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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN [OMISIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE ADECUAR LOS ARTÍCULOS 57, FRACCIONES XXXI Y XXXII, Y 115, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL AL DIVERSO 115, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 1999, QUE PERMITEN A LOS MUNICIPIOS LA FACULTAD DE MANEJAR SU PATRIMONIO INMUEBLE]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. III. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. ANTECEDENTES DE ESTE PRINCIPIO INTERPRETATIVO. IV. PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL. ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL, LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA A LAS LEGISLATURAS LOCALES EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL, DEBE INTERPRETARSE DESDE UNA ÓPTICA RESTRICTIVA (OMISIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE ADECUAR LOS ARTÍCULOS 57, FRACCIONES XXXI Y XXXII, Y 115, PÁRRAFO PRIMERO, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO Y ADICIONADO EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999). V. PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL. LA ATRIBUCIÓN PREVISTA EN EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL, NO FACULTA A LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA CONDICIONAR LA VALIDEZ DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE AQUÉL A UN REQUISITO DIVERSO A SU APROBACIÓN POR LA MAYORÍA CALIFICADA DE LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO [OMISIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE ADECUAR LOS ARTÍCULOS 57, FRACCIONES XXXI Y XXXII, Y 115, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL AL DIVERSO 115, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 1999 QUE PERMITEN A LOS MUNICIPIOS LA FACULTAD DE MANEJAR SU PATRIMONIO INMUEBLE]. VI. PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL. CUALQUIER NORMA QUE SUJETE A LA APROBACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL LA DISPOSICIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES QUE LO INTEGRAN, ES INCONSTITUCIONAL [OMISIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE ADECUAR LOS ARTÍCULOS 57, FRACCIONES XXXI Y XXXII, Y 115, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL AL DIVERSO 115, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 1999 QUE PERMITEN A LOS MUNICIPIOS LA FACULTAD DE MANEJAR SU PATRIMONIO INMUEBLE]. VII. PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL. OMISIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE ADECUAR LA REGULACIÓN LOCAL A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO, PUBLICADO EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, A EFECTO DE QUE LOS AYUNTAMIENTOS PUEDAN MANEJAR SU PATRIMONIO INMOBILIARIO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 57, FRACCIONES XXXI Y XXXII, Y 115, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VIII. OMISIÓN LEGISLATIVA ABSOLUTA. TIENE ESE CARÁCTER EN COMPETENCIA DE EJERCICIO OBLIGATORIO, CUANDO EL CONGRESO LOCAL NO HA ADECUADO SU CONSTITUCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN GENERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 57, FRACCIONES XXXI Y XXXII, Y 115, PÁRRAFO PRIMERO, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DE LA OMISIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DE ADECUAR LA CONSTITUCIÓN DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA AL MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, VINCULA A ESE ÓRGANO LEGISLATIVO A ADECUARLO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES AL EN QUE SE LE NOTIFIQUEN LOS PUNTOS RESOLUTIVOS RESPECTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 57, FRACCIONES XXXI Y XXXII, Y 115, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 109/2019. · Registro digital (IUS): 29735
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-04-09
Promovente: MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, Pág. 138.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 109/2019. MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 21 DE MAYO DE 2020. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de mayo de dos mil veinte.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Por escrito recibido el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Víctor José Ángel Saldaña, en su carácter de síndico del Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí, promovió controversia constitucional en representación del Municipio, en la que demandó el acto que más adelante se precisa, por la autoridad que a continuación se señala:

Autoridad demandada:

El Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí.

Acto impugnado:

La omisión legislativa "de carácter absoluto" consistente en no adecuar los artículos 57, fracciones XXXI y XXXII, y 115 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí a lo establecido en el precepto 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo segundo transitorio del decreto de reforma a la propia Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Lo anterior, con el propósito de que, de ser fundada la controversia, se exija al Congreso del Estado que actúe en sentido de superar la omisión legislativa para adecuarse al verdadero espíritu de la reforma constitucional y elimine los postulados jurídicos que aún se contienen en las citadas normas de la Constitución del Estado, que siguen permitiendo la intromisión del Congreso del Estado para la resolución de materias propias y exclusivas de la competencia y autonomía municipal, cuenta habida que los artículos 57, fracciones XXXI y XXXII, y 115 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí no han sido modificados desde su última reforma publicada el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y seis, de forma que tales preceptos no han sido adecuados a los principios constitucionales de la citada reforma, relativa a la autonomía municipal, publicada el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

2. SEGUNDO.—Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:

1. El veinte de noviembre de mil novecientos noventa y seis fue publicado el Decreto 657 que reformó, entre otros, los artículos 57, fracciones XXXI y XXXII, y 115 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, que establecen que el Congreso tendrá, entre otras atribuciones, la de autorizar enajenaciones de bienes municipales y su gravamen, así como las concesiones que otorguen los Ayuntamientos, cuando su vigencia exceda el término de su administración.

