I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGITIMACIÓN PASIVA LA TIENEN TANTO EL PODER LEGISLATIVO COMO EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CUANDO SE LES ATRIBUYA LA EMISIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS. IV. PROCESO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COLIMA. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA EMISIÓN DE NORMAS (ARTÍCULO 47, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA). V. PRESUPUESTOS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE COLIMA. OMISIÓN DE CONSULTA A LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD PREVIO A LA EMISIÓN DEL DECRETO QUE REFORMÓ LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DE ESA ENTIDAD QUE LES IMPONE EL CUMPLIMIENTO DE DIVERSOS ACTOS QUE TRASCIENDEN DIRECTAMENTE A SU PRESUPUESTO Y AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, TIENE EFECTOS INVALIDANTES DE DICHO DECRETO (INVALIDEZ DEL DECRETO 272, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO 272, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ CON EFECTOS DE INAPLICACIÓN ÚNICAMENTE PARA EL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DEL DECRETO 272, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 132/2017. MUNICIPIO DE COLIMA, ESTADO DE COLIMA. 14 DE MAYO DE 2020. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: MÓNICA JAIMES GAONA.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al catorce de mayo de dos mil veinte.
VISTOS; para resolver los autos de la controversia constitucional 132/2017, promovida por el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Colima, Estado de Colima, contra actos del Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de dicha entidad federativa, consistentes en el Decreto 272, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el primero de abril de dos mil diecisiete, que adicionó el artículo 47, fracción VI, así como sus disposiciones transitorias Primera a Tercera, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.
RESULTANDO
PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de abril de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Colima, por conducto de su síndico y representante legal, Francisco Javier Rodríguez García, presentó demanda de controversia constitucional contra las siguientes autoridades:
1. Poder Legislativo; y,
2. Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Colima.
De esas autoridades se reclamó la aprobación, promulgación y publicación de la adición a la fracción VI del artículo 47, así como sus disposiciones transitorias, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, mediante Decreto 272, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima”, en el suplemento número 4, el primero de abril de dos mil diecisiete.
El texto de la fracción impugnada, y de las disposiciones transitorias respectivas, es el siguiente:
"Artículo 47. El presidente municipal es el ejecutor de las determinaciones del Cabildo y tiene las siguientes facultades y obligaciones:
"...
"VI. En materia de imagen institucional:
"a) Cumplir con el principio de imparcialidad establecido en los artículos 134 de la Constitución Federal y 138(1) de la Constitución Local, en cuanto a la aplicación de recursos públicos que estén bajo su responsabilidad;
"b) Conservar una imagen oficial que sea libre de todo contenido que promueva algún partido político, misma que deberá respetar el escudo oficial que identifica a cada municipalidad, así como los colores y lema del mismo;
"c) Abstenerse de utilizar en los documentos e informes oficiales, símbolos, lemas o colores que se relacionen con algún partido o asociación política. Cada municipalidad deberá emplear únicamente su escudo oficial en los mencionados instrumentos;
"d) Respetar la imagen institucional en los anuncios oficiales que difundan información gubernamental, evitando emplear colores o símbolos de algún partido político;
"e) Abstenerse de emplear en los vehículos utilizados como patrullas o para asuntos oficiales, colores o signos asociados con algún partido o asociación política;
"f) Mantener en los edificios que correspondan a entidades de los gobiernos municipales, un diseño exterior e interior, acorde a la imagen tradicional del Municipio y ajeno a cualquier partido o asociación política;
"g) Evitar la utilización en las páginas web oficiales de los Ayuntamientos, los colores o símbolos que impliquen la promoción del partido político que represente el poder. Estos sitios web deberán limitarse a proporcionar la información de interés público;
"h) Proporcionar a los trabajadores del gobierno municipal, uniformes libres de logotipos o colores que surgieran de alguna afiliación partidista; y
"i) Las demás que le señalen las leyes federales, estatales y los reglamentos municipales. ...”
"TRANSITORIOS
“PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial ‘El Estado de Colima’.
“SEGUNDO. Los titulares de las administraciones de los Ayuntamientos de la entidad, en un plazo no mayor a noventa días naturales a la entrada en vigor del presente decreto, deberán establecer dentro de sus reglamentos internos y demás normatividad aplicable, lo relativo al cuidado y protección de la imagen institucional de los Municipios.
