I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COLIMA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COLIMA Y 21 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL (ARTÍCULO 21 Y SU ANEXO 5 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 17/2021. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. 27 DE OCTUBRE DE 2021. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.
V I S T O S, y
R E S U L T A N D O:
1. PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correos de México de Colima, Colima, y recibido el dieciséis siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Bernardo Alfredo Salazar Santana, María Luisa Ruiz Corona, José Alfredo Jiménez Carrillo, Rafael García Rincón, Miguel García de la Mora, Juan Carlos Montes y Montes, Mario de la Madrid Andrade, Leticia Chávez Ponce, René Rodríguez Alcaraz y Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Magistrado Presidente y Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, respectivamente, promovieron controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del Secretario General de Gobierno de esa Entidad, por los siguientes actos:
"(...).
IV. NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA:
A) Del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, se demanda:
Se reclama a dicho Poder Ejecutivo, a través de su Titular y el (sic) Secretario General de Gobierno, la promulgación del Decreto impugnado, tal y como se desprende del Periódico Oficial ‘El Estado de Colima’, de fecha 26 de diciembre de 2020.
B) Del Poder Legislativo del Estado de Colima se demanda:
La invalidez del decreto número 393, publicado en el periódico oficial ‘El Estado de Colima’, el día 26 de diciembre de 2020, a través del cual el Poder Legislativo de Colima aprobó el Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Colima, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2021, en inobservancia del artículo 116, de la Constitución Federal, en relación al artículo 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, ya que el presupuesto asignado al Poder Judicial, no es el SUFICIENTE para el adecuado cumplimiento de sus funciones, por lo que no se garantiza la Autonomía Financiera, y por ende se violan los principios de División de Poderes e Independencia Judicial, ya que dicho presupuesto es menor al realmente ejercido en el año fiscal 2020, y no fue actualizado con base en la cifra oficial de inflación que publique (sic) el Banco de México, mucho menos dicho porcentaje se incrementó de conformidad con las necesidades del servicio.
(...)".
2. La disposición concretamente reclamada es la siguiente:
Artículo 21. Las asignaciones previstas para el Poder Judicial del Estado se desglosan a nivel capítulo de la siguiente forma:
Tabla 18. Poder Judicial del Estado
(Objeto del Gasto)
Ver tabla 18
Tabla 19. Poder Judicial del Estado
(Estructura del Poder Judicial)
Ver tabla 19
En el Anexo 5 Clasificación por Objeto del Gasto del Poder Judicial del presente Decreto, se presenta la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de Capítulo, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica, de las asignaciones previstas para el Poder Judicial del Estado.
ANEXO 5.
Clasificación por Objeto del Gasto del Poder Judicial.
Ver anexo 5
3. SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 14, 16, 17, 20, 41, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. TERCERO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez planteados se resumen a continuación.
5. A. El Decreto combatido es inconstitucional porque transgrede el principio de división de poderes y la independencia del Poder Judicial del Estado de Colima, en su vertiente de autonomía presupuestal, protegido por el artículo 116 de la Constitución General.
6. Lo anterior es así, porque el diverso 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima contiene la obligación para el Congreso del Estado de que el presupuesto asignado a la parte actora sea el suficiente para el adecuado cumplimiento de sus funciones, y así garantizar su independencia económica; aunado a que ese presupuesto en ningún caso debe ser menor al ejercido del año inmediato anterior, actualizado con base en la cifra oficial de inflación que publique el Banco de México, el cual además se debe incrementar anualmente según las necesidades del servicio. Mandato que no cumplió la autoridad demandada, pues aprobó un presupuesto escaso, con lo que dejó de atender los principios que protegen al Poder Judicial.
7. El presupuesto reclamado no tiene ninguna justificación legítima, pues como se acredita, el monto autorizado es exiguo; incluso, en su texto y anexos que contienen el desglose de las partidas, se limita a señalar el monto del presupuesto y su detalle por partidas, pero no contiene ninguna motivación que respalde la aprobación en los términos impugnados; y menos una motivación de aquellas que la Suprema Corte denomina como "reforzada", en la que explicara por qué fijó un presupuesto con un monto menor al realmente ejercido el año inmediato anterior; esto es, sin atender lo normativamente ordenado.
8. Para sustentar su argumento hace referencia a los criterios de este Tribunal Constitucional sobre división de poderes y los principios que protegen a los poderes judiciales locales, con especial énfasis, desde luego, en la independencia judicial, la que incluye la autonomía presupuestaria.
