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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO 43, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (DECRETO 43, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO 43, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA DISPENSA DEL TRÁMITE LEGISLATIVO ORDINARIO A LA INICIATIVA RESPECTIVA (DECRETO 43, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE). V. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN V, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN V, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 119/2020 Y SU ACUMULADA 120/2020. · Registro digital (IUS): 29725
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-03-26
Promovente: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo I, Pág. 678.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 119/2020 Y SU ACUMULADA 120/2020. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 6 DE OCTUBRE DE 2020. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO NARVÁEZ MEDÉCIGO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al seis de octubre de dos mil veinte, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 119/2020 y su acumulada 120/2020, promovidas por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional contra el Decreto No. 43, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el catorce de febrero de dos mil veinte, por medio del cual se reformó el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

I. Antecedentes

1. Procedimiento legislativo de la norma general impugnada. El treinta de diciembre de dos mil diecinueve el gobernador del Estado de Baja California presentó ante el Congreso de esa entidad federativa una iniciativa de "urgente y obvia resolución" para reformar el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California (en lo sucesivo "Constitución de Baja California" o "Constitución Estatal").(1) La propuesta consistía en adicionar un párrafo a la fracción V de ese precepto para que el Congreso Local pudiera invitar al gobernador a rendir un informe parcial de actividades cuando la mayoría de los legisladores lo considerara conveniente, así como para que el Poder Ejecutivo del Estado pudiera informar mensualmente a la población a través de los medios de comunicación y redes sociales sobre los avances y resultados en la solución de la problemática de la entidad federativa.

2. En la sesión ordinaria que dio inicio ese mismo día y concluyó el día siguiente, la XXIII Legislatura del Congreso de Baja California aprobó con dispensa de trámite la iniciativa.(2)

3. El trece de enero de dos mil veinte el presidente y la secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California remitieron sendos oficios dirigidos a los Municipios de Ensenada, Tecate, Mexicali, Playas de Rosarito y Tijuana solicitándoles el sentido de su voto en relación con la referida iniciativa de reforma constitucional.(3)

4. Una vez recibidas las respuestas favorables de todos los Municipios excepto Tijuana a los oficios señalados, en sesión de veintidós de enero de dos mil veinte el Pleno del Congreso de Baja California declaró formalmente aprobadas las modificaciones al artículo 49 de la Constitución Estatal.(4)

5. Finalmente, el catorce de febrero de dos mil veinte se publicó en el Periódico Oficial del Estado Baja California el "Decreto No. 43 mediante el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California".(5)

6. Presentación de las demandas, trámite y admisión. El once de marzo de dos mil veinte el Partido de la Revolución Democrática, a través de quienes se ostentaron como miembros de su Dirigencia Nacional Extraordinaria, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto No. 43.(6) El partido político adujo, en esencia, que las modificaciones a la Constitución de Baja California previstas en el decreto impugnado eran contrarias a los artículos 41, 69, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "Constitución Federal"), pues permitían que el gobernador de esa entidad federativa realizara informes sobre cuestiones electorales y llevara a cabo promoción personalizada.

7. Al día siguiente el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente respectivo, registrarlo con el número 119/2020 y turnarlo al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento correspondiente.(7)

8. El trece de marzo de dos mil veinte el Partido Acción Nacional, a través de quien se ostentó como presidente de su Comité Ejecutivo Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del mismo Decreto No. 43.(8) Este partido político adujo, por una parte, que se violaban los artículos 14, 16, 39 y 40 de la Constitución Federal porque durante la reforma constitucional se habían vulnerado las reglas sustanciales del procedimiento legislativo. Por otra parte, planteó que el párrafo adicionado al artículo 49, fracción V, de la Constitución Estatal vulneraba el artículo 134 de la Constitución Federal porque autorizaba el manejo parcial de los recursos públicos y la promoción personalizada del gobernador de Baja California.