2. El veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se reformó el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo propósito fue dotar a los Municipios de autonomía.

3. Los considerandos del dictamen correspondiente a la reforma de mérito establecen que la ley deberá prever el requisito de mayoría calificada de los miembros del Ayuntamiento en las decisiones relativas a la afectación de su patrimonio inmobiliario y la firma de convenios que por su trascendencia lo requieran, decisiones en las que la Legislatura ya no intervendrá.

Así, el citado decreto mediante el cual se reformó el artículo 115 de la Constitución Federal, en la parte que interesa, quedó en los siguientes términos:

"II. ... b) Establecer los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento. ..."

4. Con motivo de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expedido diversos criterios, como el que sigue:

"BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. CUALQUIER NORMA QUE SUJETE A LA APROBACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL SU DISPOSICIÓN, DEBE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999). El desarrollo legislativo e histórico del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revela que el Municipio Libre es la base sobre la que se construye la sociedad nacional, como lo demuestran los diversos documentos que integran los procesos legislativos de sus reformas, tales como la municipal de 1983, la judicial de 1994 y la municipal de 1999, siendo esta última donde destaca la voluntad del Órgano Reformador en pro de la consolidación de su autonomía, pues lo libera de algunas injerencias de los Gobiernos Estatales y lo configura expresamente como un tercer nivel de gobierno, más que como una entidad de índole administrativa, con un ámbito de gobierno y competencias propias y exclusivas, todo lo cual conlleva determinar que la interpretación del texto actual del artículo 115 debe hacer palpable y posible el fortalecimiento municipal, para así dar eficacia material y formal al Municipio Libre, sin que esto signifique que se ignoren aquellas injerencias legítimas y expresamente constitucionales que conserven los Ejecutivos o las Legislaturas Estatales. Atento lo anterior, el texto adicionado del inciso b) de la fracción II del artículo 115 constitucional debe interpretarse desde una óptica restrictiva en el sentido de que sólo sean esas las injerencias admisibles de la Legislatura Local en la actividad municipal, pues así se permite materializar el principio de autonomía y no tornar nugatorio el ejercicio legislativo realizado por el Constituyente Permanente, sino más bien consolidarlo, lo que significa que el inciso citado sólo autoriza a las Legislaturas Locales a que señalen cuáles serán los supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerirán de un acuerdo de mayoría calificada de los propios integrantes del Ayuntamiento, mas no las autoriza para erigirse en una instancia más exigible e indispensable para la realización o validez jurídica de dichos actos de disposición o administración, lo cual atenta contra el espíritu de la reforma constitucional y los fines perseguidos por ésta; de ahí que cualquier norma que sujete a la aprobación de la Legislatura Local la disposición de los bienes inmuebles de los Municipios, al no encontrarse prevista esa facultad en la fracción citada, debe declararse inconstitucional.". (Novena Época. Registro digital: 183605. Instancia: Pleno. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, agosto de 2003, materia constitucional, tesis P./J. 36/2003, página 1251)

5. El artículo segundo transitorio del referido decreto, mediante el cual se reformó el artículo 115 de la Constitución Federal, estableció que los Estados debían adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en ese decreto, a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor:

"Artículo segundo. Los Estados deberán adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor. En su caso, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes federales a más tardar el 30 de abril del año 2001.

"En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, se continuarán aplicando las disposiciones vigentes."

3. TERCERO.—El concepto de invalidez que hace valer el actor es, en síntesis, el siguiente:

4. El Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí incurre en omisión legislativa de carácter absoluto en competencia de ejercicio obligatorio, al no adecuar los artículos 57, fracciones XXXI y XXXII, y 115, ambos de la Constitución Estatal a lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto de reforma a la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en relación con su artículo 115, fracción II, inciso b).

5. Los artículos 57, fracciones XXXI y XXXII, y 115 de la Constitución Local fueron reformados por última vez en el año de mil novecientos noventa y seis y aún establecen prohibiciones y facultades completamente contradictorias a lo establecido en la citada reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve, al condicionar los actos celebrados por el Municipio que afecten sus bienes y servicios a la autorización del Congreso del Estado.

