CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI CON MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SE MODIFICA O DEROGA LA NORMA IMPUGNADA Y LA NUEVA NO SE COMBATE MEDIANTE UN ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR CESACIÓN DE EFECTOS.
BEBIDAS ALCOHÓLICAS. EL DECRETO NÚMERO 200 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS LOCALES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 18 DE MAYO DE 2011, NO DEFORMA LA FIGURA DE LA ASUNCIÓN DE FUNCIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO C), CONSTITUCIONAL, NI VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA DE LOS MUNICIPIOS. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El señor Ministro José Fernando Franco González Salas formuló reservas respecto de las consideraciones referidas a la autonomía municipal. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)
BEBIDAS ALCOHÓLICAS. EL DECRETO NÚMERO 200 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS LOCALES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 18 DE MAYO DE 2011, NO VIOLA LOS DERECHOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)
BEBIDAS ALCOHÓLICAS. EL DECRETO NÚMERO 200 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS LOCALES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 18 DE MAYO DE 2011, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA, LA FACULTAD DE INICIATIVA NI LA POTESTAD SANCIONADORA DE LOS MUNICIPIOS, CONTENIDOS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El señor Ministro José Fernando Franco González Salas formuló reservas respecto de las consideraciones referidas a la autonomía municipal. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)
BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LA EMISIÓN DEL DECRETO NÚMERO 200 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ORDENAMIENTOS LOCALES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 18 DE MAYO DE 2011, NO TRANSGREDE LA AUTONOMÍA NI LA FACULTAD REGLAMENTARIA DE LOS MUNICIPIOS. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El señor Ministro José Fernando Franco González Salas formuló reservas respecto de las consideraciones referidas a la autonomía municipal. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 60/2011. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 14 DE FEBRERO DE 2013. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de febrero de dos mil trece, por el que se emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 60/2011, promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, del Estado de Nuevo León, en contra de los actos y omisiones que más adelante se señalan; y,
I. Trámite
1. Presentación de la demanda, poderes u órganos demandados y actos impugnados. Por escrito recibido el uno de junio de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mauricio Fernández Garza, Hiram Luis de León Rodríguez y Roberto Ugo Ruiz Cortés, ostentándose como presidente municipal, síndico segundo y secretario, respectivamente, del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional en la que señalaron como autoridades demandadas y demandaron la invalidez de los siguientes actos:
2. Autoridades demandadas:
a) Poder Legislativo del Estado de Nuevo León
b) Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León
c) Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León
d) Secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León
e) Secretario de Educación del Estado de Nuevo León
f) Secretario de Salud del Estado de Nuevo León
3. Actos cuya invalidez se demandan:
4. a) Del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León se demanda la aprobación del Decreto Número 200, por el que se reforma la fracción XXXIX, y se adiciona la fracción XL del artículo 21, pasando la anterior fracción XL, a ser la fracción XLI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; se expide la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León; se adicionan las fracciones XXII y XXIII, y cuatro párrafos, posteriores al párrafo final, y se deroga la fracción I del artículo 276 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León; se adiciona con los artículos 58 Bis y 59 Bis, y se derogan las fracciones I, II, III, IV y V, y su último párrafo, de los artículos 58 y 59 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León; y en el segundo transitorio se abroga la Ley Estatal de Prevención y Combate al Abuso del Alcohol, decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de mayo de dos mil once.
5. Además, de la referida autoridad se demandan las consecuencias de hecho como de derecho, directas e indirectas, mediatas e inmediatas derivadas de la aprobación y futura aplicación de las leyes señaladas, publicadas en el Periódico Oficial del Estado en la fecha señalada.
