I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COATZINTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COATZINTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, AL SER AJENO A LAS OMISIONES IMPUGNADAS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COATZINTLA POR PARTE DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COATZINTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ADMITE EXPRESAMENTE EN AUTOS QUE ESTÁN PENDIENTES DE CUBRIR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS AL MUNICIPIO DE COATZINTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (FORTAFIN-A-2016) AL MUNICIPIO DE COATZINTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IX. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) AL MUNICIPIO DE COATZINTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COATZINTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO Y, EN CASO DE LOS ENTERADOS EXTEMPORÁNEAMENTE, QUEDE INCÓLUME LA CONDENA DEL PAGO DE INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COATZINTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 149/2016. MUNICIPIO DE COATZINTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 13 DE JUNIO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ SE RESERVARON SU DERECHO A FORMULAR SENDOS VOTOS CONCURRENTES. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de junio de dos mil dieciocho.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lorena López Velázquez, en su carácter de síndica del Municipio de Coatzintla, Veracruz, promovió controversia constitucional, en representación del citado Municipio, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:
Entidad, poder u órgano demandado:
• El gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• El secretario de Finanzas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• El director general de contabilidad gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• El director de cuenta pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• La Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Norma general o actos cuya invalidez se demanda:
"1. La invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se haya emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio de Coatzintla, Veracruz.
"2. La invalidez de cualquier orden para llevar a cabo los descuentos y retención indebidos de las participaciones federales que le corresponden al Municipio.
"3. La omisión de entrega de las participaciones federales en el cumplimiento de las obligaciones Constitucionales a su cargo, así como a lo dispuesto en el numeral sexto, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que han sido omisas.
"4. Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional que ahora inicio, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han detenido a las participaciones que corresponden al Municipio.
Los cuatro rubros anteriores, los hace valer en relación con los siguientes fondos:
Por el concepto de Ramo General 023, y en lo particular a:
a. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (HIDROCARBUROS 2015); $410,613.00.
b. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (HIDROCARBUROS 2016); $3’156,401.00.
c. Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión–A-2016, (FORTAFIN), $ 21’450,871.00.
Por el concepto de Ramo General 033, y en lo particular a:
a. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), $ 4’783,372.00.
b. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) $6’476,958.00.
Haciendo un total de los rubros mencionados de $36’278,215.00 (treinta y seis millones doscientos setenta y ocho mil doscientos quince pesos 00/100 M.N.)
Mismos que hace meses ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Así como, que se les ordene al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones, por el retraso injustificado en entregarlas a mi representada."
SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
Desde hace meses el Ayuntamiento ha hecho llamados y requerimientos, así como acudido personalmente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Veracruz, con el propósito de que le paguen las cantidades correspondientes al rubro de participaciones federales, en específico las correspondientes a:
Por el concepto de Ramo General 023, y en lo particular a:
a. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (HIDROCARBUROS 2015); $410,613.00.
b. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (HIDROCARBUROS 2016); $3’156,401.00.
c. Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión–A-2016, (FORTAFIN), $ 21’450,871.00.
Por el concepto de Ramo General 033, y en lo particular a:
a. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), $ 4’783,372.00.
b. Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) $6’476,958.00.
Haciendo un total de los rubros mencionados de $36’278,215.00 (treinta y seis millones doscientos setenta y ocho mil doscientos quince pesos 00/100 M.N.)
Mismos que hace meses ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Nunca se ha dado una respuesta clara, no obstante de manera verbal el diez de octubre de dos mil dieciséis, se señaló que se retendría el pago de dichos montos debido a que existían indicaciones a esa dependencia para que suspendiera su entrega hasta nueva orden. Desde hace meses se ha repetido la omisión en la entrega de los recursos federales que le corresponden al Ayuntamiento, situación que pone en riesgo el desarrollo social y económico del Municipio.
