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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDENCIA DE LA PROMOVIDA CONTRA NORMAS GENERALES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN IMPLÍCITA (ARTÍCULOS 4, PUNTO 1, FRACCIONES IX, XI, XVII, XVIII Y XXII, 6, 9, PUNTO 2, 58, PUNTO 1, Y 81, PUNTO 2, DE LA LEY DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL PODER JUDICIAL ACTOR CUANDO LA DEMANDA CAREZCA DE LA FIRMA DE UNO DE LOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL. IV. IRREDUCTIBILIDAD DE LOS SALARIOS DE MAGISTRADOS Y JUECES LOCALES. PRINCIPALES CRITERIOS SOSTENIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. V. IRREDUCTIBILIDAD DE LOS SALARIOS DE MAGISTRADOS Y JUECES LOCALES. ESTA GARANTÍA NO DERIVA DEL CARÁCTER DE TRABAJADORES QUE LES ASIGNE UNA LEY PORQUE SON LOS TITULARES DE UN PODER. VI. IRREDUCTIBILIDAD DE LOS SALARIOS DE MAGISTRADOS Y JUECES LOCALES. ESTA GARANTÍA SÓLO PROTEGE LAS REMUNERACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VII. PENSIONES DE MAGISTRADOS Y JUECES DEL ESTADO DE COLIMA. LA INCLUSIÓN DE ESTOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL SISTEMA DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO CONSTITUYE UNA DECISIÓN RESERVADA AL ÁMBITO DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA LOCAL QUE ES CONGRUENTE CON LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL (ARTÍCULOS 4.1, FRACCIONES IX, XI, XVII, XVIII Y XXII, 6, 9.2, 58.1, 81.2, Y DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA). VIII. PENSIONES DE MAGISTRADOS Y JUECES LOCALES DEL ESTADO DE COLIMA. SUJETARLOS AL RÉGIMEN DE APORTACIONES Y AL TOPE QUE RIGE A TODOS LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DE ESA ENTIDAD POLÍTICA, ATIENDE AL PRINCIPIO DE IGUALDAD (ARTÍCULOS 4.1, FRACCIONES IX, XI, XVII, XVIII Y XXII, 6, 9.2, 58.1, 81.2, Y DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA PARA VERIFICAR LA AFECTACIÓN QUE PROVOCA A LA ESFERA JURÍDICA DE MAGISTRADOS EN RETIRO LA LEGISLACIÓN IMPUGNADA EN AQUÉLLA (ARTÍCULOS 4.1, FRACCIONES IX, XI, XVII, XVIII Y XXII, 6, 9.2, 58.1, 81.2, Y DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA). X. PENSIONES DE MAGISTRADOS Y JUECES DEL ESTADO DE COLIMA. LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APORTACIONES Y DEL TOPE DEL MONTO DE LA QUE LES PUEDE CORRESPONDER, NO AFECTA DERECHOS ADQUIRIDOS DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN EN ACTIVO (ARTÍCULOS 4.1, FRACCIONES IX, XI, XVII, XVIII Y XXII, 6, 9.2, 58.1, 81.2, Y DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA). XI. IRREDUCTIBILIDAD DE LOS SALARIOS DE MAGISTRADOS Y JUECES LOCALES. EL INCREMENTO DE LA CUOTA DE APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES QUE RIGE A ESOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO VULNERA ESA GARANTÍA (ARTÍCULOS 4.1, FRACCIONES IX, XI, XVII, XVIII Y XXII, 6, 9.2, 58.1, 81.2, Y DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA). XII. MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA. SON INFUNDADAS LAS VIOLACIONES QUE ADUCEN A LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y A LOS DERECHOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, AL DEPENDER DE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL DECLARADA INFUNDADA, MÁXIME QUE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS NO SE EXTIENDE A LOS ÓRGANOS DEL ESTADO (ARTÍCULOS 4.1, FRACCIONES IX, XI, XVII, XVIII Y XXII, 6, 9.2, 58.1, 81.2, Y DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 66/2019. · Registro digital (IUS): 30159
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-10-15
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo II, Pág. 1512.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 66/2019. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. 6 DE MAYO DE 2021. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al seis de mayo de dos mil veintiuno, emite la siguiente

Sentencia

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 66/2019, promovida por el Poder Judicial del Estado de Colima.

