Corpus
Modo: Corpus Pro

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 1883 PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO LOCAL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2010, AL FACULTAR AL CONGRESO ESTATAL PARA RESOLVER SOBRE LA REELECCIÓN O NO DE AQUELLOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO TRANSGREDE EL SISTEMA DE DIVISIÓN DE PODERES NI LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 1883 PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO LOCAL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2010, AL PREVER QUE EL CONGRESO ESTATAL ESTÁ FACULTADO PARA RESOLVER SOBERANA Y DISCRECIONALMENTE RESPECTO DE LA ELECCIÓN, REMOCIÓN Y REELECCIÓN O NO DE AQUELLOS SERVIDORES PÚBLICOS, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 16 Y 116, FRACCIÓN III, CONSTITUCIONALES. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos. El señor Ministro José Fernando Franco González Salas manifestó salvedades respecto de las consideraciones) MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 1883 PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO LOCAL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2010, AL DISPONER QUE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONGRESO ESTATAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ELECCIÓN, REMOCIÓN Y REELECCIÓN O NO DE AQUELLOS SERVIDORES PÚBLICOS SERÁN DEFINITIVAS E INATACABLES, POR LO QUE NO PROCEDERÁ JUICIO, RECURSO O MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO O EXTRAORDINARIO ALGUNO EN SU CONTRA, NO LIMITA LOS MEDIOS JURISDICCIONALES DE CONTROL CONSTITUCIONAL NI INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. (Razones aprobadas por mayoría de seis votos. Los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia votaron en contra) MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. EL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 1883 PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO LOCAL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2010, AL PREVER QUE EN CASO DE QUE AQUÉLLOS RESULTARAN REELECTOS, SÓLO PODRÁN SER PRIVADOS DE SU CARGO AL CUMPLIR DOCE AÑOS EN EL PUESTO, ES CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO 1883 MEDIANTE EL CUAL, ENTRE OTROS ORDENAMIENTOS, SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 64, FRACCIÓN XXI, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS Y 93, Y SE ADICIONARON LOS DIVERSOS NUMERALES 92, 93 BIS Y 99 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO LOCAL EL 20 DE DICIEMBRE 2010. CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos) PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO 1883 MEDIANTE EL CUAL, ENTRE OTROS ORDENAMIENTOS, SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 64, FRACCIÓN XXI, PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFOS Y 93, Y SE ADICIONARON LOS DIVERSOS NUMERALES 92, 93 BIS Y 99 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO LOCAL EL 20 DE DICIEMBRE DE 2010. NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES POR EL HECHO DE QUE EN EL DESARROLLO PARA SU APROBACIÓN NO HAYA INTERVENIDO EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ESTATAL. (Razones aprobadas por unanimidad de once votos)

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2011. · Registro digital (IUS): 24152
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Pág. 161.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2011. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 21 DE JUNIO DE 2011. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: ALEJANDRO MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de junio de dos mil doce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido el uno de febrero de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Humberto Montiel Padilla, quien se ostentó con el carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, imputados a las autoridades que a continuación se señalan:

1. Autoridades demandadas: a) Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, así como secretario general de Gobierno de la entidad; b) XIII Ayuntamiento de Mulegé, VI Ayuntamiento de Loreto, XIII Ayuntamiento de Comondú, XIII Ayuntamiento de la Paz y X Ayuntamiento de los Cabos, todos del Estado de Baja California Sur.

2. Actos cuya invalidez se demanda: La aprobación, promulgación, autorización y publicación, respectivamente, del Decreto Número 1883, mediante el cual se reforman los artículos 64, fracción XXI, primero y segundo párrafos, y 93; se adicionan los artículos 92, 93 Bis y 99 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California Sur; y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 5o. y un artículo 11 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad, así como su aplicación y consecuencias.

SEGUNDO. Antecedentes. El actor hizo coincidir el contexto de su pretensión, sin más, alrededor de la emisión del decreto que controvierte, cuya entrada en vigor, a su entender, deja de lado los principios constitucionales de autonomía e independencia que tutela el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal.

