CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA OMISIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE EXPEDIR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON EL SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE LO REFORMÓ Y ADICIONÓ, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. El Ministro José Ramón Cossío Díaz estuvo ausente)
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 74/2011. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 22 DE OCTUBRE DE 2013. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de octubre de dos mil trece.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por oficio presentado el quince de junio de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mauricio Fernández Garza e Hiram Luis de León Rodríguez, quienes se ostentaron como presidente municipal y síndico segundo, respectivamente, en representación del Municipio de San Pedro Garza García del Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del mismo Estado, en la que impugnaron:
a) La omisión en la discusión y aprobación de las disposiciones legales en materia constitucional, judicial y municipal, que establezcan el procedimiento, funcionamiento y atribuciones del órgano de control de constitucionalidad a nivel local y dirima las controversias del Municipio frente al Gobierno del Estado, en los términos del artículo 115, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo segundo de las disposiciones transitorias del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veintitrés de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve.
b) Las consecuencias de hecho como de derecho, directas e indirectas, mediatas e inmediatas, derivadas del incumplimiento o la omisión legislativa, en cuanto a la operación del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León como Tribunal Constitucional Local, para dirimir las controversias del Municipio frente al Gobierno del Estado, en los términos del artículo 115, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Antecedentes de la controversia. El actor, en su demanda, señaló como antecedentes del caso los siguientes:
1) Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se reformó el artículo 115, fracción II, incisos c) y d), de la Constitución Federal,(1) incorporando a favor del Municipio procedimientos y garantías para las funciones y servicios a su encargo. Con base en esta reforma, se estableció la obligación de constituir los medios para resolver los conflictos entre el Municipio y el Gobierno del Estado, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal.
2) El primero de agosto de dos mil dos, el presidente, síndico segundo y secretario del Ayuntamiento, todos del Municipio de San Pedro Garza García, promovieron la controversia constitucional 46/2002, en la que demandaron del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León la omisión en la expedición de las disposiciones legales en materia municipal en cumplimiento de la reforma al artículo 115 constitucional.
3) La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente y fundada la controversia constitucional promovida por el Municipio de San Pedro Garza García y ordenó la adecuación del ordenamiento local a las disposiciones de la reforma del artículo 115 de la Constitución Federal dentro del segundo periodo de sesiones que, de acuerdo con los artículos 55 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 5o. de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad, comprendió del treinta de marzo al treinta de junio de dos mil cinco.
4) En cumplimiento a la resolución anterior, mediante Decreto 264, publicado en el Periódico Oficial del Estado de veintidós de julio de dos mil cinco, se aprobó la reforma por la que se modificaron y adicionaron los artículos 23, séptimo y octavo párrafos; 63, fracciones V, X, XIII, XLV y XLVIII; 125; 128, cuarto párrafo; 129; 131 y 132 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. También se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado en sus artículos 26, inciso a), fracción I, c), fracciones IX y X; 142, 147, 151, 152 y 154. De igual forma, se adicionaron un capítulo séptimo denominado "De los convenios de prestación de servicios entre el Municipio y el Estado", un segundo párrafo al artículo 16, un segundo párrafo al artículo 142, una fracción IV al artículo 151 y un artículo 108 Bis.
5) Con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil siete, por medio del oficio emitido por el secretario general de gobierno número BSG/052/2007, el Poder Ejecutivo Local presentó la iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.
TERCERO. Concepto de invalidez. La parte actora adujo, en su único concepto de invalidez, de manera sucinta, lo siguiente:
• Sostiene que hay afectación al Municipio, toda vez que existe violación a las normas programáticas de los artículos 115, fracción II, último párrafo, 120, 128, 133 y segundo transitorio del decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
• Considera que el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León incurre en desacato al artículo 115, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser omisa en la discusión y aprobación del ordenamiento legal que establezca los procedimientos para dirimir conflictos entre el Municipio y el Gobierno del Estado. Lo anterior, en virtud de que considera que el Poder Legislativo Local incurrió en fraude constitucional, pues pretende engañar al Poder Constituyente y a esta Suprema Corte, pues a pesar de que en la controversia constitucional 46/2002 se le había ordenado la adecuación a la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve; el poder demandado aparenta cumplir el mandato constitucional remitiendo a una Ley Reglamentaria del Artículo 95 de la Constitución Local.
