I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO [ARTÍCULOS 55, 56, 57, APARTADO A, FRACCIONES I, II Y III; 58, FRACCIÓN II, INCISO H) DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y 67 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO RESULTA EXTEMPORÁNEA EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS, QUE NO FUERON APLICADAS EN EL ACTO QUE SE COMBATE (ARTÍCULOS 1, 8, 43, FRACCIONES V Y XIII, 45, FRACCIONES III Y IV, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67 Y 68 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL; 56 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS Y 109 DE SU REGLAMENTO, TODOS DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. IV. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO Y AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA QUE DETERMINE EL PAGO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO 974, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 129/2016. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 22 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN SE RESERVA SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 129/2016 y, resultando que por oficio presentado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Verónica Cuevas López, quien se ostentó con el carácter de presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en la que demandó:
"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. Tienen el carácter de demandados.
"a) El Congreso del Estado de Morelos. Con domicilio ampliamente conocido en el Palacio Legislativo ubicado en la Calle Mariano Matamoros, de la Colonia Centro en el Municipio de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos.
"b) El titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.
"c) El secretario de Gobierno del mismo Poder Ejecutivo de Morelos.
"Las autoridades señaladas en los incisos b) y c) tienen sus respectivos domicilios en la sede del Poder Ejecutivo denominado "Casa Morelos", en la calla de Galeana, de la Colonia Centro, en el Municipio de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos.
"...
"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como el medio oficial en que se hubieran publicado.
"1. Se reclama la invalidez por sí y por vicios propios del decreto número novecientos setenta y cuatro publicado en el periódico oficial Tierra y libertad número 5435 de fecha 14 de septiembre de 2016 a través de los cuales el Poder Legislativo de Morelos determina otorgar pensión por jubilación a la C. ANGELICA MIRNA GARCIA ACOSTA con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos y de su misma hacienda pública.
"Consecuentemente de lo anterior, y por virtud de la aplicación de las normas que permiten a la Legislatura Local emitir el citado decreto, demandó, además la invalidez de los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, mismos que fueron reformados mediante decreto número 218 publicado en el Periódico Oficial Tierra y libertad número 5056 de 17 de enero del 2013 y, por extensión de sus efectos al modificar el sistema normativo que rige el sistema de pensiones, y al ser parte del mismo sistema normativo, se demanda también la invalidez de los artículos siguientes:
"a) Los artículos 1, 8, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, primer párrafo e inciso c); 54, fracción VII; 55; 56; 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
"b) El artículo 56, fracción I de la Ley Orgánica del Estado de Morelos, publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad número 4529 de 9 de mayo de 2007.
"c) El artículo 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad número 4546 de 12 de junio de 2007.
"V. Los preceptos constitucionales que se estimen violados:
"Los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos."
I. Antecedentes
1. Mediante oficio CJE/2675/2016 de nueve de mayo de dos mil dieciséis el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos solicitó al Poder Legislativo Local autorizara la ampliación presupuestal por $56’000,000.00 (Cincuenta y seis millones de pesos 00/100 M. N.) a la partida de jubilaciones y pensiones, en virtud de que desde el ejercicio dos mil trece y hasta el de dos mil dieciséis no había sido autorizado incremento alguno en este rubro, pese al incremento de jubilaciones con cargo al Poder Judicial del Estado.(1)
2. El catorce de septiembre de ese año, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5435 el decreto 974 ("el decreto"), a través del cual el poder legislativo estatal determinó otorgar pensión por jubilación a Angélica Mirna García Acosta con cargo al presupuesto destinado al Poder Judicial del Estado de Morelos y de su hacienda pública en los términos siguientes:(2)
"Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ‘Tierra y Libertad’. La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Poder Legislativo. LIII Legislatura. 2015-2018. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos a sus habitantes sabed: Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente: La Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
"CONSIDERACIONES
"I. En fecha 28 de marzo de 2016, la C. Angélica Mirna García Acosta, por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso h), de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Poder Judicial del Estado de Morelos.
"II. Que al tenor del artículo 56, de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Jubilación, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si la pensionada se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. La trabajadora que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación, se otorgará a la trabajadora que conforme a su antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.