TERCERO. Conceptos de invalidez. En la demanda inicial, el poder promovente sostiene, esencialmente, que el decreto impugnado carece de validez constitucional porque:

a) En el procedimiento legislativo que le dio origen no se respetaron los artículos 14 y 16 constitucionales, en tanto que en el desarrollo para su aprobación no se incluyó la participación del Poder Judicial del Estado, como lo exigen los artículos 64, fracción XVII, 97, fracción XII y 166 de la Constitución Local, al tratarse de una materia que incidía en la administración e impartición de justicia, concretamente lo relativo a la elección, remoción y reelección de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur.

b) Su aplicación, materializada a través del oficio signado por el presidente de la Diputación Permanente del segundo periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional de la XII Legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, recibido el trece de enero de dos mil once en la Secretaría General del Pleno y la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, por el que se requiere diversa información relacionada con el procedimiento de reelección en su cargo de Magistrado, acarrea la transgresión de los artículos 14 y 16 constitucionales, al haberse emitido sobre la base de normas inconstitucionales y, en consecuencia, por una autoridad incompetente.

c) La facultad reconocida en el artículo 64, fracción XXI, reservada al Congreso del Estado para que de manera soberana y discrecional resuelva respecto a la elección, remoción y reelección o no de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, provoca de manera directa la alteración del sistema de división de poderes, al permitir la intromisión clara de un poder ajeno en la organización y funcionamiento de la actividad del Poder Judicial Local y, en consecuencia, la transgresión de los principios de autonomía e independencia judicial que consagran los artículos 17 y 116, fracción III, constitucionales.

d) El carácter soberano y discrecional con el que se califica a la facultad del Congreso Local para resolver sobre la elección, remoción y reelección o no de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, rompe de tajo con la fundamentación y motivación que conforme al artículo 16 constitucional debe imperar en ese tipo de actos y, al mismo tiempo, vulnera el artículo 116, fracción III, de la propia Norma Federal.

e) La inatacabilidad con que se califica a las decisiones del Congreso Local en los ámbitos descritos, eliminando la procedencia de recursos o medios de defensa ordinarios o extraordinarios en su contra, contradice el artículo 73 constitucional, que sólo faculta al Congreso de la Unión a fijar los supuestos sobre la procedencia o no de los medios de control constitucional a través de las leyes reglamentarias relativas.

f) Carece de fundamentación y motivación, al no tener razón práctica o social que lleva a sostener su legalidad.

g) El esquema previsto en su artículo 93, concretamente por cuanto a la fijación del término de doce años en el ejercicio del cargo de Magistrado como supuesto de retiro, causa perjuicio a quienes antes de su entrada en vigor se encontraban ratificados en el cargo de mérito y gozaban de inamovilidad, no pudiendo regirse por ese nuevo sistema, pues, de lo contrario, se incurriría en una aplicación retroactiva de la norma.

h) El artículo segundo transitorio se traduce en una ley privativa, la que, derivado de la excepcional situación particular de su nombramiento, redujo el plazo para exhibir elementos de convicción tendentes a demostrar su eficaz desempeño en la función para los efectos de su reelección, a diferencia de los que acontece en la generalidad de los casos, siendo que, además, omite señalar el tiempo en que deberá resolverse al respecto.

CUARTO. Artículos constitucionales que se aducen violados. Los preceptos 14, 16, 17, 116, fracción III y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Admisión y trámite. Por acuerdo de tres de febrero de dos mil once, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 11/2011 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

Mediante proveído de cuatro de febrero siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, en donde tuvo como autoridades demandadas únicamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, así como al secretario general de Gobierno de esa entidad, a quienes ordenó emplazar para que formularan su respectiva contestación. Igualmente, mandó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. Por escrito de catorce de febrero de dos mil once, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el poder actor amplió la demanda en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, así como del secretario general de Gobierno de dicha entidad, respecto de actos que calificó de supervenientes, concretamente el dictamen de evaluación emitido el once de febrero de dos mil once por la Comisión de Asuntos Políticos del Congreso Local, donde se determinó su no reelección como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, así como sus efectos, como podría ser el nombramiento de un nuevo Magistrado para ocupar su cargo.

