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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE NAUTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE RECLAMA EL PAGO DE INTERESES CON MOTIVO DE LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE APORTACIONES O PARTICIPACIONES FEDERALES ES EL DE TREINTA DÍAS (PAGO EXTEMPORÁNEO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE NAUTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE NAUTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). IV. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE NAUTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). V. OMISIÓN DE PAGO DE LAS APORTACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE NAUTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SUS DIFERENCIAS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE NAUTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES POSIBLE ANALIZAR EN ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL LA ENTREGA DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO NÚMERO F-998, YA QUE TALES REMANENTES NO SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS MUNICIPALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE NAUTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE NAUTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). IX. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ADMITE EXPRESAMENTE EN AUTOS QUE ESTÁN PENDIENTES DE CUBRIR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE NAUTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). X. APORTACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL POR LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE NAUTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). XI. APORTACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, EN REGIONES MARÍTIMAS, POR EL EJERCICIO DOS MIL QUINCE Y EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO DOS MIL DIECISÉIS AL MUNICIPIO DE NAUTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). XII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ADMITE EXPRESAMENTE EN AUTOS QUE ESTÁN PENDIENTES DE CUBRIR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES AL MUNICIPIO DE NAUTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). XIII. APORTACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES AL MUNICIPIO DE NAUTLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). XIV. CONTROVERSIA CO

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 228/2016. · Registro digital (IUS): 28775
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-06-21
Promovente: MUNICIPIO DE NAUTLA, ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo IV, Pág. 3566.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 228/2016. MUNICIPIO DE NAUTLA, ESTADO DE VERACRUZ. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Por oficio recibido el siete de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Armando Madrid Pérez, en su carácter de síndico del Municipio de Nautla, Estado de Veracruz, promovió controversia constitucional en representación del mismo, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio:

"1) Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con domicilio en Palacio de Gobierno del Estado, Avenida Enríquez sin número, colonia Centro, Código Postal 91000, Xalapa, Veracruz.

"2) Secretario de Finanzas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con domicilio en Avenida Xalapa Número 301, colonia Unidad del Bosque, Código Postal 91010, Xalapa, Veracruz.

"3) Director general de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con domicilio en Avenida Xalapa Número 301, colonia Unidad del Bosque, Código Postal 91010, Xalapa, Veracruz.

"4) Director de Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con domicilio en Avenida Xalapa Número 301, colonia Unidad del Bosque, Código Postal 91010, Xalapa, Veracruz.

"5) Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, con domicilio en Avenida Encanto sin número, esquina Lázaro Cárdenas, colonia El Mirador, Xalapa, Veracruz.

"...

"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubiere publicado:

"1) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F. (FISM). De las autoridades señaladas, se demanda la invalidez de las órdenes y/o instrucciones y/o autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para omitir la entrega y retener las participaciones federales que corresponden al Municipio de Nautla, Veracruz, por el concepto de Ramo 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F. (FISM), de los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, con los importes de $647,215.96, $647,215.96 y $647,212.96, respectivamente, dando un total de $1'941,644.88 (un millón novecientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 88/100 M.N.), que han sido retenidos por el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, toda vez que, a la fecha, no han sido depositados al Municipio de Nautla, Veracruz, los recursos económicos por dicho concepto.

"2) Fondo de Extracción de Hidrocarburos para los ejercicios fiscales 2015 y 2016. De las autoridades señaladas, se demanda la invalidez de las órdenes y/o instrucciones y/o autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para omitir la entrega y retener las participaciones y aportaciones federales que corresponden al Municipio de Nautla, Veracruz, por el concepto del Programa de Apoyos Económicos del Fondo de Extracción de Hidrocarburos para los ejercicios fiscales 2015 y 2016, dando un total de $2'562,257.00 (dos millones quinientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), que han sido retenidos por el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, toda vez que, a la fecha, no han sido depositados al Municipio de Nautla, Veracruz, los recursos económicos por dicho concepto.