"III. Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad de la C. Angélica Mirna García Acosta, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 21 años, 06 meses, 22 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar analista del Juzgado Primero Penal del Primer Distrito Judicial, del 13 de abril de 1994, al 15 de abril de 1999; Auxiliar de analista de base, adscrita a la Dirección General de Administración, del 16 de abril de 1999, al 30 de abril de 2001 y del 02 de julio de 2001, al 01 de enero de 2003, del 01 de abril de 2003, al 04 de enero de 2007; Auxiliar de analista adscrita al Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 05 de enero de 2007, al 30 de junio de 2013; Capturista, del 01 de julio de 2013, al 07 de marzo de 2017, fecha en la que fue expedida la constancia de referencia. De lo anterior se desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h) del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la ley, lo conducente es conceder a la trabajadora en referencia el beneficio solicitado.
"Por lo anteriormente expuesto, esta LIII Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
"Decreto Número Novecientos setenta y cuatro por el que se concede pensión por jubilación a la ciudadana ANGÉLICA MIRNA GARCÍA ACOSTA.
"Artículo 1o. Se concede pensión por Jubilación a la C. Angélica Mirna García Acosta, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: capturista.
"Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 65% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
"Artículo 3o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
"Disposiciones transitorias
"PRIMERA. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. SEGUNDA. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’.
"Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada el día 14 y concluida el día 15 del mes de julio del año dos mil dieciséis.
"Atentamente. Los CC. Diputados integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado. Dip. Francisco A. Moreno Merino. Presidente. Dip. Silvia Irra Marín. Secretaria. Dip. Efraín Esaú Mondragón Corrales. Secretario. Rúbricas.
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de Morelos, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil dieciséis.
"‘SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN’ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU SECRETARIO DE GOBIERNO M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA."
II. Conceptos de invalidez
3. La parte actora esgrimió tres conceptos de invalidez, a través de los cuales manifestó las consideraciones que se sintetizan a continuación:
Primer concepto de invalidez
a) Se vulneran los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, porque con el decreto el Poder Legislativo Local transgrede los principios de fundamentación y motivación en el caso de relaciones interinstitucionales en las que la actuación o determinación de una autoridad se basa en una norma legal que le otorgue facultades y que la conducta de ésta acredite la existencia de los antecedentes fácticos y circunstancias de hecho que permitan colegir que se actuó en determinado sentido.
También transgrede la prohibición de que se reúnan dos o más poderes de los estados de la Federación en una sola persona o corporación y obliga a los destinatarios al respeto del principio de división de poderes, de modo que ninguno pueda ejercer todo el poder estatal en su propio interés e, igualmente, viola el principio de congruencia presupuestal al que se encuentran sujetos los Poderes Judiciales, correspondiendo de forma exclusiva a éste la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos sin injerencia externa, en términos del numeral 92-A, fracción VI, de la Constitución Local.
Asimismo, se viola el principio de autonomía de la gestión presupuestal, que constituye una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia y, por ende, regir las relaciones laborales con sus trabajadores con base en las leyes locales, determinando que los trabajadores burocráticos, como son aquéllos al servicio de los poderes del Estado de Morelos, tienen derecho a que el patrón les reconozca y otorgue como parte de sus prestaciones la pensión o jubilación, siempre que se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, siempre que esté comprendido en el presupuesto respectivo.
b) El Decreto 5435 es inconstitucional en tanto otorga una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial Local sin proveer la ampliación del presupuesto en la medida de lo necesario para cubrir la pensión por jubilación en términos del decreto en mención, resultando con tal decreto afectado el presupuesto del Poder Judicial y, por ende, vulnerados los principios de división de poderes, autonomía e independencia.
c) Son inconstitucionales los artículos 24, fracción XV, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, párrafo primero e inciso c, 54, fracción VII, 55, 56, 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al haber alterado de forma sustancial el sistema de pensiones y que fueron aplicados en el decreto impugnado, los cuales violan la autonomía de gestión presupuestal y potestad de regir las relaciones laborales con sus trabajadores, dentro de las que se encuentra el otorgamiento de pensiones o jubilaciones; así como se transgrede la autonomía para definir el gasto público a través del presupuesto de egresos en el que se pueda incluir de manera planificada y programada el pago de las prestaciones laborales sin injerencia de ninguna otra autoridad estatal.
