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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL Y LOS MUNICIPIOS TERCEROS INTERESADOS RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO (INVALIDEZ DEL DICTAMEN 137 APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS Y DEL DECRETO 684 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA TENER POR ACREDITADA SU PROCEDENCIA, ES SUFICIENTE CON LA MANIFESTACIÓN DEL MUNICIPIO ACTOR EN EL SENTIDO DE QUE LOS VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO LE GENERAN UN PERJUICIO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN LA QUE ADUCE QUE NO TIENE INJERENCIA EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PREVISTO PARA RESOLVER UN CONFLICTO TERRITORIAL (INVALIDEZ DEL DICTAMEN 137 APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS Y DEL DECRETO 684 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA IMPUGNADA DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS DE FONDO, ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE TENGAN COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE ÉSTA Y HAGAN INNECESARIO SU ESTUDIO. VI. CONFLICTO DE LÍMITES TERRITORIALES ENTRE MUNICIPIOS. BASES CONSTITUCIONALES PARA ANALIZARLOS. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA LA FIJACIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES. LOS MUNICIPIOS DEBEN PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN ÉL SIEMPRE QUE SU TERRITORIO PUEDA VERSE AFECTADO. VIII. CONFLICTO DE LÍMITES TERRITORIALES ENTRE MUNICIPIOS. EL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN INSTRUCTORA DEL CONGRESO LOCAL, POR EL QUE SE CONCEDIÓ A LOS MUNICIPIOS UN PLAZO DE TRES DÍAS PARA IMPONERSE DE LAS PRUEBAS ALLEGADAS AL EXPEDIENTE, VULNERA SU GARANTÍA DE AUDIENCIA Y DEFENSA ADECUADA (INVALIDEZ DEL DICTAMEN 137 APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). IX. CONFLICTO DE LÍMITES TERRITORIALES ENTRE MUNICIPIOS. LA FALTA DE CITACIÓN A LOS MUNICIPIOS CON CUANDO MENOS CINCO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE LA SESIÓN EN LA QUE SE DISCUTIÓ EL DICTAMEN RELATIVO A SU RESOLUCIÓN, VULNERA SU GARANTÍA DE AUDIENCIA (INVALIDEZ DEL DICTAMEN 137 APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS Y DEL DECRETO 684 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER LA DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN CASOS DE NOTORIA URGENCIA. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO CONSTITUYE UN CASO DE URGENCIA QUE JUSTIFIQUE LA DISPENSA DE CIRCULAR EL DICTAMEN SOBRE LÍMITES TERRITORIALES DE LOS MUNICIPIOS ENTRE LOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL CONGRESO, CON POR LO MENOS TRES DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA SESIÓN, QUE EL ASUNTO TENGA UN LARGO PERIODO SIN RESOLVERSE (INVALIDEZ DEL DICTAMEN 137 APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS Y DEL DECRETO 684 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL DICTAMEN 137 APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS Y DEL DECRETO 684 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 158/2016. · Registro digital (IUS): 29114
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-10-25
Promovente: MUNICIPIO DE ENSENADA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, Pág. 1186.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 158/2016. MUNICIPIO DE ENSENADA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 26 DE JUNIO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO EN CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO POR CONSIDERACIONES DIFERENTES, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de veintiséis de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda, autoridades demandadas, terceros interesados y actos impugnados. Por escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gilberto Antonio Hirata Chico e Iván Alonso Barbosa Ochoa –quienes se ostentaron como presidente municipal y síndico procurador del Ayuntamiento de Ensenada, respectivamente– promovieron controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del secretario general de Gobierno, todos del Estado de Baja California.

2. El Municipio actor señaló como actos impugnados los siguientes:

A. El Dictamen 137 aprobado por el Congreso de Baja California el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis; y,

B. El Decreto 684, mediante el cual se publicaron el resolutivo y los artículos transitorios del citado Dictamen 137 en el Periódico Oficial del Estado el siete de octubre de dos mil dieciséis.

3. Asimismo, señaló como terceros interesados a los Municipios de Playas de Rosarito y Tijuana, ambos del Estado de Baja California.

