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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI DE LOS RAZONAMIENTOS PLANTEADOS POR EL ACCIONANTE SE ADVIERTE QUE LA CUESTIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA INVOLUCRA, ENTRE OTROS TEMAS, LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL, DEBE TENERSE COMO NORMA IMPUGNADA LA DISPOSICIÓN QUE LA PREVÉ, AUN CUANDO NO HAYA SIDO OBJETO DE IMPUGNACIÓN EXPRESA (DECRETO LXV/RFCNT/0301/2017 II P.O. DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 99 A 115 Y DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 105 TER, 116 Y 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EL 29 DE ABRIL DE 2017). II. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA PROHIBICIÓN A LOS MAGISTRADOS Y CONSEJEROS EN RETIRO DEL ESTADO PARA SER PATRONOS, ABOGADOS O REPRESENTANTES DURANTE EL PLAZO EN QUE GOCEN DE UN HABER DE RETIRO, NO ES LA MEDIDA IDÓNEA NI MENOS RESTRICTIVA PARA EVITAR INFLUENCIAS INDEBIDAS SOBRE LOS QUE ESTÁN EN FUNCIONES O ANTIGUOS SUBORDINADOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 99, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). III. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA CONFORMACIÓN DE SU CONSEJO DE LA JUDICATURA POR CINCO INTEGRANTES, DE LOS CUALES TRES SON EXTRAÍDOS DE AQUÉL, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL (ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). IV. CONSEJOS DE LA JUDICATURA DE LOS ESTADOS. PRINCIPIOS QUE DEBEN ATENDER LOS ESTADOS EN SU CONFIGURACIÓN. V. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA IMPOSIBILIDAD DE RECURRIR LAS DECISIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ESA ENTIDAD EN MATERIA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DE AQUÉL ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, SIN LA PARTICIPACIÓN DE ÉSTE, IMPLICA UNA SUBORDINACIÓN QUE VULNERA LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 110, FRACCIONES III, X Y XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). VI. CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. LAS ATRIBUCIONES PARA APROBAR EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL, INCLUYENDO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Y EJERCERLO RESULTAN INCONSTITUCIONALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 110, FRACCIONES X Y XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO LXV/RFCNT/0301/2017 II P.O. DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 99 A 115 Y DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 105 TER, 116 Y 117 DE LA CARTA MAGNA ESTATAL, PUBLICADO EL 29 DE ABRIL DE 2017). VII. PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CON UN MÍNIMO DE QUINCE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS PARA QUE FUNCIONE EN PLENO O EN SALAS, NO VULNERA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL (ARTÍCULO 100 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA PORCIÓN NORMATIVA: "EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA FUNCIONA EN PLENO, O EN SALAS Y SE INTEGRARÁ CON UN MÍNIMO DE QUINCE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS"). VIII. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA FACULTAD DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ESA ENTIDAD PARA AUMENTAR O DISMINUIR LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA MEDIANTE ACUERDO DE MAYORÍA DE SUS MIEMBROS VULNERA EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 100, EN LA PORCIÓN NORMATIVA: "SU INTEGRACIÓN PODRÁ AUMENTAR O DISMINUIR, MEDIANTE ACUERDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR MAYORÍA DE SUS MIEMBROS, CUANDO UN ESTUDIO OBJETIVO MOTIVE Y JUSTIFIQUE LAS NECESIDADES DEL TRABAJO JURISDICCIONAL Y LAS CONDICIONES PRESUPUESTALES DEL ESTADO LO PERMITAN", Y 110, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). IX. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LAS ATRIBUCIONES QUE DEFINEN AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ESA ENTIDAD COMO UNO DE SUS ÓRGANOS, ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, DISCIPLINA Y CARRERA JUDICIAL, CUMPLEN CON LAS FUNCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE PARA LOS ESTADOS QUE OPTAN POR CREAR DICHO ÓRGANO (ARTÍCULOS 106, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, Y 110, FRACCIONES VI, VII, VIII Y IX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). X. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA IMPOSIBILIDAD DE RECURRIR LAS DECISIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ANTE EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, AMBOS DE ESA ENTIDAD, RELATIVAS AL RETIRO FORZOSO Y A LA SUSPENSIÓN DEL CARGO DE LOS MIEMBROS DE AQUÉL, VULNERA EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 106, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 32, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ: "SU INTEGRACIÓN PODRÁ AUMENTAR O DISMINUIR, MEDIANTE ACUERDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA POR MAYORÍA DE SUS MIEMBROS, CUANDO UN ESTUDIO OBJETIVO, MOTIVE Y JUSTIFIQUE LAS NECESIDADES DEL TRABAJO JURISDICCIONAL Y LAS CONDICIONES PRESUPUESTALES DEL ESTADO LO PERMITAN", Y 125, FRACCIONES III, XII Y XXVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCI

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 179/2017. · Registro digital (IUS): 28248
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-12-14
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Pág. 5.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 179/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 9 DE ABRIL DE 2018. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, autoridades demandadas y acto impugnado. Por escrito presentado el nueve de junio de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, representado por el Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Julio César Jiménez Castro, promovió controversia constitucional en contra del Congreso del Estado, titular del Poder Ejecutivo, secretario general de Gobierno y diversos Municipios, todos del Estado de Chihuahua, en la que solicitó la invalidez del Decreto LXV/RFCNT/0301/2017 II P.O., publicado en el Periódico Oficial local el veintinueve de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

SEGUNDO.—Antecedentes. El Poder Judicial actor narró como antecedentes de los actos impugnados los hechos siguientes:

1. El doce de noviembre de dos mil dieciséis, Julio César Jiménez Castro fue nombrado Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

2. El veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para reformar el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, así como algunos aspectos de su organización y estructura.

3. La mencionada iniciativa fue turnada para dictaminar a la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, la cual emitió dictamen en sentido positivo el veinte de febrero de dos mil diecisiete.

4. El catorce de marzo de dos mil diecisiete, el Congreso del Estado de Chihuahua expidió el decreto impugnado, ordenando enviar copia de la iniciativa, su dictamen y los debates de la Legislatura a los Ayuntamientos que integran el Estado de Chihuahua para su aprobación.

5. El veinte de abril de dos mil diecisiete, la secretaria del Congreso del Estado de Chihuahua llevó a cabo el cómputo de los votos emitidos por los Ayuntamientos, contabilizando veintiocho votos aprobatorios.

6. El veinte de abril de dos mil diecisiete, se emitió declaratoria de aprobación, se declaró aprobado y se envió para su publicación en el Periódico Oficial del Estado el decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado.

7. El veintinueve de abril de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial el Decreto LXV/RFCNT/0301/2017 II P.O., el cual entró en vigor al día siguiente, conforme a su artículo segundo transitorio.

8. El seis de junio de dos mil diecisiete el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua determinó impugnar las porciones normativas que se estiman inconstitucionales.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:

I. Primer concepto de invalidez: párrafo cuarto del artículo 99 de la Constitución Local.

a. El artículo impugnado constituye una limitante al derecho a desempeñar la abogacía para quienes hayan ocupado una magistratura en el Poder Judicial del Estado, lo cual es contrario al derecho de libertad del trabajo previsto en el artículo 5o. de la Constitución Federal.

b. La función jurisdiccional se debe ejercer con independencia y sin presiones de ningún género, por lo que no es válido suponer (como lo hace la exposición de motivos) que los Magistrados y consejeros del Poder Judicial del Estado, al ejercer la abogacía incurrirán en actos de influencia, favoritismo o corrupción.

c. De ser así, la limitante al ejercicio profesional no se debería sólo imponer a consejeros y Magistrados.

d. Los Magistrados que conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua (vigente con anterioridad a la reforma de veintinueve de noviembre de dos mil catorce) tengan derecho a una pensión vitalicia ven afectados sus derechos de manera retroactiva al limitarse en modo absoluto el ejercicio de la libre profesión.

e. Para los Magistrados nombrados con posterioridad a dicho decreto, los que gozan de una pensión de siete años, la prohibición también resulta excesiva, al exceder lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución General.