6. b) Del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León se demanda la promulgación y orden de publicación del Decreto Número 200, por el que se reforma la fracción XXXIX, y se adiciona la fracción XL del artículo 21, pasando la anterior fracción XL, a ser la fracción XLI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; se expide la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León; se adicionan las fracciones XXII y XXIII, y cuatro párrafos, posteriores al párrafo final y se deroga la fracción I del artículo 276 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León; se adiciona con los artículos 58 Bis y 59 Bis, y se derogan las fracciones I, II, III, IV y V, y su último párrafo, de los artículos 58 y 59 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León; y en el segundo transitorio se abroga la Ley Estatal de Prevención y Combate al Abuso del Alcohol, decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de mayo de dos mil once.
7. Además, de la referida autoridad se demanda la omisión en la formulación y firma del convenio de coordinación con el Municipio de San Pedro Garza García, por el que se acuerda que el Gobierno del Estado se haga cargo de los servicios o se ejerzan las funciones relativas a la expedición, revocación, padrón, refrendo y demás actos relativos a las licencias para la venta o consumo del alcohol, o para que se ejerzan coordinadamente, definiendo los mecanismos para la coordinación, cooperación, colaboración o auxilio. Así como las consecuencias de hecho como de derecho, directas e indirectas, mediatas e inmediatas derivadas de la referida omisión.
8. c) Del secretario general de Gobierno, secretario de Finanzas y tesorero general, secretario de Educación y secretario de Salud, todos del Estado de Nuevo León, se reclama el refrendo y firma del Decreto Número 200, por el que se reforma la fracción XXXIX, y se adiciona la fracción XL del artículo 21, pasando la anterior fracción XL, a ser la fracción XLI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; se expide la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León; se adicionan las fracciones XXII y XXIII, y cuatro párrafos, posteriores al párrafo final, y se deroga la fracción I del artículo 276 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León; se adicionan los artículos 58 Bis y 59 Bis, y se derogan las fracciones I, II, III, IV y V, y su último párrafo, de los artículos 58 y 59 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León; y en el segundo transitorio se abroga la Ley Estatal de Prevención y Combate al Abuso del Alcohol, decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de mayo de dos mil once.
9. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, en síntesis, son los siguientes:
10. a) El seis de mayo de mil novecientos noventa y seis, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Reglamento para Regular la Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas y/o Cerveza en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
11. b) El trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Reglamento para Regular la Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
12. c) El cuatro de septiembre de dos mil dos, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el Reglamento que Regula la Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el cual abrogó el expedido el trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
13. d) El veinte de enero de dos mil tres, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el acuerdo por el que se reforman, por modificación y adición, diversos numerales del Reglamento que Regula la Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
14. e) El dos de abril de dos mil cuatro, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, la reforma por modificación, adición y derogación al Reglamento que Regula la Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
15. f) El veintisiete de noviembre de dos mil seis, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, la reforma por modificación, adición y derogación al Reglamento que Regula la Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
16. g) El veintitrés de noviembre de dos mil siete, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el Reglamento que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
17. h) El dieciocho de mayo de dos mil once, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el Decreto Número 200, por el que se reforma la fracción XXXIX, y se adiciona la fracción XL del artículo 21, pasando la anterior fracción XL, a ser la fracción XLI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; se expide la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León; se adicionan las fracciones XXII y XXIII, y cuatro párrafos, posteriores al párrafo final, y se deroga la fracción I del artículo 276 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León; se adiciona con los artículos 58 Bis y 59 Bis, y se derogan las fracciones I, II, III, IV y V, y su último párrafo, de los artículos 58 y 59 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León; y en el segundo transitorio se abroga la Ley Estatal de Prevención y Combate al Abuso del Alcohol.
18. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor en su escrito de demanda, en síntesis, son los siguientes:
19. a) Primer concepto. Se aduce violación a los artículos 21, 40, 41, 115, fracciones II, párrafo segundo, y III, inciso i), 120, 128 y 133 de la Constitución Federal.
20. El Municipio actor aduce que el decreto impugnado es inconstitucional, pues si bien el Congreso de la Unión y la Legislatura del Estado tienen la facultad de dictar las leyes encaminadas a combatir el alcoholismo, conforme al último párrafo del artículo 117 de la Constitución Federal, la expedición del decreto señalado incumple el deber de respeto a la autonomía municipal.