Después de hacer algunas consideraciones personales alrededor de la perjudicial trascendencia del decreto reclamado, por cuanto a la situación de ciertos Magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, el promovente reiteró los motivos de invalidez desplegados en la demanda inicial, ahora en relación con el dictamen de evaluación controvertido.

En ese sentido, añadió que dicho acto, que propiciara su no reelección en el cargo de Magistrado del órgano en mención, se había emitido en un procedimiento en el que no se habían respetado los artículos 14 y 16 constitucionales, en donde, además, lejos de satisfacerse la fundamentación y motivación exigida para ese tipo de actos, se había acudido a elementos subjetivos, así como a medios de convicción ilegales y sin eficacia jurídica (incluso obtenidos de modo ilícito y en violación a una suspensión obtenida en diversa instancia); lo que a fin de cuentas se traducía en una vulneración de los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal.

SÉPTIMO. La referida ampliación se admitió a trámite mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil once, lo que se ordenó hacer del conocimiento de las autoridades demandadas, a efecto de que produjeran su contestación.

OCTAVO. En su oportunidad, el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur interpuso recurso de reclamación en contra de los acuerdos de cuatro y dieciséis de febrero de dos mil once, respectivamente, en los que se admitió a trámite la demanda inicial de controversia constitucional y su ampliación.

Tales medios de impugnación fueron resueltos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los expedientes registrados con los números 11/2011 y 13/2011, donde por resoluciones de cuatro y dieciocho de mayo de dos mil once, respectivamente, se determinó, por un lado, su desechamiento y, por otro, declararlo infundado.(1)

NOVENO. Contestación del Poder Legislativo Local a la demanda inicial. Al dar contestación a la demanda, Víctor Daniel Madrigal Barbosa, con el carácter de oficial mayor del Congreso del Estado de Baja California Sur, manifestó que:

1. El actor carece de legitimación activa para la promoción de la demanda de controversia pues, contrario al modo en que se ostenta, no goza de la representación del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur.

2. En el desarrollo del procedimiento relativo a la reelección o no de Humberto Montiel Padilla en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se requirió su participación en distintas ocasiones, así como la del Pleno del propio órgano, sin que se atendieran las peticiones correspondientes.

3. El objeto original de la iniciativa de reformas y adiciones contenidas en el decreto impugnado fue armonizar el sentido de las normas ahí contenidas, específicamente por cuanto a la posibilidad de reelección de los Magistrados locales, con lo dispuesto con el artículo 116, fracción III, constitucional, lo cual fue ampliado en los trabajos legislativos correspondientes (específicamente por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales de Justicia) y aprobado en su momento por el Pleno del Congreso.

4. La esencia de esas reformas atiende al criterio de diversos precedentes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, insertos en las tesis de jurisprudencia 44/2007, 109/2009, 107/2000, 21/2006, 22/2006, 24/2006, 101/2000, 105/2000 y 19/2006.

5. En contra de lo alegado por el poder actor, «ni» los Municipios del Estado de Baja California Sur, ni el Poder Judicial deben formar parte del proceso legislativo de reformas a la Constitución Local.

6. El promovente pierde de vista que la discrecionalidad a que se refiere el artículo 64, fracción XXI, de la Constitución del Estado de Baja California Sur, desde donde sostiene su reclamo, únicamente alcanza a las decisiones sobre elección y remoción de Magistrados, no su reelección, como erróneamente lo expresa.

7. El contenido del referido artículo se complementa con lo dispuesto por el artículo 93 Bis de la Constitución Local, lo que permite ver que en la determinación sobre la reelección en el cargo de Magistrados por parte del Congreso Local, deben tomarse en cuenta elementos objetivos (no discrecionales), de ahí que sea acorde con el texto del artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal.

