Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE CHIHUAHUA). III. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). IV. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. NECESIDAD DE OPERAR A NIVEL NACIONAL UN SISTEMA HOMOGÉNEO A PARTIR DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, POR LO QUE LA LEGISLACIÓN LOCAL RESPECTIVA DEBE SER CONGRUENTE CON LO ESTABLECIDO EN AQUÉLLA. V. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA MERA EXISTENCIA DE UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EL ORGANISMO LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS RESULTA ACORDE CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE FISCALIZACIÓN, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 108 Y 109 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA PREVISIÓN LOCAL CONFORME A LA CUAL EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TIENE, ENTRE OTRAS, LA ATRIBUCIÓN DE FISCALIZAR Y VERIFICAR QUE EL EJERCICIO DEL GASTO DEL ORGANISMO LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SE REALICE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, A LOS PROGRAMAS APROBADOS Y A LOS MONTOS AUTORIZADOS, NO GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA NI VULNERA SU AUTONOMÍA Y AUTOGOBIERNO (ARTÍCULO 22 B, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). VII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA PREVISIÓN LOCAL CONFORME A LA CUAL EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TIENE, ENTRE OTRAS, LA ATRIBUCIÓN DE SOLICITAR LA INFORMACIÓN, EFECTUAR VISITAS DE INSPECCIÓN E INTERVENCIONES DE CONTROL A LAS ÁREAS Y ÓRGANOS DEL ORGANISMO LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, LAS CUALES PUEDEN REALIZARSE POR LA PERSONA TITULAR DEL REFERIDO ÓRGANO INTERNO O POR CONDUCTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS A LAS CUALES SE LES ASIGNEN DE FORMA CONCURRENTE, NO DESBORDA LOS LÍMITES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL NI INTERFIERE CON LAS FACULTADES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (ARTÍCULO 22 B, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA (ARTÍCULO 22 B, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). IX. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA PREVISIÓN LOCAL CONFORME A LA CUAL EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TIENE, ENTRE OTRAS, LA ATRIBUCIÓN DE EMITIR REGLAMENTOS, LINEAMIENTOS, MANUALES, GUÍAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE SE REQUIERAN PARA SU DEBIDA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LAS LEYES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS LE OTORGAN, DEBIENDO ORDENAR, EN SU CASO, LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, NO INVADE LA AUTONOMÍA NI EL AUTOGOBIERNO DEL ORGANISMO LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (ARTÍCULO 22 B, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). X. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA PREVISIÓN LOCAL CONFORME A LA CUAL EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TIENE, ENTRE OTRAS, LA ATRIBUCIÓN DE NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A SU PERSONAL, NO VULNERA LA AUTONOMÍA DEL ORGANISMO LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 B, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). XI. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA PREVISIÓN LOCAL CONFORME A LA CUAL LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTARÁN OBLIGADOS A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN, PERMITIR LA REVISIÓN Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS QUE LES PRESENTE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ES ARMÓNICA CON UNA LECTURA SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 91, 94, 95, 96 Y 140 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (ARTÍCULO 22 D, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LAS Y LOS SERVI

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 117/2021. · Registro digital (IUS): 33398
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-07-04
Promovente: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.7.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 117/2021. COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 27 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua promueve demanda de controversia constitucional en contra el Decreto LXVI/RFLEY/1039/2021 XII P.E., publicado en el periódico oficial del Estado de Chihuahua el siete de agosto de dos mil veintiuno, que, entre otros aspectos, reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua; específicamente, impugna los artículos 22 B, fracciones II, X, XVII, XIX y XXII; 22 D, párrafo segundo y tercero, y 22 H.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 117/2021, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua contra el Congreso y el Poder Ejecutivo, ambos de dicho Estado, en la que impugna diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, reformadas y adicionadas mediante Decreto LXVI/RFLEY/1039/2021, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el siete de agosto de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno mediante buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Néstor Manuel Armendáriz Loya, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa, en la que demandó la invalidez del Decreto LXVI/RFLEY/1039/2021 XII P.E. publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el siete de agosto de dos mil veintiuno, que, entre otros aspectos, reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua; específicamente impugna sus artículos 22 B, fracciones II, X, XVII, XIX y XXII; 22 D, párrafo segundo y tercero y 22 H.