• Considera que se hace nugatorio el procedimiento para resolver conflictos entre los Municipios y el Gobierno Estatal, derivados de los actos a que se refieren los incisos c) y d) de la fracción II del artículo 115 constitucional. Dicho incumplimiento afecta al Municipio de San Pedro Garza García, pues impide la protección municipal ante el Estado.
CUARTO. Preceptos constitucionales violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son: 40, 41, párrafo primero, 115, fracción II, último párrafo, 120, 133 y el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
QUINTO. Admisión y trámite. Por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil once, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 74/2011 y, por razón de turno, designó a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
De igual manera, por acuerdo de esa misma fecha, la Ministra instructora tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, reconoció el carácter de autoridades demandas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León, a quienes ordenó emplazar para que formularan su contestación, y ordenó dar vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Contestación del Poder Legislativo. El Poder Legislativo demandado, al dar contestación a la demanda de controversia constitucional, esgrimió, en síntesis, lo siguiente:
Sobre las causas de improcedencia:
1. Considera que se acreditan las causales de improcedencia previstas en las fracciones VI, VII y VIII de la ley reglamentaria, pues el actor carece de un interés legítimo para ejercitar la acción que pretende. Lo anterior, debido a que el Municipio actor ha tenido la oportunidad legal y sin limitación alguna de subsanar la supuesta omisión ejerciendo la facultad de presentar iniciativa de ley ante el Congreso Estatal, en consecuencia, considera que el Municipio actor ha consentido lo que ahora señala como afectación.
2. De igual forma, considera que el Municipio actor carece de legitimación procesal para acudir en esta vía, dado que en ningún momento acredita que la decisión de promover la controversia constitucional haya surgido de una decisión colegiada del Ayuntamiento.
Sobre el único concepto de invalidez:
3. Menciona que se acompañan copias certificadas del expediente legislativo 4774 formado como consecuencia de la iniciativa a la Ley Reglamentaria del Artículo 95 de la Constitución del Estado y, con ello, se niega que el Congreso esté en omisión, pues existe un proceso legislativo pendiente al respecto. Asimismo, señala que no debe considerarse al Poder Legislativo del Estado como omiso, puesto que el órgano demandado ha sido responsable con los procedimientos para sacar adelante las normas que la Constitución del Estado les obliga.
4. Sostiene que el Congreso del Estado de Nuevo León no ha sido omiso en la discusión y aprobación de las disposiciones legales en materia constitucional, judicial y municipal, que establezcan el procedimiento, funcionamiento y atribuciones del órgano de control de constitucionalidad a nivel local, y dirima las controversias del Municipio frente al Gobierno del Estado. En primer lugar, existe un proceso legislativo en el que se está cumpliendo con todas las formalidades establecidas en la ley. Es decir, el Congreso del Estado está procesando la norma, cuya omisión reclama el Municipio actor. En segundo lugar, mediante Decreto Número 100, publicado en el Periódico Oficial del Estado de nueve de junio de dos mil cuatro, se modificaron los artículos 95 y 152 de la Constitución Local.
5. Finalmente, manifiesta que el actor no precisa un acto concreto que le ocasione un agravio por la falta de la disposición normativa que reclama en la presente controversia constitucional.
SÉPTIMO. Contestación del Poder Ejecutivo. Al dar contestación a la demanda, el consejero jurídico del gobernador del Estado de Nuevo León sostuvo, en relación con la contestación de la demanda, lo siguiente:
• Considera que la omisión reclamada no le es atribuible a éste, al precisar que, en principio, de acuerdo con los artículos 30, 46, 63, fracciones I, XLI y LII, 70 y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la discusión y aprobación de las leyes recae exclusivamente en el Congreso del Estado.
