I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 57, PÁRRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO LOCALES TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA (ARTÍCULOS 57, SALVO SU PÁRRAFO DÉCIMO PRIMERO, 58, PÁRRAFO PRIMERO, 65, 66, 94 Y 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADOS MEDIANTE EL DECRETO NO. 110, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS TERCERO, CUARTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO SEGUNDO DEL CITADO DECRETO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO IMPUGNADO DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR, YA QUE DE RESULTAR FUNDADAS SE HACE INNECESARIO EL ANÁLISIS DE LOS RESTANTES CONCEPTOS DE INVALIDEZ. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN DICHO PROCEDIMIENTO. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EN SU EVALUACIÓN DEBE VERIFICARSE EL RESPETO AL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA EN CONDICIONES DE LIBERTAD E IGUALDAD Y QUE EL PROCEDIMIENTO DELIBERATIVO CULMINE CON LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE VOTACIÓN ESTABLECIDAS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE TANTO LA DELIBERACIÓN PARLAMENTARIA COMO LAS VOTACIONES DEBEN SER PÚBLICAS. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPALES PRECEDENTES SOSTENIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO DE LOS VICIOS EN AQUÉL, QUE AL IMPEDIR LA DELIBERACIÓN PÚBLICA INFORMADA DURANTE SU DESARROLLO PROVOCAN SU INVALIDEZ. XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE. XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO NO. 110 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 18, 27, 42, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 90, 93, 94, 95, 107 Y 109 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA). XIV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL HECHO DE QUE NO SE HAYA RESPETADO LA FACULTAD DEL PODER JUDICIAL LOCAL PARA INTERVENIR EN EL PROCESO LEGISLATIVO DE UNA NORMA QUE REPERCUTE EN SU ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA Y CONFORMACIÓN IMPACTA DIRECTAMENTE SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL, CONSTITUYENDO UNA VIOLACIÓN AL PROCESO LEGISLATIVO CON POTENCIAL INVALIDANTE (INVALIDEZ DEL DECRETO NO. 110 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 18, 27, 42, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 90, 93, 94, 95, 107 Y 109 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE). XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NO. 110 MEDIANTE EL CUAL SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 18, 27, 42, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 90, 93, 94, 95, 107 Y 109 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 187/2020. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 28 DE MAYO DE 2024. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIAS: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ Y EDITH GUADALUPE ESQUIVEL ADAME.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: Decreto 110 mediante el cual se aprueba la reforma a los artículos 18, 27, 42, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 90, 93, 94, 95, 107 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de la Entidad el diecinueve de octubre de dos mil veinte.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 187/2020, promovida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito de esa entidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito de esa Entidad, por los siguientes actos:
(...).
IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
Del Poder Legislativo del Estado de Baja California. La invalidez de la aprobación del dictamen 49, mismo que es la génesis del Decreto número 110, mediante el cual se aprobaron reformas a los artículos 18, 27, 42, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 90, 93, 94, 95, 107 y 109, todos de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el día diecinueve de octubre de dos mil veinte. Cabe precisar que los artículos que son objeto de la presente controversia constitucional son sólo los que se impugnarán a través de los diversos conceptos de invalidez y los que tengan relación directa e inmediata con los mismos.
Del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. La promulgación y publicación del Decreto número 110, mediante el cual se aprobaron reformas a los artículos 18, 27, 42, 49, 65 (sic), 57, 68 (sic), 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 90, 93, 94, 95, 107 y 109, todos de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el día diecinueve de octubre de dos mil veinte.
De los Ayuntamientos de Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito se reclama la aprobación tácita (artículo 112 párrafo segundo de la Constitución local), y del Ayuntamiento de Mexicali la aprobación expresa (artículo 112 párrafo primero de la Constitución local), que efectuaron en relación con el decreto número 110 que reformó diversos artículos de la Constitución del Estado de Baja California.
(...)”.