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, la actora expuso esencialmente los siguientes conceptos de invalidez:

• Primero. La forma en que el Congreso redactó las atribuciones del órgano interno de control de la Comisión rebasa los fines de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, atentando contra los principios de autonomía, autogobierno e independencia de gestión, división de poderes y supremacía constitucional previstos en los artículos 49, 73, fracciones XXIX-V, 102, fracción B, 113 y 133 de la Constitución Federal, además de que contradice el texto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

• El artículo 22 B, fracción X impugnado al no delimitar las funciones que podrá inspeccionar el órgano interno de control, así como las áreas u órganos en los que realizará intervenciones de control, permite que dicho órgano actúe arbitrariamente.

• El texto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es claro en establecer que la esfera de atribuciones de los órganos internos de control es: a) investigar, substanciar y resolver faltas no graves cometidas por las personas servidoras públicas; y b) promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, por lo que el texto de la norma combatida excede por mucho la esfera de atribuciones que desde la Constitución Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establecen en favor de los órganos internos de control.

• La revisión de las actividades sustantivas de la Comisión viola su autonomía pues una unidad administrativa podría realizar actos de intromisión en la protección de los derechos humanos en el sistema no jurisdiccional al convertirse en una “tercera instancia” de las decisiones que se adopten erigiendo un “control paralelo” al legalmente previsto.

• El artículo 22 D impugnado vulnera los principios de autonomía, autogobierno e independencia de gestión, seguridad jurídica y supremacía constitucional al facultar al órgano interno de control para que en cualquier tiempo y sin que medie una investigación, realice requerimientos, solicite información y exija que se le permita la revisión de lo que mejor le parezca, sin tener que fundar y motivar su decisión y sin ser superior jerárquico, lo cual genera el riesgo de intromisión en las funciones sustantivas de la Comisión Estatal.

• El Congreso estatal rebasó el modelo previsto por el legislador nacional en perjuicio de las personas servidoras públicas de la Comisión porque les impone la obligación de proporcionar información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les realice el órgano interno de control, sin que medie una investigación por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones y acorta el plazo para desahogar el requerimiento.

• Segundo. El artículo 22 B, fracción XIX invade la esfera competencial de la Comisión actora y vulnera los principios de autonomía y autogobierno de esta al facultar al titular del órgano interno de control para nombrar al personal que conformará esa unidad administrativa, ello a pesar de que el artículo 15, fracción II de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua dispone en favor de su Presidente la facultad de nombrar a los funcionarios y personal bajo su autoridad.

• Tercero. El artículo 22 B, fracción XXII impugnado que faculta al órgano interno de control para emitir reglamentos, lineamientos, manuales, guías y disposiciones de carácter general que requieran para su debida organización y funcionamiento, vulneran la esfera competencial de la Comisión que atenta además contra los principios de autonomía y autogobierno, toda vez que en términos del artículo 15, fracción II, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua corresponde al Consejo Consultivo de la propia Comisión establecer los lineamientos generales, así como el Reglamento y normas de carácter interno relacionadas con la Comisión. En ese sentido, no es dable que una unidad administrativa emita disposiciones de obligatoriedad general, máxime que, en un dado caso, pueden coexistir instrumentos normativos con disposiciones contrarias.

• Cuarto. El artículo 22 B, fracción II impugnado que otorga al órgano interno de control la facultad para fiscalizar y verificar que el ejercicio del gasto de la Comisión se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y los montos autorizados, contradice los artículos 14, 16, 73, fracciones XXIV y XXIX-V, 108, 113, 116, fracción II y 133 de la Constitución Federal, así como la distribución de competencias que realiza la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues el único órgano especializado y competente para fiscalizar es la entidad fiscalizadora federal o local que, en el caso de Chihuahua, es la Auditoria Superior del Estado.