4. SEGUNDO.—Antecedentes de la controversia. A partir de lo manifestado por el Municipio actor se advierten los siguientes antecedentes del caso:

A. El veinte de diciembre de mil novecientos veinticinco en el Periódico Oficial del entonces Distrito Norte de la Baja California se publicó el Decreto del Congreso de la Unión por el cual se creó el Municipio de Tijuana.

B. El siete de febrero de mil novecientos treinta y uno por decreto presidencial, el Distrito Norte de la Baja California se transformó en Territorio Norte de la Baja California, y los Municipios de Tijuana, Mexicali y Ensenada, así como la Sección municipal de Tecate se convirtieron en Delegaciones de Gobierno, conservando los territorios y límites que cada uno tenía en ese momento.

C. El treinta y uno de enero de mil novecientos cuarenta y siete se publicó en el Periódico Oficial local el Acuerdo emitido por el entonces Gobernador en el cual se fijaron los límites de las Delegaciones de Tecate, Tijuana y Ensenada, describiendo la colindancia de Ensenada al norte "Partiendo de la desembocadura del Río de ‘San Miguel’ en el Océano Pacífico, en línea recta y con rumbo al Noroeste hasta el rancho de ‘Vallecitos’"; la colindancia con Tijuana cuyo límite al Sur lo describe como: "con rumbo aproximado Sur hasta el lugar conocido con el nombre de ‘Puerta de Tecate’; de este punto y siguiendo el lado Occidental del Camino Viejo de Ensenada hasta la desembocadura del ‘Río San Miguel’ en el Océano Pacífico...".

No obstante, advierte el Municipio promovente, que dicho decreto nunca entró vigor, pues estaba sujeto a la aprobación del Poder Ejecutivo Federal, de lo cual no existe constancia.

D. El treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres se publicó en el Periódico Oficial local la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Baja California, en la cual se delimitaron los límites de los territorios de los Municipios de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, mencionando como límite del último en colindancia con Tijuana la desembocadura del Río "San Miguel" y el límite del Municipio de Tijuana como: "... y en dirección aproximada Suroeste, hasta la desembocadura del Río ‘San Miguel’ en el Océano Pacífico...".

E. El veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve se publicó en el referido Periódico Oficial el decreto de reforma al artículo 7o. de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Baja California, describiendo los límites entre Ensenada y Tijuana como: "Partiendo de la desembocadura del Río ‘San Miguel’ en el Océano Pacífico" en Ensenada y "siguiendo el lado oriental del camino viejo de Ensenada hasta el rancho conocido con el nombre de ‘Vallecitos’; de este punto, en línea recta y en dirección aproximada al Suroeste, hasta la desembocadura del río ‘San Miguel’ en el Océano Pacífico" en Tijuana.

F. El treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, se publicó en la Sección III, del Periódico Oficial local, la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal para el Estado de Baja California, describiendo el límite entre Ensenada y Tijuana como: "... Partiendo de la desembocadura del Río ‘San Miguel’, en el Océano Pacífico" en Ensenada, y "con rumbo sur hasta el lugar conocido como ‘Puerta de Tecate’; de este punto, en línea recta y en dirección hacia el suroeste hasta la desembocadura del Río ‘San Miguel’ en el Océano Pacífico" en Tijuana, y en el cual se establecieron en el artículo 9o. como límites territoriales de Ensenada, los siguientes:

"Artículo 9o. El Municipio de Ensenada está integrado por la ciudad y cabecera municipal de ese nombre, poblados, ejidos, colonias agrícolas, propiedad y fincas rústicas comprendidas en el territorio que señala la línea siguiente:

"...

"El perímetro descrito tiene un área aproximada de 52,510.712 km² y limita:

"Al norte, con los Municipios de Tijuana, Tecate y Mexicali;

"Al sur, con el Estado de Baja California Sur, y;

"Al oeste, con el Océano Pacífico. ... ."

