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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA SÍNDICA MUNICIPAL PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE UN MUNICIPIO DEL ESTADO DE COLIMA (ARTÍCULO 51, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE COLIMA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN DE LAS NORMAS GENERALES OBJETO DE LA CONTROVERSIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COLIMA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 9, NUMERAL 1, FRACCIÓN CIV, 167, NUMERAL 1, 168, NUMERAL 1, FRACCIONES I, II, III Y IV, 169, FRACCIÓN I, DEL NUMERAL 1, 184, NUMERAL 2, 227, NUMERAL 1, 228, NUMERAL 2, 232, NUMERALES 1 Y 2, 260, NUMERAL 1, 270, NUMERAL 4 Y SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚM. 195, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA AUTORIZA A EXAMINAR EN SU CONJUNTO LA DEMANDA A FIN DE RESOLVER LA CUESTIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA, CORRIGIENDO LOS ERRORES QUE SE ADVIERTAN. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LAS VIOLACIONES PROCESALES DE ÉSTE DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA PROCESAL Y DE EQUIDAD EN LA DELIBERACIÓN PARLAMENTARIA DEBE EVALUARSE ATENDIENDO A LAS PARTICULARIDADES DEL CASO CONCRETO. XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. DEBE RESPETAR LA EXPRESIÓN Y DEFENSA DE LA OPINIÓN DE LAS MAYORÍAS Y MINORÍAS PARLAMENTARIAS, ASÍ COMO EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DELIBERATIVA. XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. FASES QUE LO COMPONEN. XIV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL DE LLEVAR A CABO UN DICTAMEN DE IMPACTO REGULATORIO PARA LA EMISIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO NÚM. 195, POR VIRTUD DEL CUAL SE EXPIDIÓ LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). XV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. LA INTERVENCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DENTRO DE LA FACULTAD CONCURRENTE DE DICHO PROCESO. XVI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. REGLAS QUE RIGEN LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES POR PARTE DE LAS COMISIONES DEL CONGRESO LOCAL. XVII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COLIMA. EL HECHO DE QUE EL DICTAMEN LEGISLATIVO POR EL QUE SE APROBÓ EL DECRETO IMPUGNADO SE LIMITE A SEÑALAR QUE SE REALIZARON FOROS DE CONSULTA Y ACTOS DE PARLAMENTO ABIERTO, SON INSUFICIENTES PARA TENER POR DEMOSTRADA LA INTERVENCIÓN LEGALMENTE REQUERIDA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD (INVALIDEZ DEL DECRETO 195, POR VIRTUD DEL CUAL SE EXPIDIÓ LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA", EN LA EDICIÓN ORDINARIA NÚMERO 86, SUPLEMENTO NÚMERO 8, DEL SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2022). XVIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COLIMA. LA OMISIÓN DE CONSULTA A LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD PREVIO A LA EMISIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO TIENE EFECTOS INVALIDANTES, YA QUE EL CONGRESO LOCAL TENÍA LA OBLIGACIÓN DE DICTAMINAR LAS INICIATIVAS EN COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚM. 195, POR VIRTUD DEL CUAL SE EXPIDIÓ LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERR

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 195/2023. · Registro digital (IUS): 32957
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-01-31
Promovente: MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, ESTADO DE COLIMA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Enero de 2025, Tomo V, Volumen 1, Pág.249.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 195/2023. MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, ESTADO DE COLIMA. 7 DE MARZO DE 2024. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ.

Í N D I C E

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 195/2023, promovida por el Municipio de Villa de Álvarez, Estado de Colima, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de esa entidad.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. PRIMERO. Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Síndico municipal de Villa de Álvarez, Estado de Colima, promovió controversia constitucional en la que solicitó la invalidez de los actos emitidos por la autoridad siguiente:

2. Entidad, poder u órgano demandado:

• Poder Legislativo del Estado de Colima.

• Poder Ejecutivo del Estado de Colima.