• Al respecto, el artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua establece que la fiscalización de la cuenta pública tiene por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera, lo que implica revisar: a) la ejecución del presupuesto de las entidades fiscalizadas y que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizadas; b) si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de registro y contabilidad gubernamental; c) si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos federales se ajustaron a la legalidad y d) comprobar si el ejercicio de la Ley de ingresos y el Presupuesto de Egresos se ha ajustado a los criterios señalados en los mismos.

• En ese sentido, la actividad de fiscalización y control corresponde en exclusiva a las Auditorías Superiores de la Federación y de cada entidad federativa, de lo contrario se vulnera la esfera de competencia de éstas que genera una intromisión indebida en la autonomía y autogobierno de la Comisión.

• Quinto. Los artículos 22 B, fracción XVII y 22 H impugnados transgreden la competencia de la Comisión y por ende su autonomía, ya que disponer la obligación del órgano interno de control de remitir al Congreso del Estado copia de su informe de gestión anual genera una suspicacia nociva relativa a una posible intervención en sus funciones por parte de dicho Poder, además de que no se prevé quién podrá exigir responsabilidad al titular del órgano interno de control, pues se elimina la facultad que tenía el Consejo de la Comisión de ordenar su comparecencia.

3. Radicación y turno. El veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte tuvo por recibido el escrito de demanda y ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la controversia constitucional 117/2021. Asimismo, turnó el expediente a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para instruir el procedimiento correspondiente, toda vez que se le designó instructora en la acción de inconstitucionalidad 133/2021 y en las controversias constitucionales 114/2021 y 116/2021, en las cuales se impugna el mismo Decreto.

4. Admisión y trámite. Por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió la demanda y tuvo como demandados al Poder Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Chihuahua.

5. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Mediante escrito recibido en este Alto Tribunal el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el Congreso del Estado de Chihuahua por conducto del Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos, contestó la demanda en los siguientes términos:

Manifestaciones diversas

• Para la aprobación y expedición de las normas tildadas de inconstitucionales se cumplieron con todos los requisitos establecidos en los artículos 68 de la Constitución y 167 de la ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos del Estado de Chihuahua.

Contestación a los conceptos de invalidez

• En relación con el concepto de invalidez primero, son del todo inconducentes los razonamientos para demostrar la supuesta contravención de los artículos 22 B, fracción X y 22 D impugnados al orden constitucional o para acreditar una invasión de la autonomía, la independencia y el autogobierno de la Comisión accionante.

• Las facultades concedidas al órgano interno de control en los 22 B, fracción X y 22 D impugnados en nada invaden las facultades propias del instituto ni contravienen el orden constitucional, ya que solo se centran en que dicho órgano de control se constituya no en una unidad administrativa, sino en un órgano parte de una instancia de coordinación que previene y combate actos de corrupción, como lo es solicitar información, realizar auditorías, visitas de inspección, de intervención de control, investigaciones, etc. dentro del plazo concedido legalmente, lo que no podría lograrse si no se le permite mantener independencia en las funciones que desarrollan las autoridades que lo integran y contar con los recursos necesarios.

• Las facultades concedidas a los órganos internos de control no invaden las facultades de autogobierno, autonomía e independencia del instituto accionante, porque además de que el referido órgano es una instancia coordinada de creación constitucional, lo cierto es que las atribuciones impugnadas no van dirigidas obstaculizar el ejercicio del servicio público de garantizar el derecho acceso a la información y protección de datos personales.

• En relación con el concepto de invalidez segundo en nada se interfiere con las facultades de autonomía, independencia y autogobierno de la Comisión al establecerse en el artículo 22 B, fracción XIX la facultad del órgano interno de control para nombrar y remover libremente al personal de ese órgano, ya que en términos del artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los órganos constitucionales autónomos los órganos internos de control son instancias que cuentan con autonomía técnica y de gestión, por lo que no son una unidades administrativas con dependencia jerárquica y funcional, aun cuando tengan una dependencia presupuestaria.

