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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (DECRETOS 33 Y 34 QUE CONTIENEN LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS BASE DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS MUNICIPIOS DE PLAYAS DE ROSARITO Y ENSENADA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, RESPECTIVAMENTE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA LA CESACIÓN DE EFECTOS RESPECTO DE LOS DECRETOS QUE CONTIENEN LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS BASE DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS MUNICIPIOS DE PLAYAS DE ROSARITO Y ENSENADA, AMBOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE UNA VEZ QUE CONCLUYE SU VIGENCIA, MÁXIME QUE LA SENTENCIA RESPECTIVA NO PODRÍA TENER EFECTOS RETROACTIVOS (DECRETOS 33 Y 34 QUE CONTIENEN LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS BASE DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS MUNICIPIOS DE PLAYAS DE ROSARITO Y ENSENADA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, RESPECTIVAMENTE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 16/2020. · Registro digital (IUS): 200714
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 16/2020. MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 10 DE FEBRERO DE 2021. CINCO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LA MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión virtual correspondiente al día diez de febrero de dos mil veintiuno emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 16/2020 promovida por el Municipio de Ensenada, del Estado de Baja California, por conducto de su Presidente Municipal, Armando Ayala Robles, y la Síndica Procuradora, Elizabeth Muñoz Huerta, en contra del Congreso, el Gobernador Constitucional y el Secretario de Gobierno, todos del Estado de Baja California, por la expedición de los Decretos 33 y 34, publicados en el Periódico Oficial de dicha entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

I. ANTECEDENTES

I.1. Disputa territorial entre Ensenada y Playas de Rosarito

1. El veintiuno de julio de mil novecientos noventa y cinco, mediante el Decreto Número 166, publicado en el Periódico Oficial de Baja California, fue creado el Municipio de Playas de Rosarito. Sus límites, al norte con el Municipio de Tijuana y al Sur con el de Ensenada, quedaron definidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal que fue modificada para ello en el mismo decreto.

2. El quince de octubre de dos mil uno se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, la cual abrogó la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. En el artículo 26 de esta ley se estableció que el Estado de Baja California se integra con los Municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito, con la superficie, límites y linderos que establezca el Congreso del Estado en el Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California".

3. En el artículo sexto transitorio se dispuso que los municipios conservarían la extensión y límites territoriales existentes a la fecha de promulgación de esta ley y se estableció un plazo de noventa días para que el Congreso expidiera el Estatuto Territorial al que se refiere el artículo 26. Este plazo fue ampliado a un año mediante una reforma al referido artículo transitorio publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintidós de febrero de dos mil dos. Sin embargo, el Estatuto no fue publicado en dicho plazo.

4. El veinticuatro de octubre de dos mil once, el Municipio de Ensenada promovió, ante el Congreso del Estado, una controversia territorial en contra del Municipio de Playas de Rosarito por considerar que a partir de su creación se invadió una parte de su territorio que históricamente le había pertenecido. El veinticinco de septiembre de dos mil trece el Pleno del Congreso del Estado rechazó, con diez votos en contra, nueve a favor y dos abstenciones, el dictamen de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que proponía resolver la controversia a favor del Municipio de Ensenada.

5. Posteriormente el once de junio de dos mil quince, el Municipio de Playas de Rosarito promovió una diversa controversia territorial en contra del Municipio de Ensenada, disputando el mismo territorio que el Municipio de Ensenada alega que históricamente le corresponde. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis el Pleno del Congreso de Baja California, con veinte votos a favor y tres en contra, aprobó el Dictamen Número 137, mediante el cual resolvió que el territorio en disputa corresponde al Municipio de Playas de Rosarito. Esta resolución se publicó el siete de octubre de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial de la entidad, mediante el Decreto Número 684.

6. En contra del Dictamen Número 137 y del Decreto Número 684, el Municipio de Ensenada promovió la controversia constitucional 158/2016, la cual fue resuelta por la Primera Sala el veintiséis de junio de dos mil diecinueve,(1) en el sentido de declararla fundada, al considerar que existieron violaciones al derecho de audiencia del Municipio de Ensenada, por lo que invalidó el dictamen y el decreto impugnados.