3. Actos cuya invalidez se demanda:

a) La aprobación y expedición, con fecha 16 de noviembre de 2022, por parte de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Colima, del DECRETO No. 195 por el que se expide la; así como la promulgación de fecha 28 de noviembre de 2022 y la publicación de fecha 31 de diciembre de 2022, por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, del mismo Decreto número 195, emitido en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado denominado "El Estado de Colima" en su Edición Ordinaria, Tomo CVll, número 86, por el que se expide la norma general que se demanda denominada Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima.

4. SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como hechos los siguientes:

• Con fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la LX Legislatura del Congreso del Estado de Colima aprobó y emitió el DECRETO No. 195.

• Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el Poder Ejecutivo promulgó, y ordenó la impresión, publicación, circulación y observancia del DECRETO NÚMERO 195 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA.

• El treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, el Poder Ejecutivo, a través de la Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberana de Colima y la Secretaria General de Gobierno del Estado de Colima, publicó, en el Periódico Oficial del Estado denominado "El Estado de Colima", en su Edición Ordinaria, Tomo CVII, número 86, suplemento número 8, el DECRETO NÚMERO 195 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA.

• La aprobación, expedición, promulgación y publicación del DECRETO NÚMERO 195 conforman los actos impugnados en la presente controversia constitucional, mismos que constituyeron la norma general cuya invalidez se demanda por violentar la supremacía constitucional respecto a la autonomía del municipio, afectando particularmente las atribuciones que le son conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de servicios públicos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, zonificación y mejora regulatoria, invadiéndose y limitando sus facultades para expedir disposiciones de observancia general dentro de su respectiva jurisdicción a fin de organizar la administración pública municipal, regular, materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.

5. TERCERO. Conceptos de invalidez. El Municipio actor, en síntesis, arguyó los siguientes conceptos de invalidez:

Primer concepto de invalidez. La exigencia de actos de concurrencia por parte del Ejecutivo Estatal a fin de verificar congruencia antes, durante o posterior a la expedición de dictámenes o programas municipales en materia de acciones urbanísticas, así como la atribución del Ejecutivo Estatal para realizar verificaciones, valoraciones técnicas y legales de aprovechamientos del suelo, vulneran la autonomía del Municipio establecida en el artículo 115, fracción V, incisos a), d) y f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La norma general cuya invalidez se demanda dispone en sus artículos 9, fracciones XXXVII, XXXIX y CIV; 20, fracciones XIII y XXVIII; 24, fracciones V, VI y XIII; 24, fracción II; 79; 91, párrafo 1; 101, párrafos 1 y 3; 102; 167; 172; 175; 227 y 228. Se realiza una tabla en la que se precisa cada uno de los conceptos de invalidez del articulado señalado:

Ver conceptos de invalidez del articulado cuya invalidez se demanda 1

Segundo concepto de invalidez. El decreto número 195 por el que se expide la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, transgrede los ámbitos de concurrencia competencial en materia de Mejora Regulatoria que el artículo 25, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra para cada orden de gobierno: federal, estatal y municipal; propiamente, la norma general que se impugna no cumple con lo dispuesto por los artículos 3, fracción XV, 69, 70 y 71 de la Ley General de Mejora Regulatoria.

En los Considerandos de la norma general que se impugna no se encuentra manifestado o evidenciado el momento en que el Poder Legislativo dio cumplimiento a lo establecido en el articulado referido vinculado con el Análisis de Impacto Regulatorio que debió efectuarse con la finalidad de establecer el marco de análisis estructurado para asistir, en este caso específico, al municipio como Sujeto Obligado en el estudio de los efectos de las Regulaciones y Propuestas Regulatorias que en materia de servicios y trámites de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano debe dar cumplimiento el municipio de Villa de Álvarez al momento de entrar en vigencia la norma general que se impugna.

