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BEBIDAS ALCOHÓLICAS. EL TÍTULO QUINTO DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 200 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 18 DE MAYO DE 2011, EN TANTO ESTABLECE OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE COMBATE AL ABUSO EN EL CONSUMO DEL ALCOHOL, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES II, PÁRRAFO SEGUNDO Y III, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El señor Ministro Fernando Franco González Salas formuló reservas respecto de algunas consideraciones. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MEDIANTE DECRETO NÚMERO 200 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 18 DE MAYO DE 2011, NO ABROGÓ TÁCITAMENTE EL REGLAMENTO QUE REGULA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, DE LA LOCALIDAD, PUBLICADO EN EL MENCIONADO MEDIO OFICIAL DE DIFUSIÓN EL 3 DE AGOSTO DE 2007, PORQUE AQUÉLLA EXPLÍCITAMENTE OBLIGA AL AYUNTAMIENTO A ADECUAR SU REGULACIÓN EN LA MATERIA. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El señor Ministro Fernando Franco González Salas formuló reservas respecto de algunas consideraciones. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 200 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 18 DE MAYO DE 2011, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El señor Ministro Fernando Franco González Salas formuló reservas respecto de algunas consideraciones. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LAS REGLAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LAS VENDEN Y COMERCIALIZAN, CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 2o., FRACCIONES XXIII Y XXVI, 7o., 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 67, 77 y 98 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 200 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 18 DE MAYO DE 2011, CONSTITUYEN UNA MEDIDA PARA COMBATIR EL ALCOHOLISMO, JUSTIFICADA EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS RELATIVA. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El señor Ministro Fernando Franco González Salas formuló reservas respecto de algunas consideraciones. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS ARTÍCULOS 2o., FRACCIONES XXIII Y XXVI, 7o., 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 67, 77 y 98 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 200 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 18 DE MAYO DE 2011, AL PREVER LAS REGLAS Y FACULTADES PARA QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES OTORGUEN O NIEGUEN LICENCIAS, PERMISOS O PERMISOS ESPECIALES PARA LA VENTA Y/O CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, NO TRANSGREDEN LA AUTONOMÍA MUNICIPAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El señor Ministro Fernando Franco González Salas formuló reservas respecto de algunas consideraciones. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS ARTÍCULOS 18 Y 19 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL ABUSO DEL ALCOHOL Y DE REGULACIÓN PARA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 200 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 18 DE MAYO DE 2011, AL PREVER EL TIPO DE ESTABLECIMIENTOS EN QUE PODRÁ EFECTUARSE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN SUS MODALIDADES DE ENVASE CERRADO, ABIERTO O AL COPEO, NO VULNERAN LA AUTONOMÍA MUNICIPAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El señor Ministro Fernando Franco González Salas formuló reservas respecto de algunas consideraciones. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 72/2011. · Registro digital (IUS): 24613
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1, Pág. 409.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 72/2011. MUNICIPIO DE GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 14 DE FEBRERO DE 2013. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de febrero de dos mil trece, por el que se emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 72/2011 promovida por el Municipio de García del Estado de Nuevo León, en contra de las normas generales que más adelante se señalan y;

I. Trámite

1. Presentación de la demanda, poderes u órganos demandados y actos impugnados. Por escrito recibido el quince de junio de dos mil once en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Ismael Garza García y Verónica Llanes Sauceda, ostentándose como presidente, secretario y síndica segunda, respectivamente, del Municipio de García, Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez de lo siguiente:

2. La Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo para el Estado de Nuevo León, emitida por Decreto Número 200 publicado en el Periódico Oficial de la entidad de dieciocho de mayo de dos mil once, su publicación, así como la invalidez de todas las normas que reglamenten las disposiciones de la citada ley.

