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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO (ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN XV, 43, FRACCIÓN XIV, 54, FRACCIÓN VII, 55, 56, 57, 58, 65 Y 66 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, ASÍ COMO 67 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN RAZÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RESPECTIVO DECRETO Y DE QUE ÉSTE NO RESULTA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES (ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN XV, 43, FRACCIÓN XIV, 54, FRACCIÓN VII, 55, 56, 57, 58, 65 Y 66 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, ASÍ COMO 67 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO RESULTA EXTEMPORÁNEA EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS, QUE NO FUERON APLICADAS EN EL ACTO QUE SE COMBATE [ARTÍCULOS 1, 8, 43, FRACCIONES V Y XIII, 45, FRACCIONES III, IV Y XV, PÁRRAFO PRIMERO, INCISO C), 59, 60 A 64, 67 Y 68 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO 56 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO Y 109 DEL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO, TODOS DEL ESTADO DE MORELOS]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE EL PODER PROMOVENTE NO SEÑALÓ QUÉ PARTE DEL DECRETO ADOLECE DE INVALIDEZ, AL HABERSE IMPUGNADO EN SU TOTALIDAD. VII. PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS. VIII. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. IX. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. X. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO Y AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA QUE DETERMINEN EL PAGO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE REVISE SU SISTEMA LEGAL DE PAGO DE PENSIONES Y ESTABLEZCA UNO QUE NO TRANSGREDA LA AUTONOMÍA DE OTROS PODERES U ÓRDENES NORMATIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 244/2016. · Registro digital (IUS): 29344
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-03-06
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo I, Pág. 363.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 244/2016. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 22 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN SE RESERVÓ EL DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, autoridades demandadas y acto impugnado. Por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Carmen Verónica Cuevas López con el carácter de presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

1. Autoridades demandadas:

a) El Poder Legislativo del Estado de Morelos.

b) El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

c) El secretario de Gobierno del Estado de Morelos.

2. Actos cuya invalidez se reclama:

a) El Decreto 1282, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, que se impugna por sí y por vicios propios.

b) Los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V,(1) XIII(2) y XIV, 45, fracciones III,(3) IV(4) y XV, párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

c) Los artículos 56, fracción I y 67(5) de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos.

d) El artículo 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos.

SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron los siguientes:

1. Esta Suprema Corte, en diversas controversias constitucionales promovidas por Ayuntamientos del Estado de Morelos,(6) declaró la invalidez de los artículos 24, fracción XV y 57, último párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos por vulnerar el principio de libertad hacendaria municipal, mismos preceptos que se impugnan en esta controversia constitucional.

2. El presupuesto que le corresponde al Poder Judicial no ha tenido incremento a fin de ser acorde con sus necesidades reales, no obstante que se solicitó al Congreso del Estado la autorización para ampliar la partida presupuestal de jubilaciones y pensiones, sin que a la fecha la autoridad haya dado contestación a la petición. Por el contrario, en los ejercicios fiscales de dos mil quince y de dos mil dieciséis hubo una reducción al presupuesto del Poder Judicial.

3. El Decreto 1282, por el que se concedió pensión jubilatoria a ********* con cargo al presupuesto del Poder Judicial, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el treinta de noviembre de dos mil dieciséis.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. El Poder Judicial Local hace valer, en síntesis, lo siguiente:

1. El Congreso del Estado al emitir el Decreto 1282 vulnera los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 127 de la Constitución General, así como los artículos 92-A y 131 de la Constitución del Estado de Morelos, por determinar el otorgamiento de pensión por jubilación a cargo del presupuesto del Poder Judicial, sin que el Congreso Local ampliara el presupuesto necesario para cubrir la pensión en los términos del decreto, lo que afecta los principios de división de poderes, autonomía de gestión presupuestal e independencia.

De igual forma, resulta inconstitucional la aplicación de los artículos 24, fracción XV, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil local, así como por extensión de sus efectos por haberse alterado sustancialmente el sistema de pensiones, los numerales 1o., 8o. 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 al 68 del mismo ordenamiento legal, todos ellos en el decreto ahora impugnado.