9. Subraya que la Suprema Corte ha establecido que la autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los poderes judiciales locales ejerzan sus funciones con plena independencia, ya que sin ella se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores, en términos del artículo 17 de la Constitución General de la República.
10. En consecuencia, la autonomía presupuestal tiene el carácter de principio fundamental de independencia de los poderes judiciales locales y, por ello, no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, como ocurre en el caso, en el que el presupuesto combatido contiene un monto que desconoce los principios de división de poderes e independencia judicial protegidos por el artículo 116 constitucional.
11. Aclara que la autonomía presupuestaria no se entiende como la disponibilidad arbitraria de recursos económicos, por el contrario, implica la racionalización del gasto público vinculado a la mejora en la gestión, la modernización y reforma del sistema judicial colimense, por medio de actos de planificación del desarrollo del Poder Judicial, que parte de la confección anual del presupuesto de egresos.
12. Agrega que se está ante una flagrante violación a los principios de división de poderes y de independencia judicial en su vertiente de autonomía presupuestal, porque el Congreso demandado aprobó sin motivación legal alguna, el Presupuesto de Egresos para el Poder Judicial del Estado de Colima para el año 2021 por el orden de $230,880,000.00 (doscientos treinta millones ochocientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional), esto es, por una cantidad menor al presupuesto ejercido en el ejercicio fiscal inmediato anterior 2020, que ascendió a $260,000,000.00 (doscientos sesenta millones de pesos 00/100 moneda nacional); cifra que demuestra que no se está ante un presupuesto actualizado y, por tanto, que es insuficiente si aplicamos una simple operación aritmética. Tan es así, que el monto autorizado no cubre ni siquiera el capítulo de servicios personales, lo que viola la garantía judicial de irreductibilidad salarial de los juzgadores.
13. A esto habría que añadir que existe una fuerte carga monetaria en lo que ve a los gastos operativos del Poder Judicial actor, tales como los servicios de internet, telefonía, infraestructura, capacitación, cómputo, insumos y otros; por ende, es innegable que el presupuesto combatido coloca a la parte actora como dependiente y subordinada del Poder Legislativo del Estado de Colima.
14. B. Insiste en que la suma de $230,880,000.00 (doscientos treinta millones ochocientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional) es un porcentaje insuficiente para el cumplimiento de las funciones constitucionales del Poder Judicial, que garantice su autonomía e independencia económica; empero, estos principios no fueron atendidos porque el presupuesto cuestionado no está actualizado siquiera con base en la cifra oficial de inflación que publica el Banco de México, ni toma en cuenta los cambios en las necesidades del servicio de administración de justicia, por lo que se está ante una violación a los artículos 17 y 116 constitucionales, en virtud de que el monto reclamado afecta la inmutabilidad salarial, la carrera judicial, la inamovilidad de los juzgadores y, en general, el funcionamiento de la administración de justicia.
15. Aclara que si bien en la Constitución del Estado de Colima no existe un porcentaje fijo establecido respecto del gasto programable, lo cierto es que el presupuesto que se apruebe debe ser suficiente para cumplir los requerimientos de la administración de justicia, con todo lo que ésta involucra; consecuentemente, si se toman en cuenta los requerimientos del Poder Judicial, debe asignarse un presupuesto por la cantidad aproximada de $360,406,242.00 (trescientos sesenta millones cuatrocientos seis mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); cifra que resulta ser bastante para el adecuado cumplimiento de las funciones judiciales, según se argumentó y justificó en el anteproyecto de presupuesto de egresos aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; o de forma mínima debe aprobarse una cantidad que resulte igual a lo efectivamente ejercido en el año 2020, que fue por la suma de $260,000,000.00 (doscientos sesenta millones de pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que debe ser actualizada conforme al índice inflacionario y las necesidades del servicio. Por tanto, debe declararse la invalidez del presupuesto combatido.
16. C. En otro orden de ideas, argumenta que el Congreso demandado ha violado sistemáticamente el principio de autonomía en la gestión presupuestal de la parte actora, porque el presupuesto combatido se aprobó sin autorizar los incrementos a los recursos de ejercicios fiscales anteriores relativos a las pensiones y jubilaciones del personal en retiro del Poder Judicial del Estado de Colima, a lo que se encuentra obligado según los criterios de la Suprema Corte.