3. Señalaron como autoridades demandadas al:

a) Poder Legislativo del Estado de Nuevo León

b) Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León

c) Secretario general de Gobierno de la entidad

d) Secretario de Finanzas y tesorero general del Estado

e) Secretario de Educación de la entidad

f) Secretario de Salud del Estado

g) Titular del Periódico Oficial de la entidad

4. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, en síntesis, son los siguientes:

5. a) El tres de agosto de dos mil siete fue publicado en el Periódico Oficial de Nuevo León el Reglamento que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de García, Nuevo León. Este ordenamiento regía la materia de trámites y procedimientos para la obtención de licencias y/o permisos para el expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas en el Municipio.

6. b) No obstante lo anterior el dieciocho de mayo de dos mil once, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el Decreto Número 200, en el cual se expide la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo.

7. Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez el Municipio actor, en síntesis, manifestó lo siguiente:

8. Único. Violación a los artículos 14, 16, 27, tercer párrafo y 115, fracciones I, II, III y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

9. El Municipio actor señala que la ley impugnada contraviene el artículo 115, fracción I, primer párrafo y fracción II, segundo párrafo, así como el artículo 118 de la Constitución Local y el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal de la entidad, porque -la ley impugnada- restringe la competencia constitucional del Ayuntamiento como órgano máximo de Gobierno Municipal, relativa a regular el establecimiento de expendios dedicados a la venta y/o consumo del alcohol. Ello se corrobora con lo dispuesto en los artículos 2, fracciones XXIII, XXVI, 7, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 67, 77 y 98 de la ley impugnada.

10. Se vulneró la competencia originaria otorgada al Ayuntamiento ya que con la ley impugnada se faculta a la Secretaría de Finanzas y tesorero general del Estado para otorgar o negar las licencias, permisos, o permisos especiales, para el expendio y/o consumo del alcohol, en el Municipio. Asimismo, se elimina la capacidad del Municipio de decidir sobre la revocación de dichas licencias y/o permisos, al otorgársela a una dependencia estatal como lo es la mencionada tesorería. Situando a la Secretaría de Finanzas y tesorero general del Estado como autoridad superior al Ayuntamiento violando con ello lo dispuesto en el artículo 115, fracción I, primer párrafo y fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Federal.

11. En los artículos 18 y 19 de la ley impugnada se establece una clasificación de los giros en que se podrán vender bebidas alcohólicas, creando una nueva clasificación de usos de suelo permitidos en el territorio municipal lo que pertenece en forma exclusiva al propio Ayuntamiento, vulnerando con ello los artículos 27, tercer párrafo y 115, fracción V, último párrafo, de la Constitución Federal, toda vez que la ley impugnada restringe su facultad de establecer como destinos de suelo los giros que se podrán ubicar en su territorio, específicamente en tratándose de venta de alcoholes. De igual forma elimina la facultad municipal de regir en materia de mercados en donde se realice dicha venta, ya que corresponde al Ayuntamiento prestar o autorizar a terceros la prestación del servicio público de mercados, por lo que le corresponde autorizar a los particulares el vender en su territorio los bienes consistentes en bebidas alcohólicas, lo que transgrede el artículo 115, fracción III, inciso d), de la Constitución Federal.

12. La ley impugnada establece en su título quinto una serie de disposiciones tendentes a precisar las obligaciones, prohibiciones y sanciones aplicables en materia de alcoholes, empero, dichas disposiciones son materia de reglamentación municipal, tal como lo ordena el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Federal, toda vez que otorga de manera exclusiva a los Municipios la facultad de expedir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de sus competencias y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

13. Ello es así, porque la ley impugnada establece procedimientos para regular funciones municipales, como son la vigilancia y control de los expendios de venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, las sanciones correspondientes al caso, la manera en que podrán impugnarse las resoluciones municipales correspondientes e incluso los requisitos de ingreso y permanencia de sus funcionarios municipales en tratándose del caso de inspectores de comercio, lo que resulta contrario a la Constitución Federal.