8. Contrario a lo narrado por el poder promovente, el decreto combatido, en relación con la definitividad e inatacabilidad que imprime a las resoluciones sobre no reelección de Magistrados, no introduce causales de improcedencia relacionadas con medios de defensa federales.

9. La entrada en vigor del decreto controvertido no posibilita la aplicación retroactiva de la ley, por el hecho de no tener un artículo transitorio que establezca situaciones ocurridas con anterioridad, pues ello deriva de principios constitucionales que así lo establecen.

10. La situación particular del promovente no moduló el surgimiento del artículo segundo transitorio.

DÉCIMO. Contestación del Poder Legislativo Local a la ampliación de demanda. Al contestar la ampliación de demanda, después de reconocer la emisión del dictamen impugnado que sustentara la determinación sobre no reelección de Humberto Montiel Padilla en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, el órgano legislativo demandado precisó que:

I. El decreto reclamado en la controversia otorga el derecho de reelección a los Magistrados locales, en concordancia con el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. En contra de lo narrado por el poder actor, la decisión sobre la no reelección controvertida se adoptó en el procedimiento dispuesto en el artículo 93 Bis, en donde se respetó su derecho de audiencia a través de los requerimientos que se le hicieran para intervenir en éste, sin que atendiera su contenido.

Igualmente, que el dictamen se emitió de manera fundada y motivada, sin vicios de discrecionalidad alguna.

III. Es falso que se hubiera violado la suspensión decretada en el incidente relativo a la controversia 91/2010, en tanto lo ahí controvertido no definió la decisión de no reelección.

IV. Para el dictado del dictamen de evaluación en que se basó el Congreso del Estado para resolver sobre la no reelección del Magistrado Montiel Padilla, se tomaron en cuenta los elementos con que se contaba, en tanto aquél no aportó mayores datos, a pesar de que se le requirió para tal efecto; sin que fuera indispensable contar con las constancias que ahora refiere (estadísticas, gráficas, expedientes, etcétera).

V. Las imputaciones relativas a la obtención ilícita de probanzas generan dudas en cuanto a la actuación del actor en la generación de documentos que anexó a su demanda.

VI. En contra de lo argumentado por el promovente, su papel como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur involucraba los ámbitos de ejercicio de presupuesto y control de personal, por lo que su desempeño en esos rubros sí podía formar parte de su evaluación.

VII. Al constreñir su reclamo a aspectos de perjuicio individual, el actor debió acudir al juicio de amparo, como lo ha estimado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos similares, concretamente en la controversia constitucional 32/2007.

DÉCIMO PRIMERO. Contestación del Poder Ejecutivo Local. A pesar de encontrarse notificados de la admisión de la demanda, así como de su ampliación, «ni» el gobernador del Estado de Baja California Sur, ni el secretario general del Gobierno de esa entidad presentaron la contestación respectiva.

DÉCIMO SEGUNDO. Opinión de la procuradora. Al formular su opinión sobre el caso, la procuradora general de la República reconoció la legitimación del promovente y la oportunidad de la presentación de la demanda y su ampliación.

En lo que ve al fondo del asunto, frente a los motivos de invalidez hechos valer, consideró que, por un lado, en el procedimiento legislativo que decantara en la emisión del decreto combatido se observaron las formalidades conducentes, en cuanto a su trámite y aprobación; de ahí que se respetaran los artículos 14 y 16 constitucionales.

Por otro, que el contenido del decreto impugnado ponía de manifiesto que la facultad soberana y discrecional que se atribuye al Congreso Local para la elección de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur, así como para su reelección, transgrede los principios de autonomía e independencia judicial, específicamente por la invasión de esferas de competencia en tres grados, por ende, es violatoria de los artículos 49 y 116, primer párrafo, de la Constitución Federal.

DÉCIMO TERCERO. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO QUINTO (sic). Más adelante, por escrito de trece de octubre de dos mil once, Ignacio Bello Sosa, quien se ostentó como Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, manifestó su deseo por desistirse de la presente controversia; lo cual fue ratificado en su oportunidad.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO. Análisis del desistimiento planteado. Como se precisó en la parte final del capítulo de resultandos, en la presente controversia se encuentra latente una petición de desistimiento que exige ser analizada de manera preferente a cualquier otro aspecto, dado el sentido que a partir de ese estudio pudiera prevalecer.