G. El veintiuno de julio de mil novecientos noventa y cinco se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto Número 166, por el cual se creó el Municipio de Playas de Rosarito, antes perteneciente a territorio de Tijuana, y se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal de la entidad, describiendo el límite entre Ensenada y Playas de Rosarito como: "partiendo de la desembocadura del Río San Miguel, en el Océano Pacífico, en línea recta y con rumbo al noroeste hasta el rancho ‘Vallecitos’" en Ensenada y "de ahí con rumbo aproximado sureste de 45° (cuarenta y cinco grados) y en línea recta hasta el lugar conocido como ‘San José de la Zorra’; de ahí con rumbo suroeste hasta la desembocadura del ‘Río San Miguel’ en el Océano Pacífico" en Playas de Rosarito.

H. El veintidós de mayo de mil novecientos noventa y ocho se reformaron los artículos 8o. y 9o. bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal de la entidad, modificando los perímetros de los Municipios de Playas de Rosarito y Tijuana, describiendo el límite del primero con Ensenada como: "de este vértice con una dirección N89°59´43´´E y una distancia de 11933.996 metros se llega al vértice TR 44, de aquí con una dirección aproximada sureste hasta el lugar conocido como ‘San José de la Zorra’, de ahí con una dirección suroeste hasta la desembocadura del ‘Río San Miguel’" y sin modificar la descripción para el Municipio de Ensenada.

I. El quince de octubre de dos mil uno se publicó en el Periódico Oficial la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, en cuyo artículo 26, párrafo primero, se estableció que el territorio de Baja California se integra con los Municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito, con la superficie y límites determinados por el Congreso Local en el Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California.

Sin embargo, dicho estatuto no ha sido emitido, por lo que el Municipio de Playas de Rosarito interpuso controversia constitucional en contra del Congreso Estatal por la omisión legislativa.

Al respecto, vale destacar, que el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 82/2016,(1) y declaró fundada la omisión legislativa reclamada, por lo que, en consecuencia, se ordenó al Congreso del Estado a expedir el Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California dentro del siguiente periodo ordinario de sesiones.

J. El veintitrés de noviembre de dos mil uno se reformó la Ley del Régimen Municipal mencionada, sin modificarse el artículo sexto transitorio referente a la expedición del Estatuto Territorial.

K. El veintidós de febrero de dos mil dos se reformó el citado artículo sexto transitorio para disponer que los Municipios de la Entidad conservarán la extensión y límites territoriales previstos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal correspondiente hasta en tanto el Congreso Estatal expida el Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California, mismo que deberá emitirse dentro del término de un año a partir de la publicación de la Ley del Régimen Municipal.

L. El veinticuatro de octubre de dos mil once, el Municipio de Ensenada promovió controversia territorial en contra del Municipio de Playas de Rosarito por considerar que derivado de la creación de este último, se invadió territorio que era originario de Ensenada.

M. Seguido el procedimiento correspondiente, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad de sus integrantes el Dictamen Número 286 en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil trece, mediante el cual: 1) se resolvió el procedimiento en favor del Municipio de Ensenada; 2) se dejó sin efectos legales el Plano publicado en el Diario Oficial del Estado de Baja California el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cinco, por el cual se establecieron los límites del Municipio de Playas de Rosarito; y 3) se determinó la subsistencia de las medidas y colindancias contenidas en los artículos 8o., 9o. y 9o. bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal de la entidad, vigentes a través del artículo transitorio sexto de la Ley del Régimen Municipal local.

N. Dicho dictamen se puso a consideración del Pleno del Congreso Estatal y en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil trece fue rechazado por diez votos en contra, nueve a favor y dos abstenciones.

O. El once de junio de dos mil quince, el Municipio de Playas de Rosarito promovió controversia territorial en contra del Municipio de Ensenada.

P. El treinta de junio de dos mil quince, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, del Congreso Local, giró oficio a Ayuntamiento de Ensenada para emplazarle, concediéndole un plazo de diez días hábiles.

Q. El ocho de julio siguiente, la referida Comisión ordenó acumular la controversia planteada por el Municipio de Ensenada, al diverso procedimiento promovido por el Municipio de Playas de Rosarito.

