I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVERLA. III. LÍMITES TERRITORIALES MUNICIPALES. LA OMISIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE EXPEDIR EL ESTATUTO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO IMPIDE LLEVAR A CABO ADECUADAMENTE LAS FUNCIONES CONSTITUCIONALMENTE ENCOMENDADAS (OMISIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE EXPEDIR EL ESTATUTO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE LA OMISIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE EXPEDIR EL ESTATUTO TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, VINCULA A ESE ÓRGANO LEGISLATIVO A EXPEDIRLO DENTRO DEL SIGUIENTE PERIODO ORDINARIO DE SESIONES.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 82/2016. MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 24 DE ENERO DE 2019. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticuatro de enero de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Por escrito recibido el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Silvano Abarca Macklis y Tomás de la Rosa Martínez, quienes se ostentaron como presidente y síndico procurador del Municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, promovieron controversia constitucional, en contra del Poder Legislativo de dicha entidad, por no haber expedido el estatuto territorial de los Municipios de ese Estado.
2. SEGUNDO.—Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
3. a) El veintiuno de julio de mil novecientos noventa y cinco, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto Número 166, que modificó la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, en virtud de la creación del Municipio de Playas de Rosarito, con parte del territorio del Municipio de Tijuana, dejando como límite sur el que este último tenía con el Municipio de Ensenada.
4. b) El veintidós de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto Número 146, que ratificó los límites territoriales previstos en el diverso Decreto Número 166, mencionado en el inciso anterior.
5. c) El quince de octubre de dos mil uno, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley del Régimen Municipal que, en su artículo sexto transitorio, dispuso que el Congreso Local expediría el estatuto territorial de los Municipios, referido en el artículo 26 del propio ordenamiento, dentro de los noventa días siguientes a su entrada en vigor.
6. d) El citado artículo sexto transitorio fue reformado por virtud del Decreto Número 37, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintidós de febrero de dos mil dos, a efecto de prever que el estatuto se expediría dentro del plazo de un año, a partir de la publicación de la ley.
7. e) Las Leyes de Ingresos del Municipio de Playas de Rosarito para los ejercicios fiscales 1996, 1997 y 1998 establecieron, como zonas homogéneas sujetas al impuesto predial, "Alisitos", "La Fonda" y "Misión Playas". Desde mil novecientos noventa y ocho a la fecha, además de estas zonas, se incorporaron las de "Santa Anita", "Fraccionamiento San Miguel", "Misión San Miguel" (límite municipal), "La Misión Playa", "La Fonda y Alisitos al Norte de la Autopista".
8. f) El veintiséis de noviembre de dos mil diez, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo Local, mediante el cual se aprueba el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Primo Tapia, Municipio de Playas de Rosarito, en el que se contemplan las zonas "Popotla", "El Morro", "El Coronel", "El Gato", "Primo Tapia", "El Descanso", "Alisitos" y "La Misión Playa" como parte de la zona sur de dicho Municipio.
9. g) Mediante oficios 0165/2010 y CJ/0258/2010, recibidos en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado el dieciocho de febrero y el veintitrés de abril de dos mil diez, FJMM/128/2012, el cinco de junio de dos mil dos y PM/265/2013, el veintinueve de agosto de dos mil trece, el Municipio de Playas de Rosarito solicitó al Congreso Local la expedición del estatuto territorial de los Municipios del Estado.
10. h) El veintiséis de diciembre de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo Local, mediante el cual se aprueba el Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana, Rosarito y Ensenada, en el que se contemplan las zonas "La Fonda", "Alisitos al Oeste de la Autopista", "Fraccionamiento Fuente San Miguel", "La Misión Playa" y "Santa Anita" como parte del Municipio de Playas de Rosarito; así también, los centros de población "Alisitos", "La Fonda", "Misión Playa" y "Santa Anita". Este programa regional fue incorporado en el convenio correspondiente, suscrito por los presidentes de los cinco Municipios que integran el Estado.