14. Dichas violaciones de la ley impugnada, además, violan lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal al haber emitido aquélla en cumplimiento de la Ley para la Mejora Regulatoria para el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado de uno de octubre de dos mil nueve, así como su reglamento, publicado en el citado Periódico el veinticuatro de septiembre de dos mil diez. Ello, porque de conformidad con los artículos 3 y 11 de la citada Ley de Mejora Regulatoria, cualquier norma general, incluso legislativa, tiene que incidir en que no se establezcan requisitos, documentación o información adicionales a los establecidos para el mismo trámite o servicio con anterioridad, sin previa justificación para ello, ya que la ley impugnada resulta contraria a dicha normatividad regulatoria, al establecer trámites adicionales a los previstos originalmente para la expedición de licencias y/o permisos de venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, pues anteriormente el trámite era singular y se iniciaba y culminaba ante una sola instancia que era el Ayuntamiento, mientras que con la ley impugnada, existen tres instancias para ese mismo fin, a saber, anuencia municipal, dictamen del Comité de Evaluación de Trámites y Licencias (de nueva creación) y, finalmente, Secretaría de Finanzas y tesorero general del Estado, lo que implica una sobrerregulación inexistente con anterioridad.

15. En la formulación de la iniciativa de la ley impugnada, ni en su proceso de expedición se contó con el manifiesto de impacto regulatoria exigido por el artículo 46 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado, lo cual implica violación a esta ley y, por ende, a los artículos 14 y 16 constitucionales.

16. Si bien conforme al artículo 117 de la Constitución Federal se faculta a las Legislaturas de los Estados a expedir leyes encaminadas a combatir el alcoholismo, la ley impugnada no tiene ese sentido, porque no contiene medidas profilácticas o sanitarias, ni clínicas o psicoprofilácticas para combatir el abuso en el consumo del alcohol, ni a la enfermedad derivada de éste, sino que es un catálogo de normas cuya finalidad es permitir al Estado de Nuevo León, por conducto de su Secretaría de Finanzas y tesorero general del Estado -que es una dependencia fiscal y no autoridad en materia de salud-, participar en un procedimiento que regula una actividad mercantil propia del Municipio, en términos del artículo 115 de la Constitución Federal y 75 de la Ley de Hacienda para los Municipios de la entidad, obteniendo además un ingreso que no le corresponde.

17. La ley impugnada, en los artículos 2, fracciones XXIII, XXVI, 7, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 67, 77 y 98, no contiene alguna medida para evitar el alcoholismo, sino que establece una regulación adicional a la originalmente contemplada por el Municipio en su Reglamento de Comercio Establecido y para el Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, publicado en el Periódico Oficial Local de dieciocho de junio de dos mil diez y su fe de erratas de quince de septiembre del mismo año, razón por la que el legislador estatal no sólo actuó en términos superiores a lo dispuesto por el artículo 117, último párrafo, de la Constitución Federal, sino que en su exceso, violentó la autonomía municipal regida por el 115 constitucional.

18. Finalmente, señala que la sola entrada en vigor de la ley impugnada abroga tácitamente el Reglamento de Comercio Establecido y para el Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Municipio de García, Nuevo León, al anular los trámites para la expedición de licencias y/o permisos contenidos en dicho ordenamiento municipal, para el expendio, venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, lo que viola la facultad municipal de expedir sus propios reglamentos, vulnerando el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Federal.

19. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como violados los artículos 14, 16, 27, tercer párrafo y 115, fracciones I, II, III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

20. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y, toda vez que ésta tiene conexidad con la diversa controversia 60/2011 que fue turnada al Ministro José Ramón Cossío Díaz, lo turnó a éste para que fungiera como instructor.(1)

21. El Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo por presentados al presidente municipal y a la síndica segunda, ambos del Ayuntamiento de García, del Estado de Nuevo León, y no así a quien se ostentó como secretario del citado Ayuntamiento, ello en virtud de que la representación del Municipio recae en los citados presidente municipal y síndica. Asimismo, ordenó emplazar a las autoridades demandadas Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como a los secretarios general de Gobierno, de Finanzas y tesorero general, de Educación y de Salud, todos del Estado de Nuevo León, estos últimos respecto del refrendo del decreto impugnado, para que formularan su contestación, y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(2) Asimismo, no se reconoció como demandado al responsable del Periódico Oficial de la entidad, por tratarse de un órgano subordinado al Poder Ejecutivo Estatal, siendo éste el que, en todo caso, tendrá que instruir a aquél para el cumplimiento de la resolución que se dicte en la presente controversia constitucional.