• En esa lógica, si la persona titular del órgano interno de control no puede ser designada por el ente en el cual ejerce sus atribuciones, la misma suerte debe observarse respecto de las autoridades investigadoras, sustanciadoras y auditoras adscrita a dicho órgano interno.

• En cuanto al concepto de invalidez tercero el artículo 22 B, fracción XXII en nada invade la esfera competencial de la Comisión accionante, ni atenta contra su autonomía, autogobierno e independencia, toda vez que el órgano interno de control al ser una instancia que requiere autonomía técnica y de gestión implica tener la facultad de ejercer sus atribuciones sin la intervención o injerencia de otra autoridad del propio ente público, por lo que requiere emitir las normas para su debida organización y funcionamiento.

• En ese sentido, la atribución para emitir reglamentos, lineamientos, manuales, guías y disposiciones de carácter general no transgrede la esfera competencia de la Comisión estatal porque incluso es acorde con las facultades otorgadas en los artículos 10, fracción I, 15 y 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

• Respecto al cuarto concepto de invalidez, la atribución del órgano interno de control para fiscalizar y verificar el ejercicio del gasto de la Comisión prevista en el artículo 22 B, fracción II impugnada debe considerarse que son facultades propias de éste al ser una instancia de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización en términos del artículo 113 de la Constitución Federal, por lo que tales facultades no van dirigidas a obstaculizar las decisiones jurídicas, ni la salvaguarda de los derechos humanos que realiza la accionante, por lo que no se afecta su autonomía e independencia.

• En relación con el quinto concepto de invalidez, son infundados los argumentos que pretenden demostrar que los artículos 22 B, fracción XVII y 22 H impugnados transgreden la competencia y autonomía de la Comisión, toda vez que presentar informes de actividades financieras es obligación de cualquier ente u organismo público, máxime si forma parte del estructura gubernamental en la que se destina gasto público para su funcionamiento. Finalmente, el informe al que hace alusión la porción normativa combatida se refiere a las actividades realizadas por el titular del órgano interno de control, por lo que no puede ni debe vulnerar la autonomía e independencia de la Comisión.

6. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Mediante escrito recibido en este Alto Tribunal,(1) el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua por conducto de la Directora General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno del Estado, contestó la demanda en los siguientes términos:

• En el procedimiento de creación de las reformas impugnadas, el legislador local consideró a los órganos internos de control como instancias dirigidas a combatir hechos de corrupción.

• En términos de la fracción III, del artículo 109 de la Constitución Federal, los órganos internos de control tendrán en su ámbito de competencias las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como para revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos.

• La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los órganos internos de control son unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como en los órganos constitucionales autónomos, por lo que son competentes para implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Anticorrupción.

• Con las facultades otorgadas al órgano no se viola el marco legal establecido en la Constitución Federal, ni en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque se encuentran alineadas al fin perseguido, consistente en la implementación del Sistema Anticorrupción para el mejor funcionamiento de la Comisión, pues solo tiene facultades respecto a la actuación de los servidores públicos y no como tercera instancia, al encontrarse impedido para intervenir en las funciones de la accionante.

• La facultad del órgano para nombrar y remover al personal que lo integre no vulnera los principios de autonomía y autogobierno por no afectarse las funciones sustantivas de la Comisión.

• La facultad de emitir reglamentos, lineamientos, manuales, guías y disposiciones de carácter general no transgrede la esfera competencial del actor porque se encuentra limitada a la organización y funcionamiento del órgano.

• Finalmente, la obligación del órgano de remitir al Congreso estatal copia del informe anual no contraviene la autonomía de la Comisión actora, toda vez que no implica una intromisión, sino que se trata de un relación de colaboración en la realización de ciertas funciones normativas.

7. Pedimento. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no formularon manifestación o pedimento alguno.

8. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, y cierre de instrucción. El uno de febrero de dos mil veintidós, la Ministra instructora decretó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente, por lo que, en acuerdo de la misma fecha, la Ministra instructora decretó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

9. Primer returno. Por acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó returnar el expediente a la Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la continuación del trámite respectivo.