11. i) Mediante oficio INE/BC/JLE/VBRFE/4862/2014, la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Baja California informó al secretario de Administración Urbana Municipal que, de los datos geográficos electorales con que contaba la institución y los documentos proporcionados, concluía que los polígonos estaban apegados al Decreto Número 146 mencionado en el inciso b).
12. j) Mediante oficio DCZTAP-143/15, la Superintendencia de Zona Tijuana de la Comisión Federal de Electricidad informó al síndico procurador que, en su base de datos, aparecían, como colonias del Municipio de Playas de Rosarito, "La Misión", con el numeral 8; "Santa Anita (La Misión)", con el numeral 17; "La Misión", con el numeral 109; "Santa Anita (La Misión)", con el numeral 110; y "Santa Anita", con el numeral 128.
13. k) Mediante oficio 458/2015, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado informó al síndico procurador que el ocho de marzo de dos mil se creó el Partido Judicial de Playas de Rosarito, con jurisdicción territorial igual a la del referido Municipio; anexando al efecto copia del Boletín Judicial Número 9515, de nueve de marzo siguiente, en el que se publicó tal determinación.
14. l) Mediante oficio 2278/SUB/RTO/15, la Subprocuraduría de Zona en Playas de Rosarito, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó al síndico procurador que, por Decreto Número 64, publicado en el Periódico Oficial el uno de julio de dos mil quince, se reformó el artículo 5 de la ley orgánica de dicha dependencia, a efecto de prever que las cinco subprocuradurías de zona operarían bajo el régimen de desconcentración, pero directamente subordinadas al procurador, en sus respectivas jurisdicciones territoriales asentadas en los Municipios de Mexicali, Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada; así también que, por Decretos Números 166 y 146, publicados en el mismo órgano de difusión el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y cinco y el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se creó el Municipio de Playas de Rosarito, fijándose sus límites territoriales, y se adicionó el artículo 9 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, con objeto de precisar tales límites, a los que se atendía para efectos de definición de la jurisdicción territorial de la subprocuraduría.
15. m) El diez de marzo de dos mil quince, el Ayuntamiento, a través de su secretario, ordenó la realización de diversos actos en cumplimiento a disposiciones legales y reglamentarias sobre actividades comerciales de venta, almacenaje, expendio y consumo de bebidas alcohólicas, en la zona "La Fonda", la cual es considerada como zona homogénea en las leyes de ingresos y tablas de valores catastrales del Municipio de Playas de Rosarito.
16. Ante las infracciones cometidas por un establecimiento comercial ubicado en "Los Alisitos", se levantó el acta circunstanciada respectiva, y se impusieron sellos de clausura, los cuales fueron retirados, sin causa legal para ello, por autoridades policiales del Municipio de Ensenada que, incluso, amenazaron con las armas de fuego que portaban a los inspectores municipales y testigos que participaron en la diligencia; lo anterior, motivó la presentación de una denuncia por los delitos de abuso de autoridad, quebrantamiento de sellos y demás que resultaran, ante el agente del Ministerio Público del Orden Común, titular de la Agencia Especializada Investigadora de Delitos Patrimoniales de Playas de Rosarito, radicada con el número de averiguación previa 2215/504/AP.
17. n) El siete de abril de dos mil quince, según se desprende del acta de Cabildo VI-013/2015, el Ayuntamiento aprobó la creación de la Subdelegación Santa Anita, a fin de constituir una división administrativa en su territorio, como mecanismo de gestión para que los vecinos del Municipio participen en la mejora de la calidad de vida, de acuerdo con el estatuto que contemple las demarcaciones interiores, atendiendo a los factores geográficos, demográficos y sociales de las comunidades inmersas en el territorio municipal y partiendo de la premisa de armonizar el quehacer público con el ritmo de vida del Municipio.
18. El veintiuno de agosto siguiente, en cumplimiento a lo acordado, el presidente municipal tomó protesta al subdelegado de la comunidad de Santa Anita, quien, al llevar a cabo una jornada de servicios públicos municipales, fue confrontado por el director de la Policía Municipal de Ensenada y un grupo de agentes bajo su mando, prohibiéndole prestar servicios en dicho poblado, so pena de ser detenido; lo que, finalmente, tuvo lugar, junto con dos empleados de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, en contra de quienes se presentaron denuncias por los delitos de ultrajes a la autoridad, resistencia de particulares y daño en propiedad ajena, ante el agente del Ministerio Público de Ensenada, las cuales fueron radicadas con los números de averiguación previa 1804/15/300, 1805/15/300 y 1806/15/300.
