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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA PERSONA QUE OSTENTE EL CARGO DE SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO RESPECTIVO (ARTÍCULO 37, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY NÚMERO 9 ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE PUEDE DELEGAR LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE AL SERVIDOR PÚBLICO QUE DESIGNE MEDIANTE ACUERDO ESCRITO (ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN I, DE LA LEY NÚMERO 72 ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y 20, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. OMISIÓN LEGISLATIVA. SUPUESTOS EN LOS QUE SE ACTUALIZA. VII. OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. VIII. OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CLASIFICACIÓN. IX. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. ANTECEDENTES DE ESTE PRINCIPIO INTERPRETATIVO. X. PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL. ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL, LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA A LAS LEGISLATURAS LOCALES EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL, DEBE INTERPRETARSE DESDE UNA ÓPTICA RESTRICTIVA [FUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA EN LA QUE INCURRE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, AL NO ADECUAR LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO TRANSITORIO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO Y ADICIONADO EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE]. XI. PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL. LA ATRIBUCIÓN PREVISTA EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL, NO FACULTA A LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA CONDICIONAR LA VALIDEZ DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE AQUÉL A UN REQUISITO DIVERSO A SU APROBACIÓN POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO [FUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA EN LA QUE INCURRE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, AL NO ADECUAR LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO TRANSITORIO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO Y ADICIONADO EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE]. XII. BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. CUALQUIER NORMA QUE SUJETE A LA APROBACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL SU DISPOSICIÓN, DEBE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999]. XIII. PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL. OMISIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE DE ADECUAR LA REGULACIÓN LOCAL A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, A EFECTO DE QUE LOS AYUNTAMIENTOS PUEDAN MANEJAR SU PATRIMONIO INMOBILIARIO [FUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA EN LA QUE INCURRE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, AL NO ADECUAR LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO TRANSITORIO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO Y ADICIONADO EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE]. XIV. OMISIÓN LEGISLATIVA ABSOLUTA. TIENE ESE CARÁCTER EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO, CUANDO EL CONGRESO LOCAL NO HA ADECUADO SU CONSTITUCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN GENERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999. XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE L

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 111/2020. · Registro digital (IUS): 33232
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-05-23
Promovente: MUNICIPIO DE VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Mayo de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.7.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 111/2020. MUNICIPIO DE VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 9 DE MAYO DE 2024. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIOS: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO Y CLAYDE A. SALDÍVAR ALONSO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Actos u omisiones impugnadas: En este caso, el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional acusando la omisión legislativa del Congreso estatal de ajustar la legislación local al marco constitucional en materia de autonomía municipal. Específicamente, sostiene que el Poder Legislativo no ha armonizado su legislación interna con la reforma del artículo 115 de la Constitución General, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que tuvo como efecto otorgar a los municipios del país plena libertad para administrar sus bienes.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 111/2020, promovida por el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contra el Poder Legislativo de esa entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veinte de julio de dos mil veinte, a través del sistema electrónico de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Alma Aída Lamadrid Rodríguez, en su carácter de síndica del Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de dicha entidad, solicitando la invalidez de lo siguiente:

“IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO.- Cabe precisar en este punto que el Congreso del Estado de Veracruz ha sido omiso al no adecuar las normas generales contenidas en los incisos a), d), e) y f) de la fracción XVI del artículo 33 y fracción VI del artículo 41 del Decreto de Reforma Integral a la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 3 de febrero del año 2000. Normas generales que a la letra dicen: (Se transcriben)

Dichas normas generales son el resultado de la reforma integral a la Constitución Política del Estado de Veracruz, reformándose los artículos 1 al 84 y se derogaron los artículos 85 al 141 del texto constitucional citado.