7. A pesar de múltiples solicitudes presentadas por el Municipio de Playas de Rosarito al Congreso de Baja California para que expidiera el Estatuto Territorial al que se refiere el artículo 26 de la Ley del Régimen Municipal de esta entidad, dicho estatuto continuaba sin expedirse. En contra de esta omisión, el referido Municipio promovió la controversia constitucional 82/2016.

8. El Tribunal Pleno resolvió esta controversia el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, en el sentido de declararla fundada.(2) En dicha resolución se sostuvo que al no existir claridad en la definición del territorio que corresponde a cada municipio del estado de Baja California, éstos se ven impedidos para llevar a cabo adecuadamente las funciones que constitucionalmente se les encomiendan, pudiendo presentarse casos en los que tales funciones se realicen simultáneamente por dos o más municipios o, incluso, por ninguno.(3) Por lo cual, ordenó al Congreso de Baja California expedir el referido Estatuto durante el siguiente periodo de sesiones.

9. Finalmente, el tres de enero de dos mil veinte fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Número 15 que contiene el Estatuto Territorial de los Municipios de Baja California, en el cual se definen los perímetros del territorio que corresponde a cada municipio. La expedición de este Estatuto fue impugnada ante esta Suprema Corte por el Municipio de Ensenada a través de la controversia constitucional 15/2020, la cual se encuentra pendiente de resolución.

I.2. Aprobación del Decreto Número 33.

10. El ocho de agosto de dos mil diecinueve, el Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario del Municipio de Playas de Rosarito, aprobó por unanimidad de votos el Proyecto de Actualización de los Valores Catastrales de terreno y Construcción Base del Impuesto Predial de dicho municipio para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. Este fue remitido al Congreso del Estado junto con la documentación correspondiente a la iniciativa de Ley de Ingresos de este municipio para el ejercicio dos mil veinte.

11. El doce de diciembre de dos mil diecinueve fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Baja California, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California y la Tabla de Valores Catastrales correspondientes al Ejercicio Fiscal del dos mil veinte.

12. En el marco del procedimiento seguido ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto se registró la comparecencia de la Presidenta Municipal de Playas de Rosarito y se recibió opinión de la Auditoría Superior del Estado.

13. El treinta de diciembre de dos mil diecinueve el Congreso de Baja California aprobó, por unanimidad de veinticinco votos, el Dictamen Número 45 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual contiene la Tabla de Valores del Municipio de Playas de Rosarito, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte. En dicha tabla se incluye la zona homogénea número 30160, denominada POB. SANTA ANITA", la cual se ubica en el territorio que el Municipio de Ensenada le disputa al de Playas de Rosarito. Al día siguiente el Dictamen fue publicado en el Periódico Oficial del Estado mediante el Decreto Número 33.

I.3. Aprobación del Decreto Número 34.

14. En sesión extraordinaria del Cabildo celebrada el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el Ayuntamiento de Ensenada aprobó, por mayoría de votos, la Tabla de Valores Catastrales de dicho municipio para el ejercicio dos mil veinte. Al día siguiente fue presentada al Congreso del Estado, junto con el resto de la documentación correspondiente a la iniciativa de Ley de Ingresos de este municipio para el ejercicio dos mil veinte.

15. El dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, el Presidente Municipal de Ensenada, presentó ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, una solicitud para que se modificara la Tabla de Valores Catastrales, a efecto de que se incluyera la contribución por concepto de Impuesto Predial al GRUPO 21, Colonia Sector o Fraccionamiento Lotificación Santa Anita". Sin embargo, la Comisión aprobó una reserva por medio de la cual determinó no tomar en consideración la propuesta formulada, toda vez que no había sido aprobada por el respectivo Cabildo.

16. En el marco del procedimiento seguido ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto se registró la comparecencia del Presidente Municipal de Ensenada y se recibió opinión de la Auditoría Superior del Estado.