19. ñ) Las autoridades recaudadoras del Municipio de Ensenada realizan ilegalmente cobros, por concepto de impuesto predial, a los residentes de las zonas homogéneas de "Santa Anita", "Alisitos" y "La Misión" que, de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Playas de Rosarito para el ejercicio fiscal 2015 y su tabla de valores catastrales, corresponden a la jurisdicción territorial de este último.
20. En razón de lo anterior, el veintitrés de septiembre de dos mil quince, diversos residentes del Municipio, cuyos predios se ubican en la zona homogénea de "Santa Anita", promovieron juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en contra de diversos créditos fiscales relacionados con el pago del impuesto predial, fincados por autoridades del Municipio de Ensenada; el cual se radicó bajo el expediente número 660/2015-SS.
21. TERCERO.—El concepto de invalidez que formula el actor es, en síntesis, el siguiente:
22. En ejercicio de la competencia otorgada por las fracciones I, IV y XXVI del artículo 27 de la Constitución Política del Estado, el Congreso Local expidió la Ley del Régimen Municipal, vigente a partir de diciembre de dos mil uno que, en su artículo 26, establece que el territorio del Estado se integra por los Municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito, con la superficie, límites y linderos que disponga el propio Congreso en el estatuto territorial de los Municipios.
23. Por su parte, el artículo sexto transitorio de la citada ley previó una condición suspensiva (sic) de noventa días, a partir de la entrada en vigor de dicho ordenamiento, para expedir el referido estatuto, la cual fue modificada mediante Decreto Número 37, publicado el veintidós de febrero de dos mil dos en el Periódico Oficial del Estado, al plazo de un año.
24. A la fecha, ha transcurrido en exceso el plazo mencionado, sin que el Congreso Estatal haya expedido el estatuto, con lo cual ha incurrido en una omisión legislativa absoluta de ejercicio obligatorio, pues no ha externado su voluntad para legislar en la materia aun existiendo mandato constitucional expreso a nivel local; además de que su inactividad se ha traducido en una afectación a la competencia y jurisdicción territorial del Municipio de Playas de Rosarito, al no haber quedado delimitados, con meridiana claridad, los límites y linderos con el Municipio de Ensenada, impidiéndole el pleno y debido ejercicio de sus facultades y funciones, lo que eventualmente, a la postre, genera ineficacia en la aplicación de leyes, reglamentos, programas de gobierno y políticas públicas para satisfacer las necesidades de quienes residen en el poblado de Santa Anita y las zonas homogéneas "Fraccionamiento San Miguel", "Misión San Miguel" (límite municipal), "La Misión Playa", "La Fonda" y "Alisitos".
25. Efectivamente, la omisión legislativa apuntada produce un grado de indeterminación tal que propicia espacios de confusión para que las autoridades del Municipio de Ensenada ejerzan actos de gobierno, policía y recaudación en la circunscripción territorial del Municipio de Playas de Rosarito; lo cual transgrede directamente los principios de legalidad, seguridad jurídica e integridad territorial e, indirectamente, las competencias que se asignan al régimen municipal establecido en los artículos 40, 41, párrafo primero y 115 de la Constitución Federal, y 81 a 85 de la Constitución Local, en tanto el territorio constituye un elemento esencial para el desarrollo de la actividad gubernamental.
26. CUARTO.—Los preceptos de la Constitución Federal que el actor considera violados son 14, 16, 40, 41, párrafo primero y 115.
27. QUINTO.—Mediante acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 82/2016 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Eduardo Medina Mora I.