En particular, los artículos 56, 57, apartado A, fracciones I, II y III, 58, fracción II, inciso d), de la Ley del Servicio Civil local y 67 de la Ley Orgánica para el Congreso local no reconocen el principio de autonomía de gestión presupuestal que tiene el poder actor, así como la potestad de regir las relaciones laborales con sus trabajadores que –incluye el otorgamiento de pensiones o jubilaciones–, todo lo cual vulnera la autonomía para definir el gasto público.

En ese sentido, sin intervención del Poder Judicial, el Congreso local emitió el decreto impugnado que obliga al poder actor a realizar el pago de la pensión por jubilación, disponiendo arbitrariamente de la hacienda pública, incluso indicando que en todos los casos, el pago de las pensiones operarán una vez que el trabajador se separe de sus labores, lo cual lo erige como resolutor cuando el trabajador goce de dos o más pensiones.

Asimismo, se aduce la violación de los principios de congruencia entre ingresos y egresos, fundamentación y motivación, independencia judicial, división de poderes y la prohibición de que se reúnan dos o más personas en una sola persona o corporación, previstos en los artículos 16, 17, 49 y 116, fracción III, todos de la Constitución General.

Por otra parte, si bien la Constitución exige que el régimen de pensiones debe estar previsto en las leyes laborales que expidan las Legislaturas Locales, ello no implica que el Congreso de Morelos tenga la facultad de evaluar el cumplimiento de los requisitos legales para el otorgamiento de una pensión respecto de un trabajador de otro poder estatal.

Al resolver la controversia constitucional 35/2000, este Tribunal Pleno sostuvo que la autonomía de gestión presupuestal es una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia. Así, si no es admisible que la Legislatura disminuya la remuneración de los juzgadores, tampoco es aceptable que el Congreso local determine la pensión de los empleados judiciales sin la intervención del Poder Judicial, quien fue el último empleador, y afectando su presupuesto.

En este sentido, en diversos fallos la Suprema Corte ha determinado que la vulneración a los principios de independencia y autonomía de gestión presupuestal de los Poderes Judiciales se actualiza cuando: i) en cumplimiento de una norma o bien de forma libre, se actualice una conducta imputable a alguno de los poderes legislativo o ejecutivo, y ii) que tal conducta implique una intromisión en la esfera de competencia del Poder Judicial o que los otros poderes realicen actos que coloquen al Poder Judicial en un Estado de dependencia o subordinación respecto a él. Por ello, la Legislatura Local al determinar el otorgamiento de pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial constituye un acto intromisivo, dependiente y subordinado que afecta la rama judicial.

En efecto, de los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil local –fundamentos del decreto impugnado– se desprende que el Congreso Local será el órgano resolutor en materia de pensiones, ya que fija los casos en que procede el pago de pensiones de los trabajadores judiciales, establece la cuantía de la pensión, y en caso de que el trabajador goce al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del gobierno o Municipio, el Congreso local será la instancia en que requiera al interesado para que opte por alguna de ellas, y en caso de no elegir, la determinación recae en el propio Congreso, todo lo cual incide en la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial.

Lo anterior, se reafirma con lo resuelto en las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, en las cuales se sostuvo la transgresión al principio de autonomía en la gestión de la hacienda pública, por el hecho de que el Congreso local sin intervención de cualquier otra autoridad, y atendiendo exclusivamente a la solicitud del interesado, decretara las pensiones previstas en la Ley del Servicio Civil, así como el monto de la misma.

No pasa inadvertido que la Constitución facultó a los Poderes Judiciales para ejercer de forma directa los recursos de su hacienda, sin intermediarios, situación que no consideró el primer párrafo del artículo 56 y último párrafo del artículo 57 en relación con el último párrafo del numeral 66 de la Ley del Servicio Civil local, los cuales por extensión de sus efectos, se solicita su invalidez.