d) El decreto transgrede el principio de división de poderes y de autonomía de la gestión presupuestal que tutelan los artículos 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el ente de gobierno califica y se entromete en las relaciones laborales del Poder Judicial y sus trabajadores, al determinar que debía otorgarse la pensión por jubilación a Angélica Mirna García Acosta con cargo a su presupuesto, con lo que el poder legislativo dispone de forma anárquica y arbitraria de la hacienda del Poder Judicial al imponerle, fuera de toda previsión o planificación gubernamental y sin su autorización e intervención, el pago de la pensión referida una vez que la trabajadora se separara de sus labores y erigiéndose como resolutor cuando el trabajador goce de dos o más pensiones.
e) La emisión del decreto violenta lo previsto en el numeral 16 constitucional en términos de las jurisprudencias P./J. 50/2000 y P./J. 109/2005 de rubros: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO PUEDEN ALEGAR INFRACCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN E IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.", la fundamentación se satisface con la existencia de una norma legal que atribuya a determinada autoridad facultades para actuar en un sentido determinado, cuya actuación deberá ceñirse estrictamente a las directrices establecidas en ley, mientras que la motivación se colma cuando se refiere a la existencia comprobada de hechos que permitan establecer que es procedente la aplicación de una norma, para justificar la actuación de la autoridad.
f) La actuación del Congreso del Estado de Morelos se aparta del principio de autonomía de la gestión presupuestal, pues corresponde al Poder Judicial Local evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos para que un trabajador de dicho poder se beneficie con alguna de las pensiones que menciona la ley con cargo a su hacienda pública, en tanto implica el deber de erogar un recurso no previsto y que no prevé el decreto impugnado.
g) La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 35/2000, determinó que la autonomía de gestión presupuestal viene a ser una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia y sin la cual se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores, por ser una circunstancia que condiciona la independencia judicial, la autonomía de la gestión presupuestal debe sumarse a la remuneración adecuada y no que no podrá ser disminuida, carrera judicial e inamovilidad de los juzgadores, como principios fundamentales.
h) El artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos es inconstitucional, al prever que las prestaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 54 se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos de ley y demás ordenamientos aplicables; dispositivo que otorga al poder legislativo una atribución que lesiona la hacienda pública del Poder Judicial y a la autonomía de gestión en el manejo de sus recursos, al establecer que será el congreso local quien fije los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones de los trabajadores judiciales, así como la cuantía a la que deberán ascender aquéllas.
i) Por otra parte, los artículos 24, fracción XV, 54 fracción VII, 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos facultan al Congreso del Estado de Morelos para determinar los casos en que procede otorgar la pensión a los servidores judiciales e, incluso, determinar su cuantía; sin embargo, si bien corresponde a las legislaturas locales emitir las leyes necesarias para regular las relaciones de trabajo entre los poderes y sus trabajadores en términos de los artículos 116 y 123 constitucionales, sin que de ello se deduzca que también corresponderá a los congresos estatales otorgarlas, pues con ello dicho poder estaría invadiendo la esfera competencial del Poder Judicial que es a quien corresponde otorgar la pensión por tratarse de sus trabajadores. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 101/2000 de rubro: "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Segundo concepto de invalidez
a) El decreto impugnado y los artículos 24, fracción XV, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, párrafo primero e inciso c, 54, fracción VII, 55, 56, 57 al 68 de ese mismo ordenamiento por extensión, son inconstitucionales al facultar al Poder Legislativo Local a expedir un decreto en el que se concede una pensión por jubilación y obliga al Poder Judicial Local a pagar las prestaciones laborales a que tiene derecho la trabajadora y el pago de la pensión jubilatoria con cargo al actual presupuesto, sin que tal Legislatura haya dotado de recursos adicionales al poder actor para enfrentar los pagos correspondientes.
b) En términos del artículo 49 constitucional, está prohibida la reunión de dos o más Poderes de los Estados en una sola persona o corporación; es decir, obliga a los destinatarios a respetar el principio de división de poderes, de modo tal que ninguno pueda ejercer todo el Poder Estatal en su propio interés, lo cual también se relaciona con las garantías de independencia y autonomía, en términos de los criterios P./J. 80/2004 "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS." y P./J. 83/2004 "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.".
