I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA SECRETARÍA DE ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS DEL CONGRESO DEL ESTADO ESTÁ LEGITIMADA PARA REPRESENTAR EN EL JUICIO AL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 130, FRACCIONES XX Y XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO ESTÁ LEGITIMADA PARA REPRESENTAR EN EL JUICIO AL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD [ARTÍCULO 35 TER, FRACCIÓN XIV, INCISO A), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA]. V. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). VI. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. NECESIDAD DE OPERAR A NIVEL NACIONAL UN SISTEMA HOMOGÉNEO A PARTIR DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, POR LO QUE LA LEGISLACIÓN LOCAL RESPECTIVA DEBE SER CONGRUENTE CON LO ESTABLECIDO EN AQUÉLLA. VII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA MERA EXISTENCIA DE UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL RESULTA ACORDE CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE FISCALIZACIÓN, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 108 Y 109 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). VIII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA PREVISIÓN LOCAL CONFORME A LA CUAL EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TIENE, ENTRE OTRAS, LA ATRIBUCIÓN DE FISCALIZAR Y VERIFICAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL SE REALICE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, LOS PROGRAMAS APROBADOS Y LOS MONTOS AUTORIZADOS, NO GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA NI VULNERA SU AUTONOMÍA, AUTOGOBIERNO E INDEPENDENCIA JUDICIAL (ARTÍCULO 27, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). IX. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA PREVISIÓN LOCAL CONFORME A LA CUAL EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TIENE, ENTRE OTRAS, LA ATRIBUCIÓN DE SOLICITAR LA INFORMACIÓN, EFECTUAR VISITAS DE INSPECCIÓN E INTERVENCIONES DE CONTROL A LAS ÁREAS Y ÓRGANOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, LAS CUALES PUEDEN REALIZARSE POR EL TITULAR DEL REFERIDO ÓRGANO INTERNO O POR CONDUCTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS A LAS CUALES SE LES ASIGNEN, NO IMPLICA INTRUSIÓN EN SUS FACULTADES Y EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES (ARTÍCULO 27, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). X. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA PREVISIÓN LOCAL CONFORME A LA CUAL EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TIENE, ENTRE OTRAS, LA ATRIBUCIÓN DE CONCERTAR Y CELEBRAR, EN LOS CASOS QUE ESTIME NECESARIOS, CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS QUE REQUIERA CON EL PROPÓSITO DE APOYAR Y HACER MÁS EFICIENTE LA FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL SIN DETRIMENTO DE SUS FUNCIONES DIRECTAS, NO IMPLICA INVASIÓN O AFECTACIÓN A SU AUTONOMÍA JURISDICCIONAL Y PRESUPUESTARIA (ARTÍCULO 27, FRACCIÓN XXIV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA (ARTÍCULO 27, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). XII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA PREVISIÓN LOCAL CONFORME A LA CUAL EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TIENE, ENTRE OTRAS, LA ATRIBUCIÓN DE EMITIR REGLAMENTOS, LINEAMIENTOS, MANUALES, GUÍAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE SE REQUIERAN PARA SU DEBIDA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LAS LEYES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS LE OTORGAN, DEBIENDO ORDENAR, EN SU CASO, LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, N
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 114/2021. TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 25 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua promovió una demanda de controversia constitucional en contra del Decreto LXVI/RFLEY/1039/2021 XII P.E., publicado en el periódico oficial del Estado de Chihuahua el siete de agosto de dos mil veintiuno, que, entre otros aspectos, reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; específicamente, sus artículos 26, párrafo tercero, 27, fracciones II, X, XIX, XXII, XXIII y XIV, 29, párrafos segundo y tercero, y 34.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la Controversia Constitucional 114/2021, promovida por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de dicha entidad, en la que impugna diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, reformadas y adicionadas mediante el Decreto LXVI/RFLEY/1039/2021 XII P.E, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el siete de agosto de dos mil veintiuno.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mayra Aida Arróniz Ávila, en su carácter de Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa, en la que demandó la invalidez del decreto LXVI/RFLEY/1039/2021 XII P.E., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el siete de agosto de dos mil veintiuno, que, entre otros aspectos, reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; específicamente sus artículos 26, párrafo tercero, 27, fracciones II, X, XIX, XXII, XXIII y XIV, 29, párrafos segundo y tercero, y 34.
