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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTE [ARTÍCULO 66, FRACCIÓN I, INCISO O), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO [ARTÍCULO 272 I, NUMERAL 4), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA]. IV. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). V. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. NECESIDAD DE OPERAR A NIVEL NACIONAL UN SISTEMA HOMOGÉNEO A PARTIR DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, POR LO QUE LA LEGISLACIÓN LOCAL RESPECTIVA DEBE SER CONGRUENTE CON LO ESTABLECIDO EN AQUÉLLA. VI. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA EXISTENCIA DE UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL RESULTA ACORDE CON EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE FISCALIZACIÓN, PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 108 Y 109 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA PREVISIÓN LOCAL CONFORME A LA CUAL EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TIENE, ENTRE OTRAS, LA FACULTAD DE CONCERTAR Y CELEBRAR, EN LOS CASOS QUE ESTIME NECESARIOS, CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS QUE REQUIERA CON EL PROPÓSITO DE APOYAR Y HACER MÁS EFICIENTE LA FISCALIZACIÓN, SIN DETRIMENTO DE SUS ATRIBUCIONES DIRECTAS, NO IMPLICA UNA INVASIÓN O AFECTACIÓN A LA AUTONOMÍA EN EL FUNCIONAMIENTO E INDEPENDENCIA EN LAS DECISIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL [ARTÍCULO 272 M, NUMERAL 1), INCISO CC), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA].

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 116/2021. · Registro digital (IUS): 33362
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-06-27
Promovente: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.418.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 116/2021. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA. 25 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El Instituto Estatal Electoral De Chihuahua promueve demanda de controversia constitucional en contra el Decreto LXVI/RFLEY/1039/2021 XII P.E., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el siete de agosto de dos mil veintiuno, que, entre otros aspectos, reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua; específicamente, sus artículos 272 i, numeral 4); 272 k; 272 m, numeral 1), incisos a), b), d), i), k), l), m), r), s), u), v) y w); y se adicionan al artículo 272 m, los incisos x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee) y ff).

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se la cual se resuelve la controversia constitucional 116/2021, promovida por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua contra el Congreso y el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua por la modificación y adición de diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, reformadas y adicionadas mediante Decreto LXVI/RFLEY/1039/2021, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el siete de agosto de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Claudia Arlett Espino, en su carácter de Consejera Presidenta Provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, promovió controversia constitucional, en la que demandó la invalidez del decreto LXVI/RFLEY/1039/2021 XII P.E., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el siete de agosto de dos mil veintiuno, que, entre otros aspectos, reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua; específicamente sus artículos 272 i, numeral 4); 272 k; 272 m, numeral 1), incisos a), b), d), i), k), l), m), r), s), u), v) y w); y se adicionan al artículo 272 m, los incisos x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee) y ff).

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, el instituto actor expuso esencialmente los siguientes conceptos de invalidez:

• Único. El artículo 272 i, numeral 4), transgrede los principios de certeza, legalidad supremacía constitucional y reserva de ley, pues establece que la representación del órgano interno de control corresponde a su titular, que tendrá un nivel jerárquico equivalente al de la Secretaría Ejecutiva del Instituto actor y contará con atribuciones de investigación, substanciación y resolución, así como las de auditoría interna y mejora de la gestión pública, las cuales ocuparán un nivel jerárquico de dirección ejecutiva en la estructura orgánica del Instituto.

• El artículo 272 m, inciso cc), es violatorio de los referidos principios al establecer como atribución del órgano interno de control la celebración de convenios de coordinación con las instancias que requiera con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización.

• El Congreso local excedió sus funciones y contravino el orden normativo constitucionalmente válido en materia de combate a la corrupción, así como el diseño institucional electoral, mediante la aprobación y promulgación de leyes que son competencia exclusiva de la Federación, pues de la exposición de motivos de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince, a través de la cual se dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, se advierte expresamente lo siguiente: “Respetando el sistema federalista, se propone que cada Entidad Federativa estará obligada a reproducir el sistema en su ámbito respectivo, bajo las bases establecidas en la Constitución y en la Ley General que regule el sistema, debiendo observar además las políticas acordadas por el Sistema Nacional Anticorrupción”.