R. Posteriormente, el diez de agosto de 2015, el Municipio de Ensenada presentó contestación a la demanda promovida por el Municipio de Playas de Rosarito y formuló reconvención, que fueron desechadas de plano por la Comisión instructora al considerar que operó la preclusión.

S. El diez de agosto de dos mil dieciséis, el Municipio de Playas de Rosarito se desistió de la contestación de demanda en la controversia promovida por el Municipio de Ensenada el veinticuatro de octubre de dos mil once, así como de sus escritos de demanda de controversia territorial de ocho y once de junio de dos mil quince.

T. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales aprobó el Dictamen 137 –ahora impugnado–, por el cual se resolvió la controversia territorial promovida por el Municipio ahora actor. Ese mismo día, se puso a consideración el dictamen ante el Pleno del Congreso Local y se resolvió a favor del Municipio de Playas de Rosarito con una votación de veinte votos a favor y tres en contra.

U. El siete de octubre de dos mil dieciséis se publicó el Decreto Número 684 en el Periódico Oficial de la entidad, así como el punto resolutivo y los artículos transitorios del Dictamen 137, en los cuales se resolvió definitiva e inatacablemente la controversia territorial iniciada por el Municipio de Ensenada a favor del Municipio de Playas de Rosarito.

5. TERCERO.—Conceptos de invalidez. El Municipio de Ensenada hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:

A. Vulneración de la garantía de audiencia del Municipio de ensenada.

6. El Municipio actor sostuvo que se afectó su territorio sin un procedimiento que cumpliera con la garantía de audiencia.

7. En primer lugar, el Municipio de Playas de Rosarito surgió de una escisión del Municipio de Tijuana, del cual formaba parte como Delegación. Ahora, al dictar el Decreto 166 por el que se creó el Municipio de Playas de Rosarito se cometió un error técnico en términos de los artículos 8o. y 9o., ya que la superficie asignada al Municipio de Playas de Rosarito es de 513.32 km² y la asignada al Municipio de Tijuana es de 1,239.49 km². Sin embargo, la superficie anterior del Municipio de Tijuana era únicamente de 1,584.479 km², por lo que la sumatoria de ambos territorios no podría exceder la extensión original de Tijuana, en caso de que se tratara de una escisión que no afectara otro Municipio colindante. Derivado de este error, sobre el territorio de Ensenada colindante se superpusieron 168.331 km².

8. Por otra parte, argumenta que el Dictamen 137 impugnado partió de una premisa errónea al aducir que la base de la acción del Municipio de Ensenada fue la inexistencia del Río San Miguel, ya que si bien dicho argumento se esgrimió en la demanda, ésta giró en torno a dos elementos: 1) la superposición del territorio de Ensenada con la creación del Municipio de Playas de Rosarito; y 2) el error técnico contenido en el decreto de reforma de los artículos 8o. y 9o. bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Baja California, publicado el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y cinco en el Periódico Oficial local, originado por la información inexacta que la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas Estatal le proporcionó al Congreso de la entidad.

9. Por tanto, el Dictamen 137 combatido transgrede la garantía de integridad territorial contenida en el artículo 115 constitucional, toda vez que no se realizó un análisis exhaustivo de las pruebas y argumentos aportados, y se declararon inoperantes los razonamientos para dilucidar la extensión territorial del Municipio de Ensenada, siendo que ello constituye precisamente la litis, así como el argumento central del conflicto territorial promovido por el Municipio de Ensenada.

10. Por otra parte, el actor aduce que el Congreso de la entidad violenta la garantía constitucional de integridad territorial, en virtud de que al analizar la normativa vigente que establece los límites territoriales, afirma que la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal dejó de ser aplicable a partir de la entrada en vigor de la Ley del Régimen Municipal y pretende que mediante una reforma legal ordinaria a dicha Ley del Régimen Municipal se dejen sin efectos los límites y extensión territorial del Municipio de Ensenada, prescindiendo de un procedimiento en el que se le otorgue garantía de audiencia al mencionado Municipio.