"3) Remanentes bursátiles. De las autoridades señaladas, se demanda la invalidez de las órdenes y/o instrucciones y/o autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para omitir la entrega y retener las participaciones y aportaciones federales que corresponden al Municipio de Nautla, Veracruz, por el concepto de los remanentes bursátiles del contrato de bursatilización del 20% del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, a través del fideicomiso irrevocable emisor, de administración y pago F/998, que suscribió como fideicomitente el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 199 Municipios participantes, entre ellos, el de Nautla, actuando como fiduciario Deutsche Bank México, S.A., y Banco Invex, S.A., como representante común de los tenedores de certificados bursátiles. Por lo que hace a la devolución del remanente de este año, éste ya ha sido entregado a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, por un monto correspondiente al Ayuntamiento de Nautla equivalente a $326,929.50 (trescientos veintiséis mil novecientos veintinueve pesos 50/100 M.N.), que han sido retenidos por el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, toda vez que, a la fecha, no han sido depositados al Municipio de Nautla, Veracruz, los recursos económicos por dicho concepto.

"4) Fondo de Caminos y Puentes Federales (Capufe). De las autoridades señaladas, se demanda la invalidez de las órdenes y/o instrucciones y/o autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para omitir la entrega y retener las aportaciones federales que corresponden al Municipio de Nautla, Veracruz, por el concepto del Convenio del Programa Capufe, celebrado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de Caminos y Puentes Federales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y diversos Ayuntamientos, entre ellos, el que legalmente represento, mismo que fue renovado automáticamente el 26 de agosto de 2016, por las partes celebrantes, por un monto correspondiente al Ayuntamiento de Nautla equivalente a $3'543,024.50 (tres millones quinientos cuarenta y tres mil veinticuatro pesos 50/100 M.N.), que han sido retenidos por el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, toda vez que, a la fecha, no han sido depositados al Municipio de Nautla, Veracruz, los recursos económicos por dicho concepto.

"5) De las autoridades señaladas, se demanda la invalidez de las órdenes y/o instrucciones y/o autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para omitir la entrega y retener las participaciones y aportaciones federales que corresponden al Municipio de Nautla, Veracruz, que he dejado descritas en los incisos que anteceden dentro de este capítulo, cuya suma total asciende a la cantidad de $8'373,855.88 (ocho millones trescientos setenta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 88/100 M.N.), retenida por el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, toda vez que, a la fecha, ha sido omiso en depositar al Municipio de Nautla, Veracruz, los recursos económicos por dichos conceptos; razón por la cual deberá condenárseles al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones, por el retraso injustificado en su entrega a mi representado."

SEGUNDO.—Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:

El Municipio ha gestionado ante diversas autoridades la entrega de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por la cantidad de $1'941,644.88 (un millón novecientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 88/100 moneda nacional), por los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis; del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, por la cantidad de $2'562,257.00 (dos millones quinientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), por los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis; de los remanentes bursátiles derivados del fideicomiso irrevocable emisor, de administración y pago número F-998, por la cantidad de $326,929.50 (trescientos veintiséis mil novecientos veintinueve pesos 50/100 moneda nacional), por la parte correspondiente de dos mil dieciséis; y del Fondo de Caminos y Puentes Federales, por la cantidad de $3'543,024.50 (tres millones quinientos cuarenta y tres mil veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional); todo lo cual asciende a la suma total de $8'373,855.88 (ocho millones trescientos setenta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 88/100 moneda nacional).

Específicamente, en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, no se ha dado una respuesta clara, habiéndose sólo informado, de manera verbal, que se retendría el pago de los referidos recursos, al haberse recibido órdenes en este sentido.

TERCERO.—Los conceptos de invalidez que hace valer el actor son, en síntesis, los siguientes:

Se vulnera el principio de integridad de los recursos municipales, que prevé el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, al no existir norma que autorice omitir su entrega, ni actualizarse alguno de los supuestos en que la Suprema Corte, conforme a la normatividad aplicable, permite su retención.

Así también, el principio de libre administración hacendaria, pues, además de no haber recibido los recursos federales de forma puntual, efectiva y completa, se le ha impedido disponer oportunamente de los mismos, violando con ello su autonomía financiera y el derecho de sus habitantes al desarrollo social.

La intervención del Estado respecto de participaciones federales que corresponden al Municipio es de simple mediación administrativa y, respecto de aportaciones federales que se le asignen, de mediación, control y supervisión en su manejo, mas no de disposición, suspensión o retención.

En este sentido, la omisión de pago de tales recursos transgrede el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, así como el sistema nacional de coordinación fiscal, conforme al cual su entrega extemporánea genera intereses.