21. Lo anterior es así, toda vez que la ley abrogada por el decreto impugnado -Ley Estatal de Prevención y Combate al Abuso del Alcohol publicada en el Periódico Oficial del Estado el diez de septiembre de dos mil tres- reconocía ciertas funciones y servicios a cargo del Municipio, fundamentándose en el artículo 115, fracción III, inciso i), de la Constitución Federal. Dichas funciones y servicios fueron violentadas por las autoridades demandadas con la expedición del Decreto 200, sin la autorización previa por parte del Municipio, ni la celebración de un convenio de coordinación por el cual se autorizara que las antiguas funciones y servicios a cargo del Municipio pasaran a ser parte del Estado.
22. En el mismo concepto de invalidez argumenta que, conforme a lo que establecen los artículos 21 y 115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Federal, al Municipio corresponde la facultad reglamentaria para la expedición de los bandos de policía y buen gobierno. A su juicio, el control de la operación de los establecimientos y de la venta o consumo de bebidas alcohólicas es materia de policía y buen gobierno, con esto cumple el Municipio su deber de proveer para la disminución a los atentados al orden público y a la integridad física de las personas y los bienes.
23. Agrega, que al Municipio le incumbe el deber de verificar el cumplimiento que tienen todos los administrados de no perturbar el buen orden de la cosa pública, que se exterioriza en la necesidad pública de reglamentar, regular, ordenar, limitar e imponer sanciones por razón del bien común. Destacándose, que en el reparto de competencias, en las que concurren facultados los tres niveles de gobierno revistiendo al Municipio de facultades privativas y titulariza, en materias propias como las que se refieren la Ley Estatal de Prevención y Combate al Abuso del Alcohol publicada en dos mil tres, en desarrollo de la facultades que le otorgan los artículos 21 y 115, fracción II, de la Constitución Federal.
24. Es por ello, que el Municipio actor señala que la actividad policial en materia de control de la venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas, se presenta como una regulación de limitaciones a los provechos particulares, en el caso, respecto a sus relaciones con el bien común preponderante. Limitaciones administrativas que encajan dentro de la mecánica operativa de la administración pública municipal, siendo la función de policía parte de la función administrativa, sin autonomía de la totalidad de la actividad administrativa que desempeña la administración pública municipal.
25. Asimismo, argumenta que el hecho de que el decreto impugnado prevea la competencia de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado para expedir o negar las licencias, permisos especiales, emitir criterios para el otorgamiento de licencias, permisos especiales, cambio de giros y domicilio; otorgar refrendos, autorizar o negar el cambio de titular, domicilio o de giro de las licencias; expedir duplicados de las licencias; revocar las licencias; contar con un padrón; expedir circulares y disposiciones administrativas que establezcan criterios de interpretación para la aplicación de la nueva Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, conculca el orden constitucional que establecen los artículos 21, 115, fracciones II, segundo párrafo, y III, inciso i), de la Carta Magna, en perjuicio del Municipio de San Pedro Garza García.
26. b) Segundo concepto. Se aduce violación a los artículos 21, 40, 41, 115, fracciones II, inciso d), y III, inciso i), 120, 128 y 133 de la Constitución Federal.
27. El Municipio actor señala que se infringen los artículos señalados, toda vez que se da una asunción de sus facultades respecto a la regulación de la operación de los establecimientos, el control de la venta y consumo de bebidas embriagantes cuando no se encuentra imposibilitado para continuar con dichas funciones, las cuales forman parte de su función de policía.
28. Agrega, que el artículo 115, fracción II, inciso d), constitucional prevé los presupuestos para que opere la asunción de las funciones y servicios municipales, siendo requisitos constitucionales: a) que exista imposibilidad para ejercerlas o prestarlos; y, b) que exista solicitud del Ayuntamiento, aprobada por dos terceras partes de sus integrantes. A juicio del Municipio actor, ninguno de estos supuestos se actualizó para que las funciones que antes le correspondían al Ayuntamiento pasarán a ser del secretario de Finanzas y tesorero general del Estado de Nuevo León.