17. Esto es, es inconstitucional que el Congreso del Estado subordine al Poder actor, pues a pesar de que tiene la obligación constitucional de que el monto de dinero destinado para el pago de los decretos y acuerdos de pensiones de los trabajadores del Poder Judicial, emitidos por el propio Congreso del Estado, sea suficiente e independiente o adicional al Presupuesto del Poder Judicial, no lo hizo así, toda vez que aprobó la cantidad de $22,573,777.00 (veintidós millones quinientos setenta y tres mil setecientos setenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), monto que resulta escaso para cubrir el aumento exponencial que viene de años atrás; muestra de ello es que en el año 2020 se erogó por ese concepto la suma de $57,465,332.77 (cincuenta y siete millones cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos treinta y dos pesos 77/100 moneda nacional), sin que a lo largo de los años se hayan hecho las adecuaciones presupuestarias necesarias.
18. Explica que el Congreso local conoce la obligación ineludible de aprobar una partida específica, necesaria y bastante para cubrir las pensiones y jubilaciones del personal en retiro del Poder Judicial, que el propio Congreso fija a través de decreto, lo que debe llevar a cabo sin afectar el presupuesto de la parte actora, en virtud de que la Suprema Corte ha enfatizado que el otorgamiento de pensiones y jubilaciones por parte del Legislativo, con cargo al presupuesto de egresos del Poder Judicial, sin otorgar los recursos suficientes, resulta violatorio del artículo 116 constitucional, lo que lesiona la autonomía e independencia de la parte actora, en el grado más grave de violación, que es la subordinación.
19. En consecuencia, la cantidad de $230,880,000.00 (doscientos treinta millones ochocientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional), es reducida porque no toma en cuenta las necesidades básicas del Poder Judicial, lo que se vería cubierto con la aprobación de la propuesta de presupuesto que envió el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado por la cantidad de $360,406,242.00 (trescientos sesenta millones cuatrocientos seis mil doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional); agrega que el no haber atendido esa cifra demuestra que no se tomaron en cuenta las necesidades reales del Poder Judicial, lo que atenta contra la autonomía financiera que protegen la Constitución General y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima.
20. CUARTO. Trámite y admisión. El Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, ordenó formar y registrar el expediente bajo el número 17/2021, y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.
21. Posteriormente, el Ministro instructor por acuerdo de veintiséis de febrero siguiente, admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Secretario General de Gobierno del Estado de Colima; requirió al Poder Legislativo para que al dar contestación a la controversia enviara copia certificada de todos los antecedentes legislativos del Decreto impugnado, así como al Poder Ejecutivo para que remitiera un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial donde se publicó.
22. De igual forma ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
23. QUINTO. Acuerdo que tiene por rendidos los informes y requerimiento al Poder Ejecutivo del Estado. Por acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por rendido el informe requerido a las autoridades demandadas, por exhibidas las documentales que acompañaron; y requirió al Poder Ejecutivo de la Entidad para que enviara copia certificada del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, que por oficio se remitió a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de la Entidad; o bien, en su caso, manifestara las razones que imposibilitaran su envío.
24. SEXTO. Informes. Las autoridades demandadas dieron contestación a la demanda en los siguientes términos:
25. I. Informe del Poder Legislativo del Estado de Colima.
26. Argumenta que son falsos e improcedentes los conceptos de invalidez en los que el Poder Judicial actor arguye violación a su autonomía financiera, así como de los principios de división de poderes e independencia judicial, establecidos en los artículos 116 de la Constitución Federal y 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, ya que el presupuesto asignado es suficiente para llevar a cabo de manera adecuada las funciones del Poder actor; y que ello es así porque en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, se le asignó un presupuesto de $216,000,000.00 (doscientos dieciséis millones de pesos 00/100 moneda nacional), y en el Presupuesto de Egresos combatido, se le otorgó un presupuesto de $230,880,000.00 (doscientos treinta millones ochocientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, es evidente que el monto de gasto a ejercer etiquetado en favor del Poder accionante es mayor a aquel asignado en el ejercicio fiscal anterior.