• Menciona que tampoco se configura la omisión alegada, en tanto que, por medio del acuerdo BSG/052/2007, el Poder Ejecutivo Local presentó la iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.
• En apoyo de esas ideas, apuntó que el presente asunto debe sobreseerse ante la actualización de los supuestos previstos en el artículo 20, fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal.
OCTAVO. Opinión de la procuradora general de la República. La citada funcionaria, al emitir la opinión que le corresponde en esta controversia constitucional, manifestó, en síntesis:
• Que esta Suprema Corte de Justicia es competente para sustanciar y resolver la presente controversia constitucional, que el Municipio de San Pedro Garza García cuenta con la legitimación procesal activa para promover este medio de control constitucional y que la demanda se presentó de manera oportuna.
• Que resulta infundada la causa de improcedencia invocada por el Congreso Local.
• Que debe desestimarse la causal de improcedencia aducida por el Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
• Que respecto al concepto de invalidez, menciona que la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal no contempla un procedimiento específico para que la Legislatura Local resuelva los conflictos entre Municipios y el Estado, en tratándose de la coordinación de prestación de servicios cuando medie convenio, por lo que, en ese sentido, el Congreso Estatal sí ha sido omiso.
• Que, en efecto, se cuenta con un proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 95 de la Constitución de Nuevo León, mismo que ha sido dictaminado y discutido por el Pleno de la Legislatura del Estado; sin embargo, no ha sido aprobado en los términos que dispone la legislación de la materia; es por ello que aún no ha sido emitida y publicada.
NOVENO. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite respectivo, se celebró la audiencia(2) prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
Mediante proveído de diecinueve de marzo de dos mil nueve, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del presente asunto, no obstante lo anterior, y previo dictamen de la Ministra instructora, mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil trece, se determinó remitir al Tribunal Pleno la controversia constitucional 74/2011.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria «de las Fracciones I y II del» Artículo 105 Constitucional,(3) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) y el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de San Pedro Garza García y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Nuevo León.
SEGUNDO. Precisión de la litis. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, y en atención a las características de los actos que se impugnan, este Tribunal Pleno debe clarificar, de forma preliminar, las pretensiones a que este medio de control constitucional se refiere y pronunciarse sobre su certeza. Al efecto, del análisis integral de la demanda se advierte que el Municipio actor impugna lo siguiente:
A) De los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León, la omisión en la discusión y aprobación de las disposiciones legales en materia constitucional, judicial y municipal, que establezcan el procedimiento, funcionamiento y atribuciones del órgano de control de constitucionalidad a nivel local, y dirima las controversias del Municipio frente al Gobierno del Estado, en los términos del artículo 115, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo segundo de las disposiciones transitorias del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
B) Las consecuencias de hecho y de derecho, directas e indirectas, mediatas e inmediatas, derivadas del incumplimiento o la omisión legislativa, en cuanto a la operación del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León como Tribunal Constitucional Local, para dirimir las controversias del Municipio frente al Gobierno del Estado, en los términos del artículo 115, fracción II, último párrafo, de la Constitución Federal.
Respecto del inciso A), puede establecerse que la parte actora argumentó que existe una omisión "... en la discusión y aprobación del ordenamiento legal que establezca los procedimientos para dirimir conflictos entre el Municipio y el Gobierno del Estado.". En este sentido, del análisis integral de la demanda se desprende que el acto, cuya invalidez se combate, se hace consistir en una omisión legislativa, concretamente, la falta de expedición de las disposiciones legales que establezcan los procedimientos para dirimir conflictos entre el Municipio y el Gobierno del Estado. Lo anterior, más allá de que a través de su reclamo el Municipio actor haga descansar esa omisión únicamente en la falta de discusión y aprobación del referido sistema normativo, pues el examen integral de la demanda revela que lo que en realidad subyace en el ánimo de aquél es la de cuestionar la permanencia del vacío legislativo en su totalidad de la Ley Reglamentaria del Artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en tanto prevea el procedimiento a través del cual el Poder Judicial Local, resolverá los conflictos que se susciten entre el Gobierno del Estado y los Municipios, derivados del artículo 115, fracción II, último párrafo, e incisos c) y d), siendo, por tanto, este acto el que debe tomarse en cuenta para efectos de la presente controversia.
