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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES QUE NO SE APLICARON POR PRIMERA OCASIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO (ARTÍCULOS 55, 56, 57, 58 Y 66 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y 67 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO RESULTA EXTEMPORÁNEA EN RELACIÓN CON LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS, QUE NO FUERON APLICADAS EN EL ACTO QUE SE COMBATE (ARTÍCULOS 1, 8, 43, FRACCIONES V Y XIII, 45, FRACCIONES III Y IV, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67 Y 68 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, 56 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS Y 109 DE SU REGLAMENTO, TODOS DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. IV. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO Y AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA QUE DETERMINEN EL PAGO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE REVISE SU SISTEMA LEGAL DE PAGO DE PENSIONES Y ESTABLEZCA UNO QUE NO TRANSGREDA LA AUTONOMÍA DE OTROS PODERES U ÓRDENES NORMATIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGÓ UNA PENSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 126/2017. · Registro digital (IUS): 200385
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 126/2017. PODER JUDICIAL DE MORELOS. 22 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN SE RESERVA SU DERECHO DE FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 126/2017, promovida por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos en contra de un decreto legislativo mediante el cual se otorgó una pensión por jubilación a un servidor público a cargo del presupuesto del Poder Judicial de la entidad federativa.

I. Antecedentes y trámite del asunto

1. Interposición de la demanda. El seis de abril de dos mil diecisiete, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, quien se ostentó como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, promovió una demanda de controversia constitucional en representación del mencionado Poder (de ahora en adelante el "Poder actor"), en la que impugnó de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, lo siguiente:

i) Por un lado, la invalidez del Decreto Número "1446", publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por medio del cual, el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto del Poder Judicial de la entidad.

ii) Por otro lado, al ser normas aplicadas en el referido decreto, la invalidez de los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante Decreto "218", publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dieciséis de enero de dos mil trece.

iii) Asimismo, al formar parte de una estructura normativa, la invalidez de los artículos 1, 8, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, párrafo primero, e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, y 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 56, fracción I, y 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos (sic),(1) publicada en el periódico local el nueve de mayo de dos mil siete, y 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, publicado en el citado medio de difusión local el doce de junio de dos mil siete.

2. Como antecedentes, se señaló que el Poder Judicial no ha tenido un incremento presupuestal desde el ejercicio dos mil trece que se asignaron recursos del orden de $********** (********** pesos) y que, en cambio, se ha solicitado a la Legislatura del Estado de Morelos una ampliación presupuestal para cubrir el pago de jubilaciones y pensiones, misma que no ha sido autorizada ni asignada.

3. Bajo ese contexto, es que el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el referido Decreto "1446", a través del cual, el Poder Legislativo Local otorgó la citada pensión por jubilación a un servidor público del Estado –equivalente al sesenta por ciento de su último salario percibido– con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor.

4. Trámite de la demanda. Al respecto, el seis de abril de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de la Suprema Corte tuvo por recibida la demanda, ordenó formar y registrar el expediente como 126/2017 y, por razón de turnó, designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

5. En consecuencia, el Ministro instructor, por acuerdo de siete de abril siguiente, admitió la demanda por lo que hace a los citados actos, determinando el carácter de autoridades demandas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario general de Gobierno, todos del Estado de Morelos. Consecuentemente, los emplazó para que dieran contestación a la demanda, señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad. Además, ordenó dar vista del asunto al procurador general de la República para que manifestara lo que a su interés conviniera.

6. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el Poder actor sostuvo los siguientes razonamientos:

a) El decreto impugnado viola los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 127 de la Constitución Federal; así como los artículos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Estatal.

b) Lo anterior, dado que el Congreso Local, al otorgar la pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial sin proveer la ampliación del presupuesto para cubrir esa prestación laboral, afecta el presupuesto del Poder actor violando el principio de división de poderes, autonomía e independencia previstos en los artículos 40, 41, 49, 116 y 133 constitucionales.

c) Añade que se transgreden los artículos 32, séptimo párrafo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Local, en virtud de la aplicación de las normas que permiten a la Legislatura Local emitir el citado decreto, en aplicación del último párrafo del artículo 24, fracción XV, 57, último párrafo, 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como por extensión de sus efectos por haberse alterado sustancialmente el sistema de pensiones, los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero, e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, y 57 al 68 de la misma norma legal.