29. Por tanto, el Municipio actor argumenta que se deforma la figura constitucional de la asunción de las funciones y servicios, pues ésta es una medida excepcional que opera en tanto surge y persiste la imposibilidad en el ejercicio de las funciones y servicios municipales, a petición del Ayuntamiento, por mayoría calificada, que apareciendo la capacidad para el ejercicio de las funciones, la medida tiene un carácter temporal, ya que únicamente puede ejercerla el Gobierno Estatal por el tiempo estrictamente limitado a la imposibilidad municipal. Es por esto que no puede asumir el Estado la función municipal, en tanto el Municipio pueda hacer ejercicio de sus funciones, pues está obligado a respetar las funciones administrativas y políticas que les corresponden a las autoridades municipales, absteniéndose de cualquier intromisión o acto lesivo al orden municipal.
30. c) Tercer concepto. Se aduce violación a los artículos 21, 40, 41, 115, fracciones II y III, inciso i), 120, 128 y 133 de la Constitución Federal.
31. El Municipio actor insiste que el decreto impugnado atenta contra la esfera municipal e incumple el deber de respeto a la autonomía municipal, afectando la función policial municipal, al prever que las competencias de expedir o negar las licencias o permisos especiales, emitir criterios para el otorgamiento de licencias, permisos especiales, cambios de giros y domicilio; otorgar refrendos, autorizar o negar el cambio de titular, domicilio o de giro de las licencias; expedir duplicados de las licencias; revocar las licencias; contar con un padrón; expedir circulares y disposiciones administrativas que establezcan criterio de interpretación para la aplicación del ordenamiento legal, dejan de ser parte de las autoridades municipales para pasar al ámbito estatal, en específico, a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.
32. Agrega, que los impactos de giros negros en la vida de la ciudad, el establecimiento de cabarets, casinos, casas y establecimientos de apuestas, cantinas, centros nocturnos y establecimientos con espectáculos de desnudos, entre otros, deben ser controlados exclusivamente por el Municipio, por ser éste el encargado directo e inmediato de la seguridad pública. La operación de los giros antes mencionados es un factor multiplicador de delitos, pues generan crecimiento en el tráfico y consumo de drogas, prostitución, delincuencia organizada y propician comportamientos que devienen en el deterioro social, el rompimiento familiar, desempleo y adicciones. La seguridad pública es un deber irrenunciable del Municipio, pues así lo señalan los artículos 21 y 115, fracción II, de la Constitución Federal.
33. Es por esto que la subordinación y absorción de la función policial que se prevé en el decreto impugnado, afectan la seguridad municipal y violentan lo dispuesto en los artículos 21, 40, 41, 115, fracción II, 120, 128 y 133 constitucionales. Por lo que solicita al Pleno de este Alto Tribunal, que reponga el orden municipal y declare la invalidez del decreto impugnado.
34. d) Cuarto concepto. Se aduce violación del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.
35. El Municipio actor manifiesta que el decreto impugnado violenta el principio de libre hacienda municipal y el principio de reserva de fuentes, toda vez que se vulnera el artículo 115, fracción IV, constitucional, al privar al Municipio de los recursos e ingresos protegidos por la Constitución.
36. Lo anterior es así, toda vez que el Municipio actor, a su juicio, tiene derecho a percibir las contribuciones e ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, tal como se establecía en las fracciones I, II, III, IV y V del derogado precepto 58 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, por inscripción de actividades, así como el refrendo anual de licencias, autorización, permiso o concesión de establecimiento que vendían bebidas alcohólicas.