I. Antecedentes

1. Presentación de la demanda. El trece de febrero de dos mil diecinueve, los Magistrados Bernardo Alfredo Salazar Santana, María Luisa Ruiz Corona, José Alfredo Jiménez Carrillo, Rafael García Rincón, Juan Carlos Montes y Montes, Mario de la Madrid Andrade, Leticia Chávez Ponce, René Rodríguez Alcaraz y Sergio Marcelino Bravo Sandoval, el primero de ellos ostentando el carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y los restantes como integrantes del Pleno de dicho tribunal, en representación del Poder Judicial de dicha entidad federativa promovieron controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del mismo Estado.(1) Del primero reclamaron la emisión del Decreto Número 616, por el que se expidió la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, publicado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho; del segundo, su promulgación.

2. La impugnación se planteó en contra de los artículos 4, punto 1, fracciones IX, XI, XVII, XVIII y XXII; 6; 9, punto 2; 58, punto 1; 81, punto 2; y décimo séptimo transitorio de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, con motivo del primer acto de aplicación, que se hizo consistir en el descuento por concepto de la nueva cuota de pensión efectuado durante la primera quincena de enero de dos mil diecinueve.(2)

3. En su demanda plantearon una violación al artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, por los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:

4. PRIMERO.—Violación a los principios de división de poderes y de autonomía e independencia judicial.

• Que las disposiciones impugnadas violentan el principio de división de poderes al pretender que los servidores públicos del Poder Judicial reporten una cuota mayor al instituto de pensiones, porque habrá una reducción en su salario.

• Que topar el monto de la pensión a todos los servidores públicos sin exceptuar a Jueces y Magistrados, es una violación a la autonomía e independencia judiciales y a las garantías de estabilidad e inamovilidad que salvaguarda el derecho de Jueces y Magistrados en activo a que su pensión no se reduzca y se les otorgue en los términos en que asumieron el cargo.

• Que a pesar de que los juzgadores en activo todavía no tengan derecho a recibir la pensión, «el solo hecho de que se modifique legalmente la regulación de las pensiones, impacta negativamente en la autonomía e independencia judicial, al modificar el régimen que custodia el trabajo jurisdiccional, provocando que se ejerzan los cargos con una cobertura económica menor a la que se tenía, lo que provoca a su vez preocupaciones ilegítimas en cuanto al futuro económico, provocando así una afectación al Poder Judicial del Estado...».(3) A su favor, invoca los precedentes de las controversias constitucionales 81/2010, 9/2004 y 25/2008:

• Controversia constitucional 81/2010. En la que se resolvió que la aprobación y promulgación de la norma impugnada afectaba y violentaba su independencia judicial por disminuir el haber de retiro de los Magistrados de manera indebida, por ser parte de las garantías de estabilidad e inamovilidad judicial.

• Controversia constitucional 9/2004. En la que se precisaron los parámetros con los que se garantiza el principio de estabilidad e inamovilidad de los Magistrados, con el establecimiento de un periodo razonable para el ejercicio del cargo y en el caso de no ser vitalicio, se prevea un haber de retiro.

• Controversia constitucional 25/2008. En la que se señaló que el haber de retiro no puede condicionarse o limitarse puesto que es un atributo inseparable al ejercicio del cargo de Magistrado.

• Que establecer un tope al monto de la pensión sin distinguir el régimen de Jueces y Magistrados en activo, modifica el marco legal en que el Poder Judicial del Estado ha ejercido su autonomía e independencia, lo cual no se hacía anteriormente aunque la Ley Burocrática del Estado ha previsto dicho tope desde el año dos mil trece, pues siempre se ha observado la excepción constitucional respecto de funcionarios judiciales y, por tanto, se vulnera el principio de no regresividad. Así, señala que la sola entrada en vigor del tope de monto de pensión merma la autonomía e independencia de la función jurisdiccional.

• Que la norma que se impugna se aparta de los postulados de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión de Venecia y, por tanto, estima que deben hacerse adecuaciones legales para que, en observancia de lo dispuesto por la fracción III del artículo 116 constitucional, se establezca que los Jueces y Magistrados del Estado percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que no puede ser disminuida durante su encargo y cuyo monto será el que se aplique para el otorgamiento de las modalidades de pensión establecidas en la ley.

5. SEGUNDO.—Violación a los principios de imparcialidad e independencia del Poder Judicial Estatal:

• Que el principio de imparcialidad previsto por el artículo 17 constitucional busca garantizar la correcta impartición de justicia y guarda una relación estrecha con el principio de independencia judicial. Este último, señala, tiene dos dimensiones, la institucional y la funcional: la primera de ellas se exige la abstención de injerencias de otros Poderes del Estado, es decir, externas; mientras la segunda se refiere a la esencia de la función jurisdiccional.