11. Lo anterior, en tanto que existen diversos precedentes en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que ante cualquier posible afectación al territorio de un Municipio, éste deberá intervenir activamente, pues ello repercutirá en todos los ámbitos en que dicho orden de gobierno tiene incidencia. Específicamente, ante la creación de un nuevo Municipio que afecte el territorio de otro preexistente, el Congreso Local deberá otorgarle garantía de audiencia, oportunidad de rendir pruebas y formular alegatos.

12. Asimismo, las formalidades esenciales necesarias para garantizar el derecho de defensa consisten en: 1) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; 3) la oportunidad de alegar; y 4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

13. En este sentido, sostiene que, a pesar de que el Congreso del Estado de Baja California cuenta con las facultades necesarias para la creación de Municipios y de modificaciones territoriales, ninguna de las garantías antes referida fue respetada, por lo que los actos impugnados por los cuales el Congreso Local pretende modificar el territorio de Ensenada resultan inconstitucionales, ya que la mera modificación de una ley no puede implicar una modificación territorial.

14. Posteriormente, considera que el Congreso Local fijó como punto a dilucidar la existencia del Río San Miguel, no así la falta de un procedimiento contencioso que respete la garantía de audiencia del Municipio actor. Aunado a ello, del dictamen combatido se advierte que el Congreso se basó en diversos elementos para determinar la existencia del Arroyo San Miguel, los cuales únicamente pueden llevar a concluir que el cauce de agua en donde se pretende fijar el límite del Municipio de Ensenada, históricamente ha recibido diversos nombres, en razón de que los únicos elementos que lo ubican en ese lugar como Río San Miguel son copias simples y documentos privados que carecen de valor probatorio.

15. Específicamente, el mapa de "Harris & Cromwell" es un documento privado, sin que obste su resguardo en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues no fue elaborado por alguna autoridad.

16. En conclusión, sostiene que el Congreso del Estado de Baja California incurrió en arbitrariedades al fijar como punto limítrofe del Municipio de Ensenada el lugar donde, de documentos sin valor probatorio, deduce, se encuentra el Río San Miguel.

B. Violaciones en el procedimiento de la controversia territorial.

17. Al respecto, el Municipio promovente sostiene que se vulneran diversos principios vinculados con el procedimiento del conflicto territorial que instó ante el Congreso Local, entre ellos, aduce violaciones a los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y defensa adecuada, reconocidos en los artículos 14, 16, 17 y 115, de la Constitución Federal. En concreto, adujo lo siguiente:

I. Indebido desechamiento de la reconvención. El Municipio promovente sostiene que el dictamen impugnado es incorrecto, pues en él se desecha la reconvención formulada por ese Municipio en la diversa controversia territorial planteada por Playas de Rosarito en junio de dos mil quince, afirmando que había precluido.

Al respecto, por Acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Legislativos tuvo a Playas de Rosarito por desistido de la demanda de controversia territorial presentada el once de junio de dos mil quince. Además, se desechó la reconvención del Municipio de Ensenada en dicha controversia territorial por haberse actualizado la preclusión. Sin embargo, el actor argumenta que esa determinación lo dejó en estado de indefensión, pues al tratarse de acciones autónomas le dejó sin oportunidad de impugnar el acto ilegal, ya que es hasta la resolución cuando se considera no tener por presentados los argumentos y manifestaciones hechas valer.

En este mismo sentido, que el desechamiento vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica en tanto revoca la propia determinación de la Comisión instructora, pues inicialmente admitió la reconvención, aunado a que contradice el principio de defensa adecuada por no respetar el término de tres días previsto en el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California.

Asimismo, la actuación se sustenta en los artículos 72, 257 y 266 de la citada normativa, los cuales no resultan aplicables, toda vez que el artículo 72 se refiere a la interposición de recursos, no así de la reconvención y los artículos 257 y 266 no tienen relación alguna con la figura de preclusión.

Finalmente, el promovente arguye que el Congreso del Estado aplicó indebidamente el criterio contenido en la tesis de rubro: "PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA.",(2) pues en la contradicción de tesis de la que deriva se determinó que la finalidad de la preclusión es que las etapas procesales se clausuren definitivamente para evitar el regreso a momentos procesales ya extinguidos, así como permitir que las resoluciones puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas por medio de los recursos previstos en la ley, lo cual otorga seguridad jurídica y prontitud en el proceso. Luego, la actuación del Congreso resulta contraria a la figura misma de la preclusión.