9. El uno de junio de dos mil veinte el Ministro presidente de la Suprema Corte acordó formar y registrar el nuevo expediente bajo el número 120/2020. Asimismo, consideró que la instrucción del asunto correspondía por turno igualmente al Ministro Javier Laynez Potisek, pues existía identidad respecto del decreto legislativo impugnado en la acción de inconstitucionalidad 119/2020. En consecuencia, decretó la acumulación de los autos a este último expediente.(9)

10. El dos de junio siguiente el Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad, dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Baja California para que rindieran sus informes dentro del plazo de seis días naturales y les requirió para que con ellos enviaran, respectivamente, copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado y el ejemplar del Periódico Oficial de la entidad federativa en que constara su publicación. Asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que hasta antes del cierre de la instrucción hicieran las manifestaciones que les correspondieran. Por otra parte, solicitó al Instituto Nacional Electoral diversa documentación relacionada con los partidos políticos promoventes y a la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su opinión respecto de las acciones de inconstitucionalidad. Por último, requirió al Instituto Electoral de Baja California para que informara la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad federativa.(10)

11. Desahogo de requerimientos por las autoridades electorales. El doce de junio de dos mil veinte el Instituto Nacional Electoral remitió la documentación que le fue solicitada.(11) Por su parte, el dieciséis de junio siguiente el Instituto Electoral de Baja California informó que el proceso electoral en la entidad federativa iniciaba el cinco de diciembre del dos mil veinte.(12) Finalmente, el veintidós de junio de dos mil veinte la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación remitió su opinión sobre las acciones de inconstitucionalidad. Por un lado, señaló que los planteamientos sobre violaciones al proceso legislativo que invocaba el Partido Acción Nacional no eran de índole electoral y, por tanto, no requerían de una opinión especializada. En relación con los planteamientos sustantivos de los asuntos, sin embargo, la Sala Superior se pronunció por la inconstitucionalidad del decreto legislativo impugnado.(13)

12. Rendición de informes de las autoridades responsables. El tres de agosto de dos mil veinte el Poder Ejecutivo de Baja California, a través del secretario de Gobierno, rindió su informe en el sentido de sostener la improcedencia de ambas acciones, así como la constitucionalidad del decreto impugnado, y remitió el ejemplar del Periódico Oficial que le fue requerido.(14) Por su parte, el diecisiete de agosto siguiente el Poder Legislativo de Baja California, a través del presidente y la secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, rindió su informe en ese mismo sentido y remitió los antecedentes legislativos que le fueron requeridos.(15)

13. Alegatos. El dieciocho de agosto de dos mil veinte el Ministro instructor puso los autos a la vista de las partes para que en el plazo de dos días naturales a partir de que les fuera notificado el acuerdo formularan por escrito sus alegatos.(16) El veintiséis de agosto siguiente se recibió el escrito de alegatos presentado por el Partido de la Revolución Democrática.(17)

14. Manifestaciones del fiscal general de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En el presente asunto no realizaron manifestación alguna.

15. Cierre de instrucción. El siete de septiembre de dos mil veinte el Ministro instructor consideró que el expediente estaba debidamente integrado y cerró la instrucción para el efecto de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.(18)

II. Requisitos procesales

16. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal;(19) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "ley reglamentaria"),(20) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(21) toda vez que los promoventes plantean la posible contradicción entre una disposición de carácter general emitida por el Poder Legislativo de una entidad federativa y la Constitución Federal.

17. Oportunidad. De acuerdo con el artículo 60 de la ley reglamentaria(22) el plazo para ejercer una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que la norma general impugnada fue publicada en el medio oficial correspondiente. Ese mismo precepto dispone, además, que en materia electoral todos los días son hábiles para efectos del cómputo de los plazos. Dado que el decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el catorce de febrero de dos mil veinte, el plazo señalado inició el quince de febrero y venció el quince de marzo siguiente. Si las demandas se presentaron el once y el trece de marzo de dos mil veinte es evidente que ambas acciones de inconstitucionalidad se promovieron de manera oportuna.

