I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O, AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA SU PROMOCIÓN RECAE TANTO EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL COMO EN EL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DE UN MUNICIPIO CORRESPONDE AL PRESIDENTE Y AL SÍNDICO MUNICIPAL, SIN QUE PARA ELLO SE EXIJA UN ACUERDO DE CABILDO (DECRETO NÚMERO 251 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE CONTIENE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIANDO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. VI. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. LA APROBACIÓN PREVIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA SU CONSTITUCIÓN TRANSGREDE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL PUESTO QUE INTERFIERE CON SU LIBERTAD CONFIGURATIVA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 33, FRACCIÓN I, INCISO H), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN EL CASO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERÁ NECESARIA LA APROBACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, PARA SU CONSTITUCIÓN" Y 113, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SOLICITAR DEL CONGRESO SU APROBACIÓN PARA" DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚM. 251, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 27 DE MAYO DE 2015, ASÍ COMO DE SU ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN EL ACUERDO ADMINISTRATIVO NÚMERO 1140, EMITIDO EL 21 DE MARZO DE 2017 POR LA LXXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO]. VII. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA EXPEDIR LAS BASES GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, SIEMPRE Y CUANDO NO INTERVENGAN EN LAS CUESTIONES ESPECÍFICAS DE AQUÉLLOS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 33, FRACCIÓN I, INCISO H), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN EL CASO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERÁ NECESARIA LA APROBACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, PARA SU CONSTITUCIÓN" Y 113, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SOLICITAR DEL CONGRESO SU APROBACIÓN PARA", DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚM. 251, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 27 DE MAYO DE 2015, ASÍ COMO DE SU ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN EL ACUERDO ADMINISTRATIVO NÚMERO 1140, EMITIDO EL 21 DE MARZO DE 2017 POR LA LXXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO]. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 33, FRACCIÓN I, INCISO H), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN EL CASO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERÁ NECESARIA LA APROBACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, PARA SU CONSTITUCIÓN" Y 113, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SOLICITAR DEL CONGRESO SU APROBACIÓN PARA", DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚM. 251, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 27 DE MAYO DE 2015, ASÍ COMO DE SU ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN EL ACUERDO ADMINISTRATIVO NÚMERO 1140, EMITIDO EL 21 DE MARZO DE 2017 POR LA LXXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO]. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LEYES LOCALES IMPUGNADAS POR UN MUNICIPIO NO REQUIERE DE VOTACIÓN CALIFICADA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 33, FRACCIÓN I, INCISO H), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN EL CASO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS SERÁ NECESARIA LA APROBACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, PARA SU CONSTITUCIÓN" Y 113, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SOLICITAR DEL CONGRESO SU APROBACIÓN PARA", DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚM. 251, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 27 DE MAYO DE 2015, ASÍ COMO DE SU ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN EL ACUERDO ADMINISTRATIVO NÚMERO 1140, EMITIDO EL 21 DE MARZO DE 2017 POR LA LXXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO].
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 168/2017. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. ENCARGADO DEL ENGROSE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ANDRÉS GONZÁLEZ WATTY.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve.
VISTOS; para resolver la controversia constitucional identificada al rubro; y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Demanda. Por escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el once de mayo de dos mil diecisiete, Mauricio Fernández Garza y María Diamantina Alcalá Fernández, en su carácter de presidente municipal y de síndica segunda del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, promovieron controversia constitucional en contra de las autoridades y de los actos que a continuación se transcriben:
"Normas, actos u omisiones cuya invalidez se reclama. Lo constituye (1) el oficio número 3979/179/2017, de fecha 21 (veintiuno) de marzo del año 2017 (dos mil diecisiete), suscrito por las diputadas Laura Paula López Sánchez y Liliana Tijerina Cantú, en su respectivo carácter de primera secretaria y segunda secretaria de la Mesa Directiva de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, por medio del cual se comunica al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, el Acuerdo Administrativo Número 1140, referente a la no aprobación de la solicitud planteada a ese órgano legislativo por el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para la creación y/o constitución del denominado Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García; (2) la emisión y aprobación del dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, dentro del Expediente Legislativo Número 10365/LXXIV, por parte del Pleno de ese órgano Legislativo, relativa a la solicitud formulada por el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para la aprobación de la creación y/o constitución del denominado Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García; (3) la aplicación en perjuicio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, de los artículos 33, fracción I, inciso h), y 113 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, dentro del Acuerdo Administrativo Número 1140, adoptado el 21 –veintiuno de marzo de 2017– dos mil diecisiete, por la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; (4) la discusión, dictamen, aprobación, refrendo, sanción, promulgación y publicación de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en específico los artículos 33, fracción I, inciso h) y 113 relativos al Decreto Número 251, emitido por el Congreso del Estado de Nuevo León, que condicionan la creación o constitución de organismos descentralizados de carácter municipal a la aprobación del Congreso del Estado.