El acto omisivo deriva del mandato del artículo segundo transitorio del Decreto que declara Reformado y Adicionado el Artículo 115 de la Constitución Federal publicado el 2 de diciembre de 1999, que ordenaba a los Congresos de los Estados adecuar las constituciones particulares al texto adicionado en el inciso b), fracción II del artículo 115 de la Constitución, fortaleciendo la autonomía municipal, a más tardar un año posterior a la entrada en vigor de dicho Decreto, teniendo dicho carácter 90 días después de su publicación, por lo que entró en vigor el 21 de marzo del año 2000, razón por la cual la omisión legislativa que denuncio ha corrido a partir del 22 de marzo del 2000, transcurriendo ya más de 19 años sin realizar la referida adecuación normativa.

Como consecuencia de lo anterior, todo acto en donde el Congreso del Estado de Veracruz o la Diputación Permanente, intente aplicar las atribuciones señaladas en los artículos 33 fracción XVI, incisos a), d), e), y f), y 41 fracción VI de la Constitución Local; así como cualquier acto en ejercicio de atribuciones similares previsto en la legislación local: Ley Orgánica del Municipio Libre, Código Hacendario para el Municipio de Veracruz, Ley Orgánica del Poder Legislativo, etc. Leyes que oportunamente deberán armonizarse al texto de la Constitución Federal, una vez declarada la invalidez de las normas generales de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que se impugnan”.

2. Antecedentes del caso. El Municipio demandante señaló los siguientes antecedentes:

a. El ayuntamiento del Municipio actor fue electo para el periodo constitucional dos mil dieciocho a dos mil veintiuno.

b. De conformidad con la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, corresponde a la síndica representar legalmente al municipio.

c. El veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que declaró reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de autonomía municipal.

d. Conforme al citado decreto, el Municipio tiene plena libertad para administrar sus bienes, decidiendo otorgarlos en concesión o para transmitir el uso y el aprovechamiento de bienes de dominio público, para lo cual únicamente debe ajustarse a las leyes y aprobar sus decisiones por dos terceras partes de los integrantes del ayuntamiento.

e. El tres de febrero de dos mil, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado la reforma integral a la Constitución local, en cuyos artículos 33 y 41, se establecen las atribuciones del órgano legislativo local y de su Diputación Permanente para autorizar a los ayuntamientos a diversos actos que sólo competen al Municipio.

A partir de dicha fecha, el texto de la Constitución local ha sufrido diversas modificaciones; sin embargo, en ningún momento el Congreso del Estado armonizó el orden jurídico estatal a la reforma constitucional de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

f. La redacción actual de los artículos 33, fracción XVI, incisos a), d), e) y f), y 41, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Veracruz contravienen el texto del artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución General, pues, establecen como atribución del Congreso autorizar a los ayuntamientos: la contratación de obras y servicios públicos, cuando produzcan obligaciones que excedan al período constitucional del ayuntamiento contratante; la enajenación, gravamen, transmisión de la posesión o dominio de bienes, participaciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones o cualquier tipo de ingreso fiscal que forme la hacienda municipal; la transmisión en forma gratuita o donación de la propiedad, así como el uso o disfrute de los bienes del municipio; las concesiones de prestación de servicios públicos que les corresponda a los municipios, sus prórrogas y cancelaciones; y, finalmente, en el caso de la Diputación Permanente, establece la atribución de autorizar a los ayuntamientos, con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, enajenar a título oneroso o gratuito, o conceder el uso y disfrute, de bienes propiedad de los municipios, cuando medie interés social.

g. Como precedente inmediato del presente asunto, se cita la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia 109/2019, promovida por el Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, resuelta en sesión de veintiuno de mayo de dos mil veinte, en la que se declaró la omisión del Estado, por una cuestión idéntica a la que se acusa en este asunto.

3. Conceptos de invalidez. Asimismo, en su demanda, el Municipio actor expuso dos líneas argumentativas: una referente a la omisión legislativa impugnada y otra en torno a la inconstitucionalidad de los artículos 33, fracción XVI, incisos a), d), e) y f), y 41, fracción VI, de la Constitución Política del Estado. En este sentido, los conceptos de invalidez planteados pueden sintetizarse de la siguiente manera:

a. Se impugna la omisión legislativa en que incurre el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para homologar la Constitución local al artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución General.