2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el promovente expuso esencialmente los siguientes conceptos de invalidez:
Primero
• La forma en que el Congreso redactó las atribuciones del órgano interno de control del tribunal rebasa los fines de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, atentando contra los principios de autonomía, autogobierno e independencia judicial, división de poderes y supremacía constitucional previstos en los artículos 17, 49, 73, fracciones XXIX-V, 116, fracciones III y V, y 133 de la Constitución Federal, además de que contradice el texto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• El artículo 27, fracción X, impugnado al no delimitar las funciones que podrá inspeccionar el órgano interno de control, así como las áreas u órganos en los que realizará intervenciones de control, permite que actúe arbitrariamente.
• El texto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es claro en establecer que la esfera de atribuciones de los órganos internos de control es: a) investigar, substancia y resolver faltas no graves cometidas por las personas servidoras públicas; y b) promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, por lo que el texto de la norma combatida excede por muchos la esfera de atribuciones que desde la Constitución Federal y la legislación en mención se establecen en favor de los órganos internos de control.
• La revisión de las actividades sustantivas del Tribunal viola su independencia judicial pues una unidad administrativa podría realizar actos de intromisión en la impartición de justicia al convertirse en una “tercera instancia” de las decisiones que se adopten erigiendo un “control paralelo” y con la revisión de las actividades adjetivas del actor se vulnera el principio de autonomía por el que se rige y que lo dota de facultades de autoformación y autogobierno para la mayor eficacia en la prestación del servicio que tiene encomendado.
• El artículo 29 impugnado vulnera los principios de autonomía, autogobierno e independencia judicial, seguridad jurídica y supremacía constitucional al facultar al órgano interno de control para que en cualquier tiempo y sin que medie una investigación, realice requerimientos, solicite información y exija que se le permita la revisión de lo que mejor le parezca, sin tener que fundar y motivar su decisión y sin ser super jerárquico, lo cual genera el riesgo de intromisión en las funciones de Tribunal.
• El Congreso estatal rebasó el modelo previsto por el legislador nacional en perjuicio de los servidores públicos del tribunal porque les impone la obligación de proporcionar información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les realice el órgano interno de control, sin que medie una investigación por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones y acorta el plazo para desahogar el requerimiento.
• Los artículos 26 y 27, fracción XIX, impugnados invaden la esfera competencial del Pleno y de la Presidencia del tribunal al facultar al titular del órgano interno de control para nombrar al personal que conformará esa unidad administrativa, concretamente en las áreas de auditoría interna y de mejora de gestión, a pesar de que los artículos 9, fracciones II, IV, VI y XII, de la Ley Orgánica del citado tribunal dispone que el nombramiento de los servidores públicos de las áreas administrativas del tribunal está a cargo del Pleno, además, el Tribunal no ha expedido su reglamento interior, ni ha emitido acuerdo alguno que autorice la creación de plazas de auditoría interna y mejora de la gestión pública dentro de la estructura orgánica del órgano interno de control.
• El artículo 27, fracciones XXII y XIII, impugnado que facultan al órgano interno de control para emitir reglamentos, lineamientos, manuales, guías y disposiciones de carácter general que requieran para su debida organización y funcionamiento, vulneran la esfera competencial del Pleno del Tribunal toda vez que, en términos de las fracciones XVII, XXV y XXVI, del artículo 9 de la referida Ley Orgánica, corresponde al propio tribunal dirigir las labores, así como dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de sus asuntos administrativos, aplicar las sanciones que correspondan y expedir los acuerdos necesarios para su buen funcionamiento. En ese sentido, no es dable que una unidad administrativa emita disposiciones de obligatoriedad general, máxime que, en dado caso, pueden coexistir instrumentos normativos con disposiciones contrarias.
• El artículo 27, fracción XXIV, prevé la atribución del órgano interno de control para celebrar convenios de coordinación con las instancias que requiera atenta contra los principios de autonomía y autogobierno del Tribunal actor.