2. Conceptos de invalidez. En su demanda, la parte actora expuso los siguientes conceptos de invalidez:
3. A. En el primero, segundo y tercero, el Poder Judicial del Estado de Baja California (en adelante Poder Judicial) señaló que en la reforma a la Constitución local combatida existieron violaciones al procedimiento legislativo de carácter invalidante, porque el Congreso no cumplió con lo establecido en los artículos 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que imponen como obligación que cuando se trate de asuntos relativos a la organización, funcionamiento y competencia del ramo de la Administración de Justicia, las Comisiones de Dictamen Legislativo anunciarán al Poder Judicial cuando menos con cinco días de anticipación, la fecha de las sesiones en las que haya de discutirse el proyecto, para que de estimarse conveniente, concurra por medio de un representante a hacer valer sus opiniones o alegatos, el cual podrá formar parte de los trabajos, pero no contará con voto.
4. Considera que el legislativo local vulneró lo establecido en esos numerales porque:
1. No se notificó con la anticipación debida al Poder Judicial, ya que si bien, mediante oficio de uno de julio de dos mil veinte, signado por el Diputado Juan Manuel Molina García, se hace una invitación al Presidente del Poder Judicial a la sesión ordinaria virtual de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales señalada para el siete de julio siguiente, lo cierto es que no se adjuntó el dictamen o expediente de la propuesta de reforma a la Constitución local, lo cual era necesario para que el Poder actor pudiera presentar o formular los alegatos a que se refieren los preceptos.
2. Con el oficio PCG/0101/2022, de dos de julio de dos mil veinte, recibido en el Poder Judicial el mismo día, se adjuntó el proyecto de dictamen, sin embargo, se realizó de manera extemporánea, es decir, sin que mediaran cinco días entre su notificación y la sesión de siete de julio de dos mil veinte, en la que la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Baja California votó y aprobó el proyecto de dictamen que posteriormente sería presentado al Pleno del Congreso.
3. Además, en ese oficio se especificó que, aunque en la iniciativa de reforma se propusieron varios temas que atañen a la estructura, funcionamiento e integración del Poder Judicial, en el proyecto de dictamen a discutirse en la sesión de siete de julio de dos mil veinte, solamente se abordaría el punto relativo a la eliminación del Consejo de la Judicatura, se transcribe la parte conducente:
(...).
Para efecto de claridad y precisión jurídica, esta Comisión debe puntualizar que, si bien es cierto la reforma que nos ocupa abarca diversos dispositivos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, también lo es que, obra en poder de esta Dictaminadora oficio signado por el Diputado inicialista Juan Manuel Molina García, donde solicita a esta Comisión sólo abordar las modificaciones relativas a la eliminación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, esto en virtud de que el inicialista considera hacer un nuevo replanteamiento a los otros tópicos que conforman la reforma y de momento la intención legislativa subyace exclusivamente en la modificación antes señalada. En ese orden de ideas esta Comisión advierte que la solicitud encuentra fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en tal virtud de manera deliberada el presente estudio se avocará exclusivamente a las modificaciones propuestas al Consejo de la Judicatura, inobservando el resto de pretensiones legislativas.
(...).
4. Es decir, en esa sesión se adicionaron diversos temas, que fueron finalmente incluidos en el dictamen que se discutió en el Pleno, respecto de los cuales, el representante del Poder Judicial, no tuvo oportunidad de exponer sus alegatos.
5. Lo anterior se traduce en una violación a lo previsto en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, en el sentido de que los Poderes Judiciales estatales ejercerán las funciones que las constituciones locales establezcan, las cuales deberán garantizar la independencia de éstos; ello, en relación con lo establecido en el diverso 30 de la propia Constitución local, dado que como lo determinó la Suprema Corte en la controversia constitucional 58/2013, la obligación de llamar al ente a quien se dirige la reforma que se somete a debate para que formule los alegatos que considere pertinentes, aun y cuando no se le conceda voto, no queda a discreción del Congreso, es decir, no puede deliberadamente dejar de hacerlo.
6. Por tanto, el Congreso demandado debió respetar el derecho del Poder Judicial de participar en las sesiones ante el Pleno y no como ocurrió en el caso, que sólo se convocó de forma extemporánea a la sesión de la Comisión de diputados que elaboró el dictamen, aunado a que se entregó incompleta la información sobre lo que se discutiría en esa sesión, pero no fue llamado a participar en la sesión del Pleno del Congreso local en la que se votó y aprobó la reforma en cuanto al contenido total de la iniciativa.