“TERCERO. Los titulares de las administraciones de los Ayuntamientos que actualmente incurran en alguna falta de los supuestos señalados en cualquiera de los incisos de la fracción VI del artículo 47 del presente documento, deberán subsanar, enmendar, adecuar, cambiar o sustituir la irregularidad, en un plazo no mayor a noventa días naturales a la entrada en vigor del presente documento. Asimismo, dentro del mismo plazo, tendrán la obligación de informar por escrito al H. Congreso del Estado, a través de Oficialía Mayor, la reparación del daño cometido.”
SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. La parte actora narró los antecedentes del caso y expuso los siguientes conceptos de invalidez:
“Único. La invasión, por parte del Legislativo y Ejecutivos Locales, de la esfera de competencia que otorga al Municipio el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al aprobar, promulgar y publicar, respectivamente el Decreto número 272, por el que se adicionó una fracción VI, pasando la actual fracción VI a ser la VII, del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.
“El análisis constitucional que se solicita sea realizado en la presente instancia exige esclarecer la línea divisora entre la facultad legislativa de los Congresos Locales para establecer la línea divisora entre la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos para ‘organizar la administración pública municipal’, por otro lado, y determinar si la norma impugnada se inscribe en uno u otro de los ámbitos citados.
“Recordemos en qué términos establece la fracción II del artículo 115 de la Constitución ambas potestades de creación normativa.
“‘Artículo 115’. (Se transcribe).
“Como puede observarse, la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal atribuye a los Municipios competencia para emitir normas generales denominadas ‘bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general’ (fracción II, segundo párrafo). A esta facultad reglamentaria pueden recurrir en ejercicio de su competencia para ‘organizar la administración pública municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y asegurar la participación ciudadana y vecinal’. Junto a lo anterior, la Constitución consagra la competencia de las Legislaturas Estatales para emitir ‘leyes en materia municipal’ y precisa a qué materias podrán estas leyes referirse. Entre las mismas, y según consta en el apartado a) del tercer párrafo, se encuentra el establecimiento de las ‘bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo’.
“Para avanzar en la delimitación de atribuciones que la resolución de esta controversia exige, es necesario recordar los principales criterios sentados por esta Suprema Corte al resolver la controversia constitucional 14/2001, interpuesta por el Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, el siete de julio de dos mil cinco. En esa resolución se inició una exploración del tipo de criterios que han permitido identificar los equilibrios mediante los cuales la Constitución Federal armonizó las facultades legislativas de los Congresos Estatales y las facultades reglamentarias de los Municipios. El núcleo decisorio que sintetiza lo concluido en esa ocasión es que, tras las reformas de mil novecientos noventa y nueve, se hace necesario hablar de la existencia de un orden jurídico municipal, independiente de los órdenes jurídicos estatal y federal, y no incluido en el primero, como ocurría en el entramado originalmente previsto en la Constitución de mil novecientos diecisiete. La siguiente tesis plasma lo anterior.
“‘MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, RECONOCE LA EXISTENCIA DE UN ORDEN JURÍDICO PROPIO.’ (Se transcribe).’
“Entre las razones por las que se llegó a esta conclusión figura, pues, de modo destacado, la previsión constitucional según la cual los Ayuntamientos son órganos de gobierno; el reconocimiento de que, en esa calidad son titulares de la facultad reglamentaria; y el hecho de que la Constitución les atribuye ahora un ámbito de competencia exclusivas, cuyo respeto pueden revindicar (sic) a través del control constitucional ejercido por la Suprema Corte.
“Dentro de este último ámbito -el de las atribuciones o competencias propias constitucionalmente garantizadas- se encuentra la potestad de autoorganización. En la controversia constitucional 14/2001 se destacó del siguiente modo:
“‘La conceptualización del Municipio como órgano de gobierno conlleva además el reconocimiento de una potestad de autoorganización, por virtud de la cual, si bien el Estado regula un cúmulo de facultades esenciales del Municipio, quedan para el Ayuntamiento potestades adicionales que le permiten definir la estructura de sus propios órganos de administración, sin contradecir aquellas normas básicas o bases generales que expide la legislatura. Lo anterior queda confirmado tan pronto se concatena este concepto explícito del Municipio como «órgano de gobierno» con el contenido que la reforma otorgó a la facultad reglamentaria municipal.’
“La autoorganización que es tanto un cúmulo de poderes funcionales como el ámbito material sobre el cual están llamados a proyectarse, dimensiones a las que se hace referencia conjunta al hablar de la ‘potestad’ de autoorganización queda confirmada tan pronto se concatena la calificación constitucional del Municipio como órgano de gobierno con la atribución constitucional al mismo de la potestad reglamentaria.