II. Violaciones a la garantía de defensa adecuada. Que se violentó en perjuicio del actor la garantía de defensa adecuada, en atención a que el estándar en el caso de la afectación al territorio de un Municipio consiste en hacer del conocimiento todas las constancias y pruebas con la finalidad de poder objetarlas. No obstante, la Comisión instructora se allegó de diversas pruebas para mejor proveer sin haber corrido traslado al Municipio de Ensenada. Lo anterior, derivado del acuerdo de catorce de septiembre de dos mil dieciséis por el cual se le dio vista a dicho Municipio en el plazo de tres días dentro de un horario de ocho a quince horas, lo cual coarta la posibilidad de defensa, por la brevedad del plazo.

Posteriormente, se le concedió al Municipio de Ensenada un plazo de cinco días para la formulación de alegatos, lo cual resulta insuficiente ante la complejidad del asunto, cuyo trámite ha durado cuatro años. Además, no se les entregó al Municipio copia de todas las pruebas que obran en el expediente, que únicamente podía ser consultado en un horario reducido.

III. Incongruencias del dictamen. Asimismo, refirió que en el dictamen impugnado, indebidamente, se desestimó un argumento esgrimido por el Municipio de Playas de Rosarito, una vez que ya se había desistido de la demanda de controversia territorial así como de sus contestaciones, lo cual evidencia la falta de exhaustividad del estudio de la Comisión dictaminadora; y que si bien esta incongruencia no trasciende a la defensa del Municipio actor, ello evidencia la falta de exhaustividad en el estudio de los integrantes de la Comisión instructora.

C. Violaciones en el procedimiento para la aprobación del Dictamen 137 y la emisión del decreto impugnado.

18. El Municipio de Ensenada arguye que se presentaron diversas violaciones en el procedimiento para la aprobación del Dictamen 137 y en la emisión del decreto impugnado –tanto al interior de la comisión parlamentaria como en el Pleno del Congreso–, las cuales consisten, básicamente, en que no se cumplieron los plazos y procedimientos instituidos a fin de garantizar que las personas que integran el órgano legislativo, conozcan los actos respecto de los cuales están obligados a pronunciarse y, con ello, pueda generarse un debate parlamentario real sobre los temas que se someten a su consideración.

19. De este modo, el Municipio actor sostiene que en la aprobación del Dictamen 137 por parte de la Comisión y su posterior aprobación por el Pleno, se suscitaron las siguientes irregularidades:

I. La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales transgredió lo dispuesto en los artículos 30, fracción II, de la Constitución de Baja California, así como 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, pues no le dio intervención al Ayuntamiento en la sesión en que se discutió el dictamen relativo a la resolución del conflicto territorial del cual forma parte el Municipio de Ensenada, con la finalidad de que acudiera alguno de sus miembros a emitir su opinión con relación a la afectación de su territorio.

Para evidenciar lo anterior, sostiene que el Dictamen 137 está fechado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, que es el mismo día en que se celebró la sesión del Pleno del Congreso, por lo que, es evidente que el dictamen no se repartió tres días antes de que se discutiera en sesión plenaria, lo que vulnera lo previsto en los artículos 123 y 18, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local.

II. En la sesión se solicitó una dispensa de trámite a fin de que se leyeran únicamente los puntos resolutivos del dictamen, por tanto, los diputados desconocían las consideraciones contenidas en el mismo al no haberse repartido con anticipación ni leído en la sesión previa a la votación. En consecuencia, es evidente que se vulneró el principio democrático y las reglas del procedimiento legislativo contenidas en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local.

Posteriormente, habiendo dispensado el trámite y sin que los diputados conocieran las consideraciones y fundamentos del dictamen, la presidenta del Congreso Local declaró abierto el debate.