7. Asimismo, el dictamen impugnado no fue producto de un proceso deliberativo válido, porque no existió un verdadero ejercicio de discusión democrática, a pesar de la trascendencia de la reforma propuesta respecto de la organización y estructura del Poder Judicial del Estado de Baja California. Esto es, en términos de lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte en la controversia constitucional 19/2007, un debate deliberativo democrático no sólo implica que se permita a las mayorías y minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en una discusión pública; sino que todas las cuestiones que se sometan a la votación del órgano legislativo se deben desarrollar en un contexto de debate por los sujetos a los que la ley les otorga el derecho de intervenir, en este caso, la Constitución local y la Ley Orgánica del Congreso señalan que el Poder Judicial debe intervenir en los procesos legislativos de las reformas relativas a su organización, estructura y funcionamiento.
8. En ese sentido, para que la reforma al Poder Judicial del Estado de Baja California cumpliera con un verdadero debate deliberativo, en el que los legisladores contaran con la información técnica y jurídica necesaria para conocer los alcances del voto que emiten, además de la participación que exigen los artículos 30 de la Constitución local y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debió someterse a audiencias, foros y mesas de trabajo donde fueran escuchados los Consejeros, Magistrados, Jueces, funcionarios del Poder Judicial, Barras, Asociaciones y Colegios de abogados, así como instituciones educativas.
5. B. En el cuarto concepto de invalidez adujo que el Decreto impugnado es violatorio de los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial del Estado de Baja California, pues la reforma afecta la estructura administrativa y económica de ese poder, sin que el legislador haya cumplido con la exigencia de motivación reforzada, definida por la jurisprudencia de la Suprema Corte.
6. C. En el quinto concepto de invalidez argumentó que el Congreso local al emitir la reforma que modifica la estructura del Poder Judicial, viola el principio de división de poderes al transgredir su independencia y autonomía, ya que los cambios en la estructura orgánica y funciones, es una intromisión que provoca dependencia o subordinación, lo cual debe considerarse inconstitucional.
7. D. En el sexto concepto de invalidez señaló que la iniciativa de reforma no solamente carece de motivación legislativa ordinaria y reforzada, sino que existe contradicción entre los motivos que se expusieron en el procedimiento legislativo como justificación de la misma.
8. E. En el séptimo concepto de invalidez consideró que la justificación aludida por el Congreso local, en el sentido de que el Poder Judicial debe ser reconfigurado para que sea otro poder el que lleve a cabo el procedimiento de selección de magistrados, no tiene ninguna base jurídica y atenta contra su autonomía e independencia.
9. F. En el octavo concepto de invalidez refirió que la reforma al Poder Judicial es violatoria del principio de progresividad, porque se trata de normas regresivas y no se encuentra justificada la modificación a su estructura, organización e integración.
10. G. En el noveno concepto de invalidez mencionó que la desaparición de los magistrados supernumerarios, así como las modificaciones adoptadas para los procedimientos de suplencias de los magistrados por faltas temporales, devienen de un claro desconocimiento del actuar jurisdiccional y administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
11. H. Finalmente, en el décimo concepto de invalidez, aludió a la modificación del funcionamiento y competencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado y reiteró que la reforma carece de motivación reforzada.
12. Admisión y trámite. El entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, ordenó formar y registrar el expediente bajo el número 187/2020, y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.
13. Posteriormente, el Ministro instructor, por acuerdo de veintisiete de noviembre siguiente, admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandados únicamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California; determinó que no había lugar a tener como demandados a los Ayuntamientos y requirió al Poder Legislativo para que, al dar contestación a la controversia, enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas generales impugnadas, así como al Poder Ejecutivo para que remitiera un ejemplar del Periódico Oficial donde se publicó.
14. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
15. Acuerdo que tuvo por contestada la demanda al Poder Ejecutivo del Estado. Por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda al Poder Ejecutivo de la Entidad y lo requirió para que enviara un ejemplar en original o copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Baja California correspondiente al diecinueve de octubre de dos mil veinte, que contiene la publicación de las normas combatidas.