"Se reclaman, además, todas las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas, que de hecho o por derecho deriven o resulten de todas y cada una de las normas y actos cuya invalidez se reclama, descritos con anterioridad."
SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda el Municipio actor señaló como antecedentes, entre otros, los siguientes:
"1. El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es una entidad pública de gobierno y administración dotada de personalidad jurídica y patrimonio propios conforme a lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 25, fracción I, del Código Civil Federal; 22, 22 Bis fracción II, 22 Bis III, fracción I, y 22 Bis V del Código Civil del Estado de Nuevo León; y 2 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.
"2. Mediante Decreto Legislativo Número 251 (doscientos cincuenta y uno), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el 27 (veintisiete) de mayo del año 2015 (dos mil quince), se expidió y promulgó por el Congreso del Estado y gobernador del Estado de Nuevo León, respectivamente, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, que en los artículos impugnados a través de este medio de defensa constitucional establecen literalmente lo siguiente: (se transcriben).
"En el artículo primero transitorio del Decreto Número 251 (doscientos cincuenta y uno) del Congreso del Estado de Nuevo León, se estableció que la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León entraría en vigor el día 31 (treinta y uno) de octubre del año 2015 (dos mil quince).
"3. El 07 (siete) de diciembre del año 2015 (dos mil quince), el Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, solicitó al Congreso del Estado de Nuevo León su aprobación para la creación o constitución de un organismo descentralizado que se denominó ‘Instituto Municipal de Planeación Integral’ (IMPLANI).
"Dicha solicitud se radicó en el Expediente Legislativo 9829/LXXIV y fue aprobada por el Congreso del Estado de Nuevo León el día 18 (dieciocho) de diciembre del año 2015 (dos mil quince), según consta en el Decreto Número 060, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 30 (treinta) de diciembre de ese mismo año.
"Es importante destacar que la solicitud del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, al Congreso del Estado de Nuevo León para la aprobación de la creación o constitución del organismo descentralizado que se denominó ‘Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García’ (IMPLANI); se formuló en términos casi idénticos a los que empleó el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, en su solicitud de aprobación del organismo descentralizado que se denominaría ‘Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García’, como más adelante se expondrá.
"4. Posteriormente, en el mes de octubre del año 2016 (dos mil dieciséis), en términos de lo previsto en los artículos 33 fracción I, inciso h), 113, 114 y 115 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se propuso ante los integrantes del republicano Ayuntamiento de este Municipio, aprobar un punto de acuerdo para solicitar al Congreso del Estado, la creación de un organismo descentralizado que se denominaría ‘Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García’, el cual tendría a su cargo auxiliar al Ayuntamiento en el ejercicio de algunas atribuciones y facultades que en materia de desarrollo urbano le corresponden y que actualmente se encuentran conferidas a la denominada Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, haciéndose mención en dicha propuesta de lo siguiente: (se transcribe).
"5. El día 11 (once) del mes de octubre del año 2016 (dos mil dieciséis), se celebró la Vigésimo Quinta Sesión extraordinaria por el Pleno del Republicano Ayuntamiento de este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde se aprobó por mayoría con 12 votos a favor y 1 en contra, en el punto 3 del orden del día, la propuesta presentada por el suscrito ingeniero Mauricio Fernández Garza, presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, relativa a solicitar al Congreso del Estado de Nuevo León, la aprobación necesaria para la creación del organismo público descentralizado denominado ‘Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García’.