Dicho precepto fue reformado con motivo del decreto publicado el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, en cuyo artículo segundo transitorio se estableció la facultad obligatoria para los estados de adecuar sus normas internas en un plazo no mayor de un año a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional; periodo que feneció el veintiuno de marzo del dos mil uno; por tanto, es inconcuso que estamos a más de diecinueve años sin que el legislador veracruzano haya cumplido con dicho mandato.

b. Al respecto, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 7/2005 tomó en cuenta las consideraciones del dictamen de la Cámara de Origen de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve –argumentos que fueron ratificados por la Cámara Revisora– de los que se desprende la voluntad plasmada por el Constituyente Permanente de establecer que los ayuntamientos, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, sin la autorización de las legislaturas, puedan comprometer y disponer de su patrimonio, incluso por un plazo mayor al de la duración de la gestión del cabildo, sin que ello signifique que se les confirió potestades arbitrarias; por el contrario, a raíz de la propia reforma constitucional se señaló que los congresos tienen la obligación de crear normas marco que señalen los requisitos, las hipótesis y los procesos mediante los cuales los ayuntamientos puedan ejercer dicha autonomía.

c. También queda claro que el Poder Reformador consideró innecesario que las legislaturas se erigieran como instancias revisoras, puesto que no pueden intervenir en la toma de decisiones que le competen exclusivamente a los ayuntamientos, como es la contratación de obras y servicios públicos, que exceden el periodo constitucional del ayuntamiento; la enajenación, la transmisión de la posesión o del dominio de los bienes, las participaciones, los impuestos, los derechos, los aprovechamientos, las contribuciones, entre otros; puesto que dichas decisiones, recalcó el Constituyente, deben ser tomadas en cuenta dentro de los márgenes que las leyes señalen, sin poder restringirse o limitarse a aprobaciones previas o revisiones posteriores de los congresos locales, de lo contrario se vulneraría la autonomía municipal.

d. De igual forma, es evidente que cuando la norma Constitucional señala que las decisiones municipales deben ser tomadas con apego a las leyes federales o locales aplicables a cada caso, ello no puede verse traducido en la facultad de que en esas leyes marco se puedan incrustar facultades a los congresos estatales para señalar como requisito el acudir a ellos para una aprobación o revisión de las decisiones del cabildo, sino simplemente dichas normas se encargarán de establecer los requisitos, las hipótesis y los procesos para la toma de decisiones, así como para la eventual revocación o las prórrogas que los ayuntamientos consideren viables.

e. La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ha tenido diversas reformas ocurridas en dos mil, dos mil diecisiete y en dos mil diecinueve; sin embargo, se dejaron incólumes las atribuciones revisoras del legislativo local respecto de los acuerdos municipales en materia patrimonial.

En efecto, los artículos 33, fracción XVI, incisos a), d), e) y f), y 41, fracción VI, de la Constitución local, facultan al Congreso y a la Diputación Permanente, respectivamente, para autorizar a los ayuntamientos los acuerdos que estos tomen en materia de disposición de su patrimonio municipal, así como en la concesión de servicios públicos, las prórrogas y las cancelaciones; lo que resulta incongruente con los lineamientos a los cuales debieron ajustarse los Estados.

f. Como se indicó con antelación, los acuerdos que el Ayuntamiento tome sobre su patrimonio sólo deben: 1) ser tomados por mayoría calificada; y 2) respetando las leyes locales y federales, sin que en éstas se sujeten a los municipios a la aprobación o revisión, porque, incluso, en materia de coordinación de servicios públicos a cargo del municipio, los únicos supuestos en donde se reconoce a los congresos el poder autorizar dichos acuerdos son aquellos en los que intervengan municipios de dos o más entidades federativas o entre dos o más municipios del propio Estado; esto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, fracción III, de la Constitución General.