6. En observancia al artículo segundo transitorio del decreto de mérito, los preceptos de la Constitución Estatal aludidos debieron haber sido adecuados por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, en el sentido de no condicionar la celebración de actos relacionados con bienes municipales a su aprobación, sin que lo haya hecho.

7. En términos de la tesis de jurisprudencia P./J. 13/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 175939, de rubro "FACULTAD O COMPETENCIA OBLIGATORIA A CARGO DE LOS CONGRESOS ESTATALES. SU OMISIÓN ABSOLUTA GENERA UNA VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE).", es claro que, tratándose de facultades o competencias obligatorias, los órganos legislativos locales no tienen opción de decidir si lo hacen o no, pues existe obligación expresa en ese sentido; de ahí que el incumplimiento al mandato establecido en el transitorio, en el término de un año, computado a partir de la vigencia del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, constituye omisión legislativa absoluta que genera una violación constitucional directa.

8. CUARTO.—El Municipio actor considera violado en su perjuicio el artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo segundo transitorio del decreto que reforma la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

9. QUINTO.—Por auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, el presidente en funciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 109/2019 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Luis María Aguilar Morales.

10. Mediante proveído del mismo día, el Ministro instructor admitió la demanda teniendo por presentado al síndico del Municipio, por corresponderle la representación legal del ente; tuvo como demandado al Poder Legislativo del Estado, al que ordenó emplazar para que formulara su contestación; y mandó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

11. SEXTO.—Al dar contestación a la demanda, el Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí refutó los argumentos de invalidez, señalando que la actora hace una incorrecta interpretación del contenido del artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal, porque tal norma no hace alusión a la no intervención de las Legislaturas de los Estados en las disposiciones de los bienes municipales, así como de la celebración de actos y contratos, el otorgamiento de concesiones de bienes y servicios, por lo que es inexistente la omisión que se le atribuye, siendo que mediante Decreto 543, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de junio de dos mil se reformaron las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 114 de la Constitución del Estado, en relación con su numeral 115, acatando la reforma federal al artículo 115 de la Constitución Federal, aunado a que también se han ido adecuando las leyes que emanan de la Constitución Estatal.

12. SÉPTIMO.—La Fiscalía General de la República no formuló opinión en el presente asunto.

13. OCTAVO.—Sustanciado el procedimiento, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, se hizo constar que el Municipio actor presentó alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

14. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de San Luis Potosí y el Poder Legislativo del Estado.

15. SEGUNDO.—Fijación de los actos impugnados. Acto continuo, deben precisarse los actos que se tendrán como impugnados en la controversia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, fracción I,(1) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y la tesis de jurisprudencia número P./J. 98/2009, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(2)

16. De la lectura integral de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas por las partes como pruebas, se advierte que el Municipio actor impugna:

- La omisión legislativa de carácter absoluto en competencia de ejercicio obligatorio en la que incurre el Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, al no adecuar los artículos 57, fracciones XXXI y XXXII, y 115, ambos de la Constitución Local, a lo establecido en el artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal, en relación con el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

17. TERCERO.—Oportunidad. A continuación, procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

18. En el caso, como se precisó, el Municipio actor impugna la omisión total y absoluta del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, al no adecuar los artículos 57, fracciones XXXI y XXXII, y 115, ambos de la Constitución Local, a lo establecido en el artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal, en relación con el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, sin que de autos se desprenda lo contrario, por lo que, al respecto, debe estimarse que la presentación de la demanda es oportuna, en virtud de que se trata de actos de carácter omisivo, respecto de los cuales, conforme al criterio de este Alto Tribunal, el plazo para inconformarse es indefinido en tanto prevalezca la inactividad cuestionada.(3)

19. CUARTO.—Legitimación activa. Enseguida, se abordará el estudio de la legitimación de quien promovió la controversia constitucional.

20. Conforme a los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia,(4) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

21. En el caso, promueve la demanda de controversia constitucional, en representación del Municipio actor, Víctor José Ángel Saldaña, en su carácter de síndico, lo que acredita con copia certificada de la declaración de validez de la elección de los 58 cincuenta y ocho Ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, mismos que estarán en ejercicio en el periodo comprendido del 1o. de octubre del año 2018 al 30 de septiembre de 2021, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la cual acompañó a su demanda, de la que se advierte que fue declarado síndico del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí.

22. De acuerdo con el artículo 75, fracción II,(5) de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, corresponde al síndico la representación jurídica del Municipio; por lo que procede reconocer su legitimación para promover el presente medio de control.

23. Así también, la del propio Municipio actor para instar la vía, al ser uno de los entes mencionados en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal.

