I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PARTE ACTORA, CUANDO NO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES (ARTÍCULOS 9, 10 Y 11, EN LA PARTE CONDUCENTE Y RELATIVA AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE, 13 EN SU TOTALIDAD Y EL TRANSITORIO DÉCIMO SEGUNDO, DEL DECRETO 17 POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONCEPTO MATERIAL DE NORMA GENERAL PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA PUEDE EXTENDERSE MÁS ALLÁ DE LA CONCEPCIÓN FORMAL DE LEY (ARTÍCULOS 9, 10 Y 11, EN LA PARTE CONDUCENTE Y RELATIVA AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE, 13 EN SU TOTALIDAD Y EL TRANSITORIO DÉCIMO SEGUNDO, DEL DECRETO 17 POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DE PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REGISTRA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES (ARTÍCULOS 9, 10 Y 11, EN LA PARTE CONDUCENTE Y RELATIVA AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTIVAMENTE, 13 EN SU TOTALIDAD Y EL TRANSITORIO DÉCIMO SEGUNDO, DEL DECRETO 17 POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2019. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 11 DE MARZO DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de marzo de dos mil veinte, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 23/2019, promovida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, en contra de actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de esa entidad federativa.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL ASUNTO
1. Interposición de la demanda. Sergio Javier Medina Peñaloza en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, por escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil diecinueve(1) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de esa entidad.
De la demanda y constancias de autos se desprenden como antecedentes del caso los siguientes:
2. El once de octubre de dos mil doce se adicionaron dos párrafos al artículo 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, mediante Decreto 6, por los que se establece el porcentaje que debe corresponder al Presupuesto Anual de Egresos que se apruebe al Poder Judicial del Estado.(2)
3. El trece de junio de dos mil dieciocho, el Subsecretario de Planeación y Presupuesto del Ejecutivo estatal, informó al poder actor, mediante oficio 203200/1304/2018 el techo presupuestal del Poder Judicial actor para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve por la cantidad de $3,451,775,080.00 (tres mil cuatrocientos cincuenta y un millones setecientos setenta y cinco mil ochenta pesos 00/100 moneda nacional), solicitando al Consejo de la Judicatura integrar su anteproyecto del presupuesto de egresos.(3)
4. El catorce de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo de la Judicatura del Estado entregó al Ejecutivo las carátulas del cierre del registro del anteproyecto de presupuesto del año dos mil diecinueve del Poder Judicial por un monto de $3,451,775,080.00 (tres mil cuatrocientos cincuenta y un millones setecientos setenta y cinco mil ochenta pesos 00/100 moneda nacional), más recursos adicionales, dando un total de $5,353,804,005.00 (cinco mil trescientos cincuenta y tres millones ochocientos cuatro mil cinco pesos 00/100 moneda nacional).
5. El Ejecutivo envió a la Legislatura la iniciativa del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, proponiendo un monto de $3,734,224,324.00 (tres mil setecientos treinta y cuatro millones doscientos veinticuatro mil trescientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional).(4)
6. Las Comisiones Legislativas de Planeación y Gasto Público, y de Finanzas Públicas, elaboraron el dictamen con proyecto de decreto, mismo que fue aprobado el treinta de diciembre de dos mil dieciocho, y publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el treinta y uno del mismo mes y año, asignándose un presupuesto de egresos al Poder Judicial del Estado por la cantidad de $3,434,224,324.00 (tres mil cuatrocientos treinta y cuatro millones doscientos veinticuatro mil trescientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional).(5)
7. En la demanda, en esencia, se argumenta que las autoridades demandadas violaron el principio de división de poderes y el de independencia judicial al reducir el presupuesto de egresos del Poder Judicial actor para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, y disponer del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.
8. Trámite de la demanda. El veintiocho de enero de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente con el número 23/2019 y, por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.(6)
9. El Ministro instructor, por auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostenta y como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México, no así a las Comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas del Poder Legislativo, por ser integrantes del segundo de los poderes mencionados.