2. Reitera que el Decreto 1282 y los preceptos que lo fundamentan vulneran el principio de división de poderes, las garantías de independencia y autonomía judicial, previstas en los artículos 49 y 116, fracción III, de la Constitución General.

Asimismo, se señala que de los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Local; 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos; y 56, 57, apartado A, fracción I, inciso d), 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil local se advierte que: 1) es facultad del Congreso Estatal emitir leyes, acuerdos o decretos como el impugnado; 2) es atribución de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso Estatal el conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios; así como realizar la investigación tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de ese derecho; y, 3) el Congreso local está facultado para expedir decretos de pensiones a favor de los trabajadores de los diversos Poderes Estatales, incluso del Judicial.

No obstante lo anterior, es el Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos la instancia encargada de aplicar, vigilar y reglamentar el gasto público del Poder Judicial, en términos del artículo 117, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

En este sentido, el Decreto 1282 actualiza una intromisión, dependencia y/o subordinación del Poder Judicial local por parte del Congreso local, lo cual conlleva una transgresión al principio de división de poderes que consagra el artículo 116 de la Constitución Federal, por lo que el decreto impugnado carece de validez constitucional al entrometerse directamente en la ejecución y aplicación del presupuesto del Poder Judicial local.

Si bien el Poder Judicial está obligado al pago de pensiones, lo cierto es que la Ley del Servicio Civil que faculta al Congreso local para determinar mediante decreto las pensiones de los trabajadores, vulnera el principio de autonomía de gestión y de división de poderes, máxime que la Legislatura no dota de recursos adicionales para solventar estas obligaciones.

3. Se combate el contenido del artículo 3o. del Decreto 1282 porque establece que el monto de la pensión debe calcularse con base en el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos.

Lo anterior genera incertidumbre jurídica pues toma como indicador para el aumento de la pensión el salario mínimo fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuando en realidad el incremento depende de que la partida respectiva sea autorizada en el presupuesto de egresos, de modo que, si éste no contempla algún incremento se hace nugatorio lo ordenado en el decreto impugnado.

Máxime que el Decreto 1282 no cuenta con un factor o indicador que defina o permita prever o requerir una cifra debidamente afianzada en datos duros como lo sería el índice nacional de precios de diciembre del año anterior, y así proporcionar los recursos dinerarios suficientes para no colocar al Poder Judicial en desestabilización económica al tener que cubrir los aumentos de las pensiones a su cargo y al mismo tiempo no disminuir los salarios de Jueces y Magistrados.

Solicita declarar la invalidez del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil de la entidad al no estar acorde a la realidad constitucional y ser incompatible con la Ley del Seguro Social que no considera al salario mínimo como referente para incrementar el monto de las pensiones sino el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año inmediato anterior, ello para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión; tal situación provoca inestabilidad económica al Poder Judicial, situación que afecta su autonomía financiera. Incluso, existe una diferencia y desigual percepción salarial entre el personal en retiro y activo. Los Magistrados en retiro y sus homólogos activos, aun cuando los primeros se hayan jubilado con un ingreso menor, en virtud de los aumentos automáticos actualmente tienen un pago superior a los Magistrados activos, situación que lacera la correcta administración de justicia que incluye la sanidad de las finanzas del Poder Judicial, pues se implementan recursos no programados, lo que implica una violación a la irreductibilidad salarial de Jueces y Magistrados.

Por otra parte, el artículo 3o. del decreto altera el debido funcionamiento del Poder Judicial porque incluye en el monto de la pensión, los rubros de prestaciones y asignaciones, sin precisar a qué prestaciones hace referencia, esto ocasiona que el personal en retiro sea equiparado al personal en activo.

En efecto, además de incluir en la pensión la prestación, el Poder Judicial continua aportando las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social a que se encuentran afiliados los trabajadores para que accedan a una nueva pensión a cargo del Poder Judicial. Sin embargo, el derecho a la afiliación a algún organismo de seguridad social sólo subsiste respecto del personal en activo, conservando los trabajadores en retiro el derecho a continuar voluntariamente afiliados pero el importe total de las cuotas obrero-patronales serán a cargo de éste.