22. Contestación de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.(3) Hace valer la excepción de falta de legitimación pasiva, en virtud de que no existen bases para que se le considere como autoridad demandada en la presente controversia constitucional, porque el Municipio actor confunde la facultad reglamentaria del Ejecutivo del Estado así como la expedición de decretos, acuerdos y órdenes, con la emisión de leyes aprobadas por el Congreso del Estado, pues estas últimas, aun y cuando deben ser aprobadas por el Ejecutivo, así como por el secretario de Gobierno, no emanan del Poder Ejecutivo. Por tanto, no existe violación a ningún precepto constitucional, en virtud de que hay que distinguir entre el refrendo que requieren los decretos, reglamentos, acuerdos, órdenes y demás disposiciones que emita el gobernador del Estado, y las leyes aprobadas por el Congreso del Estado, puesto que en los primeros en lo que se requiere la firma del secretario del despacho al que el asunto corresponda, mas no así en las leyes que emita la Legislatura Local. Aunado a que en el escrito de demanda, no se formula argumento alguno que impugne actos del secretario de Educación, ni se expresan las razones por las que la firma del decreto afecte de alguna forma concreta al Municipio actor.

23. La ley impugnada solamente le concede a la Secretaría de Educación las atribuciones contenidas en los artículos 12 y 13 de la misma, por lo que el Municipio no tiene interés en impugnar dichas atribuciones, ni el refrendo y firma por parte del secretario de Educación, pues la realidad es que la controversia constitucional planteada tiene un contenido y objetivos de carácter preponderantemente económico.

24. Contestación de la Secretaría de Salud de la entidad.(4) Sí realizó el refrendo y firma del Decreto Número 200; sin embargo, ello lo hizo en apego a lo establecido por los artículos 77 de la Constitución Local y 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, por lo que no actuó en contravención a la Constitución Federal.

25. Contestaciones del Poder Ejecutivo, Secretaría de Finanzas y tesorero general, todos del Estado de Nuevo León.(5) Estas autoridades al contestar la demanda señalaron coincidentemente, en síntesis, lo siguiente:

26. Es verdad que el Ejecutivo Local promulgó y ordenó publicar el Decreto Número 200 que contiene la ley impugnada. Asimismo, es cierta la existencia de los antecedentes expresados por el Municipio actor.

27. El acto que se le impugna no es inconstitucional, ya que fue realizado con fundamento en los artículos 68, 75, 77 y 85, fracción X, de la Constitución Local, pues de acuerdo al procedimiento legislativo se encuentra obligado a publicar las leyes aprobadas por el Congreso Local, ello, porque los actos que integran el citado procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general impugnada, y en el presente caso no se formula inconformidad respecto a los vicios que en el ejercicio de las facultades y obligaciones constitucionales locales realizó el Ejecutivo Local en la emisión de la ley impugnada.