• Al respecto, las fracciones I, X, XII y XV, del artículo 11, de la señalada Ley Orgánica establecen que corresponde al titular de la presidencia representar al Tribunal ante toda clase de autoridades, suscribir convenios de colaboración con todo tipo de instituciones públicas y privadas, así como con las autoridades administrativas y jurisdiccionales, a fin de dirigir la buena marcha del Tribunal y fortalecer sus relaciones públicas, por lo que el precepto controvertido invade las competencias del titular de la Presidencia del Tribunal, pues sólo él es quien puede representar al mismo ante toda clase de autoridades y suscribir convenios con instituciones públicas o privadas, atribuciones que no son discrecionales, sino que le corresponden en su calidad de representante del Tribunal.
Segundo
• El artículo 27, fracción II, impugnado que otorga al órgano interno de control la facultad para fiscalizar y verificar que el ejercicio del gasto del Tribunal se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y los montos autorizados, contradice los artículos 14, 16, 73, fracciones XXIV y XXIX-V, 108, 113, 116, fracción II, y 133 de la Constitución Federal y la distribución de competencias que realiza la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues el único órgano especializado y competente para auditar es la entidad fiscalizadora federal o local que, en el caso de Chihuahua, es la Auditoria Superior del Estado.
• Al respecto, el artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua establece que la fiscalización de la cuenta pública tiene por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera, lo que implica revisar: a) la ejecución del presupuesto de las entidades fiscalizadas y que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizadas; b) si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de registro y contabilidad gubernamental; c) si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos federales se ajustaron a la legalidad y d) comprobar si el ejercicio de la Ley de ingresos y el Presupuesto de Egresos se ha ajustado a los criterios señalados en los mismos.
• En ese sentido, la actividad de fiscalización y control corresponde en exclusiva a las Auditorías Superiores de la Federación y de cada entidad federativa, de lo contrario se vulnera la esfera de competencia de éstas que genera una intromisión indebida en la autonomía y autogobierno del Tribunal.
Tercero
• El artículo 34 impugnado, al prever la obligación del órgano interno de control de remitir al Congreso del Estado un informe de gestión anual, transgrede el principio de división de poderes, lo que adquiere mayor fuerza si se toma en cuenta que la persona titular de dicho órgano interno fue designada por el Congreso del Estado.
Cuarto
• Debe declararse la “invalidez indirecta” de los artículos 64, fracción XV, inciso H), de la Constitución Local y 26, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justica Administrativa del Estado de Chihuahua, así como de su acto de aplicación consistente en el Decreto LXVI/NOMBR/0965/2021 X P.E., toda vez que la facultad del Congreso para designar al titular del órgano interno de control del tribunal actor es contraria a los principios de autonomía e independencia judicial pues constituye una injerencia indebida en la integración y funcionamiento del Tribunal.
Quinto
• Debe declararse la “invalidez indirecta” del capítulo V (Reglas de integridad en el ejercicio público) del Código de Ética del Tribunal, emitido por el órgano interno de control en cuestión mediante el acuerdo AC-OIC-03/2021, ya que excede las finalidades de un instrumento de esa naturaleza al establecer reglas de conductas, lo cual es propio de un código penal o de responsabilidades administrativas, no de un código de ética.
• El referido código de ética debió emitirse observando el “Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa” expedido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual establece que los Códigos de Ética deben contener: a) los principios que rigen al servicio público; b) valores y definiciones; y c) reglas de integridad, por lo que el apartado de “Reglas de integridad” del Código impugnado excede el propósito del instrumento por contener reglas de conductas propias de la legislación penal o de responsabilidades administrativas.
• Además, se transgrede el autogobierno del Tribunal accionante y los principios de reserva de ley, supremacía constitucional, certeza y seguridad jurídica, al establecer una reglamentación excesiva en materia de transparencia y acceso a la información pública, arrendamiento y contrataciones.
3. Radicación y turno. El trece de septiembre de dos mil veintiuno, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el escrito de demanda y ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la controversia constitucional 114/2021. Asimismo, turnó el expediente a la Ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para instruir el procedimiento correspondiente.