f. El artículo 101 de la Constitución General establece una prohibición a determinados funcionarios del Poder Judicial Federal para ejercer la profesión los dos años siguientes a la fecha de su retiro, por la posibilidad de que exista un conflicto de intereses, mas no porque su desempeño genere actos de corrupción por el uso de influencias y favoritismos.

g. Por tanto, se hace valer violación a los artículos 5o., 17 y 101 de la Constitución General y se invocan las tesis «P./J. 118/2009, 2a. CXXI/2008 y P./J. 107/2000», de rubros: "MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL ARTÍCULO 66, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ESTATAL, AL ORDENAR LA LIMITACIÓN TEMPORAL DE 2 AÑOS PARA EJERCER LA ABOGACÍA ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD DESPUÉS DE HABER OCUPADO EL CARGO RELATIVO, ES CONSTITUCIONAL.", "LIBERTAD DE TRABAJO. LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES PUEDEN RESTRINGIR SU EJERCICIO TRATÁNDOSE DE LOS JUZGADORES DE LOS PODERES JUDICIALES ESTATALES, EN ARAS DE CUMPLIR CON LAS BASES QUE EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 17 Y 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." y "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. CRITERIOS QUE LA SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO SOBRE SU SITUACIÓN, CONFORME A LA INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

h. El parámetro utilizado para fijar el tiempo de la prohibición es violatorio del principio de igualdad contenido en el artículo primero de la Constitución General, pues existen Magistrados con derecho a una pensión vitalicia y otros que tienen derecho a un haber de retiro por siete años.

II. Segundo concepto de invalidez: artículos 100, 106, 107 y 110 de la Constitución del Estado de Chihuahua.

a. Los artículos impugnados son violatorios de los numerales 17, 40, 41, 49, 110, segundo párrafo y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al otorgar al Consejo de la Judicatura atribuciones para controlar o invadir la esfera jurisdiccional del Poder Judicial del Estado.

b. Según determinaciones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el esquema seguido en las entidades federativas para el establecimiento de los Consejos de la Judicatura tienen como base la naturaleza y funciones del Consejo de la Judicatura Federal. Dicho órgano se encarga de las funciones necesarias para el manejo y operación de los órganos jurisdiccionales, permitiendo que éstos se enfoquen a la resolución de controversias y sin que exista una relación de superioridad jerárquica o dependencia entre el Consejo de la Judicatura Federal y los órganos jurisdiccionales que componen al Poder Judicial de la Federación. Se cita la tesis P. XXVI/2010: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO GUARDA UNA RELACIÓN DE JERARQUÍA NI DE DEPENDENCIA CON LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.". Posteriormente, en apoyo al argumento de que los Consejos de la Judicatura no son titulares del Poder Judicial, al no ejercer la función jurisdiccional de manera parcial o total, por lo que la función jurisdiccional no puede estar subordinada a la función administrativa, organizacional se cita la tesis P./J. 114/2009: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SUS FUNCIONES ESTÁN SUBORDINADAS A LA PROPIAMENTE JURISDICCIONAL."

c. Si bien los Estados no están obligados a prever un Consejo de la Judicatura, en caso de que las Legislaturas Locales decidan establecer este tipo de órganos en sus regímenes internos, los mismos no deben contravenir los principios generales establecidos por el Constituyente respecto al sistema federal. Estos principios garantizan que la función jurisdiccional no se vea determinada por decisiones administrativas.

d. Se enumeran los principios que garantizan la función judicial: 1) la idoneidad en la designación de Jueces y Magistrados; 2) la consagración de la carrera judicial; 3) la seguridad económica de Jueces y Magistrados; 4) la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo; y, 5) la autonomía de la gestión presupuestal.

e. Se citan las tesis «P./J. 115/2009 y P. LV/2009»: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SU ACTUACIÓN DEBE RESPETAR LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL." y "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO TIENEN ORDEN, DEPENDENCIA O SUMISIÓN CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL, NI ENTRE ELLOS EXISTE UNA POSICIÓNS SUBORDINADA O RELACIÓN DE MANDO O DOMINIO."

