CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ORDEN MUNICIPAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER LA LEY EXPEDIDA POR LAS LEGISLATURAS ESTATALES PARA QUE PUEDAN INSTAURARSE LOS ÓRGANOS RELATIVOS. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos, en contra del voto del señor Ministro Sergio A. Valls Hernández) CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ORDEN MUNICIPAL. OBLIGACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE SUBSANAR LA OMISIÓN CONSISTENTE EN EXPEDIR EN UNA LEY EN SENTIDO FORMAL Y MATERIAL EL ORDENAMIENTO LEGAL A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 169 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE AQUELLA ENTIDAD, QUE CONTENGA LAS BASES DE INTEGRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANISMOS CONTENCIOSOS NECESARIOS PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS ADMINISTRATIVAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS GOBERNADOS. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos, en contra del voto del señor Ministro Sergio A. Valls Hernández)
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 61/2010. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 14 DE JUNIO DE 2012. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA Y LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de junio de dos mil doce, por el que se emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 61/2010, promovida por el Municipio de San Pedro Garza García del Estado de Nuevo León, en contra de los actos y omisiones que más adelante se señalan; y,
I. Trámite
1. Presentación de la demanda, poderes u órganos demandados y actos impugnados. Por escrito recibido el siete de septiembre de dos mil diez en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mauricio Fernández Garza, Hiram Luis de León Rodríguez y Roberto Hugo Ruiz Cortés, ostentándose como presidente, síndico segundo y secretario, respectivamente, del Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional, en la que demandaron la invalidez de lo siguiente:
a) La omisión en la discusión y aprobación de las disposiciones en materia municipal que establezcan la integración, funcionamiento y atribuciones del órgano de lo contencioso municipal, conforme a las disposiciones del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que efectivice los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre la administración pública municipal y los particulares.
b) El sostenimiento de la competencia -asunción del servicio municipal- y la intromisión en el ámbito municipal, por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Nuevo León, no obstante la institución del órgano de lo contencioso administrativo municipal en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal de la entidad.
c) La vigencia y operatividad del contenido de los artículos 47, fracción VII y 56, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que establecen la desaparición del Ayuntamiento y la suspensión o revocación del mandato, respectivamente, si no se someten al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
Señalaron como autoridades demandadas al:
a) Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
b) Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
c) Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León.
2. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, en síntesis, son los siguientes:
a) Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se reformó el artículo 115 de la Constitución Federal, incorporando al ámbito municipal la "función jurisdiccional" que estableció la tarea, a cargo de las Legislaturas Estatales, de expedir las leyes que contengan las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares. En las disposiciones transitorias del citado decreto se estableció, por una parte, la entrada en vigor del decreto de reforma a los noventa días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación y, por otra, la obligación a cargo del Poder Legislativo Estatal de adecuar la Constitución Local y leyes a más tardar un año a partir de la entrada en vigor del mencionado decreto.
b) El primero de agosto de dos mil dos, el presidente, síndico segundo y secretario del Ayuntamiento, todos del Municipio de San Pedro Garza García, promovieron la controversia constitucional 46/2002, en la que demandaron del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León la omisión en la expedición de las disposiciones legales en materia municipal sobre las bases del procedimiento administrativo, incluyendo medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre la administración pública municipal y los particulares. Por mayoría de siete votos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, en sesión de diez de marzo de dos mil cinco, declaró procedente y fundada la citada controversia, por lo que condenó al Congreso de la entidad a proceder en los términos de la mencionada controversia.
c) En cumplimiento a la resolución anterior, mediante Decreto 264, publicado en el Periódico Oficial del Estado de veintidós de julio de dos mil cinco, se aprobó la reforma por la que se modificaron y adicionaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado. En esta última ley, en los artículos 169 y 170, se instituyó el órgano de lo contencioso administrativo municipal, cuya integración, funcionamiento y atribuciones se desarrollarían en el ordenamiento legal que, al efecto, expidiera el Congreso Local.
d) A la fecha, no se ha celebrado convenio entre el Municipio de San Pedro Garza García de Nuevo León, con el Gobierno del Estado y/o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Estatal, por el que se convenga la prestación de la función jurisdiccional, la facultad para conocer y dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública municipal. Además, la facultad de celebrar convenios se refiere únicamente a las fracciones III y IV del artículo 115 de la Constitución Federal, por lo que no es objeto de convenio la facultad de dirimir controversias entre la administración pública municipal y los particulares. Tampoco se ha aprobado por dos tercios de sus integrantes la solicitud para que el Gobierno del Estado y/o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado asuma la función de dirimir controversias entre la administración pública municipal y los particulares, considerando la imposibilidad de prestar el servicio o ejercer la función.
3. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor, en síntesis, son los siguientes:
a) Primer concepto. Violación a los artículos constitucionales 40, 41, párrafo primero, 115, fracción II, inciso a), 120, 128 y 133, así como al artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por el que se reformó la Constitución Federal.
El Municipio actor se duele de la omisión en que ha seguido incurriendo el Congreso Local de establecer la integración, funcionamiento y atribuciones de los organismos contenciosos municipales, a fin de efectivizar la función jurisdiccional municipal, ya que es un deber constitucional instaurar los medios de defensa en el ámbito municipal para dirimir las controversias entre la administración pública municipal y los particulares. El silencio del legislador, en cuanto a la integración, funcionamiento y atribuciones del órgano de lo contencioso administrativo municipal, además de que constituye una afectación en el cúmulo de atribuciones municipales, se instrumenta la intromisión del órgano estatal en el ámbito municipal, pues permite la intromisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado en la esfera municipal, lo que es "el asalto a la autonomía municipal" pues, con ello, se permite un control político legal por parte del órgano del Estado.
b) Segundo concepto. Violación a los artículos 40, 41, párrafo primero, 115, fracción II, incisos a), c) y d), 120, 128 y 133 de la Constitución Federal.
El Municipio actor señala que se infringen los artículos citados cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado asume la función municipal, sin que se haya celebrado convenio por el que se entregue la función contencioso administrativa al Estado, ni tampoco se ha aprobado por dos tercios de sus integrantes la solicitud para que el Gobierno del Estado y/o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado asuma la función de dirimir controversias entre la administración pública municipal y los particulares, considerando la imposibilidad de prestar el servicio o ejercer la función.
Agrega que, por disposición del artículo 115, fracción II, incisos a), c) y d), de la Constitución Federal, los órganos estatales no pueden ejercer las funciones municipales si no es por virtud del convenio que, al efecto, se celebre entre la municipalidad y el Estado, por el que se pacte la prestación del servicio o el ejercicio de la función por el Estado, o ya sea por decisión de la legislatura para que opere la asunción del servicio a petición del Ayuntamiento, aprobada por dos tercios de sus integrantes, ante la imposibilidad de prestar el servicio o ejercer la función. Además, dicha función no se contempla como materia de los convenios a los que se refiere la fracción II, inciso c), del artículo 115 constitucional.
En virtud de la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los Municipios deben ejercer la función jurisdiccional, debiendo existir los órganos de lo contencioso administrativo, establecida su integración, funcionamiento y con la atribución de dirimir las controversias entre la administración pública municipal y los particulares, apareciendo la inconstitucionalidad en el trámite y resolución de los medios de impugnación seguidos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado. Cita en apoyo a su argumentación la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO."
Por lo anterior, solicita que se regularice el ámbito de sus facultades municipales y se impida la continuación en la intromisión del orden municipal al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, y que se le restituya en el goce y ejercicio de su potestad municipal, ya que conforme a lo que ordena la Constitución, el Municipio, como instancia política más cercana a la población, debe dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública municipal, al ser su facultad exclusiva.
4. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como violados los artículos 40, 41, párrafo primero, 115, fracción II, incisos a), c) y d), 120, 133 y el segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para que fungiera como instructor.(1)
6. El Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo por presentados al presidente municipal y al síndico segundo, ambos del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, del Estado de Nuevo León, y no así a quien se ostentó como secretario del citado Ayuntamiento; ello en virtud de que la representación del Municipio recae en los citados presidente municipal y síndico. Asimismo, ordenó emplazar a las autoridades demandadas, Poderes Legislativo y Ejecutivo y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, todos del Estado de Nuevo León, para que formularan su contestación, y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(2)
7. Posteriormente, en sesión privada del Tribunal Pleno, se determinó que los asuntos en trámite y pendientes de resolución de la ponencia del Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se returnaran, conforme al registro que se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos, entre los Ministros integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que resultó que este expediente se returnara al Ministro José Ramón Cossío Díaz.(3)
8. Contestación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León. Este tribunal, al contestar la demanda, señaló que los argumentos del Municipio actor deben declararse inoperantes, en síntesis, por lo siguiente:
9. No es cierto que la función jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Nuevo León esté invadiendo las atribuciones que le corresponden al Municipio actor, en virtud de lo dispuesto en el artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal, al conocer las controversias suscitadas entre los particulares y la administración pública municipal de la citada localidad.