4. Aduce que se irroga un perjuicio al Poder Judicial en relación con los artículos 126 y 134 constitucionales, porque no se consideró otorgar recursos para hacer frente a los pagos derivados del decreto de pensión impugnado, asimismo, es inválido establecer en el decreto impugnado el aumento de la pensión conforme al salario mínimo ya que el porcentaje en que se ha aumentado en los últimos años es superior al tres por ciento que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

CUARTO.—Artículos que se estiman violados. El promovente estimó violados los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución General.

QUINTO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de dos de enero de dos mil diecisiete, el Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 244/2016; asimismo, ordenó remitir el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo.

En proveído de tres de enero de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas a fin de que formularan su contestación y dio vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO.—Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. En síntesis el Congreso del Estado contestó lo siguiente:

a) Causas de improcedencia.

Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con la fracción I, inciso h), del artículo 105 de la Constitución General, por falta de interés legítimo del poder actor.

La expedición del Decreto 1282, por el que se otorga la pensión por jubilación, no pretende de forma alguna ejercer directamente los recursos que integran el presupuesto del Poder Judicial cuyo ejercicio es exclusivo de este poder, además de que las facultades de programar, presupuestar y aprobar el instrumento presupuestal corresponden al Poder Judicial. El Congreso local está consciente que la falta del ejercicio exclusivo de los recursos por el poder actor, tornaría nugatorio el principio de autonomía presupuestaria.

Así, con fundamento en los artículos 123, apartado B, de la Constitución General, 40, fracción XX, de la Constitución local y 54, fracción VII, 56 al 68 de la Ley del Servicio Civil de Morelos, el Congreso Local cuenta con las facultades para expedir los decretos que se otorguen a los trabajadores del Gobierno del Estado. En consecuencia, el Congreso local no invade la autonomía presupuestaria que aduce el poder actor.

El poder actor tiene la obligación constitucional de tener una partida en el presupuesto de egresos para solventar el pago de pensiones, no siendo válido cuando alega que con motivo de su autonomía el Poder Judicial puede decidir o no contar con tal partida, puesto que al ser el beneficiario del trabajo subordinado está obligado a cubrir el salario y las prestaciones que devienen por los servicios prestados, en términos del artículo 123 constitucional.

Asimismo, el artículo 127 de la Constitución establece los derechos y obligaciones de los trabajadores al servicio del Estado, en particular, en las fracciones IV y VI que disponen la forma en que se concederán las jubilaciones y pensiones.

Por tales razones, la controversia constitucional es improcedente puesto que el Poder Judicial es el principal obligado en cubrir las prestaciones en materia de seguridad social a sus trabajadores.

b) Contestación de los conceptos de invalidez.

1. En cuanto al primer concepto de invalidez es infundado.

El decreto impugnado fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que establece el procedimiento para la obtención de una pensión, así como los derechos que tienen los trabajadores y los sujetos obligados en cumplir las prestaciones en materia de seguridad social.

En el caso, ********** solicitó ante el Congreso local el otorgamiento de su pensión por jubilación, la cual fue concedida al haber cumplido con los requisitos que prevé la Ley del Servicio Civil, sin que hubiera razón alguna para que el Congreso local negara la solicitud al tener la obligación de emitir el decreto respectivo, en términos de los artículos 40, fracciones II y XX de la Constitución de Morelos y 57 de la Ley del Servicio Civil local.

Por otra parte, resulta improcedente la controversia constitucional, ya que el Poder Judicial no hace referencia sobre qué parte del decreto adolece de validez, y únicamente combate el decreto pero no la parte considerativa del mismo, razón por la cual es improcedente la reclamación del poder actor.

Contrario a lo sostenido por el poder actor, no se vulnera el artículo 16 constitucional en cuanto a la motivación y fundamentación del decreto impugnado.