37. Agrega que, además de que se les priva del ingreso que les corresponde, la nueva ley mantiene la prestación a cargo del Municipio del servicio de seguridad, vigilancia e inspección de dichos establecimientos, así como la carga de certificar a los inspectores que se ocuparán de las referidas funciones, sin contemplar recursos económicos a favor del Municipio actor que contribuyan a cubrir dichos gastos administrativos.
38. Afirma, que la Legislatura Estatal está obligada a proveer en su actuación al fortalecimiento de la autonomía y la autosuficiencia económica de las municipalidades para que gocen de plena disposición y aplicación de sus recursos, por lo que le está prohibido disminuir o afectar los ingresos municipales, así como eliminar sus contribuciones y mucho menos puede asignárselas al Gobierno del Estado.
39. Por tanto, el Municipio actor sostiene que el decreto impugnado vulnera el orden constitucional y el federalismo tributario, toda vez que afecta la autonomía económico-financiera municipal, al derogar las fracciones I, II, III, IV y V, último párrafo, de los artículos 58 y 59 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, las cuales preveían el cobro de derecho por servicios a favor de los Municipios.
40. e) Quinto concepto. Se aduce violación a los artículos 16 y 115, fracción IV, en relación con los artículos 40, 41, 120, 128 y 133 de la Constitución Federal.
41. El Municipio actor aduce que el decreto impugnado es contrario a lo que establecen los preceptos constitucionales señalados, toda vez que tratándose de actos legislativos relativos al ámbito hacendario municipal, la facultad de iniciativa corresponde exclusivamente a los Ayuntamientos. El hecho de que no se haya respetado esta facultad en el procedimiento legislativo que dio origen al decreto señalado, vulnera en perjuicio del Municipio actor los principios de autonomía municipal, libre administración hacendaria, federalismo, principio de reserva de fuentes y legitimación, lo cual invalida el acto reclamado.
42. Agrega, que la validez de los actos legislativos no se debe sólo a la función propia de la Legislatura de discutir y aprobar los actos, sino que su elaboración se sujeta a un procedimiento determinado, dada la naturaleza del acto, lo cual hace que se alcancen los valores y los fines de la Constitución Federal, como lo son: la autonomía-financiera y la libre hacienda municipal.
43. Señala, que el ámbito hacendario municipal queda excepcionado de la regla general respecto a la facultad de iniciar leyes, prevista en los artículos 71 constitucional y 60 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, debiendo ser de exclusiva potestad del Ayuntamiento el ejercicio de la iniciativa y propuesta relativa a las contribuciones municipales, por tanto, es inválida la derogación de las fracciones I, II, III, IV y V, y su último párrafo de los artículos 58 y 59 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León.
44. Insiste en que es contrario a la Constitución Federal y atenta a la autonomía municipal, el que se deroguen contribuciones municipales que no han sido propuestas ni previstas por el Municipio, pues dichas contribuciones se usaban para solventar los cuantiosos gastos para atender a la función de policía. Es por esto que la Legislatura no puede derogar los preceptos señalados en el párrafo anterior, pues el Municipio actor no lo ha propuesto, de lo que deviene el vicio de inconstitucionalidad del acto legislativo impugnado.
45. f) Sexto concepto. Se aduce violación a los artículos 14, 16 y 115, fracciones II, inciso d), III, inciso i), y IV de la Constitución Federal.
46. El Municipio actor señala que el decreto impugnado vulnera los preceptos constitucionales antes mencionados, toda vez que es notoriamente injusta la asunción de funciones y la derogación de las contribuciones, sin haber sido formalmente emplazado, permitiéndole conocer los elementos que soportan las disposiciones de asunción de las funciones municipales, las pruebas de la imposibilidad del Municipio, las consideraciones que omiten la solicitud del Ayuntamiento como presupuesto para la asunción y ser oída en su defensa.