g. En este orden de ideas, por más que se argumente que una autorización del Congreso local busca garantizar el bienestar social, al procurar evitar daños al patrimonio municipal, lo cierto es que, al ser el ayuntamiento un nivel de orden de gobierno electo popularmente, debe ser éste quien se erija como garante, al conocer las problemáticas, las necesidades y los retos a los que se enfrenta el municipio; y para ello la legislación local debe ser la que desarrolle los medios para que el cabildo pueda asegurar el resguardo del interés comunitario y la debida administración municipal.

h. Como se ha señalado, de lo previsto en el artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución General se aprecia que la única condición para que el ayuntamiento dicte acuerdos para afectar el patrimonio inmobiliario o celebre actos o convenios que comprometen al municipio por un periodo mayor al periodo del ayuntamiento, se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo; sin que en dicho precepto constitucional se incluya que sea necesaria la autorización del Congreso del Estado o Legislatura para la aprobación de tales resoluciones.

i. Consecuentemente, no ha sido actualizado o armonizado el artículo 33, fracción XVI, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con el texto de la Constitución General, traduciéndose en una limitación a la facultad del municipio a la libre administración de su patrimonio; por tanto, es una intromisión en la autonomía municipal establecer la atribución del Congreso local para autorizar a los ayuntamientos: la contratación de obras y servicios públicos, cuando produzcan obligaciones que excedan al período constitucional del ayuntamiento contratante [inciso a)]; la enajenación, gravamen, transmisión de la posesión o dominio de bienes, participaciones, impuestos, derechos, aprovechamientos, contribuciones o cualquier tipo de ingreso fiscal que forme la hacienda municipal [inciso d)]; la transmisión en forma gratuita o donación de la propiedad, así como el uso o disfrute de los bienes del municipio [inciso e)]; y las concesiones de prestación de servicios públicos que les corresponda a los municipios, sus prórrogas y cancelaciones [inciso f)].

j. De igual forma, el artículo 41, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, vulnera los principios de autonomía municipal y de libre administración de la hacienda pública del municipio, al condicionar que el municipio pueda enajenar a título oneroso y gratuito, o conceder el uso y disfrute de bienes propiedad del municipio, con la autorización de la Diputación Permanente.

4. Normas constitucionales que se estiman vulneradas. El Municipio actor considera vulnerados los artículos 115, fracción II, inciso b), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

5. Admisión y trámite. Por acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil veinte, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional, a la que correspondió el número 111/2020 y, por razón de turno, designó como instructor al ministro Luis María Aguilar Morales.

6. Mediante proveído de veintiocho de julio siguiente, el ministro instructor previno al Municipio actor a efecto de que precisara si, además de la omisión legislativa reclamada de manera destacada al Poder Legislativo del Estado, demandaba la inconstitucionalidad de alguna norma general de la Constitución estatal y, de ser así, indicara si lo hacía con motivo de su publicación oficial o del primer acto de aplicación, en cuyo caso debía identificarlo, mencionar la fecha en que le fue notificado, o bien, tuvo conocimiento o se hizo sabedor de aquél y acompañar las constancias con las que contara.

7. Por escrito recibido el once de agosto de dos mil veinte, a través del sistema electrónico de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Alma Aída Lamadrid Rodríguez, en su carácter de síndica del Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, desahogó la prevención formulada, señalando que impugnaba, además de la omisión legislativa, la inconstitucionalidad de los artículos 33, fracción XVI, incisos a), d), e) y f), y 41, fracción VI, de la Constitución Política del Estado, con motivo de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ocurrida el tres de febrero de dos mil.

8. Mediante proveído de veinte de agosto siguiente, el ministro instructor desechó parcialmente la demanda respecto de las normas generales impugnadas, al considerar que había transcurrido en exceso el plazo legal para la presentación de la demanda y, por tanto, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el diverso artículo 21, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de la Materia, la que resultaba manifiesta e indudable, por referirse a cuestiones de derecho no desvirtuables con la tramitación del juicio.