28. En acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Baja California, al que ordenó emplazar a efecto de que formulara su contestación; y dio vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
29. SEXTO.—El Poder Legislativo del Estado de Baja California dio contestación a la demanda en los siguientes términos:
30. Se actualizan las causas de improcedencia establecidas en las fracciones III y VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, por encontrarse pendiente de resolución la controversia sobre límites territoriales, entre los Municipios de Ensenada y Playas de Rosarito, que promovió este último ante la Vigésima Primera Legislatura del Congreso del Estado.
31. Si bien es cierto que desde dos mil once (sic) ha estado pendiente el estatuto territorial de los Municipios del Estado de Baja California, también lo es que se tuvo que tramitar previamente el procedimiento relativo a la controversia sobre límites territoriales, entre los Municipios referidos, iniciado a raíz del intento fallido de conciliación durante dos mil catorce y dos mil quince para procurar un convenio amistoso.
32. En efecto, el once de junio de dos mil quince, el Municipio de Playas de Rosarito presentó demanda de controversia territorial. El treinta de junio siguiente, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso Local emplazó al Municipio de Ensenada y dio vista a los Municipios de Tijuana y Tecate, al advertir que, podrían resultar afectados con la resolución que se dictase. El ocho de julio del mismo año, la citada comisión negó las medidas cautelares que solicitó el Municipio de Playas de Rosarito y ordenó la acumulación de su controversia a la presentada por el Municipio de Ensenada el veinticuatro de octubre de dos mil once; el seis de agosto siguiente, el Municipio de Playas de Rosarito interpuso incidentes en contra de tales determinaciones, que fueron confirmadas por el Pleno del Congreso el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. El trece de julio de dos mil quince, el Municipio de Ensenada interpuso incidente de nulidad por defecto en el emplazamiento, que declaró infundado el Pleno el mismo diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. El diez de agosto de dos mil quince, el Municipio de Ensenada contestó la demanda, reconvino y presentó nueva demanda; estas últimas fueron desechadas, al estimarse que había agotado su acción con la demanda presentada en dos mil once.
33. El diez de agosto de dos mil dieciséis, el Municipio de Playas de Rosarito se desistió de la contestación a la demanda presentada por el Municipio de Ensenada, así como de la demanda que presentó el once de junio de dos mil quince; desistimiento que ratificó en su oportunidad. El veinticuatro de agosto, se llevó a cabo la audiencia conciliatoria, a la que sólo asistieron los representantes de los Municipios de Ensenada y Tijuana. Al día siguiente, se admitieron las pruebas ofrecidas por el Municipio de Ensenada; no las de los Municipios de Playas de Rosarito –al haberse desistido– y Tijuana –al no haber desahogado la vista en relación con la demanda–. El catorce de septiembre del mismo año, se ordenó la práctica de diligencias para mejor proveer y, con el material probatorio obtenido, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniere. Al día siguiente, se otorgó un plazo de cinco días para formular alegatos, los cuales fueron presentados por los Municipios de Ensenada y Tijuana el veintiséis de septiembre. Dos días después, la mencionada Comisión emitió el Dictamen Número 137, relativo a la controversia territorial, el cual fue posteriormente aprobado por el Pleno y notificado a las partes.
34. Como se desprende de su único resolutivo, la controversia fue resuelta a favor del Municipio de Playas de Rosarito; así también, en el transitorio sexto, se ordena la expedición del estatuto territorial de los Municipios del Estado en un plazo inmediato a partir de que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano elabore y haga del conocimiento el deslinde y descripción de los parámetros divisorios correspondientes, autorizándose la entrega de los recursos necesarios para tales efectos.
35. Lo anterior, demuestra que el Poder Legislativo Local no ha violado los principios de legalidad, seguridad jurídica e integridad territorial, sino, por el contrario, ha actuado en todo momento dentro del marco de sus atribuciones en la materia y procederá a expedir el referido estatuto, en los términos del dictamen a que se ha hecho alusión.
36. SÉPTIMO.—La procuradora general de la República no formuló opinión en el presente asunto.
37. OCTAVO.—Sustanciado el procedimiento en esta controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento, se hizo relación de los autos, se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas, sin que se hubiesen presentado alegatos, y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
38. PRIMERO.—Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se plantea un conflicto entre el Municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, y el Poder Legislativo de dicha entidad federativa.