"6. En fecha 31 (treinta y uno) de octubre del año 2016 (dos mil dieciséis), mediante oficio número OPM-164/2015, de fecha 26 –veintiséis de octubre de 2016– dos mil dieciséis, se informó al Congreso del Estado de Nuevo León, la decisión adoptada por el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en su Vigésimo Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el día 11 (once) de octubre del año 2016 (dos mil dieciséis), donde se aprobó por mayoría con 12 votos a favor y 1 en contra, en el punto 3 del orden del día, la propuesta de solicitar al Congreso del Estado de Nuevo León, la aprobación necesaria para la creación del organismo público descentralizado denominado ‘Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García’.
"Mediante el oficio referido se remitió al Congreso del Estado de Nuevo León el escrito por el cual se propuso solicitar a esa autoridad legislativa, en términos de lo establecido en los artículos 33 fracción I, inciso h), 113, 114 y 115 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, la probación necesaria para creación o constitución del organismo descentralizado de referencia, remitiéndose además copia certificada del acta de la sesión extraordinaria antes aludida.
"7. Ante ello, en fecha 23 (veintitrés) de marzo de 2017 (dos mil diecisiete), el Congreso del Estado de Nuevo León, informó a este Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, que en sesión del 21 (veintiuno) de marzo del presente año, fue aprobado el Acuerdo Administrativo Número 1140, mediante el cual la LXXIV Legislatura señaló que no era de aprobarse la solicitud planteada por el suscrito ingeniero Mauricio Fernández Garza, presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.
"El referido Acuerdo Administrativo 1140 se sustentó en las consideraciones de hecho y derecho que se plasmaron en el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de la LXXIV Legislatura señaló que no era de aprobarse la solicitud planteada por el suscrito ingeniero Mauricio Fernández Garza, presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.
"El referido Acuerdo Administrativo Número 1140 se sustentó en las consideraciones de hecho y derecho que se plasmaron en el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de la LXXIV Legislatura el Congreso del Estado de Nuevo León, dentro del Expediente Legislativo Número 10365/LXXIV, donde se aplicaron los preceptos legales impugnados en los siguientes términos: (se transcribe).
"Es en el contexto fáctico apuntado que los órganos demandados en la presente controversia constitucional actuaron en forma negativa en la configuración de los actos y normas generales cuya invalidez se reclama; violando en perjuicio del Municipio San Pedro Garza García, Nuevo León, los principios fundamentales que estructuran el orden constitucional establecido en nuestro pacto federal; por las razones que se exponen en el siguiente capítulo de esta demanda."
TERCERO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La parte actora señaló como preceptos transgredidos los artículos 1o., párrafo quinto, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 39, 40, 41, párrafo primero, 49, 115, 116, párrafo primero, 128, 133 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expuso los conceptos de invalidez que se sintetizan enseguida:
Primero. Los artículos 33, fracción I, inciso h) y 113, párrafo primero de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, transgreden la autonomía del Municipio actor ya que el Congreso, al ejercer esa potestad normativa, vulnera su esfera de competencias. En este caso, el artículo 115, fracción II, párrafo segundo, inciso a), de la Constitución Federal, conforme al cual los Municipios tienen facultades para expedir normas que organicen la estructura orgánica de la administración pública municipal, implica la posibilidad de crear o constituir órganos descentralizados con personalidad y patrimonio propios, sin que, en principio, exista la obligación constitucional de obtener la aprobación de la Legislatura Estatal respectiva.
Si bien éstas cuentan con facultades para expedir leyes en materia municipal que, entre otras cuestiones, establezcan las bases generales de la administración pública municipal, también lo es que está acotada por la función y autonomía de los Municipios conforme al artículo 115, párrafo primero, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Federal, esto es, se busca el equilibrio institucional que debe prevalecer en el sistema federal. Aclara que, al respecto, la doctrina y la jurisprudencia permiten comprender que la elección de ese sistema federal como forma de organización política obedece a un criterio que procura la democratización del poder público, propicia ámbitos de libertad política por regiones y localidades, el equilibrio en el ejercicio de potestades públicas mediante la distribución adecuada de funciones de gobierno a fin de evitar el abuso del poder público y lograr la unidad nacional, a través del respeto a las diferencias regionales y locales.