“En otras palabras: no tendría sentido hablar de órgano de gobierno, ni de potestad reglamentaria si al Municipio le fuera negada la capacidad para autoorganizarse, porque la organización municipal parece ser el ámbito de proyección mínimo, necesario y presupuesto de las atribuciones normativas de un órgano al que la Constitución califica de órgano meramente administrativo o ejecutor.
“Sin embargo, esta facultad de autoorganización de la que el Municipio como órgano de gobierno es titular, desplegable mediante la facultad reglamentaria, no es ilimitada, sino que debe, de conformidad con la misma fracción II del artículo 115, equilibrarse con las facultades legislativas de los Congresos Estatales en esa materia. Los Municipios tienen competencia para autoorganizarse y en ejercicio de la misma deben poder definir la estructura de sus propios órganos de administración, con respecto a las normas contenidas en las leyes estatales en materia municipal. El contenido de estas últimas, sin embargo, no queda librado a la libre definición de las citadas leyes sino que está, de nuevo, constitucionalmente acotado.
“Éste es un punto clave que debe ser subrayado, como se destacó en la controversia constitucional 14/2001, las reformas constitucionales de mil novecientos noventa y nueve, tuvieron por objeto y finalidad acotar el margen de actuación de las Legislaturas Estatales en materia municipal. A partir de su entrada en vigor, las Legislaturas Locales sólo están facultadas para establecer, en normas con rango de ley, un catálogo de normas esenciales orientadas a proporcionar un marco normativo homogéneo que asegure el funcionamiento regular de los Ayuntamientos, acotamiento que permite a los Municipios de definición de cuestiones que les son propias y específicas.
“El texto reformado del artículo 115 constitucional, modificó el término ‘bases normativas’ utilizando en la redacción anterior, por el de ‘leyes estatales en materia municipal’, lo que obedeció a la necesidad de limitar el margen de actuación de las Legislaturas Estatales respecto de los Municipios, para acotarlo al establecimiento de un catálogo de normas esenciales tendentes a proporcionar un marco normativo homogéneo que asegure el funcionamiento regular del Ayuntamiento, pero sin permitir a dichas Legislaturas intervenir en las cuestiones propias y específicas de cada Municipio.
“La descripción del objeto y fin de las leyes municipales en materia municipal queda sintetizada en la siguiente tesis:
“‘LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.’ (Se transcribe).
“En relación con los reglamentos municipales, este Pleno subrayó que, desde la reforma constitucional citada, se trata de normas con un fundamento constitucional independiente que gozan de un ámbito propio de proyección que permite a los Municipios ‘adoptar una variedad de formas adecuadas para regular su vida municipal, su organización administrativa y sus competencias constitucionales exclusivas, atendiendo a sus características sociales económicas, biográficas, poblacionales, urbanísticas, etcétera’, respetando las leyes municipales que deben limitarse a establecer los aspectos generales y fundamentales de la organización municipal.
“El Constituyente Permanente, en consecuencia trata de establecer un equilibrio competencial en el que no prevalezca la regla de que un nivel de autoridad tiene facultades mayores o de mayor importancia que el otro, sino un esquema en el que cada uno tenga las que constitucionalmente le corresponden: al Estado le corresponde sentar las bases generales a fin de que exista similitud en los aspectos fundamentales en todos los Municipios del Estado y al Municipio le corresponde dictar sus normas específicas, sin contradecir esas bases generales dentro de su jurisdicción.
“Por lo tanto, es posible concluir que la intención fundamental de la reforma de mil novecientos noventa y nueve, en lo que se refiere a la fracción II del artículo 115 constitucional, es la siguiente: los Municipios deben ser iguales en lo que es consustancial a todos, lo cual se logra con la emisión de las bases generales que emite la Legislatura del Estado, pero tiene el derecho derivado de la Constitución Federal de ser distintos en lo que es propio de cada uno de ellos, lo cual se consigue a través de la facultad normativa exclusiva que les confiere la citada fracción II del artículo 115 constitucional.
“El Pleno de la Suprema Corte destacó que, para precisar la extensión o alcance de cada una de dichas potestades de creación normativa, deben tomarse en consideración los siguientes seis puntos:
“1) Las bases de la administración pública municipal que dicten las Legislaturas Estatales deben orientarse a regular sólo cuestiones generales del Municipio, tanto sustantivas como adjetivas;
“2) El establecimiento de dichas cuestiones generales tendrá por objeto únicamente establecer un marco normativo homogéneo a los Municipios de un Estado, que debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure el funcionamiento del Municipio, pero únicamente en los aspectos que requieran dicha uniformidad.