24. QUINTO.—Legitimación pasiva. A continuación, se analizará la legitimación de la autoridad demandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la controversia, en tanto dicha parte es la obligada por ley para satisfacer las pretensiones del actor, en caso de que éstas resulten fundadas.

25. En representación del Poder demandado compareció Sonia Mendoza Díaz, presidenta de la Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, cargo que acreditó con la copia certificada del acta de sesión solemne número uno de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, relativa a la instalación de la Sexagésima Segunda Legislatura en la que se eligió a los integrantes de la directiva que fungirá durante el primer y el segundo periodos ordinarios de sesiones.

26. Dicha funcionaria está facultada para representar al Poder Legislativo de la entidad, en términos del artículo 71, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí.(6)

27. En tal virtud, de conformidad con los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, debe reconocerse legitimación pasiva al Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí.

28. SEXTO.—Causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento. No se advierten la actualización de causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento, por lo que procede el estudio del concepto de invalidez que se plantea.

29. SÉPTIMO.—Interpretación del artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal. El actor impugna la omisión legislativa de carácter absoluto en competencia de ejercicio obligatorio, en la que incurre el Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, al no adecuar los artículos 57, fracciones XXXI y XXXII, y 115, ambos de la Constitución Local, a lo establecido en el artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal,(7) en relación con el artículo segundo transitorio(8) de la reforma constitucional del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

30. Con el propósito de estar en condiciones de examinar lo dispuesto por los artículos 57, fracciones XXXI y XXXII, y 115 de la Constitución Local,(9) resulta conveniente destacar cuál es el contenido de la porción normativa del artículo 115 de la Constitución Federal que el actor estima que se infringe, así como la interpretación que ha de atribuírsele, a fin de determinar si lo establecido en las normas locales de referencia reflejan la omisión señalada.

31. Con esa finalidad, en este apartado se trae a colación el examen que hizo el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 18/2001, resuelta el dieciocho de marzo de dos mil tres, que a la vez sirvió de precedente a la diversa controversia constitucional 19/2001, resuelta en esa misma fecha, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 36/2003, que se reproduce en líneas posteriores.

32. El texto del artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal, es producto de la reforma municipal que tuvo lugar en mil novecientos noventa y nueve. Por ello, se estima necesario acudir a los antecedentes que informan la actual normatividad, para desprender de dicho estudio los lineamientos que permitan interpretar cuál es el contenido y alcance que debe atribuírsele.

33. El desarrollo legislativo e histórico que ha tenido el artículo 115 constitucional, dedicado al Municipio Libre, es revelador de que esta figura es, en el Estado Mexicano, la piedra angular sobre la cual se construye la sociedad nacional, en tanto es la primera organización estatal en entrar en contacto con el núcleo social. Los diversos documentos que integran los procesos legislativos de las reformas sufridas por ese numeral durante su vigencia así coinciden.

34. Empero, ha sido muy largo el camino que el Municipio ha tenido que recorrer para hacer realidad su libertad, que fue, incluso, bandera emblemática de las luchas revolucionarias. No obstante, su elevación a rango constitucional en mil novecientos diecisiete, fueron muchas las limitaciones y el cercenamiento que la propia Constitución impuso al Municipio, obligándolo o sometiéndolo a la voluntad del Ejecutivo Estatal o del Legislativo también Estatal o, en el mejor de los casos, rodeándole de un contexto jurídico vulnerable.

35. En esa evolución, se pueden identificar tres momentos determinantes en la evolución del Municipio Libre, partiendo de la importante consagración constitucional que en mil novecientos diecisiete se dio de esta figura:

36. 1) La reforma municipal de mil novecientos ochenta y tres que, incluso, fue objeto de interpretación por parte de la anterior integración de esta Suprema Corte; destacando aquella interpretación efectuada con motivo del amparo en revisión 4521/91, fallado por este Tribunal Pleno el siete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en el que se sostuvo que la intención del legislador fue fortalecer de tal manera al Municipio con esta reforma, que ello permitía colegir que, para efectos de la legitimación activa de las controversias constitucionales, se podía admitir en el Municipio un carácter de Poder de los Estados; legitimación que le estaba, aparentemente, soslayada por el entonces texto del artículo 105 constitucional.