10. En el mismo auto, se ordenó emplazar a los poderes demandados para que formularan su contestación y dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
11. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda son, en síntesis, los siguientes:
12. El poder actor aduce que la irreductibilidad del presupuesto asignado al Poder Judicial se encuentra como una garantía de rango constitucional, contenida en el artículo 88 de la Constitución Mexiquense, así como en el diverso 116, fracción III de la Constitución General, por lo que resulta evidente que se reconoce el principio de progresividad y no regresividad en la asignación presupuestaria del Poder Judicial, como un derecho humano de los gobernados a gozar de una administración de justicia por tribunales expeditos, con independencia y autonomía, y consecuentemente a la seguridad jurídica y vigencia plena del estado de derecho, evitando que los Poderes Ejecutivo y Legislativo ejerzan presión económica con fines políticos, pues ello vulneraría la independencia del Poder Judicial al afectar su operatividad y desarrollo.
13. El presupuesto de egresos del Poder Judicial no puede asignarlo unilateralmente el Poder Legislativo, ya que el proceso indica que el propio Poder Judicial elaborará y remitirá su proyecto de presupuesto de egresos al Ejecutivo, quien presentará la iniciativa ante el Legislativo.
14. Por lo que el artículo 13 del Decreto impugnado viola el principio de irreductibilidad presupuestal y salarial, así como la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución General pues ni en la exposición de motivos ni en el dictamen de la iniciativa se fundan ni motivan las razones para reducir el presupuesto de egresos del Poder Judicial del Estado de México; y finalmente vulnera los principios de progresividad y no regresividad vinculados con la autonomía e independencia del Poder Judicial, tutelados en los artículos 1° y 116, fracción III, de la Constitución General, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, pues concluye que la independencia judicial es un derecho humano que debe ser tutelado por todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias.
15. Ello, debido a que en el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, se asignó al Poder Judicial la cantidad de $3,553,201,766.00 (tres mil quinientos cincuenta y tres millones doscientos un mil setecientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), y en el correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve se determinó un presupuesto de $3,434,224,324.00 (tres mil cuatrocientos treinta y cuatro millones, doscientos veinticuatro mil trescientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), lo que equivale a una reducción de 3.35% con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio inmediato anterior, por lo que el referido artículo 13 combatido transgrede lo establecido en el artículo 299 bis del Código Financiero del Estado de México, que dispone que el presupuesto de egresos del Poder Judicial que se apruebe no podrá ser menor al porcentaje que represente de los ingresos ordinarios del Estado; así como los diversos artículos 88 de la Constitución local, que señala que el presupuesto de egresos anual del Poder Judicial no podrá ser menor al porcentaje que represente de los ingresos ordinarios del Estado, correspondiente al año inmediato anterior, y tampoco podrá ser inferior al 2.0% de los ingresos ordinarios del Estado para el año fiscal de que se trate, y 116, fracción III, de la Constitución General, que establece la garantía institucional de irreductibilidad de las asignaciones presupuestales para los poderes judiciales.
16. Por lo que, señala, la asignación de recursos para el ejercicio dos mil diecinueve, representa el 1.22% de los ingresos ordinarios del Gobierno del Estado de México, por tanto la asignación presupuestal para el Poder Judicial es contraria a la normatividad aplicable, e inferior al monto asignado en el presupuesto para el ejercicio dos mil dieciocho, y tampoco corresponde al 2.0% de los ingresos ordinarios de la entidad.
17. Añade que la autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los Tribunales Superiores de Justicia puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia y autonomía, por lo que no puede quedar sujeta a las limitaciones, indicaciones o insinuaciones de otros poderes, pues se vulneraría el principio de división de poderes garantizado en el artículo 116 Constitucional; también, tal autonomía tiene fundamento en el numeral 17 de la propia Constitución por el que se instituye la garantía de una administración de justicia expedita, gratuita y la obligación del legislador local y federal de garantizar la independencia de los tribunales, lo que no se lograría sin la autonomía presupuestal. Señala también que la autonomía de la gestión presupuestal, debe sumarse, a la remuneración adecuada y no disminuible, a la carrera judicial e inamovilidad de los juzgadores, como principios fundamentales, pues sin la autonomía de la gestión presupuestal se obstaculiza el logro de la inmutabilidad salarial.
18. Además, de no contarse con los recursos económicos suficientes, tendría que ceñir la administración de sus recursos sin perjudicar los derechos laborales de quienes ya forman parte del Poder Judicial, lo que implica cuestiones de irreductibilidad salarial como parte de la garantía de seguridad jurídica, y por ende de independencia judicial; por lo que la reducción del presupuesto de egresos coloca en un potencial riesgo la operatividad eficaz y eficiente del Poder Judicial, impactando en la ya mencionada independencia judicial.