El artículo sexto, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que la Federación entregará las participaciones federales a los Municipios por conducto de los Estados y que dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; siendo que en caso de incumplimiento la Federación hará entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
La omisión de entregar los fondos federales, que corresponden al Municipio actor, pone en riesgo y peligro el derecho humano al desarrollo social a que tienen derecho los habitantes de Coatzintla, Veracruz, asimismo, la ilegal retención que se hace a los fondos federales que le corresponden al actor, está impidiendo el normal funcionamiento de la hacienda municipal, corriéndose el riesgo de pagar los rubros de alumbrado público, energía eléctrica por consumo de agua potable, nóminas a los trabajadores municipales, obra pública, etcétera, y se tendrán que paralizar las obras municipales.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora, en sus conceptos de invalidez esgrimió, en síntesis, lo siguiente:
• Las autoridades demandadas transgreden el principio de integridad de los recursos municipales al retener los fondos federales señalados en los apartados anteriores.
• La omisión de entrega de los recursos es ilegal, dado que no existe norma o disposición general, que permita o justifique que no se entreguen en forma completa al Municipio sus participaciones, lo que redunda en un perjuicio económico e impacta su autonomía, concretamente en la libertad de administración hacendaria de la que goza por disposición constitucional, al afectarse su autosuficiencia económica y la libre disposición de los recursos económicos que le corresponden.
• Las participaciones federales que reciban los Municipios forman parte de su hacienda, las que serán cubiertas en los términos que para su distribución determinen las Legislaturas Locales, mediante disposiciones de carácter general.
• Los Estados entregarán íntegramente a sus Municipios las cantidades que reciban del Fondo de Fomento Municipal, de acuerdo a lo que establezcan las Legislaturas Locales.
• La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba y el retraso dará lugar al pago de intereses a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión, para los casos de pago a plazos de contribuciones.
• Las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios, son inembargables; no puede afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por aquéllos, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas, a petición de dichas entidades, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, bien sea a favor de la Federación, de las instituciones de Crédito que operen en el territorio nacional, o de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana; asimismo, proceden las compensaciones que se requieran efectuar, cuando sean a consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del cumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones, o cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o la Ley de Coordinación Fiscal así lo autorice.
• Las participaciones federales de las que forman parte los fondos reclamados, están contempladas en las hipótesis del artículo 115 constitucional.
• Las participaciones federales han sido motivo de estudio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias, en las cuales ha establecido un cúmulo de garantías de carácter económico, tributario y financiero a favor de los Municipios, tendentes al fortalecimiento de su autonomía, a saber:
a) Principio de libre administración de la hacienda municipal, cuyo fin es fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus exigencias, sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos a sus necesidades reales, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos.
b) Principio de ejercicio directo por parte del Ayuntamiento de los recursos que integran su hacienda municipal, implica que todos los recursos de la hacienda municipal, deben ejercerse en forma directa por su órgano de gobierno o por quienes ellos autoricen conforme a la ley.
c) Principio de integridad de los recursos municipales, consiste en que los Municipios deben recibir en forma puntal, efectiva y completa tanto de las participaciones como las aportaciones federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes.
d) Derecho de los Municipios a percibir las contribuciones (incluyendo las tasas adicionales), establecidos por los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
e) Principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, asegura a los Municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender a sus necesidades y responsabilidades públicas.
f) Facultad de los Ayuntamientos para que, en su ámbito territorial, propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
g) Facultad de los Municipios para proponer sus leyes de ingresos, las cuales vinculan a las legislaturas estatales a emitirlas con una motivación adecuada, en caso de apartarse de la propuesta municipal.
• De estos principios constitucionales se desprende que las participaciones federales, incluidos los fondos reclamados, están sujetas a un régimen de libre administración, cuya disposición y aplicación debe llevarse a cabo, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de los fines públicos de los propios Ayuntamientos, situación que en la especie no ocurre y por ende, causa agravio.
• La Ley de Coordinación Fiscal prohíbe que estos recursos estén afectos a intereses ajenos o sujetos a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas o por compensaciones, en los términos y condiciones establecidas en dicho ordenamiento federal, es decir, puede haber casos de excepción, en los que resulte válida la afectación y retención de las participaciones federales que le corresponde a los Municipios, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que puede darse esa posibilidad cuando:
1. Pago de obligaciones contraídas por los Municipios, previa autorización de las Legislaturas Locales e inscripción en el registro correspondiente.