17. De la revisión realizada a la documentación presentada por el Municipio de Ensenada, la Comisión de Hacienda y Presupuesto advirtió que la Tabla de Valores Catastrales propuesta para el ejercicio dos mil veinte presentaba cuatro cambios de nombre de zonas homogéneas, respecto de la del ejercicio dos mil diecinueve. Entre ellos se encontraba la inclusión en el Grupo 21, de la Clave Catastral LAO-LA, LOTIFICACIÓN SANTA ANITA". Al respecto, en el dictamen correspondiente, la Comisión resolvió eliminar esta zona, señalando que lo hacía en congruencia con lo que había aprobado previamente respecto de la Tabla de Valores Catastrales del Municipio de Playas de Rosarito y con lo legislado por el Congreso del Estado.

18. El treinta y uno de diciembre siguiente el Congreso de Baja California aprobó, por diecinueve votos a favor y uno en contra, el Dictamen Número 47 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual contiene la Tabla de Valores Catastrales del Municipio de Ensenada para el ejercicio dos mil veinte, en la que no se incluye a la población, colonia, sector, fraccionamiento o lotificación Santa Anita". Ese mismo día el Dictamen fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, mediante el Decreto Número 34.

I.4. Demanda de controversia constitucional.

19. El siete de febrero de dos mil veinte, Armando Ayala Robles y Elizabeth Muñoz Huerta, respectivamente, Presidente Municipal y Síndica Procuradora del Municipio de Ensenada, presentaron ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación escrito de demanda de controversia constitucional, en el que, de conformidad con el artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalaron:

II. Entidades, poderes u órganos demandados y su domicilio.

a) Congreso del Estado de Baja California [...].

b) Gobernador Constitucional del Estado de Baja California [...].

c) El C. Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California [...].

III. Entidades, poderes u órganos terceros interesados.

A juicio de la parte actora se estima que en el caso concreto, le podrá irrogar perjuicio y afectar en su momento al Municipio y/o Ayuntamiento de la Playas de Rosarito, Baja California, quien puede ser debidamente notificado de la presente controversia constitucional en el domicilio ubicado en [...].

IV. Actos cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó.

La aprobación por el Congreso del Estado de Baja California, la promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, de treinta de uno de diciembre de dos mil diecinueve, del Decreto que contiene el Decreto no. 34, mediante el cual se aprueba la tabla de valores catastrales unitarios, base del impuesto predial del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veinte, al ser omisos en incluir en la misma el predio denominado Lotificación Santa Anita, ubicado en el Grupo 21, sector LA0, colonia o fraccionamiento LA.

En consecuencia de lo anterior, la aprobación por el Congreso del Estado de Baja California, la promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, de treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, del Decreto no. 33, mediante el cual se aprueba la tabla de valores catastrales unitarios, base del impuesto predial del Municipio de Playas de Rosarito, en el cual se le otorgan las facultades de cobro del predio señalado en el párrafo que antecede.

La omisión de certificar respecto a los antecedentes del Estado de Baja California, la identidad y territorialidad de los municipios de Ensenada, y las Playas de Rosarito al emitir y aprobar las tablas de los valores catastrales unitarios, base del impuesto predial de los Municipios afectos.

V. Preceptos constitucionales que se estiman violados.

Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el actor considera violados son el artículo 1, 14m 16, 31, fracción IV; 36, fracción I, 115, fracción III, inciso i), fracción IV; 121, fracción II, todos en relación con el artículo 76, 82, inciso B, fracción IX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

20. En sus conceptos de invalidez, el municipio actor, en síntesis, expresa lo siguiente:

a) Que el Legislador local al emitir los Decretos impugnados, no lo hizo en coordinación con el Municipio actor ni con el Municipio de Playa de Rosarito, al no haber ningún tipo de comunicación entre el Legislador local, así como que tampoco existió reconocimiento de los límites territoriales y lo acontecido por la controversia constitucional 158/2016.(4)

En apoyo a su argumento, cita la jurisprudencia P./J.111/2006, de rubro: HACIENDA MUNICIPAL. EN EL CASO DE LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EXISTE UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y EL ESTADO EN EL PROCESO DE SU FIJACIÓN.(5)

b) Que los Decretos impugnados no justifican el por qué el Municipio de Playas de Rosarito, es quien tiene que aplicar la tabla de valores unitarios, respecto al predio denominado Lotificación Santa Anita, y con ello fue omiso al no realizar manifestación alguna del porqué no procedía el cobro al Municipio de Ensenada, cuando debió de haber estudiado el valor catastral y los límites, en respeto de la dinámica de los valores inmobiliarios.