9. Por otra parte, admitió a trámite la controversia constitucional en relación con la omisión legislativa reclamada; tuvo como autoridad demandada al Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al que ordenó emplazar para que formulara su contestación; y, finalmente, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación o a su esfera competencial conviniera.

10. Recurso de reclamación 86/2020-CA. Inconforme con el desechamiento parcial de la demanda, por escrito recibido el cuatro de septiembre de dos mil veinte, a través del sistema electrónico de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Alma Aída Lamadrid Rodríguez, en su carácter de síndica del Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentó recurso de reclamación.

11. Mediante acuerdo de veintiuno de septiembre siguiente, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por interpuesto el recurso; lo registró con el número 86/2020-CA; corrió traslado a las demás partes, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera; y, por razón de turno, designó como ponente a la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

12. Seguidos los trámites de ley, en sesión de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, por mayoría de cuatro votos, la Primera Sala confirmó el acuerdo recurrido.

13. Contestación de la demanda. El Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al contestar la demanda, manifestó lo siguiente:

a. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria, en relación con el diverso artículo 20, fracción III, del citado ordenamiento, pues no se configura la omisión planteada por el municipio actor, mucho menos, una invasión de competencia que le afecte.

b. El Decreto publicado el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que reformó el artículo 115 de la Constitución General atiende no sólo al fortalecimiento del municipio, sino también a sus limitantes, pues, por un lado, consagra la libre administración de la hacienda municipal con el propósito expreso de fortalecer su autonomía y autosuficiencia económica y, por otro, el órgano legislativo tiene una función de intermediario revisor para su fiscalización que tiende a evitar desvíos en la disposición de los bienes públicos que afectarían la propia viabilidad económica del municipio. c. Algunos autores distinguen entre el patrimonio y la hacienda municipal, el primero se refiere a la totalidad de los bienes y los materiales que pertenecen al municipio y sobre los que ejerce dominio; mientras que la segunda se conforma con los recursos económicos con los que cuenta un municipio para cumplir con sus funciones y proporcionar los servicios públicos que tiene a su cargo; bajo esta noción, el patrimonio municipal es más amplio que su hacienda.

d. Esta concepción es la propuesta por la Constitución General, pues el artículo 115 establece que la hacienda municipal “se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor", es decir, no incluye los bienes sobre los que ejerce dominio el municipio, sino únicamente sus rendimientos y las contribuciones que le corresponden cobrar.

En tal contexto, la libre administración de la hacienda municipal debe entenderse exclusivamente como la facultad de organizar, esto es, ordenar económicamente los recursos del municipio disponibles y utilizarlos para proveer a la satisfacción de los intereses y las necesidades sociales, así como a prestar los servicios públicos que tenga a su cargo, sin que ello pueda extenderse a la realización de actos de dominio sobre ellos. La facultad del Congreso del Estado de Veracruz para autorizar los actos de los ayuntamientos que tienen por efecto enajenar, gravar y transmitir la posesión o el dominio de bienes, las participaciones, los impuestos, los derechos, los aprovechamientos, las contribuciones o cualquier tipo de ingreso fiscal que conformen la hacienda municipal, no constituye una limitación a la libre administración de ésta, sino que se trata de preservar el patrimonio y la hacienda municipales, sometiendo a la aprobación del Congreso local cualquier acto que desincorpore estos bienes o recursos que el municipio debe emplear en la satisfacción de las necesidades públicas.