27. Aclara que no es óbice lo que aduce el Poder Judicial actor respecto a que en el ejercicio fiscal de 2020 ejerció un presupuesto por el orden de $258,048,599.98 (doscientos cincuenta y ocho millones cuarenta y ocho mil quinientos noventa y nueve pesos 98/100 moneda nacional) y, por ello, era previsible que para el año subsecuente se considerara un ajuste respecto a dicho monto; sin embargo, de la revisión a los estados analíticos del ejercicio de presupuesto de egresos, publicados por el propio órgano demandante, se tiene que esto no se debió a un aumento en el recurso que le fue asignado para ese ejercicio fiscal, sino a un superávit de $18,579,210.73 (dieciocho millones quinientos setenta y nueve mil doscientos diez pesos 73/100 moneda nacional) obtenido por el Poder Judicial demandante derivado de sus ingresos en dicho periodo, a saber, el comprendido de enero a diciembre de dos mil veinte.
28. Máxime que el acto reclamado al Congreso local es inexistente, ya que no realizó ninguna modificación al anteproyecto de presupuesto elaborado por el actor; por tanto, es inconcuso que lo alegado es improcedente, toda vez que la asignación del monto correspondiente al órgano accionante fue determinada por el Ejecutivo local y no así por el Poder Legislativo del Estado y, por tanto, no hay violación alguna a la Constitución General.
29. Por otra parte, expresa que son inoperantes los conceptos de invalidez que propone el Poder Judicial del Estado de Colima respecto a la vulneración a los principios de autonomía presupuestal e independencia judicial, al sostener que le fue aprobado un presupuesto insuficiente para el debido ejercicio de sus funciones, ya que el procedimiento de asignación de recursos para todos los Entes Públicos del Estado, y que culminó con la aprobación del presupuesto estatal reclamado, se encuentra regulado por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.
30. Sostiene que el presupuesto de egresos es un instrumento fundamental de política económica y de equilibrio constitucional, por lo que debe fundarse en el principio de balance presupuestario, así como ser congruente con las finanzas públicas de la entidad; esto es, contar con la suficiencia presupuestaria garantizada en los ingresos proyectados para el ejercicio fiscal de que se trate; lo anterior, acorde con lo dispuesto por los artículos 126 de la Constitución Federal, 8 y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
31. En ese sentido, subraya que, la aprobación anual del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, es facultad exclusiva del Poder Legislativo local; y, en lo que toca a la determinación del presupuesto anual del órgano judicial accionante, éste se rige por lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, por cuanto establece, en su artículo 27, fracciones VI y VII que en materia de programación y presupuestación, los entes públicos del Estado deberán elaborar su anteproyecto de presupuesto de egresos en coordinación con la Secretaría de Planeación y Finanzas, subordinada del Ejecutivo local, de manera que éste guarde congruencia con el principio de balance presupuestario a que hacen referencia los ordenamientos jurídicos aplicables.
32. Por tanto, la autonomía del Poder Judicial no incluye la facultad de decidir libremente sus techos presupuestales sin sujetarse a los límites y criterios que las propias leyes prevén para todos los poderes y órganos de dicha entidad federativa, respecto de la elaboración y aprobación de su anteproyecto de presupuesto, el cual deberá integrarse en fecha determinada al proyecto que el Poder Ejecutivo local, a través de la referida autoridad hacendaria, habrá de entregar al Congreso del Estado para su aprobación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación.
33. II. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Colima.
34. Aduce que son infundados los conceptos de invalidez relativos a que los procedimientos de programación presupuestal, así como de aprobación, publicación y entrada en vigor del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2021, llevados a cabo, por los Poderes Ejecutivo y Legislativo de dicha entidad, son violatorios de la autonomía presupuestal del Poder promovente, es decir, sus alegatos carecen de sustento constitucional y legal, toda vez que aquellos estuvieron apegados a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, así como por la Ley Orgánica de la Administración Pública local y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.
35. En ese sentido, señala que los ordenamientos precitados establecen que es facultad del Poder Ejecutivo de la entidad, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, dirigir y reglamentar el procedimiento de programación y presupuestación del Estado, esto es, dictar lineamientos, calcular los techos presupuestales e integrar los anteproyectos presentados por los Poderes y órganos del Estado al proyecto de presupuesto de egresos que habrá de remitir al Poder Legislativo local, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.
36. Asimismo, arguye que dichas normas identifican al Poder Judicial actor como órgano ejecutor de gasto, cuya participación o intervención en esa materia se limita exclusivamente a la elaboración de una propuesta correspondiente a la proyección de su gasto para el ejercicio fiscal que corresponda; anteproyecto que debe ajustarse a los techos globales y lineamientos presupuestales determinados por el Poder Ejecutivo local, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas; sin embargo, es inconcuso que éste no es definitivo, toda vez que puede ser modificado por el Poder Legislativo local, quien es la autoridad facultada para ello.