c) En términos de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de división de poderes en detrimento del Poder Judicial Local se violenta si: i) en cumplimiento de una norma o de manera libre, se actualiza una conducta imputable a los otros dos poderes; ii) la conducta implica una intromisión si uno de los poderes realiza actos que coloquen al Poder Judicial en un estado de dependencia o de subordinación con respecto a él; iii) que la intromisión, dependencia o subordinación verse sobre cualquier aspecto relacionado con el nombramiento, promoción e indebida remoción de los miembros del Poder Judicial; la inmutabilidad salarial; la carrera judicial y la autonomía en la gestión presupuestal. Esto, con apoyo de la jurisprudencia P./J 81/2004 "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS.".
d) Con base en los principios referidos, el decreto 974 a través del cual se concede a Angélica Mirna García Acosta una pensión por jubilación que debía cubrir el Poder Judicial estatal es inconstitucional, toda vez que el poder legislativo del Estado de Morelos pretende ordenar el pago de dicha prestación sin haber proporcionado los recursos económicos para realizar ese pago; máxime que desde dos mil trece se ha solicitado el aumento de presupuesto al congreso estatal sin haber dado respuesta ni acordado favorablemente esta petición. Por el contrario, el presupuesto ha sido disminuido del ejercicio dos mil trece al dos mil dieciséis como se señala a continuación:
Ver presupuestos
De lo anterior, es posible advertir la subordinación a la cual se encuentra sujeto el Poder Judicial, pues no obstante haber solicitado incremento a su presupuesto, el congreso local no lo ha hecho y, por lo tanto, con la emisión del decreto impugnado se merman sus finanzas ante el deber de cubrir a la trabajadora el pago de la pensión decretada durante el tiempo que dure la presente controversia. De ahí que se solicite declarar la invalidez del decreto impugnado, al vulnerar la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado de Morelos, en los términos de la jurisprudencia P./J. 83/2004 "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES".
e) De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos y 56, 57, apartado A, fracción I, inciso d, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil de la referida entidad federativa, se desprende que es facultad del Congreso Estatal emitir leyes, acuerdos o decretos; que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso estatal deberá estudiar y dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del estado y sus Municipios, así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de dicho derecho; que el Congreso está facultado para expedir los decretos de pensiones en favor de los trabajadores de los diversos poderes estatales. Sin embargo, realizar dichos actos con cargo al erario del Poder Judicial del Estado de Morelos se traduce en una invasión a su esfera competencial.
Tercer concepto de invalidez
a) El artículo 3o. del decreto cuya invalidez se demanda vulnera en perjuicio del poder actor lo previsto en los numerales 16, 116, fracción III, y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 131 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en relación con los principios de seguridad jurídica, división de poderes, autonomía e independencia judicial, la prohibición de realizar pago alguno no contemplado en el presupuesto de egresos y el ejercicio eficiente de los recursos para satisfacer los objetivos a que están destinados.
b) Si bien el Estado tiene la obligación de cubrir el derecho mínimo a la seguridad social que comprende, entre otras prestaciones, la pensión por jubilación, lo cierto es que para cubrirla es necesario que el presupuesto que se asigne a los entes de gobierno sea suficiente para poder cumplir con dicha obligación. En este sentido, el Poder Legislativo demandado viola el principio de seguridad jurídica al indicar en el artículo 3o. del decreto impugnado que "[e]l monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos", porque dentro del presupuesto de egresos se considera el incremento salarial, pero éste no va en función de lo que se determine para el salario mínimo sino en función de lo que se determine en el presupuesto autorizado, por lo que si ello no se contempla, genera que el incremento ordenado por el Poder Legislativo en el decreto impugnado se haga nugatorio.
c) Al determinarse que el salario del trabajador pensionista debe aumentarse, el poder legislativo viola los derechos del Poder Judicial actor, por lo que el decreto 974 es contrario al Texto Constitucional en tanto el Poder Legislativo ha concedido pensiones que, en suma y sin la designación de la partida presupuestal correspondiente, generan inestabilidad financiera en el Poder Judicial Estatal y que, por ende, se traducen en una violación a los principios de certeza jurídica, división de poderes y autonomía e independencia de la gestión presupuestal, al disponer de forma arbitraria sobre el aumento automático del importe de la pensión en relación con el incremento porcentual del salario mínimo pero sin establecer de forma automática, también, la transferencia de recursos financieros en la misma medida.