“3) La competencia reglamentaria del Municipio implica la facultad exclusiva para regular los aspectos medulares de su propio desarrollo.
4) No es aceptable que con apoyo en la facultad legislativa con que cuenta el Estado para regular la materia municipal, intervenga en las cuestiones específicas de cada Municipio para reglamentar sus cuestiones específicas.
“5) En consecuencia queda para el ámbito reglamentario, como facultad exclusiva de los Ayuntamientos, lo relativo a policía y gobierno, su organización y funcionamiento interno, lo referente a la administración pública municipal, así como la facultad para emitir normas sustantivas y adjetivas en las materias de su competencia exclusiva, a través de bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter general, en todo lo que se refiere a las cuestiones específicas de cada Municipio.
“En efecto, la administración pública municipal requiere de un marco jurídico adecuado con la realidad, que si bien debe respetar lineamientos, bases generales o normas esenciales, también deben (sic) tomar en cuenta la variedad de formas que pueden adoptar una organización municipal, atendiendo a las características sociales (sic) económicas, biogeográficas, poblacionales, urbanísticas, etcétera, de cada Municipio; de ello se sigue que no es posible establecer una organización interna única y definitiva para los diversos Municipios que integren una entidad federativa. En respeto de esa capacidad de organización y gobierno, los Municipios cuentan ahora con un ámbito de competencia propio, referido a la regulación de estas (sic) cuestiones particulares.
“6) En ese sentido, las leyes estatales en materia municipal derivadas del artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal, esto es, ‘las bases generales de la administración pública municipal’, esencialmente comprenden aquellas normas indispensable (sic) para el funcionamiento regular del Municipio; del Ayuntamiento como su órgano de gobernación y de su administración pública; las normas relativas al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los nuevos incisos incluidos en la reforma, así como la regulación de los aspectos de las funciones y los servicios públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado.
“En la controversia constitucional 14/2001, se apuntó que las bases generales podrían, típicamente ocuparse de lo siguiente:
“‘a) La regulación de las funciones esenciales de los órganos municipales establecidos en la Constitución Federal, es decir del Ayuntamiento, del presidente municipal, de los síndicos y de los regidores, en la medida en que no interfieran con las cuestiones específicas de cada Municipio. Lo anterior, sin perjuicio de que cada Ayuntamiento pueda a través de su facultad reglamentaria, establecer nuevas facultades y funciones a estos órganos, que le impriman un carácter individual a cada Municipio.
“‘b) La regulación de las funciones esenciales de los órganos municipales cuya existencia es indispensable para el desenvolvimiento regular y trasparente de la administración pública municipal, esto es, del secretario del Municipio del órgano encargado de la tesorería municipal.
“‘...
“‘e) Las normas relativas a la representación jurídica de los Ayuntamientos.
“‘...
“‘r) La regulación de los aspectos de las funciones y los servicios públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado, etcétera.’
“Las leyes que contengan las bases generales de la organización pública municipal deben, por tanto, limitarse a sentar un marco regulativo general, circunscribiéndose al establecimiento de los elementos ‘indispensables’ para asegurar el funcionamiento de los Municipios, centrándose sólo en aquellos aspectos en los que sea exigible la uniformidad, y dejando un espacio real y suficiente para la existencia de normas municipales que organicen la administración municipal de conformidad con las especificidades de su contexto -sensibles a sus concretas características sociales, económicas, biogeográficas y poblacionales-.
“En armonía con lo anterior, los reglamentos municipales, destacó el Pleno, podrán ser de dos tipos: los de detalle de normas que deben limitarse a desarrollar, complementar o pormenorizar normas generales anteriores, de modo similar a los derivados de la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y de los expedidos por los gobernados (sic) de los Estados, con extensión normativa y capacidad de invocación limitada, ligado a las leyes precedentes por el principio de subordinación jerárquica, y destinado sólo a desarrollarlas, complementarlas o pormenorizarlas, porque en ellas encuentra su justificación y medida, y de modo destacado los reglamentos que emanan de la fracción II del artículo 115 constitucional, llamados a la innovación y a la mayor extensión normativa, y en donde los Municipios pueden regular más ampliamente aquellos aspectos específicos de la vida municipal en el ámbito de sus competencias sobre los últimos, se dijo textualmente lo siguiente: (Se transcriben).