CUARTO.—El Municipio actor considera violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Por auto de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 228/2016 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Eduardo Medina Mora I.

Mediante proveído de nueve de diciembre siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado –no así a la Secretaría de Finanzas y Planeación, a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, a la Dirección de Cuenta Pública, ni a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso Local, por tratarse de órganos internos o subordinados a dichos poderes–, a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación; y mandó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO.—Por oficio recibido el dieciséis de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Armando Madrid Pérez, en su carácter de síndico del Municipio de Nautla, Estado de Veracruz, en alcance a su demanda y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, manifestó que, mediante oficio número 004, de once de enero de dos mil diecisiete, el tesorero Municipal informó que la cantidad de $2'562,257.00 (dos millones quinientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), reclamada originalmente por concepto de "Fondo de Extracción de Hidrocarburos para los ejercicios fiscales 2015 y 2016", aún no era exigible, puesto que el Congreso Local no había autorizado la celebración del convenio de coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación; al margen de la cual se adeudaba la cantidad cierta –notificada de manera oficial– de $640,675.40 (seiscientos cuarenta mil seiscientos setenta y cinco pesos 40/100 moneda nacional), por el mismo concepto; lo que obligaba a aclarar y rectificar el monto demandado por dicho fondo.

SÉPTIMO.—Mediante acuerdo de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, el Ministro instructor previno al Municipio actor para el efecto de que aclarara si era su intención promover ampliación de demanda y, de ser el caso, presentara el escrito correspondiente, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 22 de la ley reglamentaria de la materia.

OCTAVO.—Por oficio recibido el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Armando Madrid Pérez, en su carácter de síndico del Municipio de Nautla, Estado de Veracruz, promovió ampliación de demanda, en la que impugnó del Poder Ejecutivo Estatal el siguiente acto:

"1. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Marítimas. De la autoridad señalada, se demanda la invalidez de las órdenes y/o instrucciones y/o autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para omitir la entrega y retener las participaciones y aportaciones federales que corresponden al Municipio de Nautla, Veracruz, por el concepto del Programa de Apoyos Económicos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Marítimas del ejercicio fiscal 2015, por $357,698.04 y, con respecto a los meses de enero a septiembre del ejercicio fiscal 2016, un monto de $282,977.36, dando un total de $640,675.40 (seiscientos cuarenta mil seiscientos setenta y cinco pesos 40/100 M.N.), que han sido retenidos por el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, toda vez que, a la fecha, no han sido depositados al Municipio de Nautla, Veracruz, los recursos económicos por dicho concepto; precisando y aclarando que estas cantidades son de plazo vencido, legalmente exigibles e ilegalmente retenidas en detrimento de la hacienda municipal."

NOVENO.—Los antecedentes del caso narrados en la ampliación son los siguientes:

Mediante oficio número 87, de quince de noviembre de dos mil dieciséis, el tesorero informó al síndico que el Gobierno del Estado adeudaba al Municipio recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, de los remanentes bursátiles derivados del fideicomiso irrevocable emisor, de administración y pago número F-998 y del Fondo de Caminos y Puentes Federales, por una cantidad total de $8'373,855.88 (ocho millones trescientos setenta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 88/100 moneda nacional); lo que motivó la presentación de la demanda de controversia constitucional.

Mediante diverso oficio número 004, de once de enero de dos mil diecisiete, el tesorero informó al síndico que el monto de $2'562,257.00 (dos millones quinientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Marítimas, aún no era exigible, puesto que el Congreso Local no había autorizado la celebración del convenio de coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación; al margen del cual se adeudaba el monto cierto –notificado de forma oficial– de $640,675.40 (seiscientos cuarenta mil seiscientos setenta y cinco pesos 40/100 moneda nacional), por el mismo concepto; por lo que el monto corregido y conciliado que debía demandarse por dicho fondo era este último que, junto con los demás conceptos reclamados, suman la cantidad total de $6'452,274.28 (seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y cuatro pesos 28/100 moneda nacional).

DÉCIMO.—Los conceptos de invalidez que hace valer el actor en la ampliación son los mismos que planteó en la demanda.