• Que en un Estado democrático de derecho deben establecerse sistemas judiciales que garanticen el principio de independencia con mecanismos como la remuneración adecuada, así como, de acuerdo con lo dicho por la Corte Europea y retomado por la Corte Interamericana, «la independencia supone que se cuente con adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas».(4) Al efecto, retoma la recomendación dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con que los Estados aseguren en la legislación bases salariales idóneas para los operadores de justicia, con lo cual se evitan presiones internas.

• Que los criterios con los que se fijen las remuneraciones deben ser objetivos y justos.

6. TERCERO.—Inobservancia de la situación de desigualdad que conlleva el régimen especial de función judicial:

• Que se debió prever un régimen transitorio relativo a los funcionarios judiciales en atención a la garantía de independencia judicial, pues debió considerarse que éstos se encuentran sujetos a un régimen específico y distinto del resto de los servidores públicos.

• Que «si el Poder Judicial del Estado como institución, a diferencia de los demás órganos públicos, debe contar con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria, entonces las medidas que incidan en su contra o la mengüen, deben ser analizadas con especial cuidado o sospecha de inconstitucionalidad y/o inconvencionalidad».(5)

• Que no haber hecho una distinción en relación con el Poder Judicial del Estado, a efecto de que los salarios de los funcionarios judiciales no fueran reducidos por el aumento de las cuotas pensionarias, así como la modificación en el monto de la pensión, redunda en una restricción desproporcionada de la garantía de independencia judicial.

7. CUARTO.—Violación en relación con el derecho de seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima:

• Que los artículos impugnados vulneran el derecho de seguridad jurídica y legalidad en su vertiente de confianza legítima, ello en relación con el principio de división de poderes, tutela a la jurisdicción efectiva e independencia judicial, puesto que atentan contra el modelo de convivencia social o Estado de derecho que debe garantizarse a todos los gobernados.

• Que se vulnera ese derecho por no haberse previsto la excepción en relación con el Poder Judicial del Estado, lo cual estima que tiene por consecuencia que se trate de una norma incierta y con ausencia de claridad, considerando que el Congreso Estatal nunca ha concedido pensiones con tope salarial a funcionarios judiciales, por lo que el Congreso se contradice en su forma de actuar y la forma en que legisló lo que ahora se impugna.

• Que la propia Constitución establece que la función jurisdiccional se sostiene sobre la base de los principios de independencia y autonomía, en los que inciden la estabilidad en la remuneración y la pensión de los funcionaros, de forma que, a su consideración, de no existir la restricción constitucional, se tendría un poder de facto sobre otro poder, lo cual vulnera el principio de división de poderes.

• Que se debe dejar sin efectos los preceptos que impugna para que se hagan las adecuaciones legales con las que se salvaguarden las garantías de autonomía e independencia judicial.

8. Registro y turno de la demanda. El quince de febrero de dos mil diecinueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, la cual fue turnada al Ministro Javier Laynez Potisek para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

9. Prevención. El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, el Ministro instructor previno a los comparecientes por dos motivos: primero, para aclarar quién asumía la representación del Poder Judicial del Estado de Colima, si el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia o su presidente; segundo, para acreditar su personalidad.

10. Desahogo de la prevención. El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve,(6) los comparecientes aclararon que el propio Pleno del Supremo Tribunal de Justicia asumió la representación del Poder Judicial del Estado de Colima y exhibieron las documentales que estimaron pertinentes para acreditar su personalidad.(7)

11. Admisión de la demanda. El primero de abril de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió la demanda a trámite y ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima. Finalmente, ordenó dar vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República para que hicieran las manifestaciones que les correspondiera a su representación.

12. Contestación a la demanda del Poder Ejecutivo. El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, Luis Alberto Vuelvas Preciado, ostentando el carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa, dio contestación a la demanda en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Colima. En ella afirma lo siguiente:

• La Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima no tiene como objeto regular sistemas de nombramientos de Magistrados, ni su estabilidad en el cargo.

• Las aportaciones del 4.5% como cuotas del salario de Jueces y Magistrados de cotización al sistema financiero de pensiones, contempladas en la Ley de Pensiones del Estado de Colima, no atentan contra el principio de irreductibilidad contemplado en el artículo 116, último párrafo, de la Constitución Federal y tampoco pueden configurarse como una disminución al salario.