f. De acuerdo con la tesis «P./J. 112/2009»: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. PRINCIPIOS ESTABLECIDOS POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE EN RELACIÓN CON SU CREACIÓN.". citadas, el Consejo de la Judicatura Estatal debe estar conformado por una mayoría de integrantes provenientes del Poder Judicial.

g. Los Consejos de la Judicatura se limitan a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de tal forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen en la resolución de los asuntos que son sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 de la Constitución General. Asimismo, que los Consejos de la Judicatura Locales no son superiores jerárquicos o pueden invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administra, al sólo tener competencias respecto a la organización y funcionamiento del sistema judicial. De esta manera, al ejercer labores de inspección y vigilancia no pueden de ninguna manera referirse a la interpretación y aplicación de las leyes realizadas por los Jueces cuando administran justicia.

h. La Suprema Corte ha dicho que al diseñar y ejercer el presupuesto del Poder Judicial, los Consejos de la Judicatura Locales no pueden pasar por alto los principios constitucionales contenidos en el artículo 116, fracción III, de la Constitución General. Por otra parte, que el establecimiento de la definitividad e inatacabilidad de las decisiones del Consejo de la Judicatura debilita al Poder Judicial porque las decisiones que aquél toma se vuelven incontrovertibles. De esta manera, respecto a la legislación del Estado de Baja California, determinó que puede existir subordinación del órgano jurisdiccional a su ente administrativo, toda vez que las decisiones del Consejo de la Judicatura son inatacables, y además, elabora el presupuesto global del Poder Judicial, en el cual está incluido el Tribunal Superior de Justicia.

i. En el caso concreto, la porción normativa impugnada provoca que todas las decisiones del Consejo de la Judicatura Local, inclusive las que incidan en la función jurisdiccional que propiamente le corresponden al Tribunal Superior de Justicia Local, se vuelvan incontrovertibles e inmodificables, lo que genera una subordinación de la cabeza del Poder Judicial Local hacia su ente administrativo.

j. La porción normativa impugnada indica que el Tribunal Superior de Justicia funciona en Pleno o en Salas y se integra por un mínimo de 15 Magistrados y Magistradas, cuyo número podrá disminuir mediante acuerdo del Consejo de la Judicatura. Actualmente, el Tribunal Superior de Justicia se integra por 27 Magistradas y Magistrados. De esta manera, la facultad del Consejo de la Judicatura para disminuir dicho número hasta llegar al mínimo crea un estado de inseguridad jurídica para la totalidad de los integrantes del Pleno, vulnerando los principios de seguridad y estabilidad en la duración en el cargo y los principios de carrera judicial. Asimismo, resulta contrario a la naturaleza jurídica del Consejo como órgano administrativo, que tenga facultades para variar la integración del propio Tribunal Superior de Justicia. Finalmente, altera los principios de independencia, división de poderes y el beneficio de inamovilidad. Se citan las tesis «P./J. 22/2006 y P./J. 107/2000»: "RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS." y "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. CRITERIOS QUE LA SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO SOBRE SU SITUACIÓN, CONFORME A LA INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

k. Es inconstitucional el artículo 106 de la Constitución Local porque permite al Consejo de la Judicatura evaluar el desempeño de las y los juzgadores; resolver sobre su designación, adscripción, remoción o destitución, así como presentar denuncias y querellas contra ellos, porque contraviene los principios generales establecidos por el Constituyente en la materia. El hecho de que el órgano administrativo pueda ejercer sus facultades sobre los Jueces y Magistrados vulnera los principios de autonomía e independencia judiciales, consagrados en los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución General, pues en ellos se deposita el Poder Judicial. Sin que lo anterior sea subsanado por el hecho de que dichas decisiones son recurribles ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, ya que la posibilidad de recurrir la decisión no torna constitucional la facultad de decidir sobre la remoción o destitución de Jueces y Magistrados. Además, ya existe un procedimiento para sancionar faltas graves en que puedan incurrir las y los Magistrados, a saber, el juicio político. Se citan las tesis «P./J. 113/2009 y XV.5o.7 A (10a.)» de rubros: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL DISEÑO ESTABLECIDO POR EL CONSTITUYENTE LOCAL PARA SU INTEGRACIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE PODERES Y DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES." y "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO PUEDE DELEGAR EL EJERCICIO DE SU FACULTAD DISCIPLINARIA PARA SANCIONAR A JUECES Y MAGISTRADOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2010)."