39. SEGUNDO.—En primer lugar, debe determinarse si la controversia constitucional se promovió de manera oportuna, al ser una cuestión de orden público y estudio preferente.
40. El Municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California, impugna la omisión de expedir el Estatuto Territorial de los Municipios del Estado por parte del Poder Legislativo Local.
41. Las omisiones se producen cuando la autoridad no lleva a cabo los actos que competencialmente le corresponden, lo que da lugar a una inactividad permanente que no se subsana mientras no se actúe; dicha situación se genera y reitera día con día mientras subsista la actitud pasiva de la autoridad, cuyas consecuencias constantemente se actualizan.
42. Por tanto, si la demanda fue recibida en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis y el plazo para promover la controversia constitucional por actos omisivos se actualiza día a día, se concluye que fue presentada oportunamente.
43. Al respecto, resultan aplicables las tesis números P./J. 43/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN."(1) y P./J. 66/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA ‘OMISIÓN’ IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD."(2)
44. TERCERO.—A continuación se estudia la legitimación de quien promueve la controversia constitucional.
45. De acuerdo con los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(3) tendrá el carácter de actor la entidad, poder u órgano que promueva la controversia constitucional, el cual deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien lo haga goza de la representación legal y cuenta con capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
46. En el presente caso, suscriben la demanda, en representación del Municipio actor, Silvano Abarca Macklis y Tomás de la Rosa Martínez, en su carácter de presidente municipal y síndico procurador, carácter que acreditan con copia certificada del bando solemne por el que se dan a conocer los munícipes que resultaron electos para integrar el Ayuntamiento, por el periodo comprendido del uno de noviembre de dos mil trece al treinta de noviembre de dos mil dieciséis, así como del acta VI-001/2013, correspondiente a la sesión solemne de instalación del Ayuntamiento, celebrada el treinta de noviembre de dos mil trece.(4)
47. Ahora bien, conforme a los artículos 7, fracción IV y 8, fracción I, de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California,(5) compete al presidente municipal ejercer la representación legal del Municipio, en tanto al síndico procurador la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios jurisdiccionales en que sea parte.
48. En este sentido, debe reconocerse la representación jurídica que ostentan tanto el presidente municipal como el síndico procurador; de ahí que, al haber suscrito ambos la demanda, se encuentran facultados para instar esta vía a nombre del Municipio, en términos de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal.
49. CUARTO.—Enseguida se analiza la legitimación del demandado, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción.
50. De acuerdo con los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(6) tendrá carácter de demandado la entidad, poder u órgano que haya emitido y promulgado la norma o pronunciado el acto que sea materia de la controversia constitucional, el cual deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien lo haga goza de la representación legal y cuenta con capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
51. En la especie, se tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado de Baja California, el cual compareció a juicio por conducto de Antonio Paricio Robles García, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos, que acreditó con copia certificada del nombramiento expedido por la mesa directiva el veinticuatro de octubre de dos mil trece.(7)
52. Ahora bien, en principio, conforme al artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, vigente a la fecha en que se contestó la demanda, la mesa directiva tiene la representación legal del Congreso ante todas las autoridades; sin perjuicio de lo cual el diverso artículo 83 del propio ordenamiento, también vigente a la fecha en que se contestó la demanda, faculta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, como órgano dependiente y auxiliar del Congreso, para dar respuesta y seguimiento a los asuntos contenciosos en los que el órgano legislativo sea parte.(8)
53. En este sentido, debe reconocerse la legitimación del funcionario referido para comparecer a juicio, en representación del Poder Legislativo del Estado, al que se atribuye la omisión impugnada, en términos de la presunción que se establece en el artículo 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria, la cual no fue desvirtuada por el Municipio actor.
54. QUINTO.—Acto continuo se analizan las causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento alegados por las partes, o bien, que este Tribunal Pleno advierta de oficio.