10. Que de conformidad con la Ley de Justicia Administrativa para la entidad, se encuentra dotado de facultades no sólo para conocer, sino también para resolver las controversias que ocurran entre los particulares y el Estado, los Municipios, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal, cuando estas últimas realicen funciones administrativas de autoridad.
11. De conformidad con el artículo 63 de la Constitución Local, el Poder Legislativo está facultado para constituir, mediante las leyes, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual conocerá de las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública municipal, central o paramunicipal, en los casos en que los Municipios no cuenten con un órgano de lo contencioso administrativo municipal.
12. Que no está asumiendo ninguna función que le haya sido conferida por la Constitución Local a los Municipios de dicho Estado para que éstos diriman las controversias antes referidas, sino que desarrolla su encomienda, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, la que le permite conocer y resolver los conflictos o controversias suscitadas entre los particulares y los Municipios.
13. El Municipio actor, en los juicios contenciosos administrativos en los que éste o sus autoridades han sido designados como autoridades demandadas, no han acreditado ni informado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Nuevo León que ya cuente con un órgano de lo contencioso administrativo municipal, por lo que, al no haberlo hecho, ese tribunal tiene plenas facultades para seguir conociendo de esas controversias, sin que con ello se infrinjan los artículos 40, 41, párrafo primero, 115, fracción II, incisos a), c) y d), 120, 128 y 133 de la Constitución Federal.
14. Destaca que ya esa Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en la controversia constitucional 1/95, determinando que en la actuación del referido tribunal, al resolver conflictos o controversias entre la administración pública municipal y los particulares, no existe una invasión de la esfera competencial de los Municipios. Derivando de dicha controversia la tesis de jurisprudencia, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN XLV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PROPIO ESTADO Y 15 DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL, NO VULNERAN LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS."
15. El Poder Legislativo del Estado de Nuevo León. Este poder, al contestar la demanda, señaló, en síntesis, lo siguiente:
16. Es cierta la existencia de los antecedentes expresados por el Municipio actor, pero no ha incumplido con los mandatos constitucionales en materia municipal, publicados en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
17. Es notoriamente improcedente la impugnación de los artículos 47 y 56 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, por no haberlos combatido en los términos señalados por la ley que regula el presente asunto.
18. Se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el diverso numeral 11, primer párrafo, del ordenamiento citado, porque el Municipio actor carece de legitimación procesal para acudir en esta vía, dado que en ningún momento acredita que la decisión de promover la controversia constitucional haya surgido de una decisión colegiada del Ayuntamiento y, ante la ausencia de un acta de Cabildo que avale dicha cuestión, resulta que los firmantes de la controversia constitucional carecen de legitimación procesal para acudir en la vía propuesta. No existe disposición alguna que establezca que el presidente municipal y el síndico segundo estén facultados expresamente para presentar controversias constitucionales, pues la actuación de los funcionarios no puede estar por encima de sus propias facultades.
19. Es notoriamente improcedente la controversia constitucional, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que se reclama el mismo acto de omisión deducido en la diversa controversia constitucional 46/2002, y que, en cumplimiento a la sentencia de la citada controversia, el Poder Legislativo Local realizó una serie de reformas y modificaciones al marco jurídico del Estado de Nuevo León y que, además, por auto de trece de junio de dos mil siete, el presiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tuvo por cumplida.
20. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el Municipio actor ha tenido la oportunidad legal y sin limitación alguna de subsanar la omisión impugnada, ya que cuenta con la facultad de iniciativa, aunado a que carece de interés legítimo para ejercitar la acción, pues no puede considerarse que las omisiones impugnadas produzcan una afectación en su esfera jurídica, ya que, al no ejercitar su derecho a iniciativa, consintió lo que ahora señala como afectación, pues al tener la facultad de ser parte del proceso legislativo no ha agotado las instancias legales para ello, lo que, en su momento, hubiere solucionado el reclamo que ahora intenta.