l. Las resoluciones sobre retiro forzoso de Magistrados y la suspensión de sus cargos (de Magistrados y Jueces) están excluidas de la posibilidad de ser recurridas ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, lo cual agrava el estado de inconstitucionalidad de la norma, al colocar al órgano administrativo por encima del Pleno del Tribunal e impedir de manera frontal y sin razón alguna la revisión de este tipo de resoluciones. Sin duda, lo anterior conlleva un perjuicio de los principios de autonomía e independencia de la función jurisdiccional y desatiende el espíritu de los artículos 17 y 116, fracción III, constitucionales. Se cita la tesis «P./J. 116/2009»: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA INATACABILIDAD DE SUS RESOLUCIONES ES INCONSTITUCIONAL."

m. Las porciones normativas contenidas en las fracciones X y XIV del artículo 110 de la Constitución Local son inconstitucionales al establecer que son atribuciones del Consejo de la Judicatura aprobar y ejercer el proyecto del presupuesto anual del Poder Judicial, porque no son coherentes con el sistema federal y contravienen los principios generales establecidos por el Constituyente. Se realiza una comparación con el artículo 100 de la Constitución General que excluye a la Suprema Corte del presupuesto que elabora el Consejo de la Judicatura, a efecto de evitar una subordinación. Se citan las tesis «P. XXVI/2010 y P./J. 81/2004»: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO GUARDA UNA RELACIÓN DE JERARQUÍA NI DE DEPENDENCIA CON LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." y "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS."

CUARTO.—Preceptos constitucionales que la parte actora aduce violados. Se señalaron como violados los artículos 5o., 14, 16, 17, 40, 41, 49, 101, 110, segundo párrafo y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Formación y registro. En acuerdo de nueve de junio de dos mil diecisiete, se formó y registró el expediente relativo a la controversia constitucional promovida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia en representación del Poder Judicial, ambos del Estado de Chihuahua; asimismo, se ordenó turnar el asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como instructor en el procedimiento.

SEXTO.—Admisión. Por auto de trece de junio de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como secretario general de Gobierno, todos del Estado de Chihuahua, no así a los Municipios demandados, a los que ordenó emplazar para que presentaran su contestación de demanda, señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones, así como para que enviaran los antecedentes legislativos de las normas generales impugnadas y el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado en que se publicaron. De igual manera, se dio vista a la procuradora general de la República.

SÉPTIMO.—Manifestaciones de la parte actora. En oficio depositado el cinco de julio de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la parte actora manifestó que en cumplimiento al artículo sexto transitorio de la reforma a la Constitución Local publicada mediante Decreto LXV/RFCNT/0301/2017 II P.O. el veintinueve de abril de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto LXV/RFLEY/0338/2017 II P.O. por medio del cual se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, las cuales tienen sustento en las porciones normativas impugnadas en la presente controversia constitucional, por lo que se solicita se extiendan los alcances de la invalidez.

Atento a lo anterior, mediante acuerdo dictado el siete de julio de dos mil diecisiete por el Ministro instructor se tuvieron por formuladas las manifestaciones de la parte actora.

OCTAVO.—Contestaciones de demanda. Mediante oficio recibido el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, por conducto del gobernador constitucional de dicha entidad, formuló contestación de demanda en los términos siguientes:

I. Contestación a los hechos.

a. Es cierto que el veintinueve de abril de dos mil diecisiete se promulgó y publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el Decreto Legislativo LXV/RFCNT/0301/2017 II P.O. mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Constitución Local.

b. Asimismo, el Congreso del Estado fundó y motivó su actuación en la exposición de motivos y los debates se dieron durante su estudio, dictamen y aprobación, por lo que el acto que se impugna a esta autoridad consistente en la promulgación del decreto fue emitido en cumplimiento a las disposiciones legales y aplicables correspondientes.

c. Los hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 no se aceptan o niegan por no ser propios de la autoridad demandada.

d. El hecho identificado con el número 8 se acepta por ser cierto.