19. Aduce que el Ejecutivo local debió remitir a la Legislatura del Estado el proyecto de presupuesto de egresos enviado por el Poder Judicial, considerando el 2% de los ingresos ordinarios del Estado, o en su defecto, el monto solicitado, sin modificación o reducción, sin embargo, sin motivación ni fundamento recortó el presupuesto, dejando de observar el artículo 88 de la Constitución Local, el diverso 289 del Código Financiero para el Estado de México, y en consecuencia el numeral 116, fracción III de la Constitución Federal, porque privó al Poder Judicial de su autonomía funcional, presupuestal y administrativa, de manera que violó la independencia judicial contraviniendo así el principio de división de poderes contemplado en el mismo artículo 116, primer párrafo de la Constitución General.
20. Adicionalmente transgredió el artículo 16 de la Constitución Federal y el 143 de la Constitución local, pues su intervención debe limitarse a fungir como intermediario en la presentación del presupuesto de egresos, por lo que no puede alterarlo o modificarlo.
21. Menciona que el Congreso local, al aprobar el presupuesto de egresos, no puede establecer limitaciones que impidan llevar a cabo los fines u objetivos del ente público, pues ello implicaría una invasión de atribuciones al entrañar una forma de decisión en sustitución del Poder Judicial, de cómo deberá operar para el logro de sus objetivos, vulnerando lo señalado en el artículo 88 de la Constitución local y el principio de división de poderes; alega también, que la falta de razonamiento expreso por parte del Legislativo local sobre las razones para asignar un cierto monto al Poder Judicial, diferente del solicitado, violenta la garantía de fundamentación y motivación debida, prevista por el artículo 16, e indirectamente lo dispuesto por los artículos 17 y 116, fracción III, todos de la Constitución Federal, al atentar contra la autonomía e independencia presupuestaria del Poder Judicial.
22. Asimismo, señala que al formular el Dictamen de la iniciativa del Decreto impugnado, las Comisiones Unidas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas de la Sexagésima Legislatura del Estado de México, violaron lo dispuesto en los artículos 116, fracción III, de la Constitución Federal, y 88 de la local, y, por tanto, la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial. También viola los artículos 63, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como los artículos 289 y 299 Bis, del Código Financiero para el Estado de México, porque se excedieron en sus facultades, pues sin fundamento ni motivación modificaron el proyecto de presupuesto aprobado por el Consejo de la Judicatura, lo que constituye una intromisión en el Poder Judicial y la constitución de una dependencia de éste respecto del Congreso Local, ya que solo se manifestó en una conferencia de prensa de la Legislatura que las Comisiones Unidas acordaron una disminución a las asignaciones del Poder Judicial en concordancia con la austeridad encabezada por el Gobierno Federal, cuestión que fue aprobada contra disposiciones expresas de la legislación aplicable.
23. Aduce que al disminuirse el monto autorizado para el Poder Judicial y, al ser el Consejo de la Judicatura local el facultado de aprobar el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial y acordar su estricta distribución, impide que éste cumpla con la obligación de respetar los principios de la función jurisdiccional.
24. Menciona que el decreto en su artículo décimo segundo transitorio, impide, limita y violenta las facultades de la única autoridad competente para determinar el destino de los recursos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, que es el Consejo de la Judicatura, en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial local; y aunado a lo anterior, el Legislativo local da un destino diferente a los recursos del Fondo Auxiliar, distintos a los establecidos en la ley mencionada, con lo que se materializa una intromisión en la esfera competencial del Poder Judicial, pretendiendo subordinar al Poder Judicial, en cuanto a la gestión presupuestal en un patrimonio que le es propio.
25. Por lo anterior, solicita la invalidez de los artículos 9, 10 y 11 en la parte conducente al Poder Judicial, 13 en su totalidad, y el décimo segundo transitorio, todos del Decreto impugnado.
26. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo. Carlos Felipe Fuentes del Río, en su carácter de Director General Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, nombramiento otorgado por el Gobernador Constitucional del Estado de México, contestó la demanda la cual dado el sentido de esta resolución, se estima innecesario sintetizar.
27. Contestación de la demanda del Poder Legislativo. Karla Leticia Fiesco García, en su carácter de Diputada Presidenta de la Diputación Permanente de la Sexagésima Legislatura del Estado de México, contestó la demanda la que se estima innecesario sintetizar en virtud del sentido de la presente resolución.
28. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente, a pesar de estar debidamente notificado.
29. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el dos de diciembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, y se puso el expediente en estado de resolución.