18. Legitimación. El artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal dispone que los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral cuentan con legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales o locales, siempre que lo hagan por conducto de sus dirigencias nacionales. A su vez, en términos de los artículos 11 y 59 de la ley reglamentaria,(23) dichos órganos deben comparecer por conducto de los funcionarios facultados legalmente para representarlos y, en todo caso, se debe presumir que el funcionario quien comparece goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

19. En el presente caso tanto el Partido de la Revolución Democrática como el Partido Acción Nacional son partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral. También ambos comparecen por conducto de sus dirigencias nacionales:

19.1 La demanda presentada por el Partido de la Revolución Democrática fue suscrita por Adriana Díaz Contreras, Karen Quiroga Anguiano, Ángel Clemente Ávila Romero y Fernando Belaunzarán Méndez(24) en su calidad de dirigentes nacionales del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con el artículo 39 de su Estatuto.(25) Acreditan su personalidad con copias certificadas de la integración de la Dirigencia Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática, expedidas por la directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.(26)

19.2 Por su parte, la demanda presentada por el Partido Acción Nacional fue suscrita por Marko Antonio Cortés Mendoza en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de conformidad con los artículos 53, inciso a), y 57, inciso a), de los estatutos generales de ese instituto político.(27) Acredita su personalidad con copia certificada de la integración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, expedida por la directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.(28)

III. Causas de improcedencia

20. Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo de Baja California invocan en sus respectivos informes la actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción VIII,(29) y 59(30) de la ley reglamentaria, en relación con el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal,(31) pues en su concepto la norma general impugnada no corresponde a la materia electoral y, por consiguiente, los promoventes carecen de legitimación para promover las respectivas acciones de inconstitucionalidad.(32) Las autoridades estatales argumentan que la fracción V del artículo 49 de la Constitución de Baja California regula únicamente la materia de comunicación social, por lo que en términos de la jurisprudencia número P./J. 125/2007,(33) del Tribunal Pleno y de la tesis aislada número 1a. XVI/2018(10a.),(34) de la Primera Sala, tales medios de impugnación son improcedentes y deben sobreseerse.

21. La causa de improcedencia invocada por las autoridades responsables debe desestimarse, pues se encuentra estrechamente vinculada con el fondo de los presentes medios de impugnación. Tal como ha establecido este Tribunal Pleno en la tesis de jurisprudencia de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.",(35) si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer alguna causa de improcedencia que involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del asunto, aquélla debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia, deben estudiarse los conceptos de invalidez. De lo contrario, se correría el peligro de sobreseer respecto de un medio de impugnación cuya improcedencia no esté plenamente acreditada y, por tanto, de que se vulnere la garantía de acceso a la justicia en perjuicio de los accionantes.

22. Como ya se mencionó (supra párrafos 6 y 8), de los respectivos escritos de demanda de los promoventes se desprende que una de las cuestiones efectivamente planteadas en el presente asunto es que la norma general impugnada es inconstitucional porque vulnera los principios de imparcialidad en el manejo de recursos públicos y de equidad en la contienda electoral previstos en el artículo 134 de la Constitución Federal.(36) Para determinar si la norma general impugnada en efecto versa únicamente sobre la materia de comunicación social, como afirman las autoridades responsables, sería necesario verificar si la norma incide de algún modo en los procesos electorales del Estado de Baja California, que es precisamente lo que plantean los promoventes en sus conceptos de invalidez. Analizar la causa de improcedencia invocada en los informes de las autoridades, por tanto, implicaría necesariamente estudiar cuestiones que son propias del estudio de fondo del asunto. En consecuencia, el argumento del Ejecutivo y Legislativo de Baja California sobre la improcedencia de estas acciones debe desestimarse.

23. No es obstáculo a esta conclusión que los Poderes señalados invoquen la tesis de jurisprudencia número P./J. 125/2007, del Tribunal Pleno de rubro "MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.".(37) Es verdad que allí se señala que la materia electoral "directa" es aquella relacionada con el conjunto de reglas y procedimientos asociados con la integración de los Poderes públicos mediante el voto ciudadano y que la "indirecta" es la relacionada con los nombramientos e integración de órganos electorales mediante decisiones de otros Poderes públicos. Sin embargo, para comprobar que la norma general impugnada en este asunto efectivamente no corresponde a ninguna de las vertientes de la materia electoral que refiere la tesis invocada seguiría siendo necesario resolver los planteamientos de los promoventes, cuestión que simplemente no puede abordarse en la etapa de procedencia.