Con ese objetivo, debe apuntarse que este Tribunal en Pleno, con base en los artículos 11, párrafo primero y 20 de la ley reglamentaria de la materia, ha sostenido que tratándose de controversias constitucionales, el sobreseimiento por desistimiento está condicionado a que la persona que se desiste de la demanda a nombre de la entidad, poder u órgano de que se trate, colme los siguientes requisitos: a) Se encuentre legitimado para representarlo, en términos de las leyes que lo rijan; b) Ratifique su voluntad ante un funcionario investido de fe pública; y, c) No se trate de la impugnación de normas de carácter general.

Ilustra esa idea, el contenido de las tesis de jurisprudencia números P./J. 113/2005(2) y P./J. 54/2005,(3) de rubros: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA." y "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES.", respectivamente.

En lo que al caso interesa, la verificación acerca de la satisfacción o no de los supuestos antes enunciados exige tener en cuenta, en primer lugar, que el desistimiento en examen fue formulado por Ignacio Bello Sosa, quien se ostentó con el carácter de Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, para lo cual exhibió ante este Alto Tribunal copia certificada del Boletín Oficial del Gobierno de esa entidad, de trece de abril de dos mil once, en donde consta su designación en ese cargo, así como del acta de diez de octubre de ese año, a través de la cual se desprende que el Pleno de dicho órgano lo autorizó para plantear el desistimiento en mención, lo que una vez realizado fue ratificado ante el notario público número once y del patrimonio en el inmueble federal, en el Estado de Baja California.(4)

En segundo lugar, para los efectos antes destacados, también se tiene en cuenta que, como se anunció en el capítulo de resultandos, a través del presente se impugnó el Decreto Número 1883, mediante el cual se reforman los artículos 64, fracción XXI, primero y segundo párrafos, y 93; se adicionan los artículos 92, 93 Bis y 99 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California Sur; y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 5o. y un artículo 11 Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad, con motivo de su primer acto de aplicación, así como sus consecuencias.

Tales actos se hicieron consistir en tres oficios emitidos por la Diputación Permanente del segundo periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional de la XII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur y por la Comisión Permanente del propio órgano legislativo, respectivamente, así como en el dictamen de once de febrero de dos mil once, emitido por la Comisión de Asuntos Políticos del Congreso de esa entidad, por el que se determinó la no reelección de Humberto Montiel Padilla en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur.

Pues bien, los datos hasta aquí revelados muestran con claridad que quien formuló el desistimiento que se analiza cuenta con legitimación para ello, en términos del primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia; considerando que ni la Constitución del Estado de Baja California Sur ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad identifican a quién corresponde la representación legal del Poder Judicial del Estado para acudir ante los órganos jurisdiccionales.

Esa situación, junto al acto de ratificación del desistimiento formulado, así como a la circunstancia de que a través de la presente controversia se impugnan tanto normas como actos relativos a su aplicación, lleva a estimar actualizados los requisitos previstos en los artículos 11, primer párrafo y 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional.

En consecuencia, procede sobreseer en la presente controversia, únicamente respecto de los actos de aplicación impugnados por la parte actora.

TERCERO. Fijación de la norma y actos impugnados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que facultan a este Tribunal en Pleno para que, al emitir la resolución definitiva, examine en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada y, además, para precisar en forma concreta las normas y los actos que sean objeto de la controversia constitucional, procede analizar y dejar establecido cuáles son los actos que efectivamente se demandan en esta controversia.

Con ese objetivo, este Tribunal en Pleno, a partir de la revisión integral de la demanda, en concordancia con lo resuelto en el considerando que antecede, encuentra que el planteamiento genérico ahí diseñado por el promovente, llevado a su dimensión central, se dirige a poner en duda, por un lado, la validez formal del procedimiento legislativo que diera origen al Decreto Número 1883, mediante el cual, entre otros ordenamientos, se reforman los artículos 64, fracción XXI, primer y segundo párrafos, y 93; y se adicionan los artículos 92, 93 Bis y 99 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.