• Los Magistrados pretenden obtener una pensión con el 100% de sus remuneraciones, lo que es superior al tope máximo de las pensiones que se fijó en 16 Unidades de Medida y Actualización (UMA's) por día.

• El tope de las pensiones no violenta el derecho de irreductibilidad previsto en el artículo 123, apartado B; tampoco las garantías de igualdad y no discriminación previstas en el artículo 1o. y las de seguridad social, previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XI, todos de la Constitución Federal.

• El deber de aportar un porcentaje de las remuneraciones de los Magistrados al sistema de pensiones previsto en la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos de la entidad, no violenta los principios de autonomía e independencia judicial, pues no implica una intromisión en la división de poderes y a los principios de autonomía e independencia judicial, así como a la garantía de irreductibilidad salarial.

• La finalidad de las pensiones y los haberes de retiro es diversa, por lo que no deben confundirse y aplicar las garantías del haber de retiro a las pensiones y viceversa.

• Las pensiones que se pagan para cubrir las contingencias de jubilación, invalidez, vejez y muerte, derivan de la seguridad social, prevista a favor de los trabajadores en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, y que la ley especial en la que se especifican los requisitos de procedencia, obligaciones, límites a las mismas, es la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que constituye un ordenamiento que protege la seguridad social de los trabajadores.

• El derecho al haber de retiro establecido en el artículo 94 de la Constitución Federal, lo tienen los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en protección a los principios de estabilidad en el empleo e independencia judicial, por lo que no es una figura igual a las pensiones que surge por la seguridad social que debe brindarse a los trabajadores, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Carta Magna. Se trata de conceptos diversos: las pensiones protegen las contingencias de jubilación, invalidez, vejez o muerte y el haber de retiro respeta la estabilidad en el cargo y la independencia judicial.

• El haber de retiro de los Ministros se regula en el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que dispone que, al retirarse del cargo, los Ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al 100% (cien por ciento) durante los dos primeros años y al 80% (ochenta por ciento) durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a los Ministros en activo.

• El haber de retiro se paga con recursos del presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación. Esta no es una prestación de seguridad social, pues finalmente los Ministros son funcionarios del Poder Judicial, que lo representan en su carácter de entidad patronal. No se pagan con recursos de un fondo solidario de seguridad social, al que aportan trabajadores y patrones.

• A nivel local existe una previsión del haber de retiro en el artículo 142, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Colima que dispone que los servidores públicos de los poderes del Estado, como en este caso los integrantes del poder actor, en calidad de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, pueden recibir un haber de retiro, siempre que estos se encuentren considerados en la normatividad estatal o en condiciones generales de trabajo. Es decir, la Constitución Estatal sí contiene los principios constitucionales de respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial Local y sí establece la posibilidad de que se establezca un haber de retiro.

• En el caso del Poder Judicial Local, a diferencia de los Ministros que solamente duran en su encargo quince años, sí tienen estabilidad en el empleo, pues, aunque duran en su encargo seis años, sí son reelectos, gozan de permanencia y del derecho a sólo ser privados de sus puestos en los mismos términos de la misma Constitución y de la Ley General de Responsabilidades.

• En la Ley Orgánica del Poder Judicial Local no se estableció el haber de retiro y, al no existir dicha figura en la legislación local, no es posible pagarla a los integrantes del Poder Judicial actor. Por tanto, no existe vulneración alguna a la esfera jurídica del actor, pues la ley impugnada no lo establece.

• No existe reforma alguna a la Ley Orgánica del Poder Judicial Local que cambie el estado previo de las cosas en relación con el haber de retiro, pues éste se establece en la Constitución Local pero no existe en la ley orgánica definición respecto de tal figura ni existen disposiciones presupuestarias del Poder Judicial, para pagar tal protección a la estabilidad en la función de Magistrado.

• En nada afecta su expectativa de derechos a una pensión el hecho de que la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima contenga un tope o modifique los parámetros en los que se concederá una pensión a su favor.

• Los artículos transitorios de la Ley Pensiones de los Servidores Públicos en el Estado de Colima, que entraron en vigor el día primero de enero de dos mil diecinueve, establecen nuevos requisitos para el otorgamiento de una pensión por jubilación, invalidez, vejez o muerte, como lo es el incremento de las cuotas al sistema financiero de pensiones, lo que implica que en relación con el sistema pensionario anterior, los trabajadores deben laborar más años y aportar de forma diferenciada a como lo hacían en antaño al sistema financiero de pensiones no provoca una transgresión a la garantía de irretroactividad de la ley, pues no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley actual, puesto que no se desconocen los años de servicio prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo.