24. Además, la razón esencial de esta tesis de jurisprudencia se encuentra referida a la procedencia de las controversias constitucionales. Por consiguiente, su definición de lo que corresponde a la materia electoral no es aplicable como tal a las acciones de inconstitucionalidad. Tan es así, que en esa misma tesis se reconoce que "la extensión de la ‘materia electoral’ en sede de controversia constitucional, una vez considerados los elementos constitucionalmente relevantes, se sitúa en un punto intermedio entre la definición amplia que rige en las acciones de inconstitucionalidad, y la estricta aplicable en el juicio de amparo".(38) Contra lo que insinúan las autoridades, en suma, la definición de lo que es materia electoral no es exactamente igual en ambos medios de impugnación.

25. Similares objeciones aplican a que se invoque aquí la tesis aislada número 1a. XVI/2018 (10a.), de la Primera Sala de título y subtítulo: "REGULACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL NO VERSA SOBRE MATERIA ELECTORAL.",(39) pues además de que determinar su aplicabilidad en el presente apartado también requeriría adelantar el estudio de fondo, aquélla se refiere exclusivamente a la materia electoral para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Al igual que sucede con la jurisprudencia referida a las controversias constitucionales, la definición de la materia electoral en la tesis aislada invocada por las autoridades se encuentra encaminada a evitar que a través de un medio de impugnación que corresponde resolver a los Jueces de Distrito, a los Tribunales de Circuito y a esta Suprema Corte, se pretendan revocar actos de autoridad cuyo control corresponde exclusivamente a la jurisdicción electoral especializada. En pocas palabras, la tesis aislada referida busca salvaguardar la competencia de los órganos especializados en materia electoral establecida en la Constitución Federal y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

26. Sin embargo, es evidente que en términos de lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal,(40) los órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral no tienen competencia alguna para conocer del control abstracto de normas generales que en esa misma materia ejerce esta Suprema Corte a través de las acciones de inconstitucionalidad, pues se trata de una facultad constitucional exclusiva. No hay competencia alguna que se deba preservar mediante una interpretación restrictiva y, por ende, la definición de materia electoral para efectos de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad es mucho más amplia que en los demás medios de control constitucional.

27. En atención a que las autoridades no hicieron valer ni esta Suprema Corte advierte de oficio la actualización de alguna otra causa de improcedencia diversa a la ya analizada y desestimada, lo procedente es entrar al estudio de los conceptos de invalidez formulados por los promoventes.

IV. Estudio de fondo

28. En el presente asunto se plantean violaciones constitucionales relacionadas tanto con el procedimiento legislativo que desembocó en la norma general impugnada, como con el contenido material de la misma. Como ha sostenido reiteradamente este Tribunal Pleno, cuando en una acción de inconstitucionalidad como la que nos ocupa coexistan estos dos tipos de planteamiento, deberán analizarse en primer término las violaciones procesales, ya que de resultar fundadas, su efecto de invalidación sería total y se tornaría innecesario ocuparse del resto de los conceptos de invalidez.(41) De este modo, corresponde aquí analizar primero los planteamientos relacionados con el procedimiento legislativo del Decreto No. 43 que formuló el Partido Acción Nacional (A). Únicamente si estos argumentos son desestimados, entonces se abordarán los planteamientos de ambos promoventes sobre la inconstitucionalidad del artículo 49, fracción V, de la Constitución de Baja California (B).