Lo anterior cuenta con sustento en el criterio jurisprudencial P./J. 98/2009, de rubro y texto siguientes:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA. El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."
Ahora bien, en relación con el acto señalado en el inciso B), este Tribunal Pleno ha sustentado que(5) cuando en la demanda se realizan manifestaciones imprecisas o genéricas en el sentido de que se impugnan "las consecuencias de hecho como de derecho, directas e indirectas, mediatas e inmediatas", que derivan de actos impugnados, no es posible analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos u omisiones que no se impugnaron específicamente, tal como se desprende de la jurisprudencia P./J. 64/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS.",(6) por lo que, respecto de ellos, debe decretarse el sobreseimiento de la controversia constitucional con apoyo en el artículo 20, fracción III,(7) de la ley reglamentaria de la materia.
En consecuencia, de lo expuesto en este considerando, únicamente será materia de análisis en este medio de control constitucional la omisión legislativa impugnada.
TERCERO. Oportunidad en la presentación de la demanda. Por ser de estudio preferente, se procede a analizar si la demanda fue promovida en forma oportuna.
Del análisis integral del escrito inicial de demanda se advierte que el Municipio de San Pedro Garza García denuncia la omisión del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León en la discusión y aprobación de las disposiciones legales que establezcan el procedimiento, funcionamiento y atribuciones del órgano constitucional local que dirima las controversias del Municipio frente al Gobierno del Estado.
Al respecto, es necesario señalar que los actos omisivos se generan cuando la autoridad no realiza los actos que a su competencia corresponde. Esta situación permanente de los actos omisivos no se subsana mientras no se actúe. Es decir, dicha situación se genera y reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva de la autoridad, dando lugar así a consecuencias que constantemente se actualizan.
En este sentido, si el escrito inicial de demanda fue presentado ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de junio de dos mil once y el plazo para la promoción de la demanda por actos omisivos se actualiza día a día, se concluye que la instancia constitucional que nos ocupa fue presentada oportunamente.
Bajo esta misma guisa, conviene precisar que no asiste la razón al Poder Legislativo demandado, al señalar que se configura la causal prevista en la fracción VII(8) del artículo 19 la ley reglamentaria de la materia, por extemporaneidad en la presentación de la demanda, dado que no puede quedar al árbitro de la actora el denunciar una omisión de una ley en los tiempos que ella disponga, cuando ha tenido la oportunidad para hacerlo en distintas ocasiones, sino en los términos de lo establecido por el artículo 21 de la ley de la materia. En este sentido, debe considerarse que no se actualiza, en razón de lo expuesto en este apartado. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.".(9) Con base en lo anterior, el plazo para su impugnación se actualiza cada día. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.
CUARTO. Legitimación activa. Enseguida, se estudiará la legitimación de quien promueve la controversia constitucional y su ampliación.
De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(10) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarlo en términos de las normas que lo rigen.
En este sentido, de acuerdo al artículo 27, párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, la representación del Ayuntamiento recae en el presidente municipal.(11) De igual forma, el artículo 31, fracción II, del mismo ordenamiento faculta al síndico segundo para intervenir en los actos jurídicos que realice el Ayuntamiento en materia de pleitos y cobranzas.(12)
En representación del Municipio de San Pedro Garza García suscribieron la demanda Mauricio Fernández Garza e Hiram Luis de León Rodríguez, quienes se ostentaron con el carácter de presidente municipal y síndico segundo, personalidades que acreditaron con la copia certificada del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de diecisiete de julio de dos mil nueve, que contiene el acta circunstanciada de la sesión permanente de cómputo para la renovación del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada el ocho de julio de dos mil nueve, por la Comisión Municipal Electoral. De igual forma, presentaron la copia certificada de ocho de febrero de dos mil doce expedida por el director general de Asuntos Jurídicos de la secretaría del actor, que contiene la sesión solemne donde quedó formalmente instalado el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, para el periodo comprendido del treinta y uno de octubre de dos mil nueve al treinta de octubre de dos mil doce, de las que se advierte que los promoventes fueron electos para ocupar el cargo que ostentan.