10. Segundo returno. Finalmente, conforme a lo resuelto en sesión privada del Tribunal Pleno celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, mediante proveído de uno de diciembre del mismo año, la Ministra Presidenta ordenó returnar esta acción de inconstitucionalidad a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para que continuara actuando como instructora de este asunto, en tanto que guarda conexión con la diversa acción de inconstitucionalidad 133/2021 turnada a la propia Ministra.

I. COMPETENCIA

11. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso k de la Constitución General,(2) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(3) y segundo, fracción I, en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés de este Alto Tribunal,(4) por tratarse de un conflicto entre un órgano constitucional autónomo local y los poderes legislativo y ejecutivo, todos del Estado de Chihuahua, en el que se combaten normas de carácter general.

II. FIJACIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

12. En términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) esta Suprema Corte advierte que en el apartado respectivo del escrito de demanda, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua señaló como normas impugnadas aquellas contenidas en el Decreto LXVI/RFLEY/1039/2021 XII P.E, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el siete de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se adicionaron y reformaron diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, específicamente los artículos 22 B, fracciones II, X, XVII, XIX y XXII; 22 D, párrafo segundo y tercero y 22 H de la referida ley, los cuales se tienen como efectivamente impugnados y cuyo contenido se transcribe a continuación: Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua

Artículo 22 B.- El Órgano Interno de Control tendrá las siguientes atribuciones:

[...]

II. Fiscalizar y verificar que el ejercicio del gasto de la Comisión Estatal se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y los montos autorizados.

[...]

X. Solicitar la información, efectuar visitas de inspección e intervenciones de control a las áreas y órganos de la Comisión Estatal para el cumplimento de sus funciones. las solicitudes y visitas a que se refiere esta fracción podrán realizarse por la persona titular del Órgano Interno de Control o por conducto de las diversas áreas del propio Órgano Interno de Control a las que se les asignen de forma concurrente las mismas.

[...]

XVII. Presentar de manera informativa al Consejo, en el mes de diciembre, un plan anual de trabajo para el siguiente ejercicio, el cual podrá ser modificado en atención a las circunstancias operativas del Órgano Interno de Control; así como un informe de gestión anual en el mes de febrero, respecto del ejercicio inmediato anterior al que se reporta

[...]

XIX. Nombrar y remover libremente al personal del Órgano Interno de Control.

[...]

XXII. Emitir reglamentos, lineamientos, manuales, guías y disposiciones de carácter general que se requieran para la debida organización y funcionamiento del Órgano Interno de Control, así como para el ejercicio de las atribuciones que las leyes y demás ordenamientos jurídicos le otorgan; debiendo ordenar, en su caso, la publicación en el Periódico Oficial del Estado.

[...]

Articulo 22 D.- El Órgano Interno de Control, su titular y personal adscrito, cualquiera que sea su nivel, tienen impedimento para intervenir o interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de atribuciones que la Constitución Política del Estado y esta ley confieren a las y los servidores públicos de la Comisión Estatal.

Las y los servidores públicos de la Comisión Estatal estarán obligados a proporcionar la información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les presente el Órgano Interno de Control, para lo cual se les otorgara un plazo de dos hasta diez días hábiles, pudiendo ampliarse por causas debidamente justificadas cuando así lo solicite la parte requerida. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente.

Si transcurrido el plazo establecido por el Órgano Interno de Control, el área o persona servidora pública requerida, sin causa justificada, no atiende los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, aquel procederá a fincar las responsabilidades que correspondan.

Artículo 22 H. La persona titular del Órgano Interno de Control deberá remitir al Congreso del Estado, copia de su informe de gestión anual, en el mes de febrero del año siguiente al que se reporta.

[Énfasis añadido]

Ver normas impugnadas con énfasis

III. OPORTUNIDAD

13. Conforme al artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(6) el plazo para promover controversia constitucional contra normas de carácter general es de treinta días a partir del día siguiente a la fecha de su publicación.