En otras palabras, la libre administración de la hacienda municipal supone que es el ayuntamiento el que determina cómo y para qué se destinan los recursos obtenidos de los rendimientos de sus bienes y de las contribuciones percibidas y, en ese sentido, el Congreso local no tiene atribuciones para modificar el destino o el manejo de los recursos municipales; sin embargo, cuando los actos del municipio tienen por objeto que un determinado bien salga de su hacienda o patrimonio, es conveniente que tal acción sea autorizada por la legislatura local, a fin de evitar desvíos en la disposición de los bienes que, justamente, afectarían la viabilidad económica del municipio.

e. Si bien en ocasiones la libre administración de la hacienda municipal se utiliza como sinónimo de libre disposición, lo cierto es que gramaticalmente disponer de algo significa “colocar, poner las cosas en orden y situación convenientes; preparar, prevenir; valerse de una persona o cosa, tenerla o utilizarla por suya”, por lo que a partir del propio significado gramatical del término, se advierte que disponer libremente de la hacienda municipal no implica la realización de actos de dominio sobre los bienes que la integran, sino más bien supone la administración, la utilización y, en términos generales, la conservación de aquéllos.

f. No es impedimento a lo anterior que conforme al artículo 115, fracción II, de la Constitución General, las legislaturas estatales deberán emitir las leyes en materia municipal que tendrán, entre otros propósitos, el de regular aquéllos casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal, o bien, para celebrar actos o convenios que comprometen al municipio por un plazo mayor al periodo de sus autoridades, toda vez que los casos a los que la Constitución General se refiere no comprenden de manera expresa la enajenación de los bienes que integran el patrimonio municipal.

g. Es decir, las leyes estatales únicamente regularán y permitirán, en su caso, que sea el propio ayuntamiento el que determine el destino –o lo cambie– al cual están afectos los bienes del patrimonio municipal, en el entendido de que los bienes que integran el patrimonio público se consideran permanentemente afectados a una finalidad pública, interés general o utilidad pública; asimismo, autorizarán la celebración de aquellos actos que comprometan al municipio más allá del periodo en el que sus ayuntamientos permanezcan en el cargo, esto es, en asumir obligaciones que vincularán para su cumplimiento a las autoridades municipales subsecuentes.

h. En tales condiciones, la atribución del Congreso local para autorizar los actos de dominio sobre los bienes que conforman la hacienda municipal no contraviene la libre administración de ésta, sino que constituye un mecanismo de control tendente a proteger la hacienda y el patrimonio de los municipios.

14. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería del Gobierno Federal. Ninguna de dichas instituciones emitió opinión en el presente asunto.

15. Audiencia constitucional y cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria, en la que, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

I. COMPETENCIA

16. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (vigente al comienzo del procedimiento), en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Veracruz y el Poder Legislativo del Estado.

17. Lo anterior, en relación con el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, que establece que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

18. A continuación, deben precisarse los actos u omisiones que se tendrán como impugnados en la controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción I,(3) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la tesis P./J. 98/2009, de rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA”.(4)

19. De la lectura integral de la demanda, así como de la totalidad de la información del expediente de la controversia, se advierte que el Municipio actor impugna la omisión legislativa de carácter absoluto en la competencia de ejercicio obligatorio en que incurre el Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al no adecuar la Constitución local a lo establecido en el artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución General, en relación con el artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

III. OPORTUNIDAD

20. A continuación, una vez fijada la materia de este juicio, es necesario analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

21. Como quedó precisado en el considerando previo, el municipio actor impugna una omisión legislativa de carácter absoluto en la competencia de ejercicio obligatorio del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

22. Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido(5) que el artículo 21(6) de la Ley Reglamentaria no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.

23. Por tanto, debe estimarse que la presentación de la demanda es oportuna, en virtud de que se trata de actos de carácter omisivo (sin que de autos se desprenda lo contrario) respecto de los cuales, conforme al criterio de este Alto Tribunal, el plazo para inconformarse es indefinido en tanto prevalezca la inactividad cuestionada.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

24. La demanda fue presentada por parte legítima.

25. Conforme a los artículos 10, fracción I,(7) y 11, párrafo primero,(8) de la Ley Reglamentaria de la Materia, el actor deberá comparecer a juicio po

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33232-6133da61/i-controversia-constitucional-reglas-a-las-que-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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