DÉCIMO PRIMERO.—En acuerdo de treinta de enero de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió la ampliación de demanda, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que pudieran advertirse en forma fehaciente al dictar sentencia; tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado, al que ordenó emplazar para que formulara su contestación; y mandó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

DÉCIMO SEGUNDO.—El Poder Legislativo del Estado de Veracruz contestó la demanda en los siguientes términos:

a) No existe dentro de la estructura orgánica del Congreso del Estado la autoridad denominada "Contaduría Mayor de Hacienda", que el Municipio actor señala como demandada; razón por la cual, el Poder Legislativo Local no debió ser llamado a juicio.

b) El Poder Legislativo Estatal carece de legitimación pasiva, al no haber ordenado, ni tomado parte en la retención de los recursos federales, pues sólo aprueba la forma en que éstos se asignarán, pero no los recibe, ni se encarga de su distribución.

c) Por la misma razón, se actualiza la causa de sobreseimiento que se prevé en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia.

DÉCIMO TERCERO.—Al dar contestación a la demanda, el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz señaló lo siguiente:

a) Causas de improcedencia

1. Se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, por haberse presentado extemporáneamente la demanda, pues el actor, en todo caso, controvierte un retraso en la entrega de recursos, en relación con el cual manifiesta conocer las fechas límite de pago y el momento a partir del que se generó y debió haberlo combatido.

2. Se actualiza el motivo de sobreseimiento establecido en la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria, por inexistencia de la supuesta falta de regularización en la entrega de recursos, ya que la administración que entró en funciones el uno de diciembre de dos mil dieciséis ha llevado acciones tendientes a dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal.

3. Se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, ante la falta de agotamiento de la vía legalmente prevista para la solución del conflicto, pues el pago de intereses, al no implicar una violación directa e inmediata a la Constitución Federal, debe reclamarse a través del medio previsto en las leyes de coordinación fiscal federal y estatal.

b) Refutación de argumentos de invalidez

Mediante oficio SG-DGJ/0025/01/2017, se solicitó información a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado; sin embargo, aún no se cuenta con ella. Una vez que sea remitida, se advertirá que existe discrepancia entre las cantidades reclamadas por el Municipio actor y aquellas que realmente se encuentran pendientes de pago.

DÉCIMO CUARTO.—Al dar contestación a la ampliación, el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz señaló lo siguiente:

a) Causa de improcedencia

Se actualiza el motivo de sobreseimiento que se establece en la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria, por inexistencia de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y aprobaciones para retener recursos e inexistencia de la retención de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, ante la manifestación expresa del actor en el sentido de que no son todavía exigibles.

b) Refutación de argumentos de invalidez

En caso de que asista razón al Municipio actor, sólo se pagarán las cantidades que no le hayan sido transferidas, de conformidad con las documentales que han sido solicitadas a la tesorería del Estado.

DÉCIMO QUINTO.—El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.

DÉCIMO SEXTO.—Sustanciado el procedimiento, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO SÉPTIMO.—En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, al no impugnarse normas de carácter general.

SEGUNDO.—Enseguida, se abordará el estudio de la legitimación de quien promovió la controversia constitucional.

Conforme a los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia,(1) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En el caso, promueve la demanda de controversia constitucional en representación del Municipio actor, Jorge Armando Madrid Pérez, en su carácter de síndico, lo que acredita con la copia certificada de la constancia de mayoría expedida por el Consejo Municipal de Nautla, dependiente del Instituto Electoral Veracruzano, en la que consta que fue electo para ocupar dicho cargo por el periodo dos mil catorce - dos mil diecisiete.(2)

De acuerdo con el artículo 37, fracción I,(3) de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, corresponde al síndico la representación jurídica del Municipio; por lo que procede reconocer su legitimación para promover el presente medio de control.

Así también, la del propio Municipio actor para instar la vía, al ser uno de los entes mencionados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.

TERCERO.—A continuación, se analizará la legitimación de las autoridades demandadas, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en tanto dichas partes son las obligadas por ley para satisfacer las pretensiones del actor, en caso de que éstas resulten fundadas:

Conforme a los artículos 10, fracción II(4) y 11, párrafo primero –antes citado–, de la ley reglamentaria, serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

En el presente caso, son autoridades demandadas los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz.