d) En términos del artículo 117, fracciones XV y XVII, de la Constitución Federal, corresponde al Poder Judicial la reglamentación del gasto público y respetar las partidas presupuestales; por lo tanto, el decreto emitido por el legislativo local rompe con dichas atribuciones al entrometerse en la vida interna del Poder Judicial, al subordinarlo para controlar los gastos sin dotarlo de los recursos necesarios para cumplir el servicio de administración de justicia y ordenar la erogación de gastos no previstos en su presupuesto. De ahí que sea inconstitucional permitir al poder demandado ordenar el ajuste automático de las pensiones en relación con el aumento al salario mínimo, mientras el presupuesto del poder actor no aumente para estar en aptitud de hacer frente a los incrementos que señala el artículo 3o. del decreto.
e) El artículo señalado altera el debido funcionamiento del Poder Judicial, al imponerle el deber de incluir en el monto de la pensión, el costo de prestaciones y asignaciones, sin referir denominación alguna, con lo que se crea una concesión gratuita y generosa al personal en retiro, al equipararlos como activos y proporcionarles los beneficios por partida doble (pensión y cuotas patronales), para que alcancen el número de semanas requerido para acceder a una nueva pensión a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social al alcanzar o ubicarse dentro de la edad considerada como avanzada a que se refiere el artículo 154 de la Ley del Seguro Social. Sin embargo, dicha obligación no subsiste en relación con el personal en retiro, pues la seguridad social que debe otorgar el Poder Judicial es en relación con el personal en activo, en términos del numeral 54, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo que no es posible disfrutar de manera simultánea las pensiones en referencia.
f) En términos del artículo 218 de la Ley del Seguro Social el asegurado deberá demostrar las cotizaciones para tener derecho a la pensión y, en caso de ser dado de baja, tendrá derecho a continuar voluntariamente en el mismo, por lo que dar una lectura distinta a este numeral podría traducirse en una vulneración al artículo 134 del texto Constitucional Federal, que indica que los recursos económicos de que dispongan las entidades federativas, se administrarán con eficiencia para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
g) En consecuencia, al sobrevenir la terminación laboral al tenor de lo que dispone el artículo 24, fracción XV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es inconcuso que cesa el deber del Poder Judicial de proporcionar a los jubilados como prestación de seguridad social, mantener como afiliado al trabajador jubilado para permitirle alcanzar una nueva pensión, tomando el deber de seguir aportando cuotas patronales, lo que resulta contrario a la racionalidad del propio sistema, toda vez que por la categoría de jubilado, el otrora servidor público queda bajo el imperio de la Ley del Seguro Social, siempre que dicha posibilidad se realice a través de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio.
h) Debe declararse la invalidez por extensión del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil, al no estar acorde a la realidad constitucional y ser incompatible con la Ley del Seguro Social que no se refieren al incremento de las pensiones con base en el aumento al salario mínimo, sino con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año inmediato anterior, para garantizar el poder adquisitivo de la pensión; porque a consecuencia del aumento porcentual de la pensión en relación con el incremento al salario mínimo en el caso de las personas jubi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200394-afbed99e/i-controversia-constitucional-su-improcedencia-manifiesta-e-indudable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO (ARTÍCU (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO (ARTÍCU (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO (ARTÍCU (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO (ARTÍCU (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PENSIÓN POR JUBILACIÓN. PARA ACREDITAR EL CÓMPUTO MÍNIMO DE VEINTE AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PARA SU OTORGAMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 30 DEL MANUAL DE SEGURIDAD SOCIAL DEL C (II.1o.A.11 A (11a.))
- PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO AL PAGO DE LOS MONTOS VENCIDOS Y NO RECLAMADOS GENERADOS POR SU INCREMENTO (ARTÍCULO 104 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVI (XVIII.2o.P.A.39 A (11a.))
- PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. LA EXCEPCIÓN OPUESTA POR EL SEGURO SOCIAL PARA SU OTORGAMIENTO, FUNDADA EN LA FALTA DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS DEL TRABAJADOR, ES IMPROCEDEN (III.4o.T.25 L (10a.))
- PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLI (PC.XVIII.L. J/3 L (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis