I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE COLIMA TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL EN LA QUE ALEGA QUE EL PODER JUDICIAL ACTOR NO AGOTÓ LA VÍA LEGALMENTE PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO EN TANTO QUE EL JUICIO DE AMPARO NO CONSTITUYE UNA VÍA PARA TAL EFECTO (ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE AUSTERIDAD DEL ESTADO DE COLIMA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA ANTE LA FALTA DE FIRMA DE UNO DE SUS INTEGRANTES, AL SER LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DE DICHO TRIBUNAL QUIEN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y POR, ENDE, LA LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE AUSTERIDAD DEL ESTADO DE COLIMA). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE AUSTERIDAD DEL ESTADO DE COLIMA).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 63/2019. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. 30 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: YAIRSINIO DAVID GARCIA ORTIZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto(s) impugnado(s): Decreto número veintisiete, publicado en el Periódico Oficial del "Estado de Colima", el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, por el que se expide la Ley de Austeridad.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 63/2019, promovida por el Poder Judicial del Estado de Colima, en contra de los poderes Ejecutivo, Legislativo y del Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Colima, en la que impugna el Decreto número 27, por el que se expidió la Ley de Austeridad del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Antecedentes. De su escrito de demanda, se desprende que el Poder Judicial del Estado de Colima, manifiesta lo siguiente:
• Que en los artículos 73, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad, se establece que los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia durarán en su encargo un periodo de seis años, y podrán ser reelectos, pudiendo ser removidos en los términos que fijen tanto la Constitución Estatal como la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• De los artículos referidos se desprende que, el nombramiento de Magistrado en el Estado es por tiempo determinado, pero una vez reelecto dicho nombramiento será vitalicio, lo anterior resulta válido según lo dispuesto por el artículo 116, fracción III de la Constitución Federal que establece la facultad de cada entidad de determinar el esquema de nombramiento de Magistrados correspondiente.
• Sin embargo, tanto la Constitución Local como la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no establecen el esquema para garantizar la estabilidad en el cargo, de modo que al concluir el periodo total del nombramiento de seis años o vitalicio en su caso, no les es posible percibir un haber o pensión de retiro, cuestión que resulta inconstitucional de conformidad con la tesis de jurisprudenciales de rubros siguientes: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LA AUSENCIA DE NORMAS QUE REGULEN EL HABER POR RETIRO, REFERIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."; y, "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 61, PÁRRAFO PENÚLTIMO DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, AL PREVER LA ENTREGA DEL HABER POR RETIRO SÓLO A AQUELLOS QUE HUBIEREN CUMPLIDO CON LA CARRERA JUDICIAL ES INCONSTITUCIONAL."
• Bajo ese contexto, el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, fue publicada en el Periódico Oficial, "El Estado de Colima" la Ley de Austeridad del Estado de Colima, cuyo objeto es el de: "... la aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental, como política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
• En su artículo 4, dicha Ley Estatal advierte diversas prohibiciones, entre ellas, la de "establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión", prohibición que se aleja de los postulados de la Constitución Federal en cuanto a las garantías de independencia y autonomía de los Poderes Judiciales Locales.
• Tal prohibición, se estima inconstitucional puesto que no permite que en un futuro pueda constituirse y regularse un haber para el retiro para juzgadores.
2. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Bernardo Alfredo Salazar Santana, Maria Luisa Ruiz Corona, José Alfredo Jiménez Carrillo, Rafael García Rincón, Miguel García de la Mora, Juan Carlos Montes y Montes, Mario de la Madrid Andrade, Leticia Chávez Ponce, René Rodriguez Alcaraz y Sergio Marcelino Bravo Sandoval, en su carácter de Magistrado Presidente e integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima del Poder Judicial del Estado de Colima, promovieron controversia constitucional en representación del citado Poder, en la que solicitaron la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por las autoridades que a continuación se mencionan:
a) Entidad, poder u órganos demandados:
• Poder Legislativo del Estado de Colima.
• Poder Ejecutivo del Estado de Colima.
• Secretario de Gobierno del Estado de Colima.
b) Norma general o actos cuya invalidez se reclama:
Decreto número 27, por el que se expidió la Ley de Austeridad del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en lo que ve a su artículo 4.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder Judicial del Estado de Colima, en su único concepto de invalidez, en síntesis, expuso lo siguiente:
a) Señala que, según criterios de la Suprema Corte, los Estados gozan de autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento del Poder Judicial, lo que implica una libertad configurativa de sus sistemas de nombramiento y ratificación, siempre y cuando éstos respeten la estabilidad en el cargo y aseguren la independencia judicial.
El Poder Legislativo tiene competencia formal para expedir leyes orgánicas de los restantes Poderes, pero tal facultad está acotada por límites Constitucionales tanto locales como Federales, de modo que se salvaguarde tanto la división de poderes como la independencia judicial.
b) La estabilidad e inamovilidad como garantías de la independencia en el ejercicio de la Magistratura encuentran su base en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia imparcial e independiente, y su existencia deriva de la necesidad de asegurar a los titulares una condición de previsibilidad en términos de su permanencia en el cargo, con el fin evitar amenazas o temores de ser separado o afectado arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones, a manera de represalia por las decisiones jurisdiccionales que se deben tomar.
c) Dichas garantías constituyen prerrogativas a favor de la sociedad, a efecto de que el Poder Judicial se componga de Juzgadores profesionales, dedicados de forma exclusiva a su labor y sujetos únicamente a los principios y exigencias propios de la institución judicial, la estabilidad de los titulares del Poder Judicial es condición para la independencia y autonomía judicial. Ese criterio lo podemos advertir la tesis de rubro siguiente: "INAMOVILIDAD JUDICIAL. NO SÓLO CONSTITUYE UN DERECHO DE SEGURIDAD O ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES QUE HAYAN SIDO RATIFICADOS EN SU CARGO SINO, PRINCIPALMENTE, UNA GARANTÍA A LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS."
d) En la Controversia Constitucional número 9/2004, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que en cualquier sistema de nombramiento y ratificación de Magistrados estatales se debe respetar la estabilidad en el cargo y asegurar la independencia judicial, para lo cual se han de observar, entre otros:
• El establecimiento de un periodo razonable para el ejercicio del cargo, con posibilidad de ratificación que garantice la estabilidad de los juzgadores en sus cargos, y
•Si ese periodo no es vitalicio, al final del periodo debe preverse un haber de retiro.
• De dicha controversia derivo la tesis de rubro: "ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE PODERES JUDICIALES LOCALES. PARÁMETROS PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN."
e) En la Controversia Constitucional 25/2008, promovida por el Poder Judicial del vecino Estado de Jalisco, se zanjó que en los supuestos en que el periodo de nombramiento de los Magistrados no sea vitalicio, se debe garantizar un haber de retiro determinado por el Congreso del Estado, además de que dicho haber no permite distinciones entre los Magistrados que han sido designados, sino que corresponde a todos ellos por igual, por tratarse de un elemento inherente al cargo.
f) Dentro de dicha controversia se determinó también que, aun cuando la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco establecían el haber de retiro, ninguna norma local fijaba las bases, mecanismos y periodicidad para su otorgamiento, cuestión que resulta contraria al artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto no se respeta la estabilidad en el cargo ni se asegura la independencia judicial pues al término del plazo de sus funciones, los Magistrados que culminen su encargo constitucional no tienen la certeza de cuál es ese haber por retiro y en que momento lo recibirán.
g) También, en dicha ejecutoria se sostiene que la independencia judicial de los Órganos Jurisdiccionales locales se salva cuando los juzgadores gozan de estabilidad y seguridad en sus cargos, mismas que pueden concretarse mediante la certeza de recibir, al final del periodo de su gestión, un haber de retiro determinado por los Congresos Estatales, parámetro que en dicho caso no se cumplía, dada la ausencia de reglas que normen su concesión.
h) Se dice pues que tal haber de retiro, por ser parte de la garantía constitucional de estabilidad e inamovilidad en el cargo, no puede estar condicionada de forma alguna, pues forma parte de los atributos inherentes al cargo de Magistrado, para el correcto e independiente desempeño de la función jurisdiccional, sin distingos o restricciones. De modo que si dicho haber no debe condicionarse mucho menos debe prohibirse.
i) Dicho precedente sentó las bases para concluir que, el haber para el retiro, forma parte de los artículos inherentes al ejercicio del cargo de Magistrado, como un componente esencial de las garantías constitucionales de la función jurisdiccional, para el correcto e independiente desempeño de dicha función, mismo criterio que se vio reflejado en las tesis de rubros: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LA AUSENCIA DE NORMAS QUE REGULEN EL HABER POR RETIRO, REFERIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, ES CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."; y, "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DEL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 61 PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, AL PREVER LA ENTREGA DEL HABER POR RETIRO SOLO A AQUELLOS QUE HUBIEREN CUMPLIDO CON LA CARRERA JUDICIAL, ES INCONSTITUCIONAL."
j) En la controversia constitucional 81/2010 promovida por el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, donde se esgrimió que el haber de retiro de los Magistrados no es parte de sus remuneraciones, ya que es un concepto diferente y especifico que debe estar expresamente previsto en una norma materialmente legislativa, con la finalidad de que su otorgamiento sea constitucionalmente válido. De dicha controversia derivó la jurisprudencia de rubro: "HABER DE RETIRO. ES VÁLIDO FACULTAR AL PODER JUDICIAL LOCAL PARA REGLAMENTAR Y DETALLAR SU CÁLCULO Y OTORGAMIENTO, SI ASÍ LO PREVÉN LA CONSTITUCIÓN O LAS LEYES DE LOS ESTADOS."
k) De lo anterior, es posible concluir, que el poder legislativo estatal al prohibir, mediante Ley, la concesión de un haber o pensión de retiro para los Magistrados del Suprema Tribunal de Justicia del Estado, lejos de fortalecer la autonomía e independencia judicial del Estado, la está menguando, siendo que la entidad ni siquiera contempla regulación del haber o pensión de retiro,
l) Ninguna ley local fija las bases y lineamientos para el otorgamiento del haber de retiro para el otorgamiento del haber de retiro, lo que por sí vulnera el contenido del artículo 116, fracción III, párrafos segundo y quinto de la Constitución Política Federal, en tanto no se respeta la estabilidad en el cargo de los Magistrados locales, ni se asegura la independencia judicial. La prohibición que aquí se impugna se aleja aun más de tales garantías.
m) En términos de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe advertir que existe una prohibición legislativa contraria a la Constitución Federal, por parte del Poder Legislativo del Estado de Colima, y en consecuencia declarar procedentes los conceptos de invalidez expuestos, pues dicha prohibición violenta la independencia judicial, entendida como una garantía de inamovilidad judicial.
n) Sin que obste para considerar lo anterior el hecho de que en dicha Entidad, el cargo se ejerza de manera vitalicia, después de la correspondiente ratificación, pues en caso de no cumplirse este supuesto el cargo, dura seis años. Por tanto, aunque se logre tal función vitalicia del cargo de Magistrado, lo cierto es que pueden confluir eventualidades que conlleven al abandono del mismo por cuestiones de fuerza mayor, de modo que los Magistrados pueden quedar desprotegidos económicamente, a pesar de lo vitalicio de la cuestión.
o) Si bien es cierto que como servidores públicos del Estado, los Magistrados cuentan con un sistema de pensiones que establece los términos y condiciones para acceder a una de las modalidades de pensión que regula la Ley de la materia, también lo es que no todos los Magistrados que componen el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuentan con la antigüedad laboral suficiente para acceder a alguna de dichas pensiones; y al margen de la existencia de dicho sistema pensionario Estatal, lo cierto es que, retomando lo señalado por la Suprema Corte en la Controversia Constitucional 6/2007, interpuesta por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, el haber de retiro tiende a mejorar la calidad de jubilación de los Magistrados del Poder Judicial del Estado, haber que debe ser considerado como un complemento de dicha jubilación que consagra la Constitución Federal, y que es recogida por los Estados.
p) Por último, no pasa desapercibido el criterio de el Alto Tribunal contenido en la jurisprudencia P./J. 106/2010, en torno a la obligación de los órganos legislativos de expedir leyes que hagan posible el cumplimiento de los mandatos y principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio de los recursos públicos. Invocándose también el criterio contenido en la tesis 1a. CXLV/2009, que explica la obligación que tiene el órgano legislativo de expedir previamente un marco normativo que salvaguarde los siguientes principios:
• Legalidad, en tanto todo gasto esté contemplado en el presupuesto o en ley posterior, como lo señala expresamente el artículo 126 de la Constitución Federal:
• Honradez, que supone que el gasto no debe realizarse en forma abusiva ni para destino diverso al programado:
• Eficiencia, pues debe buscarse que el gasto logre el fin para el que se programó;
• Eficacia, en tanto es necesario contar con la capacidad suficiente para lograr las metas
• Economía, que exige que el gasto se ejerza de manera recta y prudente, buscando siempre las mejores condiciones de contratación para el Estado; y
• Transparencia, con el fin de que sea del conocimiento público el ejercicio del gasto estatal.
De dicho asunto derivó la tesis de rubro: "GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA."
De ahí que, el Poder Judicial local acuda ante la Suprema Corte a efecto de dirimir si, la Ley de Austeridad del Estado de Colima, que no obstante abona a los principios que deben regir al gasto público, al prohibir el haber para el retiro o pensión de retiro de Magistrados, afecta al Poder Judicial Local, siendo que no existe en el Estado la institución y regulación de dicha concesión económica de carácter constitucional, garante de la independencia y autonomía judicial, por lo que permitir su prohibición se traduce en una regresión ilegitima en contra del Poder promovente.
4. Admisión y trámite. Mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número de expediente 63/2019 y que se turnara el expediente al Ministro Eduardo Medina Mora I. como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
5. Posteriormente, mediante proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, el entonces Ministro Eduardo Medina Mora, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, tuvo como acto impugnado el siguiente:
"Al legislativo del Estado de Colima, la emisión del Decreto número 27, por el que se expidió la Ley de Austeridad del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial ‘El Estado de Colima', el 21 de diciembre de 2018, en lo que ve a su artículo 4; y al Ejecutivo del Estado de Colima, la promulgación del referido Decreto de Ley número 616".
6. De ahí que, admitió a trámite la demanda, respecto a la impugnación del referido acto y tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima, así como ordenó su emplazamiento y determinó no tener como tercero interesado a la Secretaría General de Gobierno, por no tratarse de alguna de las entidades, poderes y órgano contemplado en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7. Además, requirió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo demandados para que, al rendir su contestación, enviaran a este Alto Tribunal todas las documentales relacionadas con el acto impugnado; y por último, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que expresaran lo que a su representación correspondiera.
8. Mediante proveído de cinco de abril de dos mil diecinueve, se tuvo al Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en representación de dicho órgano realizando manifestaciones y se previno al promovente a efecto de que exhibiera ante este Alto Tribunal la documentación que permitiera acreditar su capacidad para representar al Poder Ejecutivo Federal en el presente medio de control constitucional.
9. Dicha prevención fue desahogada en proveído de seis de mayo de dos mil diecinueve, en el sentido de tenérsele por presentado al Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, con la personalidad que ostentó.
10. Primer returno. Mediante proveído de diez de octubre de dos mil diecinueve, se refirió que en sesión de ese mismo día el Tribunal Pleno determinó que los asuntos turnados a la entonces Ponencia del Señor Ministro Eduardo Medina Mora I. fueran returnados por estricto decanato a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para que continuara actuando como instructora dicho sumario.
11. Remisión a Sala. Mediante proveído de siete de mayo de dos mil veinte, vista la solicitud de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, mediante la cual solicito la remisión del expediente a la Sala de su adscripción para su radicación y resolución, se ordenó el envío del asunto a la Primera Sala de este Alto Tribunal.
12. Avocamiento. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil veinte, se tuvo a la Primera Sala de este Suprema Corte de Justicia avocándose al conocimiento del asunto y se ordenó devolver los autos a la Ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 13. Retorno a Pleno. Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado por la entonces Ministra Presidenta de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordenó realizar las anotaciones correspondientes en los libros respectivos para dar de baja el asunto de la Sala y en consecuencia causara su alta en el Pleno de este Máximo Tribunal.
14. Segundo returno. Mediante proveído de dos de enero de dos mil veintitrés, toda vez que en sesión de esa misma fecha fue elegida como Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Señora Ministra Norma Lucía Piña Hernández, se ordenó el returnó del expediente al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para que continuase con el trámite respectivo.
15. Tercer returno. Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintitrés, se determinó que los asuntos correspondientes a la entonces Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fueran returnados por estricto decanato entre los Señores y Señoras Ministras que integran el Pleno; y por tanto se ordenó turnar el expediente al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que continuase actuando como instructor en la presente controversia constitucional.
16. Cuarto returno. Mediante proveído de once de diciembre de dos mil veinticuatro se determinó que los asuntos correspondientes a la entonces Ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales fueran returnados por estricto decanato entre las señoras Ministras y los señores Ministros que integran el Pleno; por tanto se ordenó retornar el presente expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo a efecto de que continúe actuando como instructor en la presente controversia constitucional.
17. Contestaciones de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Colima. Mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, Francis Anel Bueno Sánchez, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, dio contestación a la demanda, en los siguientes términos:
• En primer lugar, hace valer dos causales de improcedencia derivada de no haberse agotado la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, pues se debió de promover un juicio de amparo y no una controversia constitucional, y señala la improcedencia derivada de una disposición de Ley.
• Sostiene que ambas causales se acreditan pues la representación jurídica de poder judicial del Estado de Colima, se puede dar a través de dos figuras, a través del Pleno del Suprema Tribunal de Justicia del Estado compuesto por diez magistrados o por conducto de su presidente.
• Por tanto si la parte demandante afirma que la representación jurídica la asume el pleno y no su presidente aún y cuando se señale que el último cuenta con facultades, al reafirmarse que la representación recae precisamente en el pleno, pero falta la firma de uno de sus integrantes en el escrito inicial, es claro que el pleno no se encuentra debidamente constituido y la carencia de firma de un integrante hace que se suscite la audiencia de legitimación activa para promover la presente controversia constitucional y en consecuencia sea sobreseída.
• La parte actora señala en su escrito inicial en el apartado de hechos antecedentes de la norma cuya invalidez se demanda:
"... Tal prohibición creada por el Poder Legislativo del Estado, respecto de instituir y regular un haber o pensión de retiro para cualquier servidor público del Estado, entre ellos, los Magistrados del Suprema Tribunal de Justicia, al estimarse inconstitucional, puesto que tal prohibición no permite que en un futuro pueda constituirse y regularse un haber de retiro para juzgadores."
• Conforme a esa manifestación es claro que la demandante indica actos futuros e inciertos cuya existencia no se acredita, ni tampoco se pueden acreditar en autos, pues expresamente alude que la prohibición no le puede permitir que un futuro se pueda constituir y regular un haber de retiro, hecho que hace totalmente improcedente la presente controversia.
• En apoyo a lo anterior, en la controversia constitucional 98/2013, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiocho de febrero de dos mil quince, sentó que, en tratándose de actos futuros e inciertos cuya existencia no se acredita en autos, se debe de decretar el sobreseimiento, por lo tanto y retomando lo argumentado por la actora al indicar que la que la prohibición contenida en el artículo 4 de la Ley de Austeridad para el Estado de Colima, no permite que en un futuro pueda constituirse y regularse un haber de retiro para juzgadores, claramente refleja que lo que pretende impugnar es un acto futuro de realización incierta si partimos del hecho de que la constitución local y normatividades domésticas no prevén ese tipo de prestaciones, máxime, de que con eso, no se dice en forma lógica y razonada, cual es la afectación e invasión competencial que hace el poder legislativo al poder judicial de Colima.
• Respecto del tema toral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado:
"Las controversias constitucionales son procesos mediante los cuales, se resuelven los conflictos que surjan entre dos de los Poderes Federales –Legislativo y Ejecutivo–, los Poderes de los Estados –Legislativo, Ejecutivo y Judicial–, los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México –Legislativo, Ejecutivo y Judicial–, o bien, entre los órdenes de gobierno –federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México–, por invasión de competencias o bien, por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal, por parte de los órganos señalados correspondiéndole en forma exclusiva a ese Alto Tribunal su resolución.
Cuando un poder o autoridad realiza un acto o emite una disposición de carácter general -como son una ley, un reglamento o un decreto-, y con ello ejerce funciones que le corresponden a otro poder o nivel de gobierno, comete una violación al sistema de distribución de competencias previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A través de las controversias constitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede llevar a cabo el examen de todo tipo de violaciones a la Constitución Federal, en virtud de que los diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los órdenes jurídicos federal, estatal y municipal, y de la Ciudad de México, entre los que se encuentran las controversias constitucionales, tienen la finalidad primordial de fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución, por virtud de la cual, la actuación de las autoridades debe ajustarse a lo establecido en aquélla."
• Así mismo, es dable destacarse que en la controversia constitucional 62/2016, resuelta por el Pleno del Alto Tribunal el once de julio de dos mil diecisiete, se señaló lo siguiente:
La naturaleza jurídica de la controversia es ser un medio de control constitucional para resolver conflictos entre órganos del Estado. El sistema de análisis de este medio consiste en evaluar a cuál de las partes en el proceso corresponde la atribución sujeta a discusión o si el ejercicio de sus competencias excede o no sus atribuciones.
La finalidad de la controversia constitucional es salvaguardar el orden constitucional y, en específico, verificar que no exista invasión de competencias de un órgano u orden de gobierno por otro de éstos.
En la controversia constitucional se puede analizar la violación a cualquier norma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de determinar si existe o no la quiebra del principio de división de poderes o de las competencias definidas en el Máximo ordenamiento.
El actor en una controversia constitucional no cuenta con interés legítimo para hacer violaciones a derechos humanos.
Los conceptos de invalidez hechos valer en la controversia constitucional siempre deben tender a evidencias una afectación a las atribuciones de los órganos del Estado, por ende, su finalidad no es exponer violaciones a los derechos de los gobernados, sino infracciones al orden competencial constitucional.
El ejercicio de la impugnación a las violaciones a derechos humanos de los gobernados debe hacerse valer a través del juicio de amparo o mediante la acción de inconstitucionalidad por los legitimados para hacerlo.
• En pro de lo que se ha reseñado podemos inferir que la controversia constitucional es un medio por el cual se resuelve un conflicto de invasión competencial entre un poder y otro y que en dicho medio no se puede alegar la violación de derechos humanos o de legalidad, sino la violación a la Constitución al no respetar en forma debida la división de poderes.
• Por lo tanto, es claro que la presente controversia es totalmente improcedente, ya que lo externado por la actora, no se encamina a evidenciar la afectación de las atribuciones del poder judicial del Estado de Colima, sino la aparente violación a una expectativa de derecho que podría incidir en la esfera jurídica y directo de quienes ostentan el cargo de magistrados.
• Lo anterior es así en virtud de que la demanda señala que el artículo 4 de la Ley de Austeridad del Estado de Colima publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, limita su derecho a un haber de retiro en un fututo, lo cual debe entenderse que no trasgrede la función e independencia judicial garantizada por el artículo 67, párrafo tercer, de la constitución local.
• La parte actora, reclama un derecho que no existe, pues no se contempla en la legislación local y el poder judicial siempre ha funcionado sin la contemplación de ese concepto o prestación, por tanto nunca s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201057-8974beb4/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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