II. Contestación al primer concepto de invalidez.

a. Consideración previa: existen argumentos vertidos por la parte actora que no están encaminados a demostrar una invasión de esferas competenciales o una violación al principio de división de poderes, por lo que los mismos deben declararse inoperantes. Se cita la tesis «P./J. 42/2015 (10a.)» de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO."

b. El artículo 99 de la Constitución Local no trastoca la libertad de trabajo que tutela el artículo 5o. constitucional, toda vez que la limitante que contiene no es total y directa, sino que contiene una condición sin la cual no operará dicha limitante parcial. La limitante es parcial y condicionada porque implica una restricción para actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial del Estado y únicamente para aquellos Magistrados y consejeros que gocen de un haber de retiro.

c. En la legislación local, el haber de retiro para Magistrados contempla la totalidad de las percepciones que disfrutan los Magistrados en activo, precisamente en aras de garantizar la independencia del Poder Judicial del Estado, conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Lo anterior entra en conflicto con la actividad que se restringe puesto que se estaría actuando ante un órgano con el cual se sigue una relación formada por las prestaciones que el mismo sigue otorgando.

d. El artículo 99 de la Constitución Local de ninguna manera limita de manera total y excesiva el ejercicio del derecho a la libertad de trabajo, tal como lo resolvió la Suprema Corte en la controversia constitucional 32/2007. Se cita la tesis «P./J. 118/2009», de rubro: "MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL ARTÍCULO 66, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ESTATAL, AL ORDENAR LA LIMITACIÓN TEMPORAL DE 2 AÑOS PARA EJERCER LA ABOGACÍA ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD DESPÚES DE HABER OCUPADO EL CARGO RELATIVO, ES CONSTITUCIONAL."

e. La limitante es constitucional, en virtud de que se establece para garantizar que no se presenten conflictos de intereses, asegurar la imparcialidad en la impartición de justicia e independencia del Poder Judicial en aras de interés colectivo. Además, la libertad de trabajo no es absoluta e irrestricta.

f. La abogacía se puede ejercer de distintas formas, se puede ser docente o litigante en diversas materias y competencias que no necesariamente implica actuar como abogado, patrono o representante ante cualquier proceso ante el Poder Judicial del Estado.

g. La limitante únicamente establece las condiciones necesarias para garantizar la independencia de los titulares de los órganos, así como el interés colectivo, ello en aras de evitar posibles conflictos de intereses. Se cita la tesis «P./J. 28/99», de rubro: "LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)."

h. El texto reclamado no establece diferencias entre los Magistrados que conforman las diferentes hipótesis señaladas por el mismo, sino que la diferencia aparece en la aplicación al caso concreto y sin que exista la intención expresa y determinante del legislador en cuanto al tiempo que unos y otros Magistrados se encontrarán limitados para ejercer la profesión. La diferencia a que alude la parte actora deriva de los tiempos en que los Magistrados gozarán del haber de retiro, lo cual emana del decreto al que hace referencia y no corresponde al tema que corresponde en la presente. Se cita la tesis «1a./J. 55/2006», de rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL."

III. Contestación al segundo concepto de invalidez.

a. Se citan la controversia constitucional 35/2000 y las tesis «P./J. 80/2004 y P./J. 15/2006», de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS." y "PODERES JUDICIALES LOCALES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES CON QUE DEBEN CONTAR PARA GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA."