55. El Poder Legislativo del Estado de Baja California manifiesta que, en el caso, se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones III y VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, al encontrarse pendiente de resolución la controversia sobre límites territoriales entre los Municipios de Ensenada y Playas de Rosarito, que promovió este último ante la Vigésima Primera Legislatura del Congreso del Estado.
56. Con independencia de que, durante el trámite del procedimiento, se hizo del conocimiento de este Alto Tribunal que se había resuelto la referida controversia sobre límites territoriales, resultan infundadas las causas de improcedencia aducidas por la autoridad demandada, puesto que, por un lado, para que exista litispendencia, debe haberse promovido una diversa controversia constitucional ante esta Suprema Corte, en la que exista identidad de partes, normas o actos y conceptos de invalidez, que se encuentre pendiente de resolver, lo cual no se actualiza en la especie y, por otro, no era necesario esperar al dictado de la resolución definitiva en la controversia sobre límites territoriales para promover esta controversia constitucional, ya que la materia de análisis en una y otra es distinta (la primera resuelve un conflicto en el que se cuestiona la extensión territorial de los Municipios del Estado, en tanto la segunda verifica si se incurrió o no en incumplimiento por la falta de expedición de una norma general relacionada con límites territoriales), de ahí que aquélla no pueda considerarse como la vía legalmente prevista para la solución de lo planteado en ésta, contrario a lo señalado en la tesis número P./J. 12/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA."(9)
57. Al no advertirse la actualización de causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento distintos a los examinados, procede el estudio del concepto de invalidez que se hace valer.
58. SEXTO.—El Municipio de Playas de Rosarito impugna la omisión en que ha incurrido el Poder Legislativo del Estado de Baja California, al no expedir el estatuto territorial de los Municipios del Estado, pese a estar obligado a ello, en términos de la normativa local, lo que, en su opinión, transgrede los principios de legalidad, seguridad jurídica e integridad territorial, así como el debido ejercicio de las competencias municipales, al propiciar espacios de confusión aprovechados por el Municipio de Ensenada para prestar servicios y funciones públicos y realizar actos de gobierno dentro de su circunscripción.
59. Pues bien, el ejercicio de las competencias que se establecen en el artículo 115 de la Constitución Federal en favor del Municipio presupone la existencia de un territorio, como espacio material en el que se desarrollan dichas competencias.(10) Acorde con lo dispuesto por el artículo 124 de la propia Constitución,(11) los Estados tienen atribuciones para legislar respecto de los límites territoriales de los Municipios que los conforman.
60. Al respecto, el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Baja California faculta al Congreso Local para legislar sobre todos los ramos de la competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidiere; fijar la división territorial; definir, delimitar y modificar la extensión del territorio de los Municipios, con el voto de las dos terceras partes de los diputados que lo integran, reformando el estatuto territorial; y emitir todas las leyes necesarias, a fin de hacer efectivas, entre otras, las facultades anteriores.(12)
61. En uso de las atribuciones señaladas, el Congreso del Estado expidió la Ley del Régimen Municipal que, en su artículo 26, prevé la división territorial de la entidad en cinco Municipios (Mexicali, Tecate, Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito) y dispone que la superficie, límites y linderos de éstos los establecerá el Congreso en el estatuto territorial de los Municipios; así también, que las controversias que se susciten respecto de los límites territoriales entre dos o más Municipios serán resueltas por el Congreso, de conformidad con la Constitución Estatal, modificando, en su caso, el referido estatuto territorial.(13) Por su parte, el artículo 28 del citado ordenamiento reafirma que el territorio determina el ámbito espacial de validez de los actos de gobierno y de administración del Municipio, que son competencia del Ayuntamiento.(14)
62. Conforme al artículo sexto transitorio del decreto por el que se emitió la Ley del Régimen Municipal, publicado en el Periódico Oficial el quince de octubre de dos mil uno, el Congreso quedó obligado a expedir el estatuto dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de dicha ley (uno de diciembre de dos mil uno, en términos del artículo primero transitorio del decreto), esto es, a más tardar, el uno de marzo de dos mil dos.(15) Antes de que venciera este plazo, el artículo sexto t
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28705-73d949fd/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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