El artículo 127, fracción IV, de la Constitución General establece que las Legislaturas Locales tienen la obligación de consignar en sus leyes laborales el mecanismo para que los trabajadores al servicio del Estado accedan a las prestaciones en materia de seguridad social, por lo que tal mandato constitucional debe ser atendido, sin que esto signifique que sean los órganos legislativos los que deban otorgar las pensiones.

En consecuencia, el principio de división de poderes no resulta violado, puesto que el decreto combatido no atenta la integridad e independencia del Poder Judicial de Morelos, sinoquesólorespeta los derechos laborales de los trabajadores. Tampoco hay una intromisión, dependencia o subordinación por parte del Poder Legislativo en las actividades propias del Poder Judicial, como es la administración de justicia que ha sido desempeñada hasta el momento en forma autónoma e independiente sin intervención.

2. Es inoperante el segundo concepto de invalidez.

El Congreso no ha vulnerado la autonomía presupuestal del poder actor, dado que no se ha afectado alguna partida presupuestal y, por ende, la función de impartición de justicia.

Por otra parte, no se vulnera el principio de división de poderes ni las garantías institucionales a favor de los tribunales locales, puesto que la autonomía e independencia del Poder Judicial están garantizadas en la Constitución y su ley orgánica.

De la interpretación sistemática de los artículo 40, fracción II y 50 de la Constitución Local, 3 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, y 56, 57 y 64 de la Ley del Servicio Civil del Estado, se concluye que el Congreso del Estado de Morelos es el único que tiene la facultad para sustanciar el trámite en el que determine por decreto el pago de la pensión, así como para aclarar, reformar, derogar o abrogar, las leyes y los decretos, como el decreto de pensiones de los servidores públicos del Estado de Morelos. Por ello, el Poder Judicial sólo constituye un órgano de ejecución del cumplimiento del Decreto 1282.

Si bien el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil –que faculta al Congreso local a emitir los decretos en materia de pensión– fue declarado invalido,(7) lo cierto es que el Congreso Local aún está en posibilidad de resolver sobre la procedencia respecto a la ejecución del decreto en el que se otorgó la pensión impugnada.

En cuanto a la inconstitucionalidad de los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 55, 56 a 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, fueron aplicados con anterioridad al decreto que se combate, por lo que no constituye el primer acto de aplicación, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Ver cuadro

Aunado a lo anterior, el Poder Judicial no formuló reclamo particular respecto de los artículos citados ni conceptos de invalidez, sólo los menciona en virtud de que forman parte del sistema de pensiones local, por lo que debe sobreseerse este medio de control constitucional. Siendo aplicable la tesis P. VI/2011, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO."

Por último, el artículo 49 de la Constitución que consagra el principio de división de poderes solamente es aplicable al ámbito federal al referirse a los poderes federales, por lo que no hay violación a este precepto como lo aduce el promovente.

SÉPTIMO.—Contestación del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno del Estado de Morelos. En forma coincidente manifestaron lo siguiente:

a) Causas de improcedencia

Señala que el poder actor carece de legitimación ad causam por no ser titular del derecho que pretende hacer valer, puesto que la autoridad demandada no ha realizado acto alguno que invada la competencia del Poder Judicial, siendo por esta razón que el Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno del Estado carecen de legitimación pasiva.

b) Conceptos de invalidez

Como planteamiento previo, el Poder Judicial no formula conceptos de invalidez en los que reclame por vicios propios a los actos de promulgación y publicación atribuido al Poder Ejecutivo, por lo que es falso que esta autoridad vulnere en perjuicio del Poder Judicial las disposiciones constitucionales supuestamente violadas; además, estos actos se realizaron con apego a las atribuciones constitucionales y legales concedidas a esta autoridad.

Asimismo, los actos de autoridad gozan de presunción de validez, por lo que los conceptos de invalidez deben calificarse de inatendibles e inoperantes ante la inexistencia de argumentos que justifiquen su petición.

1. Es infundado el primer concepto de invalidez puesto que no se vulnera la autonomía hacendaria ni la libre administración de ésta.