A

29. Procedimiento legislativo impugnado. De las constancias que obran en autos se desprende que la emisión del Decreto No. 43 derivó de una serie de actos jurídicos que involucran a diversas autoridades del Estado de Baja California y de sus Municipios:

29.1. El treinta de diciembre de dos mil diecinueve el gobernador de Baja California, a través del secretario de Gobierno, presentó ante el Congreso de esa entidad federativa una iniciativa para reformar el artículo 49 de la Constitución Estatal.(42) El propio Poder Ejecutivo solicitó al Congreso Local que la iniciativa fuera tramitada como "un asunto de urgente y obvia resolución dentro del trámite legislativo en los términos de ley".(43)

29.2 El día de su recepción en el Congreso, la Junta de Coordinación Política acordó por consenso de sus integrantes presentes registrar la iniciativa del gobernador "con dispensa de trámite por urgente y obvia resolución" en el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno programada para esa misma fecha.(44) En el acuerdo que para este efecto emitió la Junta de Coordinación Política se trascribieron tanto la exposición de motivos de la iniciativa del gobernador como el resolutivo del decreto propuesto.(45)

29.3 El treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, una vez reanudada la sesión ordinaria que había iniciado el día anterior, la iniciativa fue sometida a discusión en el Pleno del Congreso de Baja California. En primer lugar, la diputada Montserrat Caballero Ramírez dio lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política para someter a consideración del Pleno con dispensa de trámite la iniciativa presentada por el gobernador del Estado.(46)

29.4 Inmediatamente después el presidente del Congreso de Baja California sometió el acuerdo a consideración del Pleno.(47) En contra de la dispensa de trámite se manifestó el diputado David Ruvalcaba Flores.(48) Expuso que no se surtían los requisitos previstos en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal para dispensar el trámite ordinario, pues no se justificaba la urgencia y obvia resolución, y se pronunció porque la iniciativa fuera turnada a comisiones.(49) Después de esta intervención, el presidente solicitó a la secretaría someter a votación la dispensa del trámite y ésta fue aprobada por mayoría en votación económica.(50)

29.5 Enseguida el presidente del Congreso abrió el debate para discutir el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Nuevamente intervino el diputado David Ruvalcaba Flores para posicionarse en contra del contenido de la iniciativa. Sostuvo que ésta era jurídicamente improcedente porque contenía promoción personalizada y porque vulneraba la temporalidad prevista en la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para informar sobre las labores o gestión de los servidores públicos.(51) El presidente sometió entonces a votación el acuerdo de referencia y éste fue aprobado en lo general en votación nominal por veinte votos a favor, tres en contra y una reserva.(52)

29.6 Posteriormente intervino el diputado Juan Manuel Molina García para someter a consideración del Pleno una reserva al resolutivo propuesto en la iniciativa de reforma.(53) Expuso la necesidad de ajustar el texto para no contradecir las directrices del artículo 134 de la Constitución Federal ni del artículo 100 de la Constitución Estatal en torno al tema de propaganda en modalidades de comunicación social.(54) El presidente del Congreso preguntó si había algún legislador que quisiera manifestarse en contra de la reserva y, al no haber solicitud en ese sentido, la sometió a consideración del Pleno.(55) La reserva propuesta fue aprobada en votación nominal por diecinueve votos a favor, tres en contra y una abstención.(56)

29.7 A pregunta expresa del presidente, el diputado David Ruvalcaba Flores explicó que su abstención al votar la reserva obedecía a que se le hacía insuficiente para subsanar los vicios de inconstitucionalidad, así como a ser congruente con su voto en contra del acuerdo en lo general.(57) En consecuencia, el presidente del Congreso declaró aprobado en lo general el acuerdo de la Junta de Coordinación Política con la reserva del diputado Molina García aprobada en lo particular.(58)

29.8 El trece de enero de dos mil veinte la iniciativa fue enviada a los Municipios de la entidad federativa para que en términos de lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución de Baja California(59) emitieran su voto en relación con la aprobación realizada por el Congreso del Estado.(60)

29.9 Los días catorce, dieciséis, veinte y veintiuno de enero de dos mil veinte, respectivamente, los Municipios de Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito y Tecate remitieron al Congreso de la Unión su aprobación de la reforma constitucional.(61)

29.10 En consecuencia, el veintidós de enero siguiente el Congreso de Baja California declaró formalmente la reforma al artículo 49 de la Constitución Estatal.(62)

29.11 Finalmente, el catorce de febrero de dos mil veinte fue publicado el "Decreto No. 43 mediante el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California" en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.(63)

30. Conceptos de invalidez. El Partido Acción Nacional aduce que durante el procedimiento legislativo que dio lugar al Decreto No. 43, se vulneraron los artículos 14, segundo párrafo,(64) 16, primer párrafo,(65) 39(66) y 40(67) de la Constitución Federal. Sustenta sus afirmaciones esencialmente en dos argumentos.

