reconoció que el diverso 35, fracción IX, de la Carta Magna, prohíbe la difusión de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, con la excepción de las campañas informativas relativas a servicios educativos y de salud; limitación que replicaba el artículo 33 de la LFRM.

- La parte actora en este apartado reitera lo resuelto en relación con el artículo 61 de la LFRM y la prohibición de retroactividad a la que ya hizo mención, concluyendo que la inconstitucionalidad del decreto impugnado deriva de que pretende modificar los alcances del diverso 33 de la LFRM y revertir los efectos de lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 151/2021.

• Quinto concepto de invalidez.

- Los artículos primero, segundo y tercero del decreto impugnado transgreden los diversos 49, 103, 105 y 107 de la Constitución General, al violar los principios de división de poderes y supremacía constitucional al asumir la interpretación de disposiciones legales contrarias a lo dispuesto en la Constitución General y la interpretación de esta Suprema Corte en relación con los alcances de la propaganda gubernamental y el principio de imparcialidad.

• En la acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009, se determinó que la Constitución ordena categóricamente que deberá suspenderse

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31606-41b925d7/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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