c) Que el Poder Legislativo estatal, es omiso al no haber revisado la dinámica social, y la problemática en el que se encuentran los municipios que conforman el Estado de Baja California, pues al aprobar las tablas de valores catastrales unitarios, base del impuesto predial, lo hace sin observar la propiedad de los Municipios de Playas el Rosarito y Ensenada, así como el conflicto territorial que existe entre dichos municipios, con lo que rompe los criterios de equidad y proporcionalidad.

d) Que los decretos impugnados no se especifica el por qué le otorga la propiedad y consecuente cobro del predial, al Municipio de Playas de Rosarito, de los antecedentes que toma para asignarle tal aprobación, pues además no existe estatuto territorial alguno ni decreto o normativa vigente que otorgue la propiedad y la posibilidad del cobro al Municipio de Playas de Rosarito.

e) Que la Legislatura estatal carece de fundamentación y motivación el Decreto 33, consistente en la metodología, atribuciones para autoridades y particulares, la creación de figuras legales, así como los requisitos y procedimientos relacionados con las delimitaciones catastrales, pues todos ellos no deberían de estar contenidos en una tabla de valores unitarios, sino en una nueva disposición emitida por el Ayuntamiento, lo que causa daños y perjuicios patrimoniales directos al Municipio actor y violenta la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local al no sujetarse al trámite de dicha legislación en lo relativo a la iniciativa de ley.

f) Que tanto la Constitución federal como la local disponen que los municipios percibirán las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezca la legislatura sobre la propiedad inmobiliaria. Los decretos impugnados le otorgan sin motivo ni fundamento la atribución de recaudación al Municipio de Playas de Rosarito, lo que genera un perjuicio y daño patrimonial al Municipio actor.

Apoya lo anterior, en la tesis jurisprudencial P./J.112/2006, de rubro: HACIENDA MUNICIPAL. LAS LEGISLATURAS ESTATALES PUEDEN SEPARARSE DE LAS PROPUESTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE LO HAGAN SOBRE UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE.(6)

g) Que el Ejecutivo local debió ejercer su facultad de veto, la cual lo obligaban a realizar las observaciones pertinentes de conformidad con el artículo 34 constitucional local,(7) así como la omisión del Ejecutivo local pues de haber realizado el trámite legislativo correspondiente se hubiera percatado de las cuestiones de hecho y derecho, y con ello regresar la propuesta para que se subsanaran las irregularidades respecto de la pertinencia de los predios Lotificación Santa Anita.

h) Que los decretos impugnados violan la autonomía municipal y la facultad de los Ayuntamientos para realizar el cobro del predial de las áreas catastrales que le corresponden, conforme al artículo 115, fracción IV, inciso c), segundo párrafo, de la Constitución federal, toda vez que las tablas tienen un alcance superior al de ser solo el inicio de un procedimiento legislativo, por lo que la facultad de las legislaturas estatales es el de aprobarlas, no así de subrogarse a las funciones de los municipios.

II. TRÁMITE

21. Radicación y turno. El once de febrero de dos mil veinte, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación radicó la demanda en el expediente de controversia constitucional 16/2020 y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que instruyera el procedimiento correspondiente.

22. Admisión y emplazamientos. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda de controversia constitucional,(8) tuvo como parte actora al Municipio de Ensenada; y como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al Secretario de Gobierno, todos del Estado de Baja California, emplazándolas para que formularan su contestación; tuvo como tercero interesado al Municipio de Playas de Rosarito, emplazándolo para que formulara las manifestaciones que a su derecho conviniera, y dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

23. Contestación del Poder Ejecutivo. En su contestación el Poder Ejecutivo estatal señaló, en esencia, lo siguiente:

a) Que las violaciones alegadas son únicamente atribuidas al Congreso del Estado, y el acto cuya invalidez por el cual se demandó al Gobernador del Estado de Baja California y al Secretario General de Gobierno, la promulgación y publicación respectiva de los decretos 33 y 34, no se reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia de tales violaciones, por lo que no procede a realizar manifestaciones, máxime que el órgano facultado para dirimir controversias territoriales entre los Municipios del Estado es el Congreso de la entidad.(9)

b) Por lo que al haber resultado inoperante el concepto de invalidez vertido por la parte actora, solicitó reconocer la validez de todos los actos y normas legales impugnadas.