4. Desechamiento parcial, admisión y trámite. Por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora desechó parcialmente la demanda por cuanto hace al decreto LXVI/NOMBR/0965/2021 X P.E. debido a su impugnación fue extemporánea.(1) Por otra parte, con reserva de los motivos de improcedencia que se pudieran advertir al momento de dictar la sentencia, admitió la demanda por cuanto hace a la impugnación del Decreto LXVI/RFLEY/1039/2021 XII P.E., así como del capítulo V del acuerdo AC-OIC-03/2021, reclamados y tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Chihuahua.
5. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Mediante escrito recibido en este Alto Tribunal, el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el Congreso del Estado de Chihuahua, por conducto del titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, contestó la demanda en los siguientes términos:
Manifestaciones diversas
• Para la aprobación y expedición de las normas tildadas de inconstitucionales se cumplieron con todos los requisitos establecidos en los artículos 68 de la Constitución y 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos del Estado de Chihuahua.
Causas de improcedencia
• El Pleno del Tribunal promovente autorizó a la titular de su Presidencia para combatir únicamente el contenido del Decreto LXVI/RFLEY/1039/2021 XII P.E., por lo que si la demanda plantea temas diversos a esa autorización como la impugnación del nombramiento de la persona titular del órgano interno de control del tribunal actor, así como el Acuerdo AC-OIC-003/2021 mediante el cual el referido Órgano Interno emitió el Código de Ética, el medio de control que nos ocupa no puede ser el conducto idóneo para que pueda ventilarse tales cuestiones.
• Además, el Decreto LXVI/NOMBR/0965/2021 X P.E. mediante el cual se designó al titular del órgano interno de control se publicó en el Periódico Oficial el seis de febrero de dos mil veintiuno, por lo que resulta evidente que lo impugnan fuera del plazo previsto para tal efecto.
• La controversia es improcedente por no versar sobre incumplimiento a presuntas violaciones a derechos humanos o a la constitución estatal.
Contestación a los conceptos de invalidez
• Los órganos internos de control en los órganos autónomos son instancias de vigilancia a su interior, y no unidades administrativas que deban ser controladas por las instituciones en que se encuentra, pues si bien depende presupuestalmente del ente autónomo, no tienen dependencia jerárquica ni funcional.
• El órgano interno de control es una instancia de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización que ejerce funciones de fiscalización, prevención y combate a la corrupción, por lo que es necesaria su participación activa en funciones de control interno en el tribunal actor en términos de las facultades que le otorga la Ley General de Responsabilidades Administrativas en sus artículos 3, fracciones II, III y IV, 10, fracciones I y III, 15, 16, 30, 31, 36, 37, 38, 45, 75, 76, 77, 90 a 104, 111 a 208 y 210 a 214.
• En ese sentido, el órgano interno de control debe contar con facultades para requerir información, representar al órgano, realizar actos de fiscalización para revisar el ejercicio del gasto, llevar a cabo visitas de inspección, investigar presuntas responsabilidades, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa.
• La atribución de que el citado órgano interno cuente con áreas de investigación, substanciación y resolución, así como de auditoría interna y mera de la gestión pública, en nada incide o se interpone con las funciones de impartición de justicia que ejerce el Tribunal accionante.
• Aunado a lo anterior, del análisis de las atribuciones con las que cuenta el actor en ninguna se le confirió la de autorizar estructuras, unidades administrativas o de designar autoridades que no fueran netamente jurisdiccionales o para el funcionamiento del Tribunal.
• Sobre la atribución del órgano interno de control para fiscalizar y verificar el ejercicio del gasto del Tribunal, debe considerarse que son facultades propias de éste al ser una instancia de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización.
• La facultad del órgano interno de control para nombrar y remover libremente al personal de ese órgano no transgrede la autonomía constitucional, ni la independencia judicial del actor porque en términos del artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el señalado órgano interno cuenta con autonomía técnica y de gestión.
• Esa autonomía técnica y de gestión implica tener la facultad de ejercer sus atribuciones sin la intervención o injerencia de otra autoridad del propio ente público, por lo que requiere emitir las normas para su debida organización y funcionamiento, en ese sentido, la atribución para emitir reglamentos, lineamientos, manuales, guías y disposiciones de carácter general no transgrede la esfera competencia del Tribunal estatal.