14. En el caso, las normas impugnadas contenidas en el Decreto LXVI/RFLEY/1039/2021 XII P.E. fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado el siete de agosto de dos mil veintiuno. Así, el plazo para la impugnación transcurrió del lunes nueve de agosto al miércoles veintidós de septiembre de dos mil veintiuno.(7)

15. Por lo tanto, si la demanda fue depositada mediante buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, su presentación fue oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

16. En términos del artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal,(8) los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas tienen legitimación para promover este medio de control constitucional.

17. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 102, apartado B, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(9) y 4, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua,(10) la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de esa entidad federativa es un órgano constitucionalmente autónomo para efectos de la promoción de esta controversia constitucional.

18. En representación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua comparece Néstor Manuel Armendáriz Loya, en su carácter de Presidente de tal órgano autónomo, cargo que acredita con la copia certificada del Decreto LXVI/NOMBR/0327/2019 II.P.O. de doce de abril de dos mil diecinueve, por medio del cual fue designado por el Congreso del Estado de Chihuahua para fungir con ese carácter a partir del quince de abril de dos mil diecinueve por un periodo de cinco años.

19. Dicha representación se corrobora con lo dispuesto en el artículo 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua(11) que establece que corresponde a la persona presidenta de tal órgano ejercer su representación legal. En consecuencia, de conformidad con los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia,(12) procede reconocer la representación del Presidente del organismo garante estatal en cuestión para promover la presente controversia constitucional.

20. En adición a lo anterior, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua cuenta con interés legítimo para acudir a esta vía, por la afectación que aduce le generan en su esfera de atribuciones y autonomía los preceptos legales aquí impugnados expedidos por el Congreso y el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Chihuahua.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

21. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua, demandados, cuentan con legitimación pasiva en términos de lo dispuesto en la parte final del inciso k) de la fracción I del artículo 105 constitucional.(13)

22. En lo que corresponde a la representación en el proceso, Everardo Rojas Soriano, quien contestó la demanda en representación del Poder Legislativo en su carácter de Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso de Chihuahua, está legitimado para representar al Poder Legislativo de ese Estado en términos del artículo 130, fracciones XX y XXI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua,(14) lo que quedó acreditado en el expediente con la copia certificada del decreto LXVII/NOMBR/0006/2021 I P.O., emitido por el órgano legislativo en cuestión.

23. Por su parte, Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, quien contestó la demanda en representación del Poder Ejecutivo estatal en su calidad de Directora General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, cuenta con legitimación en el proceso para acudir en representación del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

24. Lo anterior, en ejercicio de la facultad establecida por el artículo 35 Ter, fracción XIV, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua (en su texto en vigor al momento de la presentación del oficio de contestación, correspondiente al adicionado mediante decreto publicado en el medio de divulgación estatal oficial de cuatro de septiembre de dos mil veintiuno)(15) que le fue delegada por el entonces Secretario de Coordinación de Gabinete del Gobierno del Estado de Chihuahua, en conformidad con la parte final del propio dispositivo relacionado con los diversos 12 y 14 de la propia legislación,(16) mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, el cual anexa en copia certificada a su oficio de contestación.

25. Las anteriores consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.(17)

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

26. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia y tampoco este Tribunal advierte alguna de oficio.

VII. ESTUDIO DE FONDO

27. Tomando en cuenta lo establecido en el apartado correspondiente a la precisión de las normas impugnadas y que no se hicieron valer causas de improcedencia o sobreseimiento, ni este Tribunal advirtió de oficio que se actualice alguna, en el estudio de fondo se analizará la constitucionalidad de los artículos 22 B, fracciones II, X, XVII, XIX y XXII; 22 D, párrafo segundo y tercero y 22 H de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua.

28. Con el fin de realizar dicho estudio, el apartado de fondo se estructurará de la siguiente manera:

Ver estructura

VII. 1 Parámetro de regularidad constitucional

29. El veintisiete de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción.

30. En lo que interesa, las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 constitucional(18) esta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33398-bbb007b1/i-controversia-constitucional-los-organos-constitucionales-autonomos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.