b. La aseveración relativa a que el número de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia podrá ser disminuido por acuerdo del Consejo de la Judicatura carece de sustento jurídico, ya que lo que realmente contempla el artículo 100 de la Constitución Local es que el Consejo de la Judicatura podrá aumentar o disminuir el número de Magistrados que integran el Pleno, lo que no afecta los principios de independencia y autonomía, en tanto no se alteran las condiciones que permiten el ingreso, la permanencia, la estabilidad y/o inamovilidad judiciales. Considerar fundadas las pretensiones del actor supeditaría el interés y derechos colectivos a los de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, sin tomar en consideración que la modificación del Pleno, en condiciones objetivas no afecta el funcionamiento jurisdiccional de dicho órgano. No se deben interpretar los principios de independencia y autonomía de los integrantes del Poder Judicial como elementos que impidan modificar las circunstancias que permitan generar una mayor operatividad y aprovechamiento de los recursos humanos y económicos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en aras de beneficiar en mayor medida al interés colectivo. La posibilidad de reducción citada no atenta contra las condiciones de ingreso y permanencia en el cargo, ni suprime condiciones necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad en el mismo puesto que no implica la remoción de un Magistrado o la reducción del tiempo que puede ostentarlo. Se cita la tesis «P./J. 44/2007»: "ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE PODERES JUDICIALES LOCALES. PARÁMETROS PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN."

c. El esquema adoptado por el Consejo de la Judicatura no incide en las funciones jurisdiccionales que le corresponden al Tribunal de Justicia del Estado, por lo que no atenta contra la división de poderes. Por otra parte, la excepción establecida para que los integrantes de la Suprema Corte no sean sometidos a las actividades de vigilancia y evaluación no se debe a que se podría violentar el principio de división de poderes, sino a otros elementos propios de la investidura de ese Máximo Tribunal y que no pueden ser comparables con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Por otra parte, el Consejo de la Judicatura Federal asume actividades de control de los funcionarios que constituyen la primera y segunda instancia jurisdiccional, es decir, Jueces y Magistrados; sin embargo el poder constituido por los Magistrados que integran la segunda instancia a nivel local pretenden que les sea reconocido el nivel jerárquico que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

d. Del análisis del proceso legislativo que culminó con la creación del Consejo de la Judicatura se desprende que se dejaron a salvo las facultades de los Estados para establecer un diseño operacional de sus órganos locales y no se puede concluir que en caso de que se decidan establecer los mismos deban sujetarse de manera rígida ante el diseño del Consejo de la Judicatura Federal.

e. El Poder Judicial Local soslaya que el Consejo de la Judicatura forma parte del Poder Judicial por lo que no se puede aducir una violación al principio de violación de poderes.

f. Con relación a la aseveración de que es inconstitucional que sólo sean recurribles las resoluciones sobre designación, adscripción, ratificación, remoción o destitución del Consejo de la Judicatura Local, destaca que dicho órgano es materialmente administrativo y asumir que todas las resoluciones que emita sean recurribles dejaría sin efectos la finalidad de crearlo para liberar a los titulares de los órganos del Poder Judicial de las tareas administrativas.

g. El artículo 110, fracciones X y XIV, de la Constitución Local no es inconstitucional por señalar como atribución del Consejo de la Judicatura el aprobar y ejercer el presupuesto anual del Poder Judicial sin exceptuar al Tribunal Superior de Justicia del Estado, porque se trata de una actividad administrativa y no es comparable con el diseño federal, en virtud de que conforme al artículo 100 de la Constitución General el Consejo de la Judicatura elabora el presupuesto y a nivel local el Consejo sólo lo aprueba y ejerce.

h. Los artículos 100, 106 y 110 de la Constitución Local no ocasionan intromisión, dependencia o subordinación, porque si bien el artículo 116 de la Constitución General garantiza la autonomía e independencia de los Poderes Judiciales Locales, las peculiaridades del diseño se delega en el legislador de los Estados.

IV. Causas de improcedencia y sobreseimiento.

a. La parte actora señala que reclama el Decreto LXV/RFCNT/0301/2017 II P.O.; sin embargo, únicamente formula conceptos de invalidez respecto de los artículos 99, 100, 106 y 110. Se citan las tesis «P. VI/2011 y P./J. 64/2009»: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS."

b. La impugnación de sólo cuatro preceptos de los trece reformados altera la coherencia, estructura y funcionamiento del diseño de la reforma.

c. Ante la ausencia de conceptos de invalidez respecto de diversos artículos no es procedente suplir la deficiencia de la queja.

En oficio depositado el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Jus

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28248-fbe506b5/i-controversia-constitucional-si-de-los-razonamientos-planteados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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