1. En representación del Poder Ejecutivo Local, compareció a juicio Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de gobernador, lo que acredita con copia certificada de la constancia de mayoría expedida por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral el doce de junio de dos mil dieciséis.(5)

De conformidad con el artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Veracruz,(6) en el gobernador recae la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, al que se atribuyen las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones para omitir la entrega y retener, así como la omisión en la entrega y retención y el pago de intereses, de diversos recursos federales.

De este modo, debe reconocerse la legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, así como de quien comparece en su representación.

2. En representación del Poder Legislativo Local compareció a juicio María Elisa Manterola Sainz, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso Estatal, lo que acredita con la copia del ejemplar del Periódico Oficial de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el que consta el acuerdo relativo a la integración de dicho órgano durante el año legislativo comprendido del cinco de noviembre de dos mil dieciséis al cuatro de noviembre de dos mil diecisiete, del que se desprende que fue electa para ocupar tal cargo.(7)

De acuerdo con el artículo 24, fracción I, de la Ley Número 72 Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz,(8) el presidente de la mesa directiva cuenta con la representación legal del Congreso, en el que se deposita el Poder Legislativo Estatal, al que también se atribuyen las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones para omitir la entrega y retener, así como la omisión en la entrega y retención y el pago de intereses, de diversos recursos federales.

Al respecto, el Poder Legislativo Local manifiesta que carece de legitimación pasiva, al no haber ordenado, ni tenido intervención en la retención de los referidos recursos federales, puesto que sólo aprueba la forma en que éstos se asignarán, pero no los recibe, ni se encarga de su distribución; lo cual debe estimarse fundado por lo que se refiere a la omisión en la entrega y retención de tales recursos y el pago de intereses, pues, conforme a la normatividad local, corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ministrar los recursos que la Federación transfiere a los Municipios por conducto de los Estados.

De este modo, debe reconocerse la legitimación pasiva del Poder Legislativo del Estado de Veracruz solamente por lo que respecta a las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones para omitir la entrega y retener los fondos referidos; así como de quien comparece en su representación.

CUARTO.—Acto continuo, deben precisarse los actos que se tendrán como impugnados en la controversia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(9) y la tesis de jurisprudencia número P./J. 98/2009, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(10)

Aun cuando en su demanda el Municipio actor hace referencia a retenciones y omisiones en la entrega, no precisa que ya se le hubieran ministrado los recursos; mucho menos señala alguna fecha en la que se hubiera hecho dicha entrega en forma posterior a lo previsto en las disposiciones aplicables. Por el contrario, manifiesta que, a la fecha de presentación de la demanda, subsiste la omisión de entregar los fondos federales.

De lo anterior se advierte que el actor en realidad controvierte la omisión en la entrega de los recursos federales que refiere, pues sus manifestaciones ponen en evidencia que afirma no tener conocimiento de que se hubiera hecho, hasta la fecha de presentación de su demanda, la entrega respectiva.

Así también, aun cuando en diversos apartados de la demanda se hace referencia al "Fondo de Extracción de Hidrocarburos para los ejercicios fiscales 2015 y 2016"; específicamente, en el apartado VI, numeral 3, se reclama el pago del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, establecido en el artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, además de que, como anexos, únicamente se presentaron documentales relacionadas con este fondo, en regiones marítimas, tales como el oficio número 465, mediante el cual el presidente municipal remitió a la presidenta de la Diputación Permanente el acta de sesión extraordinaria de Cabildo de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la que el Ayuntamiento autorizó el convenio de coordinación para la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del referido fondo, por los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis; el oficio número 468, en el que el presidente municipal solicitó a la presidenta de la Diputación Permanente autorización para celebrar el referido convenio con la Secretaría de Finanzas y Planeación y, al efecto, adjuntó, además del acta de sesión de Cabildo señalada, la de veintiocho de octubre siguiente, en la que se acordó la propuesta de obras a realizar con recursos de dicho fondo, por los ejercicios dos mil quince y dos mil dieciséis; los oficios con números SSE/1187/2016, SSE/1188/2016, SSE/1369/2016 y SSE/1541/2016, por medio de los cuales la dependencia mencionada informa al presidente municipal las cantidades que corresponden al Municipio, por concepto de tal fondo, por el ejercicio dos mil quince, el periodo de enero a junio de dos mil dieciséis y los meses de julio y agosto de este año; el oficio número 463, en el que el presidente y el tesorero del Municipio comunican al tesor

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28775-4a7a79c0/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-inexistencia-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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