13. Contestación a la demanda del Poder Legislativo. El tres de junio de dos mil diecinueve, Blanca Livier Rodríguez Osorio, ostentando el carácter de diputada presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, dio contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo del Estado de Colima. En ella afirma lo siguiente:

• Por no haberse agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracciones VI y VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que lo que se debió promover era el juicio de amparo.

• Al poder actor no le causa perjuicio el incremento de las cuotas porque no demostró que sus integrantes hayan cumplido con los requisitos de una pensión bajo la modalidad previa al nuevo esquema de la Ley de Pensiones.

• En las jurisprudencias P./J. 125/2008 y P./J. 124/2008, de rubros: "ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007)." e "ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES Y EL INCREMENTO DE LAS CUOTAS A CARGO DEL TRABAJADOR, NO VIOLAN NORMAS INTERNACIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).", el Pleno estableció «que el aumento de la edad mínima para poder gozar de una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o de cesantía de edad avanzada, así como el incremento de las cuotas respectivas se encuentra plenamente justificado».

• En ejercicio de la libertad de configuración que le reconoce la jurisprudencia de la Suprema Corte, el Congreso Local incrementó las cuotas a cargo de todos los trabajadores al servicio del Estado y no únicamente la de los Magistrados.

• No afecta el principio de división de poderes haber incrementado las cuotas y la edad a la pueden pensionarse por jubilación a los trabajadores al servicio del Estado de Colima, ya que es justificable la modificación al sistema de pensión.

• Es inatendible que la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima le resulta menos benéfica al poder actor porque el acceso a un beneficio nace cuando se reúnen los requisitos establecidos en la norma vigente, y que la creación de la ley referida obedeció a circunstancias de atención inmediata y de política financiera para evitar el quebrantamiento del sistema pensionario.

• Debe declararse infundado que se apliquen por analogía las consideraciones de un haber de retiro de conformidad con lo resuelto en la controversia constitucional 81/2010, en la que se estableció que los Poderes Judiciales Locales reglamenten y detallen su haber de retiro, siempre que la Constitución de la entidad correspondiente o las leyes locales así lo prevean.

14. Audiencia. Sustanciado el procedimiento sin recibir opinión por parte de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y de la Fiscalía General de la República, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve se celebró la audiencia y el expediente se puso en estado de resolución.

II. Competencia

15. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) 1o. de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria),(9) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(10) y el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General del Tribunal Pleno Número 5/2013,(11) aprobado el trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre los poderes del Estado de Colima y se cuestiona la validez de diversas disposiciones de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.(12)

III. Legitimación

16. De conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal y 10, fracciones I y II, de la ley reglamentaria,(13) tiene el carácter de parte actora el Poder Judicial del Estado de Colima porque promovió la controversia constitucional; de parte demandada, los Poderes Legislativo y Ejecutivo del mismo Estado porque el primero de ellos emitió las disposiciones generales impugnadas y el segundo las promulgó.

17. Por disposición del primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria(14) tanto la parte actora como la demandada deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que estén facultados para representarlos en términos de la legislación que los rige.

18. Poder Judicial actor. De acuerdo con los artículos 67, primer párrafo, y 68, segundo párrafo, de la Constitución Política Local,(15) el Poder Judicial del Estado de Colima se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia –entre otros órganos– y al Pleno de este mismo tribunal le corresponde su representación jurídica.

19. En el caso, la demanda fue suscrita por nueve Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. Para acreditar su personalidad, seis de ellos exhibieron copia certificada de su nombramiento como Magistrados propietarios;(16) los otros cuatro exhibieron copia certificada de los puntos de acuerdo de las sesiones del propio tribunal, en donde se puede apreciar que fueron adscritos a las Salas.(17)

20. Por tanto, dichos funcionarios se encuentran facultados para representar al Poder Judicial de Colima y promover la presente controversia constitucional, ya que el tribunal se integra, al menos, por diez Magistrados y sus resoluciones se aprueban por unanimidad o mayoría,(18) de conformidad con los artículos 21 y 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima.

21. Poder Legislativo demandado. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política local,(19) el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en el Congreso del Estado y su representación, por disposición de los artículos 37 y 42, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,(20) recae en la persona que figure como presidente de la mesa directiva.

22. En el caso, en representación del Congreso del Estado de Colima compareció la diputada presidente de la mesa directiva, quien acreditó su personalidad con copia certificada del acta de sesión pública ordinaria número cinco del segundo periodo de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Colima, celebrada el treinta de abril de dos mil nueve,(21) donde consta la elección de los diputados que ocuparán la mesa directiva durante el mes de mayo de ese mismo año, en la cual se puede apreciar que fue elegida para ocupar ese cargo.