21. Se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, ya que no puede quedar al arbitrio del Municipio actor denunciar una omisión de una ley en los tiempos que él disponga, cuando ha tenido la oportunidad para hacerlo en distintas ocasiones; es por ello que los términos para la interposición de la demanda deben ser con base en lo establecido por el artículo 21 de la citada ley. En este sentido, los artículos 47 y 56 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León fueron publicados no hace menos de diez años, además de que no menciona la fecha en que se haya hecho la aplicación de los referidos artículos.
22. Ha sido omiso en adecuar sus normas jurídicas al marco constitucional municipal, tan es así que, mediante Decreto 264, publicado en el Periódico Oficial del Estado de veintidós de julio de dos mil cinco, reformó diversas leyes para adecuarlas a la Constitución Federal, mismas que se reflejaron, entre otros, en los artículos 63, fracción XLV, de la Constitución Local, y 169 y 170 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León. Por lo que, contrario a lo argumentado por el Municipio actor, la legislación de Nuevo León otorga potestad a sus Municipios de crear sus propios órganos de lo contencioso administrativo y así resolver las controversias que se susciten entre la administración municipal y los particulares, previendo a favor del gobernado competencia al Tribunal Administrativo del Estado ante la falta de un órgano contencioso municipal.
23. Contrario a lo manifestado por el Municipio actor, en el sentido de atribuirle omisión legislativa al Congreso Local, por no establecer bases para la regulación de materias, procedimientos y funciones, el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León fija las bases para que los Municipios puedan expedir sus respectivos reglamentos, por lo que no ha sido omiso en adecuar el marco normativo del Estado de Nuevo León a las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; tan es así que el Máximo Tribunal de la Nación así lo reconoció mediante proveído de trece de junio de dos mil siete.
24. El Decreto 264 expedido por la Legislatura Local y publicado en el Periódico Oficial de la entidad de veintidós de julio de dos mil cinco, adicionó un título séptimo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal local denominado "Del procedimiento contencioso", el cual contempla la posibilidad de que cada Municipio cuente con su propio órgano de lo contencioso administrativo; asimismo, el ordenamiento citado contiene todo un capítulo que establece las bases generales a las cuales deberán sujetarse los Municipios para expedir sus respectivos reglamentos.
25. El marco legal en Nuevo León en materia municipal está debidamente adecuado al marco constitucional federal, ya que existen los ordenamientos necesarios para que cada Municipio decida instituir su propio órgano de lo contencioso administrativo.
26. Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. Este poder, al contestar la demanda, señaló, en síntesis, lo siguiente:
27. La omisión impugnada no es un acto atribuible al gobernador.
28. Es cierto que por decreto publicado el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente el artículo 115, y que es cierto que publicó, circuló, cumplió e hizo cumplir las leyes a que se refiere el citado decreto, atento a lo dispuesto por el artículo 85, fracción X, de la Constitución Local.
29. Es cierto que no se ha celebrado convenio alguno entre el Municipio actor y el Gobierno del Estado por el que se convenga la prestación de la función jurisdiccional y la facultad para conocer y dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública municipal.
30. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que la demanda se plantea fuera de los plazos previstos en el artículo 21 de la citada ley. En el caso, el Municipio actor reclama como actos inconstitucionales los autos admisorios de los juicios de nulidad 457/2010, 496/2010, 510/2010, 535/2010, 552/2010, 561/2010 y 610/2010, que se tramitan en el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, de los cuales se advierte que el más antiguo de ellos es el juicio 457/2010, cuya admisión le fue notificada al Municipio actor el seis de julio de dos mil diez, y toda vez que la demanda se presentó el siete de septiembre del mismo año, es evidente que transcurrieron en exceso los treinta días a que hace referencia el artículo 21 antes señalado.
31. De igual forma, se actualiza la causa de improcedencia señalada en el punto anterior, respecto de los artículos 47, fracciones VII y 56, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en virtud de que transcurrieron en exceso los treinta días para promover la controversia constitucional, ya que el plazo empezó a contar a partir del veintiocho de enero de mil novecientos noventa y uno, fecha en la que se publicó la ley impugnada. Aunado a que suponiendo sin conceder que se trate de un error en la cita de los artículos impugnados, la causa de improcedencia igualmente se actualiza, ya que el veintiocho de abril de dos mil seis se publicó la última reforma a dicha legislación, por lo que, si la demanda se presentó el siete de septiembre de dos mil diez, es evidente que transcurrieron en exceso los días a que se refiere el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.