• De lo anterior se advierte que las autoridades locales carecen de facultades para generar reglamentación en los términos en que se reformaron las porciones controvertidas en tanto que el artículo 113 de la Constitución Federal estable un vínculo indisoluble entre la federación y las entidades federativas, al establecer expresamente que el Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia de coordinación entre los órdenes de gobierno. Por lo tanto, las disposiciones locales que no cumplan con el mandato constitucional contenido en el artículo 113 constitucional, en relación con los diversos 40, 41, primer párrafo, 73, fracción XXIV, y 109, serán contrarias a la Constitución Federal.

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 42/2014 y sus acumuladas 55/2014, 61/2014 y 71/2014, así como la diversa 53/2017 y su acumulada 57/2017, sostuvo que las legislaturas locales, al regular a los órganos internos de control de los institutos electorales locales, deben respectar indefectiblemente las directrices que se desprenden de los artículos 109, fracción III, y 116, fracción IV, inciso c), particularmente en lo que respecta a garantizar la autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, preceptos que, en el caso concreto no se respetan.

• Al atribuir facultades de representación legal a la persona titular del órgano interno de control y preconfigurar el nivel jerárquico de las áreas que integran dicho órgano, violentan frontalmente la competencia originaria de la Presidencia del Instituto y del Consejo Estatal de dicho ente público, para representar y autorizar el nivel tabular y remuneraciones de los órganos que lo conforman, incluido el del propio órgano interno de control, lo que violenta su independencia y autonomía presupuestaria.

• El artículo 66, numeral 1, inciso o), de la Ley Electoral Local, establece que la representación legal del Instituto actor corresponde a la persona titular de la presidencia, además, en términos del artículo 53 del mismo ordenamiento, la máxima autoridad del Instituto es el Consejo Estatal, en concordancia con lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), numeral 1, de la Constitución Federal, así como 98, numeral 1, y 99, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En ese sentido, la reforma al artículo 272 i, numeral 4, trastoca injustificadamente el diseño institucional de la parte actora al otorgar representación legal a una unidad administrativa que depende del Consejo Estatal, poniendo en riesgo los principios de certeza y jerarquía constitucional, independencia y autonomía de los órganos autónomos.

• Asimismo, el otorgar representación legal al titular del órgano interno de control, extiende las facultades previstas en los artículos 10 y 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya competencia es exclusiva del Congreso de la Unión, quien al expedir dicho ordenamiento determinó expresamente las competencias de los órganos internos de control.

• Por otro lado, el artículo 272 m, inciso cc), contraviene lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual establece que los entes públicos están obligados a implementar mecanismos de coordinación que, en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, determine el Comité Coordinador, por lo que el Instituto Estatal Electoral, como ente público, es el órgano facultado para implementarlos y no así el órgano interno de control, pues la propia ley reconoce la jerarquía de los órganos, señalando que los entes públicos son organismos con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, mientras que los órganos internos de control son unidades administrativas que forman parte del ente público.

• En ese sentido, las adiciones que realizó el Congreso local a los artículos 272 i, numeral 4 y 272 m, inciso cc), de la Ley Electoral, transgreden los principios de certeza, jerarquía constitucional, reserva de ley, independencia y autonomía constitucional, al generar una duplicidad de representación legal y restringir la facultad del Instituto Estatal Electoral de celebrar convenios de coordinación.

3. Radicación y turno. El veinte de septiembre de dos mil veintiuno, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte tuvo por recibido el escrito de demanda y ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la controversia constitucional 116/2021. Asimismo, turnó el expediente a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para instruir el procedimiento correspondiente.

4. Admisión y trámite. Por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, la Ministra Instructora admitió la demanda y tuvo como demandados al Poder Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Chihuahua.

5. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Mediante escrito recibido en este Alto Tribunal, el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el Congreso del Estado de Chihuahua, por conducto del Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos, contestó la demanda en los siguientes términos.

Manifestaciones diversas

• Las normas impugnadas fueron emitidas por el Congreso estatal en uso de sus atribuciones y en cumplimiento a todos los requisitos legales, destacando los parámetros de los artículos 68 de la Constitución Local y 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad en cuestión.

Contestación a los conceptos de invalidez

• En términos de los artículos 3, fracción XXI, y 9, fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se colige que los órganos internos de control en cualquier orden de gobierno son unidades administrativas; sin embargo, en los órganos autónomos, son una instancia de control que, si bien dependen presupuestalmente del ente autónomo, no tienen dependencia jerárquica ni funcional.