31. Por una parte, señala que se violaron los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque en la discusión de la iniciativa presentada ante el Congreso Local no se fundó ni motivó la dispensa del trámite ordinario. Sostiene que en términos de los artículos 31 de la Constitución Local y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, para que tal dispensa fuera procedente requería acreditarse una urgencia notoria que justificara que la iniciativa de reforma prescindiera de los pasos ordinarios del proceso legislativo. Afirma que al no haberse expuesto un solo argumento para ello, no se advierte un hecho que genere una condición de urgencia en la discusión y aprobación de la iniciativa que le dio origen, tampoco que existieran circunstancias que evidenciaran que de no hacerse la reforma se ocasionarían consecuencias negativas para la sociedad, ni tampoco que la omisión de ciertos trámites parlamentarios no se traduciría en una afectación a los principios y valores democráticos. Tan no había tal urgencia, concluye el accionante, que transcurrió un largo periodo de tiempo entre la aprobación de la reforma impugnada, la declaratoria de aprobación formal y su publicación en el Periódico Oficial de la entidad.(68)

32. Por otra parte, afirma que al no respetarse el marco legal preestablecido se vulneraron los principios democráticos previstos en los artículos 39 y 40 de la Constitución Federal, toda vez que no se respetó el derecho de participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en un contexto adecuado de deliberación pública. Señala que al no haberse seguido el trámite ordinario se dejó a las fuerzas minoritarias sin posibilidad de evidenciar la falta de solidez en las razones que motivaron la iniciativa de reforma. Sostiene que esto trascendió al correcto desarrollo que debe revestir el debate legislativo y se hizo sin justificación constitucionalmente válida. Refiere que es criterio reiterado del Pleno de la Suprema Corte que la circunstancia de que la dispensa de trámites legislativos se haya aprobado por mayoría de votos no es suficiente para convalidar la falta de motivación.(69)

33. Informe de la autoridad responsable.(70) El Poder Ejecutivo de Baja California señala que los conceptos de invalidez son infundados toda vez que el procedimiento legislativo fue conforme a derecho y no vulneró los principios de legalidad ni de democracia. Sostiene que la iniciativa controvertida se puso a consideración del Pleno del Congreso y se garantizó que todos sus integrantes tuvieran conocimiento cierto, completo y adecuado de la misma y de la dispensa solicitada, satisfaciendo así el principio de equidad en la deliberación parlamentaria. A su vez, estima que en el caso sí se actualizaba la condición de urgencia requerida toda vez que desde la presentación de la iniciativa se expresaron razones objetivas y razonables que justificaban su aprobación como iniciativa de urgente y obvia resolución. Por ende, concluye que en el caso sí se satisficieron los principios de legalidad y democracia, pues se respetó el derecho de participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad.

34. Cuestiones jurídicas por resolver. De los planteamientos del Partido Acción Nacional en relación con la aprobación del Decreto No. 43 se desprenden dos preguntas específicas de cuya respuesta depende la validez constitucional de este procedimiento legislativo. Las preguntas son las siguientes:

1. ¿La dispensa del trámite legislativo ordinario a la iniciativa estuvo fundada y motivada?

2. ¿La dispensa del trámite legislativo ordinario a la iniciativa afectó la posibilidad de expresar debida y oportunamente la opinión de las minorías parlamentarias?

35. A continuación se aborda cada una de estas cuestiones.

1. ¿La dispensa del trámite legislativo ordinario a la iniciativa estuvo fundada y motivada?

36. Esta Suprema Corte ha sostenido en incontables ocasiones que, para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de inconstitucionalidad infringen los principios de debido proceso y legalidad reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constituci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29725-8ffcf03e/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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