16. Proveído en el que se tuvo por contestada la demanda al Poder Legislativo de la Entidad. Mediante auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda al Poder Legislativo de la Entidad y lo requirió para que remitiera copia certificada del acta de sesión extraordinaria de cuatro de septiembre de dos mil veinte.
17. Desahogo de requerimientos. Por acuerdos de tres y diez de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por desahogados los requerimientos formulados a las autoridades demandadas, al exhibir copias certificadas digitalizadas del acta de sesión extraordinaria de cuatro de septiembre de dos mil veinte y copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, correspondiente al diecinueve de octubre de dos mil veinte.
18. Pedimento. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento y no expresó manifestación alguna.
19. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el primero de junio de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, y se puso el expediente en estado de resolución.
I. COMPETENCIA
20. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre los Poderes del Estado de Baja California.
II. OPORTUNIDAD
21. A continuación, se analiza la oportunidad en la presentación de la demanda.
22. El Decreto 110 mediante el cual se aprueba la reforma a los artículos 18, 27, 42, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 90, 93, 94, 95, 107 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California se publicó en el Periódico Oficial de la Entidad el diecinueve de octubre de dos mil veinte.
23. Por su parte, el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) dispone que el plazo para la promoción de la controversia constitucional tratándose de normas generales es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
24. En el caso, si el Decreto combatido fue publicado el diecinueve de octubre de dos mil veinte, el plazo transcurrió del veinte de octubre al dos de diciembre de dos mil veinte, descontando los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de octubre; uno, siete, ocho, catorce, quince, dieciséis, veinte, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de noviembre, por haber sido inhábiles, según los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 18/2013 del Tribunal Pleno.
25. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que su presentación resultó oportuna.
III. LEGITIMACIÓN ACTIVA
26. La demanda fue presentada por parte legítima, ya que el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal prevé lo siguiente:
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
(...).
h) Dos Poderes de una misma entidad federativa;
(...).
27. Por su parte, los diversos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria(2) señalan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre los Poderes de los Estados, en relación con la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, quien deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
28. En el sumario que se examina, se tiene que la demanda fue promovida por el Poder Judicial del Estado de Baja California por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de esa Entidad; en tal sentido, cuenta con legitimación para promover el presente medio de control constitucional, de conformidad con los artículos mencionados. De igual forma el artículo 57, párrafo noveno, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, el cual prevé que la representación del Poder Judicial estará a cargo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado,(3) aunado a que exhibió copia certificada del acta 1960 de la sesión de tres de noviembre de dos mil veinte, en la que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia nombró al promovente como
Magistrado Presidente. IV. LEGITIMACIÓN PASIVA 29. A su vez la legitimación pasiva la tienen los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Baja California, en atención a los artículos 10, fracción II,(4) y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria, por cuanto prevén que serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
30. En relación con la legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, contestó la demanda Amador Rodríguez Lozano, Secretario General de Gobierno de la entidad, quien acreditó ese carácter con copia certificada de su designación, de uno de noviembre de dos mil diecinueve.
31. De igual modo, los artículos 40, párrafo primero, y 52, fracciones II y III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y 26, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Entidad,(5) prevén que son atribuciones del Secretario General de Gobierno, entre otras, la de asistir y representar legalmente al Poder Ejecutivo del Estado, en las acciones y controversias constitucionales a que se refiere el artículo 105 de la Constitución General de la República.
32. Por cuanto hace al Poder Legislativo del Estado, comparecieron a contestar la demanda las diputadas Eva Gricelda Rodríguez y María Luisa Villalobos Ávila, en su carácter de Presidenta y Secretaria de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, respectivamente, quienes acreditaron su personalidad con copia certificada del acta de sesión previa de treinta de marzo de dos mil veintiuno.
33. Aunado a que el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California,(6) prevé que a la Mesa Directiva le corresponde la conducción del Congreso y que es ejercida por su Presidente y Secretario, quienes tendrán la representación legal del Congreso.
34. Por ende, las autoridades demandadas tienen legitimación pasiva para comparecer al juicio, ya que a éstas se les atribuye el acto impugnado y ha quedado demostrado que los funcionarios que comparecen cuentan con facultades para representarlos.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
35. En este apartado se examinarán las causales de improcedencia.
36. Interés legítimo. El Poder Ejecutivo señaló que el Poder Judicial plantea solamente cuestiones de legalidad, pero de sus argumentos no se advierte que haga valer aspectos relativos a los principios de división de poderes e invasión de competencias.