37. 2) La reforma judicial de mil novecientos noventa y cuatro, ejercicio legislativo que, si bien dedicado a lo judicial federal, llegó a trastocar la vida jurídico institucional del Municipio en tanto le reconoció expresamente legitimación activa para acudir en defensa jurisdiccional de sus facultades y ámbito competencial ante esta propia Suprema Corte en vía de controversia constitucional. De alguna manera, parece advertirse que el legislador ponderó la situación de indefensión municipal advertida y superada por el criterio antes referido, pues el Poder Reformador recogió y superó todo aquello puesto en evidencia con aquella interpretación judicial. Esta reforma ha sido de suma importancia para el Municipio, básicamente por dos motivos:

38. Primero, el número de juicios de esta naturaleza iniciados por Municipios, en comparación con los iniciados por otros entes políticos, es revelador del enorme impacto que esta reforma constitucional tuvo en la vida municipal y de la eficacia de la norma constitucional reformada; y,

39. Segundo, porque a partir de los fallos que ha venido emitiendo esta Suprema Corte en dichos juicios fue advirtiéndose que muchas injerencias o interferencias de los Estados, ya sea del Ejecutivo o Legislativo Estatal, en la vida administrativa, política o jurídica de los Municipios se han hecho merced licencia constitucional para ello. Esto es, si los Municipios no podían hacer realidad su autonomía, era porque la propia Constitución General autorizaba una serie de limitaciones a favor de las autoridades estatales.

40. 3) La reforma de mil novecientos noventa y nueve, conforme a la cual, se avanzó en pro de la consolidación de la autonomía municipal y de su fortalecimiento, particularmente, frente a las injerencias de los Gobiernos Estatales, y se superaron algunas de las limitaciones antes referidas.

41. Es en apoyo del texto del artículo 115 constitucional que la actora de la presente controversia sustenta la inconstitucionalidad de omisión legislativa, al no adecuar los artículos 57, fracciones XXXI y XXXII, y 115, ambos de la Constitución Estatal a lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto de reforma a la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en relación precisamente con su artículo 115, fracción II, inciso b). Por ello, es fundamental el examen de la gestación de esta norma reformada para estar en posibilidades de localizar elementos que permitan una cabal interpretación del referido texto de la Carta Magna.

42. Durante los años de mil novecientos noventa y siete a mil novecientos noventa y nueve, fueron presentándose en el seno de la Cámara de Diputados variadas iniciativas por parte de distintos grupos parlamentarios que proponían modificaciones al artículo 115, que en total sumaron nueve de ellas.

43. Cuando eventualmente se agendó la reforma municipal, estas nueve propuestas se estudiaron de manera conjunta por la comisión encargada de dictaminarlas y, como resultado de su trabajo de dictaminación, se elaboró un proyecto único de reforma constitucional que fue el que, a la postre, se discutió en el seno de ambas Cámaras.

44. Empero, previo al análisis del dictamen y proyecto único elaborado por la comisión, conviene destacar que todas las iniciativas antes relatadas, en sus respectivas exposiciones de motivos, coincidieron, tal como expresamente lo admitió la comisión, en que era necesario fortalecer el Municipio Libre o la autonomía municipal y superar aquellos escollos u obstáculos que la propia Constitución había dejado vigentes, a pesar de la reforma municipal de mil novecientos ochenta y tres.

45. Dadas las circunstancias conforme a las cuales se produjo el proyecto que estuvo a discusión, y para estar en posibilidades de deducir cuál fue la intención o el espíritu que infundió la reforma constitucional en estudio, es importante acudir, en primer término, a las consideraciones en que la Comisión Dictaminadora sustentó su dictamen propuesto; y, en segundo término, respecto de aquello que la comisión recogió en su propuesta de las nueve iniciativas antes descritas, es importante acudir a las consideraciones en que cada grupo parlamentario sustentó su propia propuesta.

46. El texto propuesto por la Comisión Dictaminadora en la Cámara de Origen, prácticamente pasó en sus términos a la Cámara Revisora, que a su vez lo aprobó con cambios menores (sólo hubo adecuaciones de estilo y redacción), en las fracciones II y IV, y fueron del tenor siguiente:

"Artículo 115. ...

"...

"II. ...

"Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno; los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

"El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

"a) ...

"b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

"...

"IV. ...

"a) a c) ...

"Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

"Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

"Las Legislaturas de los Estados aprobarán las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

"Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen ..."

47. Texto que la comisión, en la parte que aquí interesa, sustentó en las siguientes consideraciones:

"Consideraciones

"1. Esta comisión coincide con los autores de las iniciativas objeto del presente dictamen, en el sentido de que el Municipio es la célula básica de organización política, social, territorial y administrativa en nuestro país.

"2. Diversas circunstancias de orden político y económico, han propiciado que el Municipio presente carencias de tipo financiero, así como debilidad política y jurídica en relación con los órganos federales y de las entidades federativas, que han impedido su funcionamiento autónomo y libre.

"

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29735-0e7ab9db/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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