La negativa de aprobar la solicitud para crear en el ámbito municipal el organismo público descentralizado denominado "Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García", se fundó en los artículos 33, fracción I, inciso h) y 113, párrafo primero, de la referida ley estatal, los cuales contravienen los artículos 39, 40, 41, párrafo primero, 49, 115, fracciones I, II, III y V, de la Constitución Federal ya que para la creación de organismos como el referido, impone la condición de acudir a solicitar del Congreso del Estado su aprobación, lo que vulnera sin justificación alguna el libre ejercicio de sus facultades –fracción II, del 115–, además de transgredir el sistema federal y la forma de gobierno democrática y republicana.
Afirma que esto es así porque no existe disposición constitucional que de manera expresa permita a las Legislaturas Estatales arrogarse tal atribución. Las leyes estatales en materia municipal se encuentran constitucionalmente acotadas a aspectos generales de la organización de la administración pública municipal para asegurar su adecuado funcionamiento.
Estima que los artículos en cuestión de manera injustificada condicionan la constitución de organismos descentralizados de la administración pública municipal a la "aprobación discrecional" del órgano legislativo. Es decir, establecen una condición injustificada para definir y estructurar la organización de la administración pública municipal, sus funciones y responsabilidades que consiste en que previamente se cuente con la aprobación del Congreso del Estado, lo cual irrumpe de manera negativa en el orden constitucional. Es por tanto un exceso legislativo, así como un desvío de poder en el ejercicio de las facultades, que al ámbito municipal le confiere el artículo 115 constitucional, por lo que transgrede el diverso 133 de la propia Constitución Federal.
Subraya que esa condición transgrede el principio de autonomía municipal derivada del artículo 115, fracciones I, párrafo primero y II, párrafo segundo, de la Constitución Federal porque en una cuestión estrictamente particular impide que cada Ayuntamiento pueda decidir con la libertad política y jurídica que le concede el propio texto constitucional al máximo órgano de gobierno municipal, como lo es, la organización de su administración pública, la asignación de funciones y responsabilidades que corresponderán a cada órgano según las características propias de cada Municipio.
Los artículos impugnados, al establecer que los Ayuntamientos al crear organismos descentralizados de la estructura de la administración pública municipal con la condición de acudir previamente a solicitar la aprobación del Congreso del Estado, transgreden el principio de división de poderes, pues la potestad de auto-organización que constitucionalmente se le confiere a los Municipios es administrativa, no legislativa. De ahí que el Congreso al arrogarse tal facultad excede los límites constitucionales.
Agrega que los artículos impugnados no respetan el principio de división de poderes contenido en los artículos 40, 41, párrafo primero, 49, 115 párrafo primero, y 116, párrafo primero, de la Constitución Federal, los cuales contienen de manera implícita tres mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, a saber, la no intromisión, dependencia y subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a otros.
En cuanto al primero, porque los artículos no se limitan a establecer bases generales de la administración pública municipal, sino que permiten que el Congreso Estatal se inmiscuya o interfiera en una cuestión propia de los Ayuntamientos como lo es la organización de la estructura de la administración pública municipal. Ese desacato a la no intromisión es claro ya que impide a los Municipios tomar decisiones y actuar de manera autónoma al ejercer sus competencias constitucionales, pues al condicionar la creación de los órganos descentralizados de la administración pública municipal se crea un vínculo de dependencia no previsto ni autorizado constitucionalmente.
Además, al crear un organismo descentralizado se debe someter a la voluntad del Poder Legislativo Estatal, lo que es contrario a la jurisprudencia de este Alto Tribunal en cuanto a la delimitación de la potestad normativa de las Legislaturas Estatales en materia de gobierno municipal.
Concluye que no se respeta el equilibrio institucional que debe prevalecer conforme a postulados constitucionales respecto de las potestades de órganos primarios del Estado Mexicano, tampoco al principio de igualdad entre poderes públicos derivado de las competencias constitucionales que distribuyen las funciones primarias de cada ámbito y órgano de gobierno.
Señala que los artículos impugnados buscan controlar políticamente a los Municipios y agotar las facultades que el sistema federal les otorga, toda vez que ignora que fraccionar esas atribuciones del Estado es precisamente para hacerlas efectivas a través de los órganos primarios de gobierno y no para entorpecer su desempeño.