37. Concluye que en el caso no existe una invasión a la esfera competencial del Poder Judicial de Baja California y ello se traduce en una ausencia de interés legítimo para promover la presente controversia constitucional.
38. Tal alegación de improcedencia debe desestimarse, ya que implica examinar la naturaleza de los conceptos de invalidez que se hacen valer; asimismo, conllevaría a efectuar pronunciamientos relativos a determinar que si con la emisión del Decreto impugnado se puede generar o no una posible violación a la autonomía e independencia del Poder Judicial estatal, lo cual constituye un tema que debe resolverse mediante el análisis de fondo que efectúe esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
39. Por ende, dado que la alegación de improcedencia que hace la demandada es un aspecto que, evidentemente atañe al estudio de fondo, no así uno de procedencia de la acción de inconstitucionalidad, debe desestimarse.
40. Esto último, encuentra sustento en la jurisprudencia, P./J. 92/99, de la literalidad siguiente:
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas.
41. Improcedencia por cesación de efectos. Este Tribunal Pleno advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de algunos de los preceptos combatidos, ya que mediante Decretos 193 y 207 publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta de diciembre de dos mil veintidós y el tres de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente, se reformaron los artículos 57, 58, 59, 62, 65 y 66 de la Constitución Política de esa entidad federativa.
42. Ahora bien, para el examen de la incidencia de dichos Decretos en los preceptos impugnados en la presente controversia, es pertinente hacer referencia al criterio sustentado por este Tribunal Pleno derivado fundamentalmente, de la acción de inconstitucionalidad 28/2015,(7) reiterado en subsecuentes precedentes,(8) y que se refiere a la existencia de un nuevo acto legislativo que provoque el sobreseimiento por cesación de efectos de la norma general impugnada.
43. En el precedente se enfatizó la necesidad de precisar los lineamientos mínimos requeridos para considerar cuándo se está en presencia de un nuevo acto legislativo. Para ello, partió de la jurisprudencia P./J. 8/2004(9) que de manera general precisa cuándo se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos en expedientes como el que nos ocupa, así como explicó la evolución del criterio.
44. Sobre esa base se razonó que, para que se pueda hablar de un acto de tal naturaleza para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad o en una controversia constitucional, como en el caso, deben reunirse al menos los siguientes dos aspectos:
a) Que se haya llevado a cabo un procedimiento legislativo (criterio formal) y
b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material.
45. El primer enunciado involucra el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. Siendo relevante para la controversia constitucional la publicación de la norma general, puesto que a partir de ese momento podrá ejercitarse la acción por los entes legitimados.
46. El segundo aspecto, consiste en que la modificación sea sustantiva o material, esto es, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto; por tanto, una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo.
47. En relación con este último aspecto, se explicó que una modificación de ese tipo no se daría, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado. Tampoco cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas; y que tampoco basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente la norma general, sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada; es decir, debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema.
48. Se subrayó que “el ajuste de la norma general debe producir un efecto normativo distinto, en dicho sistema, aunque sea tenue”.
49. Por tanto, no cualquier modificación puede provocar la improcedencia de la controversia constitucional, sino que, concluidas las etapas del procedimiento legislativo, éste indefectiblemente debe producir un impacto jurídico; lo que da lugar a determinar que también quedarían excluidas aquéllas modificaciones de tipo metodológico propias de la técnica legislativa, en las que por cuestiones formales es necesario ajustar la ubicación de los textos o la denominación de ciertos entes, dependencias y organismos.
50. De igual forma, en el precedente se enfatizó que con el criterio se logra que el Tribunal Constitucional se ocupe de controlar o verificar cambios normativos reales, esto es, materiales o verdaderos y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, es decir, cambios que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto, que deriva precisamente del producto del Poder Legislativo.
51. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia de este Tribunal Pleno, identificada con el número P./J. 25/2016 (10a.), que a continuación se reproduce:
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislat
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32805-f7e3a41d/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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