• El Decreto que reforma el artículo 272 i, numeral 4, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, no viola la autonomía, independencia, ni las facultades de representación que tiene el Instituto Estatal Electoral, ni otorga facultades extraordinarias en la materia de responsabilidades, y tampoco excede las otorgadas para accionar el Sistema Nacional Anticorrupción.

• El artículo 272 i, el cual establece que la persona titular del órgano interno de control será su representante legal, no concede atribuciones extraordinarias, ni invade atribuciones, porque únicamente podrá representar legalmente al referido órgano interno en aquellos asuntos que atañen a sus atribuciones y competencias, conferidas en las leyes y normas, quedando intocada la facultad de la Presidencia para representar al Instituto Estatal Electoral.

• El órgano interno de control en cuestión es una instancia de coordinación que ejerce funciones de fiscalización, prevención y combate a la corrupción, lo que hace necesario su participación activa en funciones de control interno en el instituto actor, en términos de las facultades que le otorga la Ley General de Responsabilidades Administrativas; destacando las dispuestas en los preceptos 3, fracciones II, III y IV, 10, fracciones I y III, 15, 16, 30, 31, 36, 37, 38, 45, 75, 76, 77, 90 a 104, 111 a 208 y 210 a 214 en línea con lo dispuesto en la fracción III del artículo 170 de la Constitución local. En ese sentido, de considerar que el Instituto Electoral interviniera en representación del órgano interno de control implicaría consentir intromisiones de aquél en el Sistema Nacional Anticorrupción.

• En relación con la jerarquía del órgano, el artículo 51 de la Ley Orgánica del Instituto Estatal Electoral establece la estructura orgánica del accionante, por lo que a través de la adición del artículo 272 i, numeral 4, se llenó el vacío por el cual no se indicaba el nivel jerárquico que le correspondía al titular del órgano y de sus áreas, lo que no genera intromisión a la autonomía del accionante.

• La facultad para concertar y celebrar convenios, adicionada al artículo 272 m), numeral 1, inciso cc), no tiene vinculación con la implementación de mecanismos de coordinación que determine el Sistema Nacional Anticorrupción, prevista en el artículo 19 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque únicamente tiene como fin dotar al órgano interno de control de mayores instrumentos para llevar a cabo sus tareas de fiscalización, sin que ello implique la facultad de celebrar convenios en general, siendo así armónico con lo dispuesto en el artículo 15 de la citada ley de responsabilidades.

6. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Mediante escrito recibido en este Alto Tribunal, el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, por conducto de la directora general de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno del Estado, contestó la demanda en los siguientes términos:

• Las reformas impugnadas son armónicas con el orden constitucional, pues no merman facultad alguna al Instituto actor, a su Presidenta o a su Consejo.

• No es correcto que la normatividad local impugnada debiera haberse limitado a replicar lo contenido en los preceptos de las leyes generales anticorrupción y de responsabilidades administrativas porque no existe disposición alguna que prevea una obligación en ese sentido, dirigida a las legislaturas estatales.

• Según la exposición de motivos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, es obligación de las entidades federativas dotar a todo ente público de un órgano interno de control con facultades para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones potencialmente constitutivos de responsabilidades administrativas. De ahí que las reformas impugnadas se inscriben como actos tendentes a dar cumplimiento con tal objetivo.

7. Pedimento. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no formularon manifestación o pedimento alguno.

8. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. El uno de febrero de dos mil veintidós se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, en la que se recibieron las pruebas documentales ofrecidas por las partes durante la instrucción del procedimiento y se hizo constar que ninguna de ellas formuló alegatos.

9. Cierre de la instrucción. El uno de febrero de dos mil veintidós, la Ministra instructora decretó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

10. Primer returno. Por acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó returnar el expediente a la Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la continuación del trámite respectivo.

11. Segundo returno. Finalmente, conforme a lo resuelto en sesión privada del Tribunal Pleno celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, mediante proveído de uno de diciembre del mismo año, la Ministra Presidenta ordenó returnar esta Controversia Constitucional a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para que continuara actuando como instructora de este asunto, en tanto que guarda conexión con la diversa acción de inconstitucionalidad 133/2021 turnada a la propia Ministra.

I. COMPETENCIA

12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución General(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 1/2023,(2) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de un conflicto entre un organismo constitucional autónomo y los poderes legislativo y ejecutivo, todos del Estado de Chihuahua, en el que se combaten normas de carácter general.