2. Por voluntad manifiesta del Municipio de destinarlos a un determinado fin.
• En el caso concreto no se actualiza ninguna de las hipótesis señaladas, por tanto, se considera ilegal e injusto que las autoridades demandadas retengan, sin justificación, los fondos y participaciones federales. Además, no existe manifestación de voluntad o consentimiento por parte del Municipio para que las autoridades lleven a cabo la retención de fondos, es decir, no existe acuerdo o convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz y el Municipio de Coatzintla, en el que se comprometan los recursos que corresponden a los fondos reclamados.
• Las autoridades demandadas están violando los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos, al no entregar al Municipio en forma puntal, efectiva y completa sus recursos federales, vulnerando su autonomía financiera, poniendo en riesgo el derecho social de los habitantes del Municipio.
• La intervención del Estado de Veracruz y de las autoridades demandadas, respecto de los fondos de participaciones que corresponden a los Municipios es de mediación administrativa; en el caso de los fondos de aportaciones, su papel es de mediación, control y supervisión en su manejo, pero nunca de disposición, suspensión o retención.
• El Gobierno del Estado de Veracruz no tiene facultades para retener los fondos correspondientes al Ramo General 23, el cual asciende a la cantidad de $25’017,855.00 (veinticinco millones diecisiete mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y Ramo 33, el cual asciende a la cantidad de $11’260,330.00 (once millones doscientos sesenta mil trescientos treinta pesos 00/100 M.N.). Por tanto, la omisión de entregarlos transgrede los principios de integridad y libre administración de los recursos económicos municipales, violentando el Sistema Federal de Coordinación Fiscal.
• La omisión de las autoridades demandadas, de entregar los fondos federales y la retención ilegal de los mismos, vulnera en perjuicio del Municipio los artículos 40, 41, 115 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Los actos y omisiones cuya invalidez se reclaman son violatorios de los artículos 14 y 16 en relación con el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, esto se afirma dado que la retención de recursos viola los principios de integridad y libre administración de los recursos económicos municipales.
• El régimen constitucional de la hacienda municipal encuentra sus puntos cardinales en la fracción IV del artículo 115 constitucional, numeral que tiene por objetivo regular relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales y establecer diversas garantías a favor de los Municipios que pueden resumirse mediante la enunciación de ciertos principios.
• Los actos y omisiones reclamadas son inconstitucionales por vulnerar los principios de reserva de fuentes de ingreso a los Municipios, integridad de recursos económicos municipales, por lo que se refiere a las participaciones no entregadas y libre administración de la hacienda municipal, de ahí que deban ser declarados inválidos.
CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 149/2016; asimismo, ordenó se turnara el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.(1)
Mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, se tuvo como demandados al Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz, a quienes se ordenó emplazar para que formularan su contestación, requiriéndolos para que enviaran a este Alto Tribunal copia certificada de todas las documentales relacionadas con los actos impugnados; por otra parte, no se tuvo como demandados al secretario, director general de contabilidad gubernamental y director de cuenta pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, así como la Contaduría Mayor de Hacienda, por tratarse de dependencias subordinadas a dichos poderes; asimismo, se ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que emitiera la opinión que le corresponde, y se mandó formar cuaderno incidental a efecto de proveer sobre la medida cautelar solicitada.
SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. María Eliza Manterola Sainz, en su carácter de Diputada Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, al contestar la demanda refirió que:(2)
I. De la lectura de la demanda, se advierte que el órgano señalado como responsable es la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Veracruz, órgano que inexistente dentro de la estructura orgánica de esa dependencia de acuerdo en lo dispuesto por los artículos 57, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, razón por la cual no puede ser llamado a juicio al Congreso del Estado de Veracruz.
II. No le asiste el carácter de demandado de conformidad con la fracción II, del artículo 10, de la ley reglamentaria, dado que no participó ni intervino en los actos reclamados.
III. Se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, toda vez que los actos reclamados no fueron emitidos por esa entidad legislativa, ni hubo intervención de los órganos administrativos que conforman su estructura orgánica.