30. Radicación. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala para su radicación y resolución.
II. PRESUPUESTOS PROCESALES
31. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es constitucional y legalmente competente(7) para conocer la presente controversia constitucional al ser interpuesta por parte legitimada.(8)
III. DESISTIMIENTO
32. A juicio de esta Primera Sala, la cuestión que debe resolverse en el presente recurso consiste en determinar:
¿Es procedente el desistimiento de la controversia constitucional expresado por el Poder actor?
33. La respuesta a la interrogante anterior es afirmativa, pues se surten las hipótesis que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte ha señalado para que proceda el desistimiento de la presente controversia constitucional.
34. Al respecto, según lo ha determinado el Pleno de este Alto Tribunal, el sobreseimiento por desistimiento en una controversia constitucional previsto en el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(9) se encuentra condicionado a que la persona que se desista a nombre de la entidad, órgano o poder de que se trate, se encuentre legitimada para representarlo en términos de las leyes que lo rijan; que ratifique su voluntad ante funcionario investido de fe pública y, en lo relativo a la materia del juicio, que no se trate de la impugnación de normas de carácter general.(10)
35. Ahora bien, en el caso se cumplen las tres condiciones anunciadas. El servidor público que signó el desistimiento cuenta con la debida representación del Poder actor. Ese desistimiento fue ratificado por dicho servidor público y, en el caso, no se impugnaron normas de carácter general.
36. En efecto, el Poder Judicial del Estado de México, por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, actuando en su carácter de representante legal, presentó escrito de desistimiento el veinticuatro de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos siguientes:
Con el carácter con que me ostento, por este escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, fracción V, y 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por convenir a los intereses que represento, vengo a desistirme en forma expresa de la presente Controversia Constitucional en que promuevo, solicitando se decrete el sobreseimiento de la misma, dándose por concluida en forma definitiva y se ordene su archivo para todos los efectos legales correspondientes.
37. Importa señalar que el artículo 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece que el ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Superior de Justicia.(11) Además, el artículo 42, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México establece que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia representa al Tribunal Superior de Justicia.(12)
38. En el caso, se acreditó el carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia con certificación expedida por el Secretario General de Acuerdos de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia en la que consta que en sesión del Pleno del Tribunal de siete de enero de dos mil veinte, se aprobó elegir al Magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar como Presidente de dicho órgano, por el periodo que comprende del siete de enero de dos mil veinte hasta la primera sesión que se celebre en enero de dos mil veinticinco.
39. Dicho desistimiento fue ratificado ante Notario Público. Así, en el instrumento notarial de cinco de febrero de dos mil veinte, se hizo constar lo siguiente:
HAGO CONSTAR bajo mi fe y CERTIFICO que el día anotado al principio de esta acta, ante mí, el Doctor en Derecho RICARDO ALFREDO SODI CUELLAR, con el carácter indicado, reconoció como suya la firma que aparece al calce del documento que en un tanto original me exhibe, y el cual presenta en su anverso un sello de recibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el día 24 de Enero de 2020, ratificando asimismo su contenido en todas y cada una de sus partes, ello en atención al requerimiento contenido en el acuerdo de 28 de enero del presente año, emitido en la Controversia Constitucional número 23/2019.
Para constancia, marcado con la letra "A" agrego al apéndice de este instrumento una copia del documento presentado, consistente en una hoja tamaño carta escrita ambos lados (anverso y reverso), cuya firma fue reconocida y cuyo contenido fue ratificado ante mí, y el original devuelvo al compareciente, mismo que se trata de un DESISTIMIENTO A UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NÚMERO 23/2019.
40. Además, la materia del desistimiento no versa sobre una norma general. Así, del análisis de la demanda, como de las constancias que obran en el expediente, se desprende que los actos que el Poder Judicial actor reclamó son los artículos 9, 10 y 11, en la parte conducente y relativa al Poder Judicial, respectivamente, 13 en su totalidad, y el transitorio décimo segundo, todos del Decreto 17 por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, lo anterior derivado de la modificación y reducción del proyecto de presupuesto de egresos para el Poder Judicial para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, presentado por el Consejo de la Judicatura, al Poder Ejecutivo y que fue enviado para su remisión al Poder Legislativo local. Dichos artículos establecen:
Ver artículos
Artículo 13. El gasto asignado en este Presupuesto de Egresos al Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2019, importa un monto de $3,434,224 que incluye las previsiones por incremento salarial. Sus gasto de operación y su calendarización, será definida por el propio Poder.