32. Se actualiza el motivo de sobreseimiento previsto en el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, porque no se demuestra que al Municipio actor se le hayan aplicado por primera vez los artículos 47, fracción VII y 56, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, tampoco existe constancia que acredite que el Ayuntamiento del Municipio actor esté en proceso de desaparición, o bien, que el Congreso Local esté por declarar o haya declarado la revocación del mandato de alguno o algunos de los miembros del citado Ayuntamiento, por no someterse al Tribunal Contencioso Administrativo del Estado.
33. Es incorrecta la interpretación que el Municipio actor pretende dar a los ordenamientos que cita (169 y 170 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León), ya que de la lectura de los mismos se aprecia que no existe disposición alguna que establezca que sea el Congreso Local quien debe definir la integración, funcionamiento y atribuciones de los organismos contenciosos. El referido artículo 169 establece que son los Ayuntamientos quienes podrán crear los órganos necesarios para dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la administración pública municipal y los gobernados, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad, por lo que son los Municipios quienes determinarán el ordenamiento legal correspondiente y no el Congreso Local, como pretende hacerlo creer el Municipio actor.
34. Por su parte, el diverso artículo 170 establece que, contra los actos y resoluciones administrativas que dicten o ejecuten las autoridades municipales, los particulares afectados podrán promover el medio de defensa que corresponda ante el órgano de lo contencioso administrativo, y que, de no existir en el Municipio correspondiente un órgano de lo contencioso administrativo, el particular podrá acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Por lo que quien debió, en todo caso, dictar las disposiciones legales correspondientes, son los Municipios, pues a disposición expresa del numeral 169 se les faculta para crear los órganos necesarios, para dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la administración pública municipal y los gobernados con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad, y solamente en aquellos casos en los que en los Municipios no exista un Tribunal Contencioso que dirima esas controversias será el Tribunal Contencioso del Estado quien lo haga.
35. Por otro lado, el Municipio actor ignora la obligación de impartir justicia a los particulares, en atención a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, pretendiendo lograr, a través del presente medio constitucional, que sus actos queden fuera de cualquier control jurisdiccional, ya que el Municipio actor no cuenta con un tribunal jurisdiccional municipal, al cual pueda recurrir el gobernado a reclamar actos que considere arbitrarios del citado Municipio, y pretende sustraerse de la jurisdicción del Tribunal Contencioso Estatal, argumentando violaciones a su autonomía municipal inexistentes. Por lo que no debe permitirse que el Municipio actor deje a los particulares sin defensa, ya que ningún conflicto en el que los particulares soliciten la impartición de justicia por parte del Estado puede quedarse sin resolver por falta de un tribunal, pues ello equivaldría a dejarle tanto al particular como a la autoridad el que se haga justicia por su propia mano.
36. Es falso que los artículos que disponen sanciones, por no acatar las determinaciones del citado tribunal estatal, no pueden ser conculcatorias del ámbito municipal, ni tampoco se requiere un acuerdo de la aprobación del Cabildo para que el multicitado tribunal asuma la función de dirimir las controversias como erróneamente se refiere en su demanda.
37. En relación al reclamo que se hace del gobernador local en la participación en el procedimiento legislativo que tuvo como consecuencia la expedición de la ley, cuya invalidez se pide, dicha participación se encuentra apegada a derecho, pues los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento. Además de que no existen conceptos de invalidez por vicios cometidos en el procedimiento legislativo.
38. Opinión del procurador general de la República: Este funcionario, al rendir su opinión, manifestó, en síntesis, lo siguiente:
39. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional y quienes la promovieron gozan de legitimación procesal activa para ello.
40. Por lo que respecta a las normas generales impugnadas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del numeral 19 de la ley reglamentaria de la materia, pues tomando en cuenta que no se impugnan por su primer acto de aplicación, debe computarse el plazo a partir de la expedición de las normas impugnadas que data del veintiocho de enero de mil novecientos noventa y uno; en consecuencia, deviene en exceso extemporánea.
41. En cuanto a la omisión impugnada, el plazo para la presentación de la demanda se actualiza día a día, por lo que la misma fue presentada oportunamente. Asimismo, los actos impugnados relativos a la competencia, la inconstitucional asunción del servicio municipal y la intromisión en el ámbito municipal por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Nuevo León, al ser consecuencia de la omisión impugnada del Congreso Local, no hay duda que su impugnación deviene oportuna.
42
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24089-7a905347/contencioso-administrativo-en-el-orden-municipal-elementos-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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