“Se transcribe a continuación una de las tesis que recogió estas conclusiones básicas:
“‘MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCES DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA.’ (Se transcribe).
“Los reglamentos municipales previstos por la fracción II del artículo 115 constitucional gozan, por tanto, de un ámbito independiente y exclusivo de contenido que les permite regular el espectro de cuestiones antes identificado. La existencia de este tipo de reglamentos municipales conforme (sic) un instrumento indispensable para que la administración pública municipal trabaje adecuadamente.
“En el caso justiciable, la modificación legislativa realizada por los Poderes demandados, aun cuando aparentemente pretende lograr la observancia de los postulados contenidos en el artículo 134 constitucional, materialmente constituye una intromisión injustificable en la esfera de atribuciones propias del Municipio, al imponer en la reforma legislativa impugnada al presidente municipal las siguientes obligaciones:
“1. Abstenerse de utilizar en los documentos e informes oficiales, símbolos, lemas o colores que se relacionen con algún partido o asociación política;
“2. Cada municipalidad deberá emplear únicamente su escudo oficial en los documentos e informes oficiales;
“3. Evita emplear colores o símbolos de algún partido político en los anuncios oficiales que difunden información gubernamental;
“4. Abstenerse de emplear en los vehículos utilizados como patrullas o para asuntos oficiales, colores o signos asociados con algún partido político o asociación política;
“5. Mantener en los edificios que corresponden a entidades de los gobiernos municipales, un diseño exterior e interior acorde a la imagen tradicional del Municipio y ajeno a cualquier partido o asociación política;
“6. Evita la utilización en las páginas web oficiales de los Ayuntamientos, de los colores o símbolos que impliquen la promoción del partido político que represente el poder.
“7. Estos sitios web deberán limitarse a proporcionar la información de interés público;
“8. Proporcionar a los trabajadores del gobierno municipal uniformes libres de logotipos o colores que siguieran alguna filiación partidista.
“En principio, debe quedar claro que la presente impugnación no pretende obtener un permiso para la realización de las conductas señaladas como prohibidas, sino evidenciar que las disposiciones generales combatidas son contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haber sido emitidas por dos Poderes locales en franca contravención de la autonomía constitucional del Municipio, siendo en todo caso el Cabildo el órgano de gobierno facultado para la emisión de disposiciones de esta naturaleza, dado su nivel de detalle y las atribuciones reguladas en las mismas (símbolos, lemas o colores utilizados en documentos e informes oficiales; colores en las mismas empleados en la difusión de información gubernamental; colores o signos empleados en vehículos oficiales; diseños exteriores e interiores de los edificios propios; colores y símbolos utilizados, así como información adicional proporcionada en sitios web; logotipos o colores utilizados en los informes de trabajadores de la institución).
“De este modo, las normas generales impugnadas devienen inconstitucionales al pretender coartar la autonomía constitucional del Municipio que, con pleno respeto a lo dispuesto en el marco jurídico aplicable, es libre de utilizar en los documentos e informes oficiales, en su información gubernamental, en los vehículos oficiales, en sus edificios, en sus páginas web, en los uniformes de sus trabajadores, etc., los símbolos, lemas, signos, colores, diseños, información, logotipos, que estime pertinentes sin que pueda válidamente permitirse que autoridades pertenecientes a otro nivel de gobierno (en este caso, el estatal) puedan constitucionalmente decirle qué sí hacer y qué no hacer al respecto, máxime cuando lo hacen con normas tan prohibitivamente laxas, que vuelven casi materialmente imposible la operatividad del Municipio con semejante número de restricciones.
“Estimar lo contrario, implicaría permitirles a los Poderes demandados un nivel de injerencia inadmisible en la operación diaria del Ayuntamiento, que sólo éste puede determinar en su propio Reglamento de Gobierno Municipal acorde con su facultad de autoorganización, máxime que las prohibiciones mencionadas ni siquiera resultan exigibles para el propio Poder Ejecutivo o, en su caso, para los propios legisladores o del Poder Judicial del Estado. Sólo para efecto de ilustrar el alcance de la intromisión, sería convalidar algo tan absurdo como el hecho de que el Congreso de la Unión determinara de qué color podría pintar su edificio sede esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; o que el Poder Legislativo de la Ciudad de México les indicara a los señores Ministros cuáles colores y símbolos utilizar y cuáles no en el sitio web de esta institución; o que el jefe de Gobierno les indicara cómo deben ser los uniformes de los trabajadores del Alto Tribunal.