37. III. Informe del Secretario General de Gobierno del Estado de Colima.
38. Afirma que el proceso de programación y presupuestación, realizado por los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales, así como el de aprobación, publicación y entrada en vigor del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2021, son constitucionales y están debidamente sustentados por las leyes que lo regulan, a saber, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley del Periódico Oficial, todas del Estado de Colima.
39. Añade que acorde a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como por los citados ordenamientos, las facultades del Poder Ejecutivo de la entidad federativa, en lo que toca al proceso presupuestario local, incluyen la de administrar la hacienda pública con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para cumplir con los objetivos trazados para el ejercicio de los recursos destinados a cada rubro; y que las finanzas públicas están sujetas a criterios de racionalidad y disciplina fiscal, con la finalidad de lograr un equilibrio entre los ingresos y los gastos programados para cada ejercicio fiscal; conducir y coordinar el proceso anual de planeación, programación y presupuestación; así como calcular los ingresos y egresos del Estado.
40. Aún más, son facultades del referido Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, entre otras, la de dictar los lineamientos y calcular los techos presupuestales a los que deben sujetarse los demás órganos de la entidad para la elaboración de sus anteproyectos anuales de gasto, con la finalidad de integrar un único proyecto de presupuesto de egresos sostenible y congruente con los ingresos que se habrán de percibir en el Estado en cada ejercicio fiscal; por tanto, toda vez que el Poder Judicial actor es un órgano ejecutor de gasto, cuya participación o intervención en esa materia se limita exclusivamente a la elaboración de un anteproyecto correspondiente a la proyección de su gasto anual, y dado que no existe precepto jurídico alguno que le faculte a establecer libremente su presupuesto, resulta inconcuso que éstos deben sujetarse a los techos globales y lineamientos presupuestales determinados por el Poder Ejecutivo local, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.
41. SÉPTIMO. Desahogo del requerimiento formulado al Poder Ejecutivo. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por desahogado el requerimiento formulado al Poder Ejecutivo del Estado de Colima, al exhibir copia certificada del anteproyecto de presupuesto de egresos aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021.
42. OCTAVO. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento, ni expresó manifestación alguna.
43. NOVENO. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el diecisiete de junio de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del diverso 34, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
44. DÉCIMO. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala para su radicación y resolución, lo que ocurrió por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno.
C O N S I D E R A N D O:
45. PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, 11, fracción V y 21 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los puntos segundo, fracción I, párrafo primero, y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno. Asimismo, se rige por la normativa vigente al momento de la presentación de la demanda.(1)
46. SEGUNDO. Oportunidad. A continuación se analiza la oportunidad en la presentación de la demanda.
47. El Decreto 393 por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2021, se publicó en el Periódico Oficial de la Entidad el veintiséis de diciembre de dos mil veinte.
48. Por su parte, el artículo 21, fracción II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) dispone que el plazo para la promoción de la controversia constitucional tratándose de normas generales es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
49. En el caso, si el Decreto combatido fue publicado el veintiséis de diciembre de dos mil veinte, el plazo transcurrió del cuatro de enero al dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, descontando los días veintiocho al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por corresponder al segundo periodo de receso del Alto Tribunal; así como uno, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero, uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de febrero, por haber sido inhábiles, según los artículos 2 y 3 de la Ley de la Reglamentaria, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 18/2013 del Tribunal Pleno.
50. Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó el nueve de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correos de México, en Colima, Colima, y se recibió el dieciséis siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, es claro que su presentación resultó oportuna.
51. TERCERO. Legitimación activa y pasiva. En la especie se cumple con el requisito en comento, atento a los razonamientos que se desarrollan a continuación.
52. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
(...).
h). Dos Poderes de una misma entidad federativa;
(...)".
53. Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria(3) señalan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre los Poderes de los Estados, en relación con la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, quien deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
54. En el sumario que se examina se tiene que la demanda fue promovida por el Poder Judicial del Estado de Colima por conducto de los diez Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia; en este sentido, cuentan con legitimación para promover el present
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200760-ffba6230/i-controversia-constitucional-el-pleno-del-supremo-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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