• Facultar al órgano interno de control para presentar a las diversas áreas administrativas propuestas de mejora, diagnósticos, evaluaciones, programas, proyectos o cualquier mecanismos para su mejor funcionamiento u operación, es acorde con los artículos 10, fracción I, 15 y 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prevén la facultad para implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción.
• La Presidenta del tribunal actor carece de legitimación activa para impugnar la designación del titular del órgano interno de control por parte del Poder Legislativo Local, toda vez que del Acuerdo 028/2021 se advierte que el Pleno del tribunal actor únicamente autorizó promover este medio de defensa en contra del Decreto LXVI/RFLEY/1039/2021 XII P.E., de tal manera que el concepto d invalidez relativo debe desestimarse.
• El Acuerdo AC-OIC-03/2021 fue expedido por el órgano interno de control del propio Tribunal, por lo que no le es atribuible al Poder Legislativo Local.
6. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Mediante escrito recibido en este Alto Tribunal el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, por conducto de la Directora General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno del Estado, contestó la demanda en los siguientes términos:
• En el procedimiento de creación de las reformas impugnadas, el legislador local consideró a los órganos internos de control como instancias dirigidas a combatir hechos de corrupción.
• En términos de la fracción III, del artículo 109 de la Constitución Federal, los órganos internos de control tendrán en su ámbito de competencias las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como para revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos.
• La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los órganos internos de control son unidades administrativas a cargode promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como en los órganos constitucionales autónomos, por lo que son competentes para implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Anticorrupción. • Con las facultadas otorgadas al órgano no se viola el marco legal establecido en la Constitución Federal ni en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque se encuentran alineadas al fin perseguido, consistente en la implementación del sistema anticorrupción para el mejor funcionamiento del Tribunal Estatal, pues solo tiene facultades respecto a la actuación de los servidores públicos y no como tercera instancia, al encontrarse impedido para intervenir en las funciones del órgano autónomo.
• La facultad del órgano para nombrar y remover al personal que lo integre no vulnera los principios de autonomía y autogobierno por no afectarse las funciones sustantivas del Tribunal.
• La facultad de emitir reglamentos, lineamientos, manuales, guías y disposiciones de carácter general no transgrede la esfera competencial del actor porque se encuentra limitada a la organización y funcionamiento del órgano; tampoco considera que la facultad de celebrar convenios de coordinación transgreda dicha esfera competencia, pues esa facultad se refiere a la mejora de estrategias en el ámbito de competencias del órgano interno de control.
• Finalmente, la obligación del órgano de remitir al Congreso estatal un informe anual no contraviene la autonomía del Tribunal actor, toda vez que no implica una intromisión, sino que se trata de una relación de colaboración en la realización de ciertas funciones normativas.
7. Pedimento. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no formularon manifestación o pedimento alguno.
8. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. El treinta y uno de enero de dos mil veintidós se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria en la materia, en la que se recibieron las pruebas documentales ofrecidas por las partes durante la instrucción del procedimiento y se hizo constar que ninguna de ellas formuló alegatos.
9. Cierre de la instrucción. El primero de febrero de dos mil veintidós, la Ministra Instructora decretó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
10. Primer returno. Por acuerdo del dos de enero de dos mil veintitrés, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó returnar el expediente a la Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
11. Segundo returno. Finalmente, conforme a lo resuelto en sesión privada del Tribunal Pleno celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, mediante proveído de primero de diciembre del mismo año, la Ministra Presidenta ordenó returnar la presente controversia constitucional a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para su resolución, en tanto que guarda conexión con la diversa acción de inconstitucionalidad 133/2021, turnada a la propia Ministra.
I. COMPETENCIA
12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(3) y segundo, fracción I, en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés de este Alto Tribunal,(4) por tratarse de un conflicto entre un Tribunal que tiene las características de un órgano constitucional autónomo local y los poderes legislativo y ejecutivo, todos del Estado de Chihuahua, en el que se combaten normas de carácter general.