23. Por tanto, dicha legisladora cuenta con facultades para contestar la demanda en representación del Poder Legislativo demandado.

24. Poder Ejecutivo demandado. De conformidad con los artículos 50 y 65 de la Constitución Política Local,(22) el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en el gobernador del Estado y su representación recae tanto en el consejero jurídico como en los secretarios de la administración pública del Estado, estos últimos en los términos que disponga la ley.

25. En representación del gobernador compareció el consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, quien acreditó ese carácter con copia certificada del nombramiento que expidieron a su favor el gobernador del Estado y el secretario general de Gobierno el veinticinco de julio de dos mil dieciocho.(23)

IV. Oportunidad

26. De acuerdo con la precisión realizada en el apartado anterior, se analizará la oportunidad de la presentación de la demanda.

27. De conformidad con la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria,(24) el plazo para presentar la demanda en contra de normas generales se debe computar a partir del día siguiente de su fecha de publicación o de su primer acto de aplicación.

28. En el presente caso, los artículos de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima se impugnaron con motivo de su primer acto de aplicación, que se hizo consistir en el descuento a los trabajadores del Poder Judicial actor correspondiente al martes quince de enero de dos mil diecinueve.

29. Por tanto, el plazo de treinta días hábiles para presentar la demanda inició el miércoles dieciséis de enero de dos mil diecinueve y feneció el veintisiete de febrero del mismo año, ya que del cómputo respectivo se descuentan los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de enero, así como los días dos, tres, cinco, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de febrero, ello de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria,(25) en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(26) y el punto primero, incisos a), b) y e) del Acuerdo General Plenario Número 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia y de descanso para su personal.(27)

30. Por consiguiente, la controversia constitucional es oportuna porque la demanda se presentó dentro del plazo respectivo.(28)

V. Certeza y precisión de las disposiciones generales reclamadas

31. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria,(29) se procede a precisar los actos y disposiciones generales que son objeto de la presente controversia constitucional y apreciar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados, descartando todas las manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto último, con apoyo en el criterio del Pleno contenido en la tesis P./J. 98/2009, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(30)

32. En primer lugar, si bien el Poder Judicial del Estado de Colima manifestó impugnar el Decreto Número 616,(31) cuya existencia fue reconocida por los poderes demandados y en autos se acreditó con una copia simple del Periódico Oficial "El Estado de Colima" de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho,(32) lo cierto es que sólo impugnó los artículos 4, punto 1, fracciones IX, XI, XVII, XVIII y XXII; 6; 9, punto 2; 58, punto 1; 81, punto 2; y décimo séptimo transitorio de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.

33. En segundo lugar, como dichos preceptos se impugnaron con motivo de su primer acto de aplicación, que hizo consistir en el primer descuento quincenal del mes de enero de dos mil diecinueve por concepto de la nueva cuota de pensión, para acreditar el mismo exhibió una constancia expedida por la Unidad de Apoyo Administrativo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, (33)en la que se puede leer que el Jefe de dicha unidad informa que el descuento por concepto de la nueva cuota de pensión se aplicó con fundamento en los artículos 58 y décimo séptimo transitorio de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima.

34. En cuanto a los artículos 4, punto 1, fracciones IX, XI, XVII, XVIII y XXII; 6; 9, punto 2; 58, punto 1; y 81, punto 2, de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, válidamente se puede concluir que también fueron aplicados a pesar que no se haga mención expresa a ellos en dicha constancia, puesto que en las distintas fracciones del artículo 4 se establecen las definiciones de cuota, descuento, pensión, pensionado y salario de cotización; en el artículo 6, el límite del monto de la pensión que fija la propia ley; en el artículo 9, la prohibición de pagar pensiones adicionales, y en el artículo 81, el tope a las pensiones de dieciséis Unidades de Medida de Actualización (UMA's).

35. Por consiguiente, el referido descuento por concepto de la nueva cuota de pensión también constituye un acto de aplicación de estos últimos preceptos por la relación sistemática que guardan con aquéllos, ya que en su conjunto sirven de fundamento para fijar un tope de dieciséis UMA's a los montos de las pensiones de los trabajadores servidores públicos en el Estado de Colima.

36. En est

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30159-b1c9d202/i-controversia-constitucional-procedencia-de-la-promovida-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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