En este sentido, sostiene que aun y cuando supuestamente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se votó la dispensa del trámite para proceder a la discusión del dictamen impugnado, esta dispensa no puede tener el efecto de omitir la lectura del dictamen, sino para los trámites que prevén los artículos 29 de la Constitución de Baja California y 116 de la Ley Orgánica, y sólo en caso de urgencia que debe ser justificado y razonado.

20. Con base en lo anterior, el Municipio promovente estima que no se cumplió con el estándar impuesto por esta Suprema Corte y, en consecuencia, se vulneró el procedimiento legislativo.

21. CUARTO.—Radicación y turno. Por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte formó y registró el asunto con el número de expediente 158/2016 y designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como instructor.

22. QUINTO.—Admisión. Mediante acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, tuvo al actor designando autorizados y delegados, señalando domicilio y ofreciendo pruebas. Asimismo, tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Baja California; esta última autoridad únicamente en cuanto al refrendo del Decreto 684 combatido.

23. Además, se tuvieron como terceros interesados a los Municipios Playas de Rosarito y Tijuana y se les requirió a las autoridades demandadas y terceros interesados señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. También, se requirió al Poder Legislativo Estatal el envío de los antecedentes legislativos del Dictamen 137 y del Decreto 684 y, al Poder Ejecutivo, la remisión del Periódico Oficial en donde fue publicado el decreto impugnado. Finalmente, se dio vista a la Procuraduría General de la República y se ordenó formar el cuaderno incidental relativo a la solicitud de suspensión.

24. SEXTO.—Certificación. El tres de diciembre de dos mil dieciséis, el secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de esta Suprema Corte certificó que el plazo de treinta días concedido a las autoridades demandadas, así como al Municipio de Playas de Rosarito en su carácter de tercero interesado, transcurrió del seis de diciembre de dos mil dieciséis al uno de febrero de dos mil diecisiete. Por otra parte, el plazo concedido al Municipio de Tijuana transcurrió del ocho de diciembre de dos mil dieciséis al tres de febrero de dos mil diecisiete.

25. SÉPTIMO.—Manifestaciones de los Municipios de Playas de Rosarito y Tijuana. Por escritos presentados el veinticinco y treinta de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el Ayuntamiento de Playas de Rosarito por conducto de Mirna Cecilia Rincón Vargas y Miguel Ángel Vila Ruiz, así como el Ayuntamiento de Tijuana por conducto de Juan Manuel Gastelúm Buenrostro y Ana Marcela Guzmán Valverde, quienes se ostentaron como presidente municipal y síndico procurador, respectivamente, realizaron las siguientes manifestaciones:

26. Coincidentemente, señalaron que esta controversia constitucional resulta improcedente por extemporánea, en tanto que los límites territoriales del Municipio de Ensenada y Playas de Rosarito se encuentran delimitados y ratificados por los Decretos 166 y 146, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y cinco, así como el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y ocho, respectivamente, los cuales se encuentran firmes, pues el plazo de treinta días para impugnarlos transcurrió en exceso.

27. Adicionalmente, el Municipio de Playas de Rosarito adujo, como causal de sobreseimiento, que la controversia estriba en una cuestión de derecho que no es susceptible de modificar el resultado final del procedimiento, porque la determinación contenida en el dictamen y decreto impugnados, se soporta básicamente en los acuerdos de creación del Municipio de Playas de Rosarito, emitidos conforme a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 27, de la Constitución Local y 124 de la Constitución Federal.

28. Asimismo, refiere que, respecto al hecho de que la superficie contenida en los decretos impugnados es errónea –como lo aduce el Municipio actor– esos decretos se encuentran firmes, y no es posible invocar documentos históricos, pues no resultan idóneos para combatir la legalidad de los decretos cuestionados, porque ningún documento o antecedente histórico puede estar por encima de la ley, que en el caso particular son los decretos que ya se encuentran firmes, en donde la autoridad legislativa fijó los límites territoriales de los Municipios.

29. Respecto del fondo de la controversia, ambos Municipios dieron respuesta al primer concepto de invalidez relativo a la violaci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29114-e7a52f85/i-controversia-constitucional-debe-desestimarse-la-causa-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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