d) Los artículos aplicados en el decreto impugnado, 56 y 57, apartado A), fracciones I, II y III, y 58, fracción I, inciso d), de la Ley del Servicio Civil, así como el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso Local, no reconocen la autonomía de gestión presupuestal (artículos 17, párrafo V, y 116, constitucionales), y la potestad de regir las relaciones laborales con sus trabajadores (artículo 123, apartado B, constitucional), para otorgar pensiones o jubilaciones y, en consecuencia, la autonomía para definir el gasto público a través de su presupuesto de egresos, en el que pueda incluir de manera planificada y programada el pago de dichas prestaciones laborales, sin injerencia de ninguna otra autoridad estatal.

e) El Congreso emitió el decreto impugnado, sin autorización o intervención del Poder actor, en el cual se obliga al Poder Judicial a realizar el pago de la pensión por jubilación disponiendo de manera arbitraria de la hacienda pública del Poder actor, lo que es posible apreciar con la redacción actual del decreto impugnado "... dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones". Lo que acredita la ausencia de análisis racional en torno a la capacidad y disponibilidad de recursos en la partida a que se remite el pago de la pensión.

f) La autoridad demandada se entromete en la disposición del presupuesto del Poder Judicial, al determinar que se cubra con cargo a la insuficiente partida presupuestal destinada para pensiones del Poder actor, vinculándolo a realizar el pago de pensiones como ocurre con el ciudadano **********, sin si quiera verificar la suficiencia de recursos presupuestales ni el impacto en las arcas del Poder Judicial, disponiendo de manera arbitraria de la hacienda de dicho Poder, al imponerle cubrir oportunamente una jubilación.

g) Agrega que, a pesar de que existe la obligación de que la ley contemple y regule las pensiones de los trabajadores estatales o de los Poderes del Estado de Morelos, en los artículos impugnados se autorizó al Congreso del Estado a emitir decretos jubilatorios de trabajadores de otros Poderes Estatales, lo cual se aparta del principio de autonomía de la gestión presupuestaria que consagran los artículos 17, párrafo V, y 116, fracción III, de la Constitución.

h) Añade que, al resolver la controversia constitucional 35/2000, este Alto Tribunal consideró que la autonomía presupuestal es una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores.

i) Con los artículos impugnados se actualiza una violación, en todos los grados, al principio de división de poderes. Se entromete en la independencia del Poder Judicial, pues sin la intervención de éste, emite un decreto jubilatorio con impacto total en el presupuesto de egresos del Poder actor. Torna dependiente al Poder Judicial, porque se impide que tome decisiones o actúe de manera autónoma, la Legislatura Local trata al Poder actor como subalterno, en tanto lo compele a pagar en forma mensual, con cargo a su partida presupuestal destinada para pensiones, sin otorgar la ampliación presupuestal respectiva. Se subordina al Poder actor al obligarlo a cubrir una pensión al setenta y cinco por ciento del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que la trabajadora se separe de sus labores. Se ordena al Poder actor y además se cuantifica el monto de la pensión.

j) Se demuestra la intromisión con el contenido del artículo 56 de la ley impugnada, que señala: "Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 54 de esta ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esta ley y los demás ordenamientos aplicables.". De igual forma, cuando refiere en su artículo segundo que la pensión decretada deberá cubrirse al sesenta por ciento del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquel en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial actor.

k) Además, que de las normas impugnadas se desprende que el Congreso Local será el órgano resolutor en materia de pensiones, dada la facultad a expedir los decretos relativos como el impugnado, lo que vulnera la autonomía de gestión presupuestal prevista en el artículo 116, fracción III, constitucional, al autorizar una intromisión del Poder Legislativo en las decisiones del Poder actor.

l) Los artículos impugnados otorgan una atribución que lesiona la hacienda pública del Poder actor y, en consecuencia, su autonomía de gestión en el manejo de sus recursos, pues la Legislatura fijará los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones de los trabajadores judiciales, así como la cuantía y, además, que en los casos cuando el trabajador goce al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del Gobierno o Municipio, será el Congreso Local y no el Poder actor quien requiera al trabajador para que dentro de treinta días naturales opte por una de ellas, más aún en caso de que no determine la pensión que debe continuar vigente, la misma Legislatura concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador.

m) Señala que el mandato constitucional determina que las Legislaturas Estatales tienen la obligación de consignar en sus leyes laborales locales, los procedimientos necesarios para que sus trabajadores puedan gozar de pensión por jubilación; así se cumple con lo contenido en el artículo 127 de la Constitución, en el que se reconoce que las pensiones, jubilaciones o haberes de retiro podrán ser asignadas, además de la ley, en decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, sin que signifique que sean órganos legislativos los encargados a otorgarlas.