13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
II. FIJACIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
14. En términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) esta Suprema Corte advierte que en el apartado respectivo del escrito de demanda el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua señaló como normas impugnadas: el Decreto LXVI/RFLEY/1039/2021 XII P.E, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el siete de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se adicionaron y reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, específicamente los artículos 26, párrafo tercero, 27, fracciones II, X, XIX, XXII, XXIII, XXIV, 29, párrafos segundo y tercero, y 34 de la referida ley, los cuales se tienen como efectivamente impugnados y cuyo contenido se transcribe a continuación:
Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
Artículo 26. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, en los términos del artículo 64, fracción XV, inciso H) de la Constitución Política del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones.
[...]
El Órgano Interno de Control tendrá una persona titular que lo representará, y en su estructura orgánica garantizará la independencia de funciones entre las autoridades que lo conforman, las que serán al menos aquellas con atribuciones de investigación, las de substanciación y resolución, en su caso, así como las encargadas de la auditoría interna y mejora de la gestión pública. Para lo cual, contará con los recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto y atribuciones legales.
[...]
Artículo 27. El Órgano Interno de Control tendrá las siguientes atribuciones:
[...]
II. Fiscalizar y verificar que el ejercicio del gasto del Tribunal se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y los montos autorizados.
[...]
X. Solicitar la información, efectuar visitas de inspección e intervenciones de control a las áreas y órganos del Tribunal para el cumplimento de sus funciones. Las solicitudes y visitas a que se refiere esta fracción podrán realizarse por la persona titular del Órgano Interno de Control o por conducto de las diversas áreas del propio Órgano Interno de Control a las que se les asignen de forma concurrente las mismas.
[...]
XIX. Nombrar y remover libremente al personal del Órgano Interno de Control.
[...]
XXII. Emitir reglamentos, lineamientos, manuales, guías y disposiciones de carácter general que se requieran para la debida organización y funcionamiento del Órgano Interno de Control, así como para el ejercicio de las atribuciones que las leyes y demás ordenamientos jurídicos le otorgan; debiendo ordenar, en su caso, la publicación en el Periódico Oficial del Estado.
XXIII. Presentar, a las diversas áreas administrativas del Tribunal, propuestas de mejora, diagnósticos, evaluaciones, programas, proyectos, sistemas tecnológicos o cualquier mecanismo para su mejor funcionamiento y operación del control interno institucional, incluyendo las del propio Órgano Interno de Control.
XXIV. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesarios, convenios de coordinación con las instancias que requiera con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización, sin detrimento de sus atribuciones directas.
[...]
Artículo 29. El Órgano Interno de Control, su titular y el personal adscrito a la misma, cualquiera que sea su nivel, tienen impedimento para intervenir o interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de atribuciones que la Constitución Política del Estado y esta Ley confieren a las y los servidores públicos del Tribunal.
Las y los servidores públicos del Tribunal estarán obligados a proporcionar la información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les presente el Órgano Interno de Control, para lo cual se les otorgará un plazo de dos hasta diez días hábiles, pudiendo ampliarse por causas debidamente justificadas cuando así lo solicite la parte requerida. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente.
Si transcurrido el plazo establecido por el Órgano Interno de Control, el área persona servidora pública requerida, sin causa justificada, no atiende los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, aquel procederá a fincar las responsabilidades que correspondan.
Artículo 34. La persona titular del Órgano Interno de Control deberá remitir al Congreso del Estado, copia de su informe de gestión anual, en el mes de febrero del año siguiente al que se reporta.
[Énfasis añadido]
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15. Por otro lado, no se tienen como actos impugnados destacados el Capítulo V, denominado reglas de integridad en el ejercicio público del Acuerdo AC-OIC-03/2021, por el que la titular del órgano interno de control emitió el Código de Ética del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, ni los artículos 64, fracción XV, inciso H), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua(6) y 26, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa,(7) que prevén la facultad del Congreso estatal para nombrar al titular del órgano interno de control.
16. Lo anterior, porque respecto de tales actos, el Tribunal actor únicamente solicitó su invalidez indirecta, esto es, en vía de consecuencia de las normas impugnadas destacadas, por lo que, en su caso, este planteamiento deberá ser atendido en el apartado de efectos.
17. Resultan ilustrativas, por l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33266-9c42468d/i-controversia-constitucional-los-organos-constitucionales-autonomos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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