Segundo. El Decreto Número 251 que contiene la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León transgrede en su conjunto el artículo 115 constitucional, en particular la reforma que creó la figura de leyes estatales en materia municipal con el propósito de delimitar el alcance y contenido de las mismas para ampliar la facultad reglamentaria de los Municipios y con ello su autonomía. Por tanto, es indebido que las Legislaturas actúen como resolutores en lugar de los Ayuntamientos.
La ley en cuestión parte de un error de origen al señalar como objeto el "establecer las bases para la integración, organización, administración, funcionamiento y atribuciones del gobierno y de la administración pública municipal". Lo anterior contraviene el artículo 115 constitucional, el cual establece las "bases generales de la administración pública y de procedimiento administrativo". Por ello la organización y funcionamiento interno de los Ayuntamientos es materia de la facultad reglamentaria municipal.
Con lo anterior, muchos de sus artículos de la ley estatal, como los impugnados, transgreden la autonomía municipal para auto-organizarse y determinar su régimen interno, ya que regula toda la vida municipal, siendo únicamente admisibles los que se refieran a generalidades de la administración pública.
Esa facultad reglamentaria autónoma faculta a los Municipios a normar materias que van desde la organización de la administración pública municipal y el funcionamiento interno de los Ayuntamientos, hasta la regulación sustantiva y adjetiva de la materia de competencia exclusiva, pasando por aquellas que regulan la participación ciudadana y vecinal.
Tercero. El oficio impugnado de manera arbitraria discrimina sin justificación alguna al Municipio actor en comparación con el trato dado al diverso Municipio de Guadalupe, respecto de la aprobación de la solicitud efectuada por este último para crear el "Instituto Municipal de Planeación Integral". Ambos Municipios formularon solicitudes que no son distintas en lo esencial, toda vez que en ambas se expone la conveniencia de crear el organismo descentralizado dentro de la estructura orgánica de la administración pública municipal, como auxiliar en el ejercicio de atribuciones en materia de planeación, en particular del desarrollo urbano para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esos centros de población procurando su convivencia armónica. No obstante, la intensidad del escrutinio de ambas solicitudes no fue el mismo por parte del Congreso, ya que en una resolvió en sentido favorable y respecto de la suya no fue así, lo que evidencia un trato diferenciado.
CUARTO.—Trámite. Por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 168/2017, y por razón de turno designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán, quien por acuerdo de veintinueve de mayo siguiente, admitió a trámite la demanda y reconoció el carácter de demandado al Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León, al que ordenó emplazar. Asimismo, determinó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
QUINTO.—Contestación a la demanda del Poder Ejecutivo. Por escrito presentado el uno de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, representante legal del gobernador de la citada Entidad Federativa, dio contestación a la demanda y, sobre el particular, argumentó lo siguiente:
• El último párrafo del apartado de la demanda denominado normas, actos u omisiones cuya invalidez se reclama es ambiguo y abstracto, pues la parte actora no especifica en qué consisten las supuestas consecuencias ahí referidas, además de que omite precisar circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de esos actos.
• La intervención del gobernador en relación con el Decreto 251, mediante el cual se expidió la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, se limitó a la sanción y promulgación, así como a ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de mayo de dos mil quince; sin que en la demanda se exponga cuestionamiento alguno en su contra.
SEXTO.—Contestación a la demanda del Poder Legislativo. Por escrito presentado el catorce de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el presidente de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León dio contestación a la demanda y argumentó lo siguiente:
• Improcedencia. Que se actualiza la causa prevista en el artículo 19, fracción VIII en relación con el 11, todas de la ley reglamentaria porque la parte actora carece de legitimación dado que no acredita que la decisión de promover la controversia constitucional fue a través de una decisión colegiada del Ayuntamiento el cual representa a la ciudadanía en su integración y toma de decisiones conforme a los artículos 115 de la Constitución Federal y 118 de la local; en relación, con los diversos 10, 27, primer párrafo, 31 fracción II y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, los cuales establecen que en todo momento el Ayuntamiento es la autoridad superior y sus decisiones se asumen de forma colegiada, por tanto, es indispensable el aval de un acta de cabildo al respecto.