n) Por otro lado, señala que en las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, se resolvió como una transgresión al principio de autonomía en la gestión de la hacienda pública, que el Congreso Local, sin la intervención de cualquier otra autoridad y atendiendo exclusivamente a la solicitud del interesado, pueda decretar alguna de las pensiones determinadas en la Ley del Servicio Civil estatal, determinando el monto correspondiente.

o) Añade que de la normativa impugnada, no se deriva explicación de por qué si los trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con el Poder actor, corresponde a una autoridad ajena, como lo es el Congreso Local, evaluar que se cumpla con todos los requisitos exigidos para que el trabajador se vea beneficiado con una de las distintas pensiones que menciona la ley y con cargo a la hacienda pública del Poder Judicial del Estado, el cual no cuenta con una partida presupuestal para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete en el rubro de pensiones y jubilaciones, pues la Legislatura Local ha sido omisa en autorizar una ampliación presupuestal para que el Poder actor pueda cubrir las pensiones al personal que en dicho ejercicio viene jubilándose.

p) La Constitución Federal facultó a los Poderes Judiciales a ejercer en forma directa los recursos de la hacienda, sin intermediarios, situación que no consideró el primer párrafo del artículo 56 y último párrafo del numeral 57, en relación con el último párrafo del ordinal 66, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado, los cuales, por extensión de sus efectos, solicita su invalidez.

q) Cita en apoyo a sus argumentaciones, los criterios jurisprudenciales de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES, PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.", "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES." y "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS."

r) Se vulnera la autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial, al ordenar el pago de las prestaciones que refiere el decreto impugnado, sin haber proporcionado previamente ese recurso económico, implica necesariamente una afectación a la autonomía presupuestal. Cita en apoyo la tesis de rubro: "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES."

s) De los artículos 44 y 70, fracción XVII de la Constitución Local; 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos; y 56, 57, apartado A, fracción I, inciso d) (sic),(2) 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil de esa entidad federativa, se advierte que: i) es facultad del Congreso Estatal emitir leyes, acuerdos o decretos como el impugnado; ii) es atribución de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso Estatal el conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios; así como realizar la investigación tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de ese derecho; y, iii) el Congreso Local está facultado para expedir decretos de pensiones a favor de los trabajadores de los diversos Poderes Estatales, incluso del Judicial.

t) Por otra parte, el contenido de la fracción XVII del artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos dispone que es el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, el encargado de aplicar, vigilar y reglamentar el gasto público de dicho Poder. Así, el decreto combatido genera una dependencia y subordinación del Poder Judicial al Poder Legislativo, al entrometerse este último directamente en la ejecución y aplicación del presupuesto del Poder Judicial, lo que conlleva una transgresión al principio de división de poderes que consagra el artículo 116 de la Constitución Federal, por lo que el decreto impugnado carece de validez constitucional.

u) El artículo tercero del decreto impugnado viola los artículos 16, 116, fracción III, 126 de la Constitución Federal y 134 y 131 de la Constitución Local, por disponer arbitrariamente el aumento automático del importe de la pensión en relación con el incremento porcentual del salario mínimo. Se vulnera la garantía de seguridad jurídica, división de poderes, autonomía e independencia judicial, la limitante de realizar pago alguno que no esté contemplado en el presupuesto de egresos respectivo; el ejercicio eficiente de los recursos para satisfacer los objetivos a que están destinados.

v) El Poder Judicial no niega la obligación de hacer frente a la obligación del pago de la pensión; sin embargo, para poder dar cumplimiento requiere de presupuesto suficiente que no puede estar supeditado a la potestad del órgano legislativo, del cual no se tiene la certeza del monto que otorgará, y más aún porque es creciente el número de trabajadores que han decidido pensionarse.

w) El artículo tercero del decreto impugnado genera incertidumbre jurídica cuando indica que el monto de la pensión será calculado tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general, ya que si bien el presupuesto de egresos va considerado un incremento salarial, éste no va en función de lo que se determine para el salario mínimo, puesto que el primero depende del propio presupuesto de egresos autorizado y el segundo por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

x) Se genera inseguridad jurídica al no contar con un factor o indicador que defina o permita prever o requerir una cifra debidamente afianzada en datos duros como lo sería el índice nacional de precios de diciembre del año anterior, para de este modo proporcionar los recursos dinerarios suficientes para no colocar al Poder Judicial en desestabilización económica al tener que cubrir los aumentos de las pensiones a su cargo y al mismo tiempo no disminuir los salarios de Jueces y Magistrados.