24. Contestación del Poder Legislativo. Al dar contestación a la demanda, el Poder Legislativo estatal señaló lo siguiente:

a) Cuando se reclama la invalidez de una norma se debe probar su aplicación, siendo que en este caso el Municipio actor no prueba dicho acto de aplicación de las normas impugnadas.

b) El Congreso de Baja California actuó en consecuencia con las facultades que le confieren el artículo 115 de la Constitución federal y el 85, fracción IV, de la Constitución local, que establece que los Ayuntamientos propondrán al Congreso del Estado, entre otras cosas, las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, teniendo, además, los Ayuntamientos la facultad exclusiva de presentar la iniciativa de Ley de Ingresos para su municipio. Todo lo cual se cumplió en el presente caso, sin que la parte actora demuestre qué acto vulneró su derecho a una adecuada defensa para su garantía de audiencia respecto de los decretos impugnados.

c) Cuando se trata de una ley autoaplicativa, no es lógico ni jurídico decir que la autoridad legislativa debió oír previamente a quienes se consideran afectados en la expedición del ordenamiento respectivo, como lo es la expedición del Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California, ya que tanto las leyes como los reglamentos son actos de soberanía del Estado, en cuya formación solo interviene el poder público.

d) Por lo tanto, el Poder Legislativo no ha violado los principios de legalidad, seguridad jurídica e integridad territorial, sino que, por el contrario, ha actuado en todo momento dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y legales.

25. Manifestaciones del Municipio de Playas de Rosarito. Al rendir sus manifestaciones en su carácter de tercero interesado, el Municipio de Playas de Rosarito señaló lo siguiente:

a) Que el Decreto número 33 emitido por el Congreso del Estado de Baja California es válido, pues se realizó conforme a las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado Soberano de Baja California, pues para determinar el predio denominado Lotificación Santa Anita, ubicado en el grupo 21, Sector LA0, colonia o Fraccionamiento LA, lo realizó con apego a la legalidad, pues el legislador estatal observó el estatuto territorial emitido por ese cuerpo colegiado el tres de enero de dos mil veinte, por lo que no existe ninguna omisión por parte del Congreso del Estado dado que lo hizo atendiendo los límites territoriales del municipio de Ensenada.

b) Aunado a que en el Dictamen 47 emitido por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Baja California, mismo que fue votado por diecinueve votos a favor y uno en contra, del que se puede evidenciar que en su punto décimo segundo, que la tabla de valores catastrales unitarios respecto del año de dos mil diecinueve, presentaba cuatro cambios de zonas homogéneas entre los cuales se encuentra la inclusión en el grupo 21, de la clave catastral LAO-LA, Lotificación Santa Anita", y que respecto a la Comisión aprobaba la iniciativa de la tabla de valores catastrales unitario del Municipio de Playas de Rosarito para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en donde eliminaba dicha zona homogénea en congruencia con lo autorizado por esa Comisión.

c) También se dota de validez, pues el acto emitido por el Congreso del Estado de Baja California al haber aprobado tanto la tabla de valores catastrales del Municipio de Ensenada, como del Municipio de Playas de Rosarito, como se puede advertir del Dictamen 45 pronunciado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, fue votado por veinticinco votos a favor y cero en contra.

d) Que el Congreso del Estado de Baja California, aprobó el dictamen número 1 relativo al Estatuto Territorial, donde se estableció el límite territorial de cada municipio que integra el Estado de Baja California, lo que le permitió tener como parámetro al Congreso para incluir al predio denominado Santa Anita, ubicado en el Grupo 21, sector LAO, colonia o fraccionamiento LA, como parte del Municipio de Playas de Rosarito, apegándose con ello al marco normativo aplicable.