Además, no existe disposición que establezca que el presidente municipal y el síndico segundo estén facultados expresamente para presentar controversias constitucionales a nombre del Municipio actor.(1)
Asegura que la legitimación del Municipio para promover la controversia recae en su Ayuntamiento como órgano de gobierno, que no debe confundirse con la representación de éste que se confiere a los funcionarios que por ley deban suscribir la demanda, condicionada a la autorización del indicado órgano colegiado, lo cual no se justifica con el respectivo documento público, consistente en el acta de cabildo.
• En contestación a los conceptos de invalidez. Asegura que no se afecta el ámbito competencial de la parte actora, pues de los argumentos expuestos en la demanda no se advierte que el Congreso se extralimitara en sus facultades y tampoco que invadiera la competencia del Municipio, por el contrario el Acuerdo Administrativo Número 1140 se emitió con total apego a la Constitución Federal.
Que tales argumentos son infundados e inoperantes ya que no se transgrede el artículo 115 constitucional, toda vez que el punto toral propuesto es que de manera arbitraria se discrimina al Municipio de San Pedro Garza García en comparación con el trato dado a un diverso Ayuntamiento, a quien sí le aprobaron la solicitud para crear el Instituto Municipal de Planeación Integral.
Transcribe los dictámenes legislativos formulados a la solicitud de del Municipio actor y del otro con el que se compara para afirmar que el Municipio de Guadalupe al formular la solicitud hace una descripción detallada de cada uno de los incisos del artículo 113 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; en cambio, el de San Pedro Garza García, lo hace de manera general, esto es, al exponer la estructura jurídico administrativa del organismo carece de información pues se limita a mencionar los cargos, pero no describe la función específica de cada integrante; en cuanto a los órganos de fiscalización sólo menciona que lo integra un Comisario, pero no específica qué órganos se encargarán de tales funciones; y no se describe con claridad los programas o servicios, efectos económicos y sociales que pretende lograr a corto, mediano y largo plazo.
SÉPTIMO.—Opinión de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República se abstuvo de formular pedimento ni expresó manifestación alguna.
OCTAVO.—Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el primero de diciembre de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que de conformidad con el diverso 34 del mismo ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos y de las pruebas documentales ofrecidas por las partes, se tuvieron por presentados los alegatos del Municipio actor y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre el Congreso y el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León y el Municipio de San Pedro Garza García de esa Entidad Federativa.
SEGUNDO.—Oportunidad. A continuación se analiza la oportunidad en la presentación de la demanda, por ser una cuestión de orden público.
El Acuerdo 1140 de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, por el cual el Congreso del Estado de Nuevo León no aprobó la creación de un organismo descentralizado denominado "Instituto Municipal de Planeación Urbana de San Pedro Garza García", le fue notificado al Municipio actor mediante oficio 3979/179/2017, el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.(2)
Ahora bien, el artículo 21, fracciones I y II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente:
"Articulo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y ... ."
Como se advierte, el plazo para promover la controversia constitucional tratándose de actos es de treinta días siguientes al que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al que el actor se ostente sabedor de éstos.
En el caso, si el acuerdo combatido fue notificado al Municipio actor el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, el plazo referido transcurrió del veintisiete de marzo al doce de mayo de dos mil diecisiete, descontando los días uno, dos, ocho, nueve, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, así como los días uno, cinco, seis y siete de mayo, todos del citado año, por haber sido inhábiles, de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la ley de la materia, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo del Tribunal Pleno 18/2013, de cuatro de marzo de dos mil trece.
Luego, si la demanda de controversia constitucional se depositó en la oficina de correos de la localidad el once de mayo de dos mil diecisiete, es claro que su presentación resultó oportuna, aun cuando en esta Suprema Corte se haya recibido el escrito referido el veinticuatro de mayo, en virtud de que el artículo 8o. de la ley de la materia establece que cuando las partes radiquen fuera del lugar de la residencia de este Alto Tribunal podrán presentar sus promociones en las oficinas de correos del lugar de su residencia mediante pieza certificada con acuse de recibo.
Sobre el particular, resulta ap
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29998-66143611/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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