y) Solicita declarar la invalidez del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil de la entidad, al no estar acorde a la realidad constitucional y ser incompatible con la Ley del Seguro Social que no se refieren a aumento al salario mínimo como referente para incrementos de las pensiones, sino al índice Nacional de Precios al Consumidor del año inmediato anterior, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión, lo que provoca inestabilidad económica al Poder Judicial, situación que afecta su autonomía financiera. Incluso, existe una diferencia y desigual percepción salarial entre el personal en retiro y activo. Los Magistrados en retiro y sus homólogos activos, aun cuando los primeros se hayan jubilado con un ingreso menor, en virtud de los aumentos automáticos actualmente tienen un pago superior a los Magistrados activos, situación que lacera la correcta administración de justicia que incluye la sanidad de las finanzas del Poder Judicial, pues se implementan recursos no programados, lo que implica una violación a la irreductibilidad salarial de Jueces y Magistrados.

z) Finalmente, se irroga un perjuicio al Poder Judicial, en relación con el artículo 134 constitucional, porque no se consideró otorgar recursos para hacer frente a los pagos derivados del decreto de pensión impugnado, asimismo, es inválido establecer en el decreto impugnado el aumento de la pensión conforme al salario mínimo, ya que el porcentaje en que se ha aumentado en los últimos años es superior al tres por ciento que establece la Ley de Disciplina Financiera.

7. Contestaciones de la demanda. El Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno rindieron sus contestaciones, argumentando, en síntesis y coincidentemente, lo que se expone a continuación:

a) En principio, opone la excepción de falta de legitimación ad causam del Municipio actor, ya que el Poder Ejecutivo no ha realizado acto alguno que invada la competencia y, correlativamente, alude a la actualización de la ausencia de legitimación pasiva en el asunto.

b) Señala que el Poder Judicial actor reclama la invalidez del decreto por sí y por vicios propios; sin embargo, no formula conceptos de invalidez que combatan dichos vicios respecto de los actos de promulgación y publicación atribuidos al Poder Ejecutivo.

c) Enfatiza que el Poder Ejecutivo, al promulgar y publicar el decreto, no incurrió en violación, sino que se apegó a los preceptos constitucionales locales y a la ley orgánica de la entidad.

d) Retoma lo relativo a la libertad de configuración de los Estados y división de poderes dentro de un estado social y encuadra dentro de éstas, el decreto de pensión consiste meramente en un acto declarativo, conforme al derecho del trabajador, a la seguridad social y de acuerdo a las hipótesis y porcentajes respectivos.

e) Señala que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece las medidas y prerrogativas para los trabajadores en el desempeño de su labor como servidores públicos que decidan jubilarse en estricta relación con la fracción XXIX del apartado A del artículo 123 y demás disposiciones del apartado B de la Constitución.

f) Enfatiza que existen diversas pensiones a cargo del Poder Judicial actor, emitidas por el Poder Legislativo y fundamentadas en los ordenamientos reclamados en la presente controversia constitucional, y en las cuales el Poder actor no promovió controversia constitucional, por lo que, incluso, se encuentra pagando en la nómina de jubilados los casos antes mencionados.

g) Por otro lado, establece que debe tomarse en cuenta la problemática financiera por la que atraviesa el erario estatal y municipal. Por lo que el Poder Legislativo debe considerar el tema como asunto de relevancia y realizar las valoraciones financieras que no comprometan al presupuesto estatal y municipal venidero pues considerar el pago del cien por ciento del salario como activo y prestaciones adicionales a un trabajador supone que el costo se mantenga a cargo del erario.

h) Si bien enfatiza la necesidad de reformar el sistema de pensiones, establece que el acto legislativo –materia de la presente controversia– respeta los derechos de los trabajadores reconocidos por la legislación aplicable.

i) Concluye, dado que el decreto no invade el ámbito de facultades constitucionalmente otorgadas a favor del Poder actor, debe sobreseerse la controversia por improcedente.