IV. En cuanto a los antecedentes señalados en la demanda, no los niega ni los afirma por no serle propios.
V. Respecto de los conceptos de invalidez, reconoce la autonomía, personalidad jurídica y la forma en que manejan su patrimonio los Ayuntamientos que integran el Estado de Veracruz, por lo que únicamente aprueba la forma en que se designan las participaciones federales, pero nunca las retiene.
SÉPTIMO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de Gobernador del Estado de Veracruz, al contestar la demanda señaló en síntesis lo siguiente:(3)
I. En el apartado que denominó oportunidad, señaló que la contestación a la demanda fue presentada oportunamente.
II. Los antecedentes expresados, por el recurrente, son parcialmente ciertos, en cuanto a la expedición y publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, en el cual se contempla la asignación de recursos para los diferentes fondos y rubros destinados a los Municipios del país, entre ellos, los del Estado de Veracruz.
Por cuanto hace a los requerimientos que el actor formuló a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con el propósito de que se le pagaran las cantidades correspondientes a las participaciones federales a que tiene derecho y que reclama en la controversia constitucional que nos ocupa, indicó que no lo afirma ni lo niega, toda vez que se tratan de hechos que no resultan propios de la administración pública estatal, que tuvo inicio a partir del uno de diciembre de dos mil dieciséis.
Señaló que, debe otorgarse valor probatorio a la confesión espontánea del Municipio actor, consistente en la manifestación que efectúa en el sentido que "desde hace meses" ha realizado llamados, requerimientos y entrega de recibos a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con el propósito de que se le pagaran las cantidades que reclama en este juicio, correspondientes al rubro de participaciones federales. Esto es, que la parte promovente se ostentó sabedora del acto que reclama, con anterioridad al diez de octubre de dos mil dieciséis, fecha en la que alude existían indicaciones en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz para que se le retuviera el pago de las cantidades reclamadas.
Considera procedente desestimar las manifestaciones del actor respecto a que el diez de octubre de dos mil dieciséis, le seguían reteniendo los pagos de las participaciones federales debido a que existían indicaciones en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, para que se suspendiera su entrega hasta nueva orden, toda vez que no presentó prueba que lo acredite, además, no son hechos propios del Gobierno del Estado que inició su administración el uno de diciembre de dos mil dieciséis.
Finalmente, no realizó referencia a las restantes manifestaciones del actor, porque no constituyen hechos sino consideraciones jurídicas que este Tribunal habrá de resolver.
III. En el apartado de causas de improcedencia adujo lo siguiente:
A) Prescripción.
Que en relación a los actos que impugna el Municipio actor estima que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, pues considera que la demanda se presentó fuera del plazo de treinta días que señala el artículo 21 de la referida ley, los cuales deben computarse a partir de que el actor tenga conocimiento del acto y de su ejecución.
Lo anterior se concluye, porque el Municipio actor tuvo conocimiento del acto que reclama con antelación al diez de octubre de dos mil dieciséis, por lo que el plazo para la interposición de la demanda había transcurrido en exceso.
Además, señala que los actos precisados en el inciso 1 y 2 de la demanda, constituyen actos positivos y el señalado en el inciso 3, constituye una "omisión", por lo cual, niega los actos positivos y aclara que respecto a la omisión, ésta deriva de un acto positivo. Citó en apoyo la tesis P./J. 113/2010, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CONTRA UNA OMISIÓN DERIVADA DE UN ACTO POSITIVO QUE NO SE CONTROVIRTIÓ OPORTUNAMENTE ES EL QUE RIGE LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE."
La omisión de entrega de las participaciones federales que le corresponden al Municipio demandante, resulta ser una consecuencia directa de la recepción de dichas participaciones por parte de la Federación a la entidad veracruzana, es decir, el acto positivo es la recepción de las participaciones por parte de la Federación al Estado de Veracruz, mientras que la consecuencia directa es la entrega que realiza éste a los Municipios en el plazo de cinco días. Por lo que el Municipio tuvo expedito su derecho para ejercitar las acciones correspondientes a partir del día siguiente al en que feneció el plazo que tiene el Estado para realizar la entrega al Municipio, y si no lo hizo, ello no le causa agravio en su perjuicio, por una invasión de esferas competenciales, sino que, por el contrario constituye la prescripción de un derecho.