47. Lo anterior es así, porque el decreto impugnado asigna al Gobierno Estatal, en específico, a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General, atribuciones municipales, como lo son la expedición y revocación de licencias o permisos especiales, el refrendo anual o la revalidación de licencias, eliminando tales potestades del ámbito municipal, sin haberle dado al Municipio la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional. Ello, a juicio del Municipio actor, lo deja en estado de indefensión frente al acto que se impugna, siendo omisa la autoridad legislativa en respetar la oportunidad de los afectados de defender sus derecho en el procedimiento legislativo.
48. Agrega, que el sujeto afectado del acto privativo debe saber siempre y con claridad hacia dónde va dirigida la actividad estatal, y más aún, si de esa actividad implica la afectación en sus atribuciones públicas y sus ingresos, desde el momento en que se inicie el procedimiento, debió haber llamado a los Municipios afectados, notificándoles el concepto y elementos del acto impugnado, así como sus alcances y efectos.
49. Insiste en que el decreto impugnado vulnera su garantía de audiencia, al eliminar las funciones y servicios municipales que, a su juicio, le corresponden, sin haberle dado oportunidad de ser oído durante el proceso legislativo.
50. g) Séptimo concepto. Se aduce violación a los artículos 14, 16 y 115, fracciones II, inciso d), III, inciso i), y IV de la Constitución Federal.
51. El Municipio actor reitera que el decreto impugnado vulnera su garantía de audiencia, el principio de proporcionalidad y la garantía de fundamentación y motivación, toda vez que la asunción de funciones y servicios, y la derogación de contribuciones que en él se contemplan carecen de sustento y motivación. Siendo que dichas actividades deben soportarse y justificarse objetiva, razonable y públicamente en todo el proceso legislativo.
52. Manifiesta que la Legislatura Local en ningún momento motiva, resuelve o dictamina el por qué optó por modificar el régimen jurídico anterior y trastocar la esfera municipal de funciones. La asunción de funciones y la derogación de contribuciones se traducen en la disminución del poder municipal, el menoscabo financiero y la pérdida o no realización de ingresos tributarios municipales, en términos de los artículos 21 y 115 de la Constitución Federal.
53. Sostiene que el Congreso del Estado debe respetar el contenido de los diversos principios constitucionales, rectores de la actividad pública, dentro de los cuales se encuentran el de razonabilidad y proporcionalidad. Debe actuar de forma medida y no excesiva, debido a su posición como Poder Constituido dentro del Estado Constitucional, por lo que no puede actuar en forma arbitraria y en exceso de poder. Para la validez de su actuación debe justificar las razones de la asunción de facultades municipales e irrogarse la competencia del Municipio en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, así como de la derogación de las contribuciones que se establecían en las fracciones I, II, III, IV y V, y último párrafo, de los artículos 58 y 59 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León.
54. Posteriormente, el Municipio actor, por escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil once en la Oficina Postal de Correos de México en Monterrey, Nuevo León, y recibido en este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil once, hizo valer dos conceptos de invalidez que, para efecto de la presente resolución, serán señalados como octavo y noveno.
55. h) Octavo concepto. Se aduce violación a los artículos 40, 41, 115, fracción IV, 120, 128 y 133 de la Constitución Federal.
56. El Municipio actor sostiene que el decreto impugnado vulnera la potestad sancionadora municipal, pues al derogar las fracciones I, II y III del artículo 58 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, el Municipio ya no puede aplicar la sanción por el inicio de operaciones sin la debida autorización y la falta de refrendo anual que resultaba de multiplicar de uno a tres tantos los derechos que se establecían en las fracciones del precepto referido. Ello, toda vez que el principio de legalidad establece que la autoridad no puede aplicar una pena que no esté expresamente contenida en la ley.
57. Agrega, que el decreto impugnado desfigura la disciplina hacendaria y la potestad sancionadora, quedando sin posibilidad de sancionar el Municipio ante la infracción a las disposiciones de los artículos 75 y 82 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, que contemplan la sanción a imponer ante la falta de autorización de la autoridad para el inicio de activi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24617-04a31df5/controversia-constitucional-si-con-motivo-de-un-nuevo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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