8. Contestación de la demanda por el Poder Legislativo. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, el doce de junio de dos mil diecisiete, dio contestación de la demanda en los términos siguientes:

a) La controversia constitucional es improcedente, pues el acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Judicial, por tanto, la actora carece de interés legítimo para promover el presente medio de control de constitucionalidad.

b) El Poder actor no puede aducir válidamente que debido a su autonomía municipal es su facultad decidir no contar con la partida para el pago de pensiones pues, al ser recipiente de un trabajo subordinado, está obligado a cubrir los salarios y las prestaciones a cambio del servicio recibido. Así, la controversia es improcedente, pues el Poder actor está obligado a cubrir sus obligaciones en materia de seguridad social.

c) Establece que el decreto impugnado fue dictado con base en la Ley de Servicios del Estado de Morelos, la cual señala el procedimiento para que los trabajadores de los Poderes del Estado puedan obtener una pensión. Por lo que resulta apegado a la normativa aplicable y no se violentan los requisitos de fundamentación y motivación.

d) Enfatiza que el Poder actor en ningún momento precisó qué parte del decreto adolece de validez, sino que alegó que el acto de invalidez es el decreto en sí mismo, por lo que resulta improcedente la reclamación planteada.

e) Señala que el decreto tampoco violenta el principio de división de poderes, puesto que fue dictado conforme a los artículos 55, 57 y 58 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos, lo que no atenta contra la integridad e independencia del Poder Judicial del Estado de Morelos, sino que se respetan los derechos laborales del trabajador.

f) Añade que el principio previsto en el artículo 49 constitucional, no resulta aplicable en el ámbito estatal, pues se refiere al ámbito federal. Así, no existe en el caso una violación a este precepto constitucional.

g) En ese sentido, establece que no existe intromisión, dependencia o subordinación en el Poder Judicial actor, pues no se señala cómo administrar justicia a los gobernados o se le impone una determinada conducta.

h) Señala que el Poder Legislativo tampoco vulneró la autonomía presupuestal del Poder Judicial Local, pues no se afectó ninguna partida presupuestal y, en consecuencia, las actividades encomendadas en el artículo 17 constitucional, relativas a la impartición de justicia, no se ve involucrada o transgredida.

i) Agrega que, de conformidad con el artículo 116, fracción III, de la Constitución, los Magistrados y Jueces encargados de la administración de justicia deben ser independientes y que esta independencia debe estar garantizada por las Constituciones Estatales y las Leyes Orgánicas de los Poderes Judiciales. En ese contexto, el Poder Judicial del Estado de Morelos es autónomo.

j) Considera que, conforme a los artículos 40, fracción II, y 50 de la Constitución Local, 3 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 56, 57 y 58 de la Ley de Servicio Civil local, se desprende que el Congreso es el único facultado para sustanciar el trámite en el que se determine por decreto el pago de la pensión, así como para aclarar, reformar, derogar o abrogar tal determinación. En ese contexto, el Congreso actuó conforme a las facultades que se le otorgaron.

k) Respecto a la alegada inconstitucionalidad de los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, en su párrafo primero, e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Servicio Civil local, señala que estos preceptos no fueron aplicados por primera vez en el decreto impugnado, sino que fueron utilizados y aplicados en decretos anteriores al impugnado. Así, debe establecerse el sobreseimiento.

l) Concluye que el Decreto "1425" debe declararse constitucional.

9. Referencia a la opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente.

10. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el quince de agosto de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por no interpuestos los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

11. Radicación. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó el primero de septiembre de dos mil diecisiete remitir el expediente a la Primera Sala de esta Suprema Corte, para su radicación y resolución, misma que se abocó a su estudio por auto de cinco de septiembre siguiente.

II. Competencia

12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.

III. Precisión de los actos y normas impugnadas

13. Esta Primera Sala considera necesario precisar los actos impugnados, porque adicionalmente a los artículos indicados de manera expresa en el apartado de la demanda denominado: "IV. La norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como el medio oficial en que se hubieran publicado: ...", el Poder actor impugnó distintos artículos en los conceptos de violación.

14. En este sentido, de la lectura integral del oficio de demanda, se advierte que el Poder Judicial del Estado de Morelos impugna el Decreto "1446" por el que el Poder Legislativo de la entidad otorgó una pensión por jubilación a un funcionario público con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor.

15. Asimismo, impugna los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V,(3) XIII(4) y XIV, 45, fracciones III,(5) IV(6) y XV, párrafo primero, e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 56 y 67(7) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos.

16. En el siguiente apartado se analizará tanto la oportunidad del acto impugnado como de las normas generales impugnadas, estas últimas ya sea con motivo de su acto de aplicación en el decreto impugnado o con motivo de su publicación en el Periódico Oficial de la entidad.

IV. Oportunidad

17. A continuación, se procede a analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

18. Al respecto, el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia establece en sus fracciones I y II el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales.(8)

19. Tratándose de actos, el plazo se computa de la siguiente forma: a) a partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) a partir del día siguiente al en que el act

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200385-963dbbc4/i-controversia-constitucional-su-improcedencia-manifiesta-e-indudable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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