El Consejo de la Judicatura comunicará al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, a más tardar 15 días hábiles posteriores a la publicación del presente decreto, la calendarización que acuerde. De igual forma remitirá el resultado de su ejercicio y aplicación para efectos de la Cuenta Pública, en los términos que la legislación aplicable establece.
DÉCIMO SEGUNDO. Los recursos provenientes de la administración del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, serán aplicados, dando preferencia a la modernización de la Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de las agencias del Ministerio Público, verificando en todo momento el cumplimiento puntual de las obligaciones contingentes que dicho fondo dispone; el monto generado y su aplicación, serán hechos del conocimiento de la Legislatura en los informes trimestrales que se le envíen conforme a lo previsto en el artículo 352 Bis del Código.
41. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el concepto de norma general no puede circunscribirse específica y exclusivamente a la denominación formal como ley o tratado internacional, por lo que para determinar la característica del acto impugnado es indispensable analizar caso por caso, para poder fijar si se trata de un acto formal y materialmente administrativo, o por el contrario, prevé disposiciones jurídicas generales, abstractas e impersonales.(13)
42. En el presente caso, como se observa de lo anteriormente transcrito, el Poder Judicial del Estado de México demandó la invalidez de actos que no tienen las notas características de las normas generales, pues se refieren a una partida en específico, a saber, la partida correspondiente al Poder actor. En ese sentido, dichos actos no pueden catalogarse como fuente de situaciones jurídicas generales, pues simplemente tienden a definir la situación presupuestaria que se asignará al Poder Judicial del Estado de México respecto al dos mil diecinueve.
43. En ese orden de ideas, las porciones normativas impugnadas se refieren a una situación concreta, consistente en cómo deben aplicarse los ingresos durante un ejercicio fiscal determinado, de ahí que, no pueda hablarse del nacimiento de situaciones jurídicas generales, sino que por el contrario, en cuanto al concepto, al monto y al tiempo, está realizando un acto administrativo, el cual se extingue una vez aplicado y, en ese sentido se impugnó por el promovente, dado que se dolió de una reducción presupuestaria. Por lo tanto, esta Primera Sala concluye que en el caso sí es procedente el desistimiento.
44. En estas condiciones, se tiene por desistido al Poder actor y, en consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en la presente controversia constitucional, de conformidad con el artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
45. No obsta a esta conclusión que en el presente asunto se haya celebrado la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de la materia, ya que el desistimiento puede manifestarse en cualquiera de las etapas del juicio, atendiendo a que la controversia constitucional se sigue a instancia de parte.(14)
46. En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
R E S U E L V E :
PRIMERO. Se tiene por desistido al Poder Judicial del Estado de México.
SEGUNDO.- Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente y Ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá. El Ministro Pardo Rebolledo se reservó voto aclaratorio.
Firma el Ministro Presidente de la Primera Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA Y PONENTE
MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA
_______________
1. Como obra en el sello a foja 52, parte posterior, del expediente en que se actúa.
2. Foja 3 del expediente en que se actúa.
3. Ibíd. foja 3 inversa.
4. Ibíd. fojas 4 y 5.
5. Ibíd. fojas 5, 6, 316 a 348 y 785 a 860.
6. Ibíd. fojas 56 y 57.
7. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.
8. El Poder Judicial del Estado de México, por conducto de Sergio Javier Medina Peñaloza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, personalidad que acredita con certificación expedida por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, correspondiente a la designación del cargo que se realizó en la sesión ordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México de siete de enero de dos mil quince.
9. Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: I. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas generales; (...).
10. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 113/2015, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA". Consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, septiembre de 2005, página 894, registro: 177328.
11. Artículo 88.- El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en:
a) Un órgano colegiado denominado Tribunal Superior de Justicia, el cual funcionará en Pleno, Sala Constitucional, Salas Colegiadas y Unitarias Regionales;[...].
12. Artículo 42.- Son atribuciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia: [...]
XII. Representar al Tribunal Superior de Justicia en los actos jurídicos y oficiales o designar, en su caso, representante para tal efecto; y [...].
13. Véase la acción de inconstitucionalidad 108/2015, resuelta por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.
14. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 54/2005, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES". Consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de 2005, página 917. Registro: 178008.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200544-58fcd1cd/i-controversia-constitucional-condiciones-para-la-procedencia-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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