13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

II. FIJACIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

14. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) esta Suprema Corte advierte que en el apartado respectivo del escrito de demanda, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua señaló como norma impugnada el Decreto LXVI/RFLEY/1039/2021 XII P.E., publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el siete de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se reformaron los artículos 272 i, numeral 4); 272 k; 272 m, numeral 1), incisos a), b), d), i), k), l), m), r), s), u), v) y w); y se adicionaron al artículo 272 m, los incisos x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee) y ff), todos de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

15. No obstante, a partir de una lectura integral de la demanda, en específico, del único concepto de invalidez hecho valer por el Instituto accionante, se advierte que únicamente solicita y formula conceptos de invalidez contra los artículos 272 i, numeral 4 y 272 m, numeral 1, inciso cc).

16. De ahí que, para efectos de la presente controversia constitucional, solo se tienen como impugnadas dichas normas, cuyo contenido es el siguiente:

Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

Artículo 272 i. [...]

4) La persona titular del Órgano Interno de Control será su representante legal y tendrá un nivel jerárquico equivalente al de la Secretaría Ejecutiva en el organigrama del Instituto. En su estructura orgánica garantizará la independencia de funciones entre las autoridades que lo conforman, las que serán al menos con atribuciones de investigación, de substanciación y resolución, en su caso, así como las de auditoría interna y mejora de la gestión pública, que ocuparán un nivel jerárquico de dirección ejecutiva en la estructura orgánica del Instituto. Para lo cual, contará con los recursos necesarios que apruebe el Consejo Estatal a propuesta de su titular, de conformidad con las reglas previstas en este Capítulo. [...]

Artículo 272 m. [...]

1) [...]

cc) Concertar y celebrar, en los casos que estime necesarios, convenios de coordinación con las instancias que requiera con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización, sin detrimento de sus atribuciones directas. [...]

[Énfasis añadido]

Ver artículos 272 i y 272 m con énfasis añadido

17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández por tener por impugnado todo el artículo cuarto del decreto reclamado. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunció voto concurrente.

III. OPORTUNIDAD

18. Conforme al artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover controversia constitucional contra normas de carácter general es de treinta días a partir del día siguiente a la fecha de su publicación.

19. Se estima que la demanda fue presentada de forma oportuna, pues las normas generales impugnadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado el siete de agosto de dos mil veintiuno. Así, el plazo para impugnarlas comprendió desde el lunes nueve de agosto al miércoles veintidós de septiembre, ambos de dos mil veintiuno.(4) 20. Por tanto, si la demanda se presentó el viernes diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, es evidente que la impugnación resulta oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

21. En términos del artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal,(5) los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas tienen legitimación para promover este medio de control constitucional.

22. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) así como en el artículo 36, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua,(7) el Instituto Estatal Electoral es un órgano constitucionalmente autónomo para efectos de la promoción de la presente controversia constitucional.

23. Así, en representación del Instituto Estatal Electoral compareció Claudia Arlett Espino, en su carácter de Consejera Presidenta Provisional, cargo que acredita con la copia certificada del Acuerdo INE/CG455/2021 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobado en sesión extraordinaria celebrada veinte de mayo de dos mil veintiuno, por el que se aprueba la designación de la consejera presidenta provisional.

24. Finalmente, el artículo 66, fracción I, inciso o), de Ley Electoral del Estado de Chihuahua,(8) establece que corresponde a la persona titular de la Presidencia del Instituto Estatal Electoral la representación legal del Instituto ante los tribunales en cualquier clase de juicio.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

25. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua demandados cuentan con legitimación pasiva en términos de lo dispuesto en la parte final del inciso k) de la fracción I del artículo 105 constitucional.(9)

26. En lo que corresponde a la representación en el proceso, Everardo Rojas Soriano, quien contestó la demanda en representación del Poder Legislativo, en su carácter de Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso de Chihuahua está legitimado para representar al Poder Legislativo de ese Estado en términos del artículo 130, fracciones XX y XXI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua,(10) lo que quedó acreditado en el expediente con la copia certificada del decreto LXVII/NOMBR/0006/2021 I P.O. emitido por el órgano legislativo en cuestión.