“De esta manera, se reitera, que la reforma impugnada es inconstitucional, dado que la administración pública municipal es un orden de gobierno distinto, respecto del cual el Legislativo sólo puede emitir bases generales; máxime que la regulación de la vida interna de los Municipios queda supeditada, como ya se dijo al ejercicio de su propia facultad reglamentaria, pues el propio artículo 115 constitucional establece en su fracción segunda como una facultad exclusiva de los Ayuntamientos expedir reglamentos que organicen la administración pública municipal. En ese tenor, es inconstitucional que la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima invada las atribuciones que la Constitución otorga para su ejercicio al Ayuntamiento, en perjuicio de la autonomía municipal. Dicha ley debe prever las bases generales de la administración pública, no así la organización específica de los Ayuntamientos y las acciones de gobierno que cada uno de ellos implementen, ya que esta facultad es del referido órgano colegiado.
“Establecer símbolos, logotipos o colores específicos forma parte de la identidad de cada administración municipal; la estrategia gubernamental para lograr el acercamiento con la sociedad y el deseo de ésta de involucrarse con las acciones de gobierno; por lo que establecer regulaciones o restricciones en ese sentido es inmiscuirse en la vida interna del gobierno municipal mediante la invasión de la autonomía municipal y el ejercicio de facultades no otorgadas a la Legislatura Local. Lo anterior, radica en la naturaleza de la reforma de 1999 al artículo 115 constitucional, como puede ser analizado en los propios considerandos y motivos del dictamen de la citada reforma constitucional reglamentaria al Municipio; sin embargo, se supeditaba a que detallara las expedidas por los legislativos estatales, quedando la facultad reglamentaria municipal condicionada totalmente al alcance y eficacia de las leyes locales.
“No obstante, la reforma de 1999 al artículo 115 constitucional tuvo como propósito fundamental delimitar el objeto y alcances de las leyes estatales en materia municipal y ampliar la facultad reglamentaria del Municipio en determinadas materias; por lo que resulta una arbitrariedad manifiesta de la Legislatura Local la aprobación del decreto que modifica el artículos (sic) 47 de la Ley del Municipio Libre para establecer restricciones a los Municipios, cuando la propia reforma de 1999 ya delimitó sus facultades.
“Por ello, se considera pertinente el análisis que debe hacerse del tipo de prohibiciones que tuvieron a bien consagrar los legisladores en las normas generales impugnadas, y del cual se puede advertir, con apoyo sobre todo en la exposición de motivos de dicha reforma, que ésta tuvo como base un sinnúmero de argumentos eminentemente subjetivos, cuando no meras apreciaciones sin sustento, llegando al absurdo de dar por hecho que quienes se lleguen a ubicar en los supuestos que sólo existen en su imaginación ya son infractores de la norma jurídica, pues todo lo que exponen dan por sustentado que se trata de una violación al principio de imparcialidad.
“Lo expuesto cobra más relevancia en virtud del contenido del transitorio tercero, en el que se puede advertir que, en franca contravención de la garantía de irretroactividad de la ley, emiten una disposición general para que rija sobre situaciones ya acontecidas y, además le agregan una sanción para quienes ‘contravinieron’ la norma que no existía y que, ahora no se plieguen a los dictados del arbitrario legislador, quien violó indirectamente el artículo 16 de la Carta Magna, al no respetar lo dispuesto en el numeral 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, dado que fue omiso en incluir en el dictamen del proyecto de ley correspondiente la relación que guardaba con los planes y programas estatales y municipales respectivos y una estimación fundada sobre el impacto presupuestario del proyecto para el Municipio, amén de que nunca se formuló la consulta previa a la entidad municipal que represento, la cual estimo era sumamente necesaria sobre todo por la obligación de representación del daño cometido consignada en el referido Transitorio Tercero, consistente en ‘subsanar, enmendar, adecuar, cambiar o sustituir la irregularidad, en un plazo no mayor a noventa días naturales’ a la entrada en vigor del decreto impugnado.
“Por todo lo anterior, resulta procedente que debe concederse la invalidez de las normas impugnadas, porque las actuaciones de las responsables violentan lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirven de apoyo las siguientes tesis:
“‘
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30065-ed5d52e2/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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