Por tanto, se estima que el Municipio de San Pedro Garza García cuenta con legitimación activa para promover esta controversia constitucional, ya que es uno de los órganos legitimados por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal,(13) para promover el presente medio de control constitucional, en términos de las normas que lo rigen.
Ahora bien, no son obstáculo a lo anterior los argumentos de improcedencia invocados por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, en el sentido de que el Municipio actor carece de legitimación procesal para acudir a esta vía, dado que no acredita que la decisión de promover la controversia constitucional haya surgido de forma colegiada por parte del Ayuntamiento, y que no existe una disposición legal que expresamente permita a los citados funcionarios a promover una controversia constitucional, pues, como ya dijimos, de los artículos 27, primer párrafo y 31, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, se concluye que corresponde a los síndicos o síndicos segundos, junto con el presidente municipal, representar al Municipio, sin que en ningún otro precepto de la aludida ley se exija que para la promoción de una controversia constitucional se requiera un acuerdo de Cabildo.
Además, no debe perderse de vista que las reglas sobre representación, establecidas en el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, son flexibles, al prever que las partes actora, demandada y, en su caso, tercera interesada, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en los términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlas y que, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. Se trata, pues, de una norma que exige simplemente la existencia de una base normativa que apoye la legitimidad de la representación que se pretende, y que, por lo demás, es explícita en sentar una presunción general que obliga a resolver cualquier duda al respecto en un sentido favorable al reconocimiento de la capacidad representativa de las autoridades o personas que comparecen ante este Alto Tribunal, por ello, si en el caso, las normas aplicables establecen que la representación jurídica del Municipio recae conjuntamente en el síndico o síndico segundo y el presidente municipal representante de aquél, sin restricciones expresas, y en este asunto vienen dichos funcionarios en conjunto como lo establecen dichas normas, debe reconocérseles legítimos representantes del Municipio actor.
Pretender, como lo señala el Poder Legislativo Local, que no existe disposición alguna que establezca puntualmente que el presidente municipal y el síndico segundo están expresamente facultados para presentar controversias constitucionales, lejos de abrir la posibilidad de promoción de este tipo de juicios, la cerraría, ya que exigir que la ley ordinaria establezca expresamente a los miembros que representan a los Municipios puntualmente para promover controversias constitucionales sería tanto como coartar el derecho de defensa municipal, pues bastaría con que no se previera esta última posibilidad en las normas ordinarias para coartarles a los Municipios el acceso o la vía para acudir a este Alto Tribunal a defender sus intereses municipales.
Consecuentemente, tanto el presidente municipal como el síndico segundo cuentan con legitimación para promover la presente controversia constitucional en defensa de los intereses del Municipio que representan. Asimismo, el Municipio actor cuenta con legitimación para acudir a esta vía, al ser uno de los entes enunciados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(14)
QUINTO. Legitimación pasiva. Acto continuo, se analizará la legitimación de la parte demandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en tanto dicha parte es la obligada por la ley para satisfacer la pretensión de la parte actora, en caso de que ésta resulte fundada.
De conformidad con el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia tienen el carácter de parte en las controversias constitucionales, como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional.
El referido precepto establece:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"...
"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiera emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."
En esta controversia se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León, quienes comparecieron por conducto de Hugo Alejandro Campos Cantú y de la diputada Josefina Villarreal González, respectivamente, quienes se ostentaron como consejero jurídico del gobernador de la entidad y presidenta de la Diputación Permanente de la LXXII Legislatura del H. Congreso del Estado.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(15) la parte demandada deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarlo en términos de las normas que lo rigen.
Tal carácter se acreditó, en el caso
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24884-5f6f3a3b/control-de-constitucionalidad-en-el-estado-de-nuevo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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