e) Que derivado de la controversia constitucional 158/2016, se le ordenó al Congreso a emitir el Estatuto Territorial del Estado de Baja California, y fue en este que se llevaron a cabo reuniones de trabajo con todos los municipios, entre ellos Ensenada, en donde se analizó los límites territoriales entre los Municipios de Ensenada y Playas de Rosarito, y tan tenía conocimiento que dicho municipio promovió controversia constitucional a la que se le asignó el número 15/2020, y con ello queda demostrado que el Ayuntamiento de Ensenada sí participó en las reuniones de trabajo.

f) Que ningún documento o antecedente histórico puede estar por encima de la ley, y que como ya se ha dicho el Estatuto Territorial determina que el lugar denominado Santa Anita pertenece al Municipio de Playas de Rosarito, y en todo caso será el Pleno del Congreso del Estado de Baja California quien se pronuncia sobre la procedencia o no de una redefinición de los límites territoriales al emitir el correspondiente Estatuto Territorial.

g) Que es irrelevante que se haya o no justificado porque el Municipio de Playas de Rosarito tenía que aplicar la tabla de valores unitarios respecto de la lotificación de Santa Anita, pues ya se ha dicho en el Estatuto Territorial la delimitación que existe entre los municipios multicitados.

h) Que con la determinación del Congreso no se causa ningún perjuicio a los pobladores de la zona conocida como lotificación Santa Anita, pues en todo caso los mismos contribuirían al Municipio de Playas de Rosarito y no al Municipio de Ensenada.

26. Opinión del Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República se abstuvo de emitir opinión.

27. Audiencia. El diecisiete de noviembre de dos mil veinte se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria, en donde se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y por presentados los alegatos.

28. Cierre de instrucción Mediante acuerdo de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, la Ministra Instructora, de conformidad con los artículos 34 y 36 de la referida Ley Reglamentaria, declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

III. COMPETENCIA

29. La Primera Sala de la Suprema Corte es competente para conocer de esta controversia, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso i), constitucional; 1 de la Ley Reglamentaria de la materia; 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de este alto tribunal y los puntos Segundo, fracción I, párrafo primero, y Tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

IV. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO

30. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia, los actos impugnados en la presente controversia son:

a) La aprobación, promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California del Decreto número 33, mediante el cual se aprueba la tabla de valores catastrales unitarios, base del impuesto predial del Municipio de Playas de Rosarito, en el cual se le otorgan las facultades de cobro del predio señalado en el párrafo trece, publicado el treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve.

b) La aprobación, promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California del Decreto número 34, mediante el cual se aprueba la tabla de valores catastrales unitarios, base de impuesto predial del Municipio de Ensenada, Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veinte, al ser omiso en incluir en la misma el predio denominado Lotificación Santa Anita, ubicado en el Grupo 21, sector LA0, colonia o fraccionamiento LA.

c) La omisión de certificar la identidad y territorialidad de los municipios de Ensenada y las Playas de Rosarito, al emitir y aprobar sus respectivas tablas de los valores catastrales unitarios.

V. SOBRESEIMIENTO

31. Esta Primera Sala considera que en el caso debe sobreseerse en la presente controversia constitucional porque ha sobrevenido su improcedencia por cesación de efectos de las normas impugnadas, por lo que es innecesario el análisis de la oportunidad y la legitimación.

32. El artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos textualmente dispone:

ARTÍCULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...)

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; (...).

33. Del artículo antes transcrito se desprende que las controversias constitucionales son improcedentes cuando han cesado los efectos de la norma general o el acto impugnado, esto es, cuando hayan dejado de surtir efectos jurídicos.

34. A diferencia del resto de las normas, cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación; las normas contenidas en las leyes de ingresos y de egresos y en sus disposiciones complementarias, como lo son en el presente caso las Tablas de Valores Catastrales municipales, están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.

35. Este principio se desprende del artículo 74 de la Constitución federal, de acuerdo con el cual es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el quince del mes de noviembre. Por otro lado, también establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el ocho de septiembre de cada año.

36. De esta manera, es obligación del Congreso de la Unión aprobar el Paquete Económico" que regirá anualmente, previo al inicio del ejercicio fiscal, el cual es coincidente con el año calendario.

37. Este principio es igualmente aplicable a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos de las entidades federativas, incluidas las leyes de ingresos municipales, de conformidad con el artículo 115, fra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200714-c329bcdf/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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