Por otro lado, también controvierte los vicios propios o de fondo de parte del contenido de dicho decreto, específicamente los artículos 64, fracción XXI, primer y segundo párrafos, 93, fracción I y segundo transitorio.

Finalmente, debe decirse que resulta innecesario involucrar en este apartado el reproche invocado por la parte actora en su ampliación de demanda, ya que su contenido se encuentra enteramente dirigido a cuestionar la aplicación de los preceptos ya señalados, específicamente en relación con el dictamen de no reelección de once de febrero de dos mil once, emitido por la Comisión de Asuntos Políticos del Congreso del Estado de Baja California Sur, sobre el que prevalece el sobreseimiento por desistimiento decretado en el considerando que antecede.

CUARTO. Oportunidad. En continuación con el examen de los supuestos que involucran un tema vinculado con la procedencia de la instancia, toca analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

Para tal efecto, debe tenerse en cuenta el contenido del artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, que señala:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"...

"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."

Conforme al precepto transcrito, se desprende que existen dos momentos para promover la controversia constitucional tratándose de la impugnación de normas generales: a) Dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación; y, b) Dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

En el caso, en razón del sobreseimiento decretado respecto de los actos desde los que el promovente hacía depender la aplicación de la norma impugnada, para efectos de determinar lo referente a la oportunidad en la presentación de la demanda, deberá estarse a lo previsto en el primer supuesto, relativo a la publicación del decreto combatido.

De ese modo, se tiene que dicho decreto se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur el veinte de diciembre de dos mil diez, por lo que el plazo relativo corrió del tres de enero al catorce de febrero de dos mil once, debiéndose descontar del cómputo relativo los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de enero; cinco, seis, doce y trece de febrero, por ser sábados y domingos, respectivamente, así como el siete de febrero por ser inhábil, en términos de lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria en la materia, en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por tanto, si la demanda inicial se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el uno de febrero de dos mil once, según se desprende del sello asentado al reverso de la foja treinta y cinco de autos, es inconcuso que fue promovida en forma oportuna.

Como se ha explicado en otras partes de este fallo, resulta innecesario pronunciarse sobre la oportunidad de la ampliación de demanda, en virtud del sobreseimiento que quedó decretado a propósito del desistimiento formulado en esta instancia.

QUINTO. Legitimación activa. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la controversia constitucional, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional(5) establecen que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

En relación con ese esquema, se ha dicho que las reglas sobre representación establecidas en el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia son flexibles, al prever que las partes actora, demandada y, en su caso, tercera interesada, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en los términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlas y que, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

Es decir, se trata de una norma que requiere simplemente la existencia de una base normativa que apoye la legitimidad de la representación que se pretende, y que, por lo demás, es explícita en sentar una presunción general que obliga a resolver cualquier duda al respecto, en un sentido favorable al reconocimiento de la capacidad representativa de las autoridades o personas que comparecen ante este Alto Tribunal.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de este Máximo Tribunal, cuyos rubro y texto son:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE REGULA LA LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA, ADMITE INTERPRETACIÓN FLEXIBLE. Dicho precepto establece que podrán comparecer a juicio los funcionarios que, en los términos de las normas que los rigen, estén facultados para representar a los órganos correspondientes y que, en todo caso, la representación se presumirá, salvo prueba en contrario. Ahora bien, del contenido de esa facultad otorgada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presumir la representación de quien promueve se desprende que la interpretación jurídica que debe realizarse respecto de las normas que regulan dicho presupuesto procesal, admite interpretación flexible, de manera que se procure no convertir las normas legales en obstáculos para el acceso a la justicia, si se advierte que se presenta una hipótesis no prevista específicamente en la ley local y, sobre todo, si en autos existen elementos de los que se infiere que quien promueve no actúa en interés propio, sino

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24152-81add80f/magistrados-del-tribunal-superior-de-justicia-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.