27. Por su parte, Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, quien contestó la demanda en representación del Poder Ejecutivo estatal, en su calidad de Directora General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua cuenta con legitimación en el proceso para acudir en representación del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

28. Lo anterior, en ejercicio de la facultad establecida por el artículo 35 Ter, fracción XIV, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua (en su texto en vigor al momento de la presentación del oficio de contestación, correspondiente al adicionado mediante decreto publicado en el medio de divulgación estatal oficial de cuatro de septiembre de dos mil veintiuno)(11) que le fue delegada por el entonces Secretario de Coordinación de Gabinete del Gobierno del Estado de Chihuahua, en conformidad con la parte final del propio dispositivo relacionado con los diversos 12 y 14 de la propia legislación,(12) mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, el cual anexa en copia certificada a su oficio de contestación.

29. Las anteriores consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán con precisiones en el apartado de legitimación activa y Presidenta Piña Hernández.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

30. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se procede a analizar las causas de improcedencia formuladas por las partes, así como aquellas que se adviertan de oficio.

31. Los Poderes demandados del Estado de Chihuahua no hicieron valer causas de improcedencia o sobreseimiento durante el juicio. Sin embargo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte, de oficio, que en relación con el artículo 272 i, numeral 4, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se actualiza una causa de improcedencia y sobreseimiento que impide entrar al estudio de fondo del asunto, al haber sobrevenido la cesación de efectos de dicha norma, por haber sido reformada sustancialmente.

32. El artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos textualmente dispone:

Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

[...]

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...]

33. La disposición legal mencionada establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando cesen los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que éstos dejen de surtir sus efectos jurídicos, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en estos juicios se pronuncia no tiene efectos retroactivos.

34. Sirve de apoyo, el criterio sostenido por el Tribunal Pleno en la jurisprudencia P./J. 54/2001, de rubro: “CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.”(13)

35. Para justificar la actualización lo expuesto es necesario puntualizar que este Tribunal Constitucional, en un primer momento, ha considerado que, a partir de lo sustentado en la tesis jurisprudencial P./J. 25/2016 (10a.),(14) existe un nuevo acto legislativo que permite la nueva impugnación de una norma a través de la acción de inconstitucionalidad, cuando se actualicen los dos siguientes aspectos:

a) Que se haya llevado a cabo un procedimiento legislativo (criterio formal).

b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material.

36. El primer aspecto se refiere a que la norma impugnada haya sido objeto del desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo, tales como: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. Este último paso resulta relevante, pues es a partir de la publicación que puede ejercitarse la acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional por medio de los entes legitimados.

37. El segundo requisito significa que la modificación a la norma debe ser sustantiva o material, es decir, que exista un cambio que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto.

38. En este segundo aspecto, el criterio que actualmente sostiene este Alto Tribunal consiste en que se lleve a cabo una modificación al sentido normativo de la norma impugnada, lo que será considerado como un nuevo acto legislativo. Esto no acontece, como regla general, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado. Tampoco cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas.

39. En este sentido, no basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente, sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada. En este sentido, la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema. El ajuste de la norma general debe producir un efecto normativo distinto en dicho sistema, aunque sea tenue.

40. Conforme a esta definición de nuevo acto legislativo, no cualquier modificación puede provocar la procedencia —o el sobreseimiento de un asunto— sino que, una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación necesariamente debe producir un impacto en el mundo jurídico. En este sentido, también quedarían excluidas aquellas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa, en la que por cuestiones formales deban ajustarse la ubicación de los textos o en su defecto los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos.

41. Lo que este Tribunal Pleno busca con este entendimiento sobre el nuevo acto legislativo es controlar o verificar cambios normativos reales y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, esto es, cambios que afecten la esencia de la institución jurídica que se regula, que deriven precisamente del producto del poder legislativo.

42. Ahora, han sido múltiples las reflexiones realizadas en torno al concepto de nuevo acto legislativo, en sus criterios formal y material, como consecuencia de diversos factores. Así, el criterio de este Alto Tribunal se ha matizado con el objeto de evidenciar con mayor claridad los casos en que se actualiza un nuevo acto legislativo.

43. De esta forma, el criterio que actualmente rige para este Tribunal Pleno consiste en que, para considerar que se está frente a un nuevo acto legislativo, debe existir un cambio en el sentido normativo de la norma impugnada.

44. En otras palabras, es imperioso que existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o alcance del precepto de que se trata.

45. Para considerar que se trata de un cambio en el contenido normativo es de especial relevancia analizar la intención del legislador, esto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33362-4860ba27/i-controversia-constitucional-los-organos-constitucionales-autonomos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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