28. En cuanto al fondo del asunto señala que resultan inoperantes las argumentaciones del Municipio actor en tanto que el decreto impugnado se emitió conforme a las leyes aplicables. Las reformas contenidas en el Decreto Número 200 son normas que tienden a combatir el alcoholismo, pues con ellas se prohíbe que la expedición y consumo de bebidas alcohólicas pueda darse en cualquier sitio sin control alguno, por tanto, no se violenta el contenido del artículo 115 constitucional, toda vez que la Legislatura Local tiene la facultad de emitir leyes encaminadas a combatir el alcoholismo y, por ello, legislar para establecer las calidades y modalidades de las licencias que se expidan para el consumo y venta de bebidas alcohólicas de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Federal. Cita en apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de rubros: "BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 DE LA LEY QUE REGULA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO INVADEN LA ESFERA COMPETENCIAL DEL MUNICIPIO." y "BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ESTÁ FACULTADA CONSTITUCIONALMENTE PARA EXPEDIR LA LEY QUE REGULA SU VENTA Y CONSUMO."

29. Agrega que del análisis sistemático de los artículos 117, último párrafo y 115, fracción II, párrafo segundo, inciso a), de la Constitución Federal, se desprende que la Legislatura del Estado se encuentra expresamente facultada para emitir normas generales que tiendan a combatir el alcoholismo en la entidad, así como para expedir las bases generales de la administración pública municipal, por lo que al regular lo relativo a la venta y consumo de bebidas alcohólicas está estableciendo dichas bases, a las cuales los Municipios de la entidad deberán ceñirse, reglamentando las particularidades que la propia ley no alcance. Que las facultades que se otorgan a los Municipios en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal para aprobar los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general deben entenderse de carácter reglamentario, esto es, exclusivamente para desarrollar y complementar en detalle las normas que en materia municipal expidan las Legislaturas de los Estados.

30. Con lo anterior, no se invade la esfera municipal al constituir lineamientos generales en la materia, lo cual no constituye obstáculo para que en esta materia, el Municipio tenga la posibilidad de emitir el reglamento correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo octavo transitorio de la ley impugnada. Cita en apoyo a sus argumentaciones las tesis de jurisprudencia, de rubros: "BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS ARTÍCULOS DEL 11 AL 26 DE LA LEY QUE REGULA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, NO CONTRAVIENEN LA FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LOS ARTÍCULOS DEL 1o. AL 6o. DE LA LEY QUE REGULA SU VENTA Y CONSUMO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, NO TRANSGREDE LA FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

31. La Constitución Federal en su artículo 117, último párrafo, dispone que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados dictarán leyes encaminadas a combatir el alcoholismo, por lo cual, el Constituyente Permanente dio ejemplo de visión y responsabilidad social al consagrar con rango constitucional el interés del Estado para que contemplara entre sus cometidos fundamentales las acciones orientadas a prevenir y erradicar los efectos nocivos del consumo inmoderado del alcohol, y al disponer la concurrencia de los Gobiernos Federal y Estatal en los esfuerzos por combatir esta problemática.

32. Asimismo, señala que el Poder Legislativo Local tiene facultades para decretar leyes relativas a la administración y gobierno interior del Estado en todos sus ramos, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracciones I, X y XXXV, de la Constitución Local, por lo que, el diecinueve de agosto de dos mil nueve, presentó ante el Congreso Local iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley de Hacienda, Ley de Hacienda para los Municipios, así como para la expedición de la Ley de Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo, todas del Estado de Nuevo León.

33. Luego de señalar diversas consideraciones de la iniciativa, concluye que con la expedición del Decreto Número 200 se procura evitar el consumo indiscriminado de bebidas embriagantes en detrimento de la salud de los habitantes del Estado de Nuevo León, y con todas las consecuencias sociales que esto implica, y considerando que la finalidad extrafiscal se manifiesta como medio de ordenación económica y social que no sólo puede tener un fin eminentemente recaudatorio, sino que puede instituirse como un medio regulador de conductas sociales o como instrumento eficaz de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, como acontece en el caso. Por lo que, con base en su facultad de iniciativa presentó la iniciativa de reforma por lo que en ningún momento existe violación a la autonomía municipal, como lo señala la parte actora.