El legislador morelense cuenta con plena libertad de configuración, por lo que ha dispuesto en los artículos 40, fracción II, de la Constitución Local y 53, 57 y 67 de la Ley Orgánica del Congreso establecer la facultad del Congreso del Estado de expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes y los decretos, como es, el decreto de pensiones de los servidores públicos del Estado de Morelos.

Los Poderes del Estado y los Municipios prevén en sus presupuestos respectivos el rubro de pensiones, por lo que el decreto de pensión sólo constituye un acto declarativo que atiende el derecho a la seguridad social del trabajador.

En este sentido, una pensión constituye una prestación económica que forma parte de los beneficios a los que tiene derecho un trabajador cuando deja de prestar sus servicios y obtiene su jubilación, cuando se cumplen los requisitos marcados por la ley.

El artículo 123, apartado A, de la Constitución establece los distintos seguros y medidas de seguridad social encaminados a la protección y bienestar de los trabajadores y sus familias. Estas pensiones son otorgadas por el Estado, con independencia de la afiliación del trabajador que le permite acceder a las pensiones, prestaciones, seguros y servicios que se otorguen a través de las instituciones de seguridad social.

Conforme a lo anterior, la Ley del Servicio Civil local establece las medidas y prerrogativas para los trabajadores en el desempeño de su labor, y en su caso, tengan a bien jubilarse, para ello establecen los medios y parámetros para determinar este seguro ya sea de invalidez, de vejez, de vida, de cesantía involuntaria, de trabajo, de enfermedades y de accidentes, todo en estricta relación con el artículo 123 constitucional.

De esta forma, el decreto impugnado no constituye una transgresión a la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial. Asimismo, el acto impugnado y las normas en que se funda están apegadas al orden constitucional, porque no hay invasión al ámbito de facultades a favor del poder actor.

Se menciona que existen diversas pensiones a cargo del Poder Judicial, emitidas por el Congreso local con fundamento en las leyes que se controvierten en esta controversia, las cuales no fueron impugnadas.

Ver diversas pensiones

Derivado de lo anterior, el Poder Judicial ha consentido la emisión de tales decretos y en consecuencia las normas en los que se fundan los mismos, por lo que debe sobreseerse en este medio de control constitucional.

Se destaca que el tema de las pensiones a cargo de los Poderes del Estado o Ayuntamientos ha resultado ser problemático, porque a diferencia del sistema de financiamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social en el que la fuente de recursos es tripartido, en el Estado de Morelos las pensiones sólo tienen como fuente de ingresos al erario público. Dicha situación ha provocado que el erario estatal y municipal sea insuficiente para solventar sus obligaciones, por lo que no puede pasar inadvertido para el legislador. Sin menoscabo de lo anterior, se estima que el decreto impugnado respeta los derechos de los trabajadores reconocidos en la legislación aplicable.

OCTAVO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.

NOVENO.—Cierre de la instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución y, se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO.—Radicación. Previo dictamen del Ministro instructor, la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y los autos le fueron devueltos para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, a contrario sensu, y punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial del Estado de Morelos y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.—Fijación de los actos y normas impugnadas. Procede la fijación de los actos objeto de la controversia constitucional.

En su escrito de demanda, el Poder Judicial de Morelos señala como actos impugnados en el apartado respectivo, los siguientes:

- Los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil de Morelos, así como por extensión de sus efectos por haberse alterado sustancialmente el sistema de pensiones, los numerales 1, 8, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, en su párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57 al 68 del mismo ordenamiento legal.

- El artículo 56, fracción I (sic) de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos.(8)

- El artículo 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos.

- El Decreto 1282, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, que otorga pensión por jubilación a ********** con cargo al presupuesto del Poder Judicial de Morelos.

Sin embargo, esta Sala advierte de la lectura de los conceptos de invalidez que el Poder Judicial actor también plantea la inconstitucionalidad de las fracciones V y XIII del artículo 43, las fracciones III y IV del artículo 45 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como el numeral 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, por lo que deben tenerse con el cará

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29344-7d1eb12a/i-controversia-constitucional-su-improcedencia-manifiesta-e-indudable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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