Aunado a que, el Poder Ejecutivo dio a conocer a través de la publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los acuerdos por los cuales se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada Municipio del Estado de Veracruz del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, para los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016; contenidos en los números 064 de trece de febrero de dos mil catorce, 064 de trece de febrero de dos mil quince y 062 de doce de febrero de dos mil dieciséis. Citó en apoyo la tesis I.3o.C.26 K (10a.), de rubro: "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA."
Finalmente, aduce que si bien el artículo 31 de la ley de la materia, declara inadmisible la prueba de posiciones, ello no es impedimento legal para valorar las confesiones espontáneas que produzcan las partes en la demanda, contestación u otros escritos del procedimiento, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Citó en apoyo la jurisprudencia P./J. 27/96, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO."
B) Inexistencia del acto reclamado.
Que con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 20, fracción III, ambos de la ley reglamentaria de la materia, hace valer la causal de improcedencia consistente en la inexistencia del acto cuya invalidez se demanda; en específico de los señalados en los incisos 1 y 2 del escrito de demanda, virtud que, en modo alguno la parte actora ha acreditado la existencia de la orden, instrucción, autorización o aprobación, para llevar a cabo retenciones o descuentos de las participaciones reclamadas.
Además, con fundamento en el artículo 19, último párrafo, de la ley reglamentaria, solicita a este Alto Tribunal, estudie y analice oficiosamente las causales de improcedencia que pudieran actualizarse en el asunto. Citó en apoyo la jurisprudencia P./J. 31/96, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. ORDEN PÚBLICO. TIENEN ESA NATURALEZA LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO INSTITUIDO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL."
IV. En el apartado que denominó, razones o fundamentos jurídicos en relación con el acto reclamado, señaló lo siguiente:
Que los conceptos de invalidez resultan inatendibles, en virtud de que los actos señalados en los incisos 1 y 2 del apartado correspondiente de la demanda resultan inexistentes, por los motivos que señaló en el apartado anterior; que el presente medio de control constitucional es improcedente, porque el estudio de las causales de improcedencia resulta ser una cuestión de orden público, y en el caso particular, debido a la presentación extemporánea de la demanda, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la ley reglamentaria.
Asimismo, precisó que existe variación en las cantidades de las participaciones que solicita el Municipio, con las cantidades que realmente se deben, pues del oficio TES/1431/2016 de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, se advierten los siguientes datos:
1. Respecto a los recursos a cargo de Fondo de Estabilización de Extracción de Hidrocarburos para el ejercicio 2015, se advierte un registro pendiente de pago:
Ver registro pendiente de pago 1
Por lo que hace a los recursos, a cargo del Fondo de Estabilización de Extracción de Hidrocarburos destinados a los Municipios fueron ministrados por parte de la Federación al Estado, en el ejercicio 2016, como se aprecia en la siguiente tabla:
Ver tabla
En el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz, se advierten registros pendientes de pago correspondientes al ejercicio fiscal 2016, que a continuación se detallan:
Ver registros pendientes de pago 1
2. Las aportaciones de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la inversión A (FORTAFIN A 2016), correspondiente al ejercicio 2016, fueron ministradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Gobierno del Estado, de manera global, el treinta y uno de agosto y registradas en el Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado (SIAFEV), el siete de septiembre de dos mil dieciséis.
En el Sistema Integral de Administración Financiera para el Estado (SIAFEV), se advierten registros a favor del Municipio actor pendientes de pago por la cantidad de $ 15’015,609.70 (quince millones quince mil seiscientos nueve pesos 70/100 M.N.), los cuales se detallan a continuación:
Ver registros pendientes de pago 2
Por otra parte, en el sistema citado previamente, se advierten, pagos relativos al Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la inversión A (FORTAFIN A 2016), por la cantidad de $14’050,561,30 (catorce millones, cincuenta mil quinientos sesenta y un pesos 30/100 M.N), de acuerdo a lo siguiente:
Ver pagos 1
3. Respecto a los recursos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se advierten las siguientes ministraciones efectuadas al Municipio actor:
Ver ministraciones efectuadas
Los recursos correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre fueron ministrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el treinta
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28922-20c6c3fb/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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