34. Contrariamente a lo señalado por el Municipio actor el artículo 115, fracción III, de la Constitución Federal establece las funciones y servicios públicos que están a cargo del Municipio, entre los cuales no se encuentra la función de prevención y combate al abuso del alcohol y regulación para su venta y consumo, sino que tiene a su cargo otras funciones y servicios públicos. Sin que obste, el hecho de que el Municipio actor señale que se elimina su facultad de regir en materia de mercados, toda vez que con la emisión del Decreto Número 200 en ningún momento se elimina dicha facultad, conservando el Ayuntamiento la prerrogativa en mención, por tanto, en ningún momento existe violación al contenido del artículo 115, fracción III, inciso d), de la Constitución Federal.

35. De igual manera resulta infundado el argumento consistente en que los artículos 18 y 19 de la ley reclamada vulneran la competencia del Municipio para determinar en su territorio los destinos de suelo, toda vez que la determinación de estos siguen siendo controlados por el propio Municipio, de conformidad con lo establecido por el artículo 115, fracción V, inciso d), de la Constitución Federal. La facultad otorgada a los Municipios para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales, sigue estando controlada por el mismo Municipio. Aunado a que, el artículo 10, fracciones XIII, XXIII, XXIV y último párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano de la entidad vigente, establece la facultad de los Municipios de otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos o licencias de uso de suelo. Robustece lo anterior, el hecho de que para la obtención de la licencia municipal de uso de suelo, el solicitante deberá indicar el uso del suelo que se pretende, ello de conformidad en los artículos 282, último párrafo y 283, fracción IV, de la Ley de Desarrollo Urbano Local.

36. Resulta infundado el argumento relativo a que la ley impugnada establece trámites adicionales a los ya previstos para la expedición de licencias y/o permisos de venta y/o consumo de bebidas alcohólicas que ya establecía la Ley para la Mejora Regulatoria, toda vez que con dicha circunstancia no se desprende violación a algún precepto constitucional, ya que el hecho de que señale que anteriormente el trámite era singular pues se iniciaba y culminaba en una sola instancia -el Ayuntamiento-, y que con la nueva ley impugnada, existen tres instancias para ese mismo fin, no le depara perjuicio a la parte actora.

37. Es infundado el argumento del Municipio actor relativo a que la nueva ley no está referida a combatir el alcoholismo al no contener medidas profilácticas o sanitarias ni clínicas, ya que la ley impugnada sí está encaminada a combatir el alcoholismo, toda vez que tanto el Ejecutivo como el Congreso Locales expusieron los motivos suficientes por los cuales presentó y aprobó la iniciativa de reforma aludida y así establecer los conceptos reguladores en materia de prevención y combate al abuso en el consumo de bebidas alcohólicas e inhibir la comisión de infracciones y delitos relacionados con dicho abuso, protegiendo la salud frente a los riesgos derivados del mismo. Además, por lo que respecta a las medidas profilácticas o sanitarias o psicoprofilácticas para combatir el abuso en el consumo del alcohol, la ley impugnada en sus artículos 14 y 30 contempla dichas circunstancias, pues las medidas de seguridad que correspondan conforme a la Ley de Salud, así como las sanciones que se establecen en esta ley y que sean competencia de la Secretaría de Salud, serán aplicadas por las autoridades sanitarias conforme al procedimiento establecido por la Ley de Salud, asimismo, se establece que para que un establecimiento pueda iniciar operaciones requerirá contar de manera previa y por escrito, con la licencia o permiso expedido por la Tesorería del Estado, misma que deberá ser publicada en el padrón único para tener validez. Para tal efecto el solicitante deberá cumplir con las autorizaciones sanitarias y de uso de suelo, que deban expedir la Secretaría de Salud y las autoridades municipales competentes, cuando por disposición de ley se exija para la operación del giro del establecimiento.

38. Añade que en los artículos 185, 186 y 187 de la Ley General de Salud se establece que la Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas ejecutando diversas acciones, como la investigación de las causas del alcoholismo y acciones para controlarlas, así como que la Secretaría de Salud coordinará las acciones que se desarrollen contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, y dicha coordinación en la adopción de medidas, en los ámbitos federal y local, se llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas. Bajo ese orden la ley impugnada contempla las medidas sanitarias respectivas para combatir el alcoholismo.

39. Resulta infundado el argumento consistente en que la Secretaría de Finanzas y tesorero general del Estado estén obteniendo un ingreso que no les corresponde, toda vez que en ningún momento están asumiendo funciones exclusivas del Ayuntamiento, ya que la función de prevención y combate al abuso del alcohol y regulación para su venta y consumo ya estaba contemplada en una ley estatal -Ley Estatal de Prevención y Combate al Abuso del Alcohol publicada el diez de septiembre de dos mil tres-, misma que fue abrogada por la ley impugnada. Asumiendo la competencia aludida al adicionarse la fracción XL del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León. En este sentido, la función de prevención y combate al abuso del alcohol, venta y consumo con anterioridad ya estaba regulada por una ley estatal, lo que se pretende ahora es regular y unificar dicha prevención. No obstante es competencia del Municipio el emitir la anuencia y revalidación anual de la misma, respecto a las licencias, permisos y autorizaciones a los establecimientos en donde se venden o consumen bebidas alcohólicas, de conformidad con los artículos 58 Bis y 59 Bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, los cuales fueron adicionados mediante el decreto impugnado.

40. En ningún momento se priva al Municipio de los recursos e ingresos protegidos por la Constitución Federal y mucho menos el Estado se está asignando una contribución municipal, toda vez que los ingresos que obtenía el Municipio con base en las fracciones derogadas los seguirá obteniendo con fundamento en los artículos 58 Bis y 59 Bis de la referida Ley de Hacienda para los Municipios de la entidad, ya que previo a que el Estado expida una licencia o permiso especial relativos a la venta de alcohol, debe existir una anuencia previa del Municipio por la cual cobrará la cuota establecida en los citados artículos de la mencionada ley.

41. Contestación del secretario general de Gobierno del Estado. Este funcionario señala que es cierta la existencia de los antecedentes expresados por el Municipio actor y que el acto de refrendo no es inconstitucional ya que se hizo de acuerdo a las normas aplicables, por lo que su participación en el procedimiento legislativo de la norma impugnada fue apegada a derecho, pues los actos constituyen una unidad indisoluble con la citada norma general impugnada. Asimismo, que no es inconstitucional el acto de publicación pues fue emitido en absoluto respeto a la normativa aplicable. En virtud de lo anterior, al ser constitucional el acto impugnado tal circunstancia trae como consecuencia la improcedencia de la controversia, dado lo infundado de los conceptos de invalidez.

42. Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.(6) Este poder al contestar la demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:

43. Es cierto que aprobó y expidió el Decreto Número 200 que contiene la norma impugnada.

44. La ratio legis que impulsó la emisión de la ley impugnada obedece a que en términos de los artículos 4o., tercer párrafo, 73, fracción XVI y 117, último párrafo, de la Constitución Federal existe competencia concurrente entre el Congreso de la Unión y la Legislatura de los Estados, para emitir leyes en materia de salubridad general y entre ellas, las encaminadas a combatir el alcoholismo. Fue así que con el objeto de homogeneizar a lo largo del territorio del Estado de Nuevo León los conceptos reguladores en materia de prevención y combate al abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, así como inhibir su consumo inmoderado, se expidió el Decreto Número 200.

45. Contrario a lo apreciado por el Municipio actor, en ejercicio de su facultad para legislar, emitió el decreto impugnado, como una acción encaminada a combatir uniforme y efectivamente el abuso en el consumo del alcohol, brindando seguridad jurídica en la regulación de la venta y consumo de bebidas alcohólicas, pues antes de ello la expedición de autorizaciones relativas quedaba en manos de una regulación por demás disímbola, consecuencia de la interpretación aislada

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24613-7eba166a/bebidas-alcoholicas-el-titulo-quinto-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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