Sin este Análisis de Impacto Regulatorio, el Poder Legislativo creó, a su libre arbitrio, disposiciones regulatorias de competencia municipal contenidas en la norma general que se impugna por limitar su autotutela administrativa, es decir, limitan la capacidad de la administración pública municipal para imponer su voluntad e incluso ejecutarlas sin necesidad de acudir a otro Poder para imponer sus decisiones en materia de mejora regulatoria, asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, zonificación y utilización del suelo. Por tanto, las normas impugnadas impiden que, en materia de mejora regulatoria para los servicios y trámites relacionados con asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, el Municipio ejerza por sí y ante sí sus facultades administrativas y ejecutivas para implementar políticas públicas de mejora regulatoria municipal a fin de simplificar las regulaciones, trámites y servicios en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano y con ello dar cumplimiento a la Constitución Federal.

Con la imposición de dichas regulaciones por parte del Poder Legislativo sin haberse sujetado a un Análisis de Impacto Regulatorio, los actos de autoridad del Municipio relacionados con dichos trámites y servicios violentan el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el Poder Legislativo local, al no ponderar la nueva regulación en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano para el Estado de Colima, al amparo de las disposiciones legales de Mejora Regulatoria, conmina a que los sujetos obligados de ejecutar los actos de autoridad que de ella emanan, transgredan sus obligaciones para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La norma general cuya invalidez se demanda no dispone en ninguno de sus Considerandos el momento legislativo de creación de la norma donde se hubiese respetado lo dispuesto por el artículo 25, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo señalado en los artículos 3, fracción XV, 69, 70 y 71 de la Ley General de Mejora Regulatoria, todos relativos a la formulación de un Análisis de Impacto Regulatorio cuya finalidad es, además de lograr la consecución de los objetivos de esa Ley General, establecerán un marco de análisis estructurado para asistir a los Sujetos Obligados, en este caso al Municipio, en el estudio de los efectos de las Regulaciones y Propuestas Regulatorias, y en la realización de los ejercicios de consulta pública correspondientes a la creación de la norma general impugnada.

Solamente, en el Cuarto de los Considerandos del Decreto publicado y que hoy es materia de la presente controversia, se señala que se realizó un ajuste de redacción y técnica legislativa para efectos de clarificar las condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros, prioriza el derecho de las personas propiciando condiciones para garantizar a todos los habitantes sus derechos, por lo que integra un capítulo denominado "Principios de la Ley"; asimismo, se manifiesta que dichos ajustes nacen de una serie de trabajos exhaustivos y multidisciplinarios, tanto con Desarrolladores, Ayuntamientos, Fedatarios Públicos, Cámaras Empresariales, Colegios de Arquitectos, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad y la Sociedad en general y que para efecto de dejar antecedente, se expone que fueron desarrollados 6 foros de parlamento abierto en temas de Movilidad y de Asentamientos Humanos en el recinto de esta Soberanía Popular, organizados y encabezado por la Comisión de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad, que fueron inaugurados el 27 de abril del 2022 y clausurados el 08 de junio del 2022, cuyas propuestas y deliberaciones fueron turnadas a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para los efectos de su Consideración y que en ese instrumento fueron plasmados. Como queda evidenciado, ninguna de las anteriores acciones incide en el cumplimiento del proceso inherente a la formulación y valoración de un Análisis de Impacto Regulatorio conforme lo establece la Ley General de Mejora Regulatoria.

La norma general cuya invalidez se demanda dispone en sus artículos 91, 98, 99, 100, 168, 169, 230, 272, 283, 293, 296, 297, 298, 339, 343, 344, 345, 348 y 351 principalmente. En la tabla siguiente se precisa cada uno de los conceptos de invalidez del articulado anteriormente señalado:

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Tercer concepto de invalidez. Los artículos impugnados específicamente de la norma general cuya invalidez se demanda son 93, 103, 171, 232, 250, 354 y 356 de manera directa violentan el principio de seguridad jurídica reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, impactando en la posibilidad de que el ente municipal ejerza con certidumbre sus facultades en materia de zonificación, planeación y, primordialmente, control y vigilancia del uso del suelo, reconocidas en el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la tabla siguiente se precisa cada uno de los conceptos de invalidez del articulado anteriormente señalado:

Ver conceptos de invalidez del articulado cuya invalidez se demanda 3

Cuarto concepto de invalidez. Las porciones normativas destacadas de los preceptos 19, 21, 22, 23, 68, 163, 184, 192, así como los Transitorios Sexto y Décimo, mismos que se transcriben en la tabla continua, ocasionan una vulneración a las competencias del Municipio actor previstas en el artículo 115, fracción V de la Constitución Federal, por establecer mandatos expresos que prácticamente hacen nugatoria su facultad municipal para decidir de manera real y efectiva la planeación y el desarrollo urbanístico atendiendo a las particularidades de su respectivo ámbito territorial.

Como se puede verificar, no son principios o bases aplicables a la planeación urbana, sino que esas previsiones constituyen auténticos mandatos que dejan poco margen al Municipio para formular y administrar la zonificación de su territorio y el desarrollo de la movilidad, las cuales pueden ser distintas a la mera capacidad para satisfacer los servicios de agua, drenaje y electricidad, con lo cual, prácticamente se obliga al ente municipal a no separar los usos de suelo y densificar las edificaciones, sin permitirle llevar a cabo la planificación y administración de aquellas zonas que no se determinen de conservación de la manera que sea más acorde con las necesidades y la problemática poblacional de su territorio, principalmente la movilidad, vulnerando con ello la autonomía de decisión que en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano y de movilidad le corresponde según lo previsto en el artículo 115, fracción V de la Constitución Federal.

Enseguida se presenta cada uno de los conceptos de invalidez del articulado anteriormente señalado:

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Quinto concepto de invalidez. El Legislador Local aprobó disposiciones en los artículos 17, 28, 38, 80, 83, 84 y 194 de la norma general que se impugna, que presentan contradicciones o, en su caso, ambigüedades o imprecisiones que dejan en estado de incertidumbre legal sobre la cual el Municipio deberá fundamentar sus actos de autoridad, así como las bases sobre las cuáles debe formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial.

A continuación, se presenta cada uno de los conceptos de invalidez del articulado anteriormente señalado:

Ver conceptos de invalidez del articulado cuya invalidez se demanda 5

Sexto concepto de violación. De acuerdo con el marco constitucional, así como lo establecido en la Ley General, la constitución, planeación y gestión urbana de las zonas metropolitanas o conurbadas se lleva a cabo a través de la coordinación de los diferentes órdenes de gobierno, y en los términos de las instancias y mecanismos que prevé dicho instrumento normativo, sin que se desprenda habilitación alguna a las entidades federativas para la constitución de organismos que desarrollen de manera exclusiva y excluyente ese tipo de facultades. No obstante, en la Ley que se impugna, se observa la constitución de un organismo encaminado al desarrollo de las competencias constitucionales que corresponden al ente municipal en materia de desarrollo urbano, situación que, de constituirse, fungirá como una autoridad intermedia frente al Municipio con respecto al gobierno local, en términos de coordinación y gestión de zonas metropolitanas o conurbado; circunstancia la anterior, completamente violatoria del artículo 115, fracción 1, de la Constitución Federal.

A continuación, se presentan los artículos que se impugnan, así como cada uno de sus conceptos de invalidez:

Ver conceptos de invalidez del articulado cuya invalidez se demanda 6

Séptimo concepto de violación. Al establecer el legislador local en el artículo 186, numeral 1, fracción III, que “los espacios verdes abiertos destinados al esparcimiento, a la recreación o al deporte, jardines, parques o cualquier otro bien municipal de uso común con cubierta vegetal, no podrán ser destinados a otras actividades", frustra el objetivo relativo a la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público en términos de la Ley General de la materia, lo cual incide negativamente en el ámbito de competencia que le confiere el artículo 115, fracción V, de la Constitución General.

Ver tabla 1

6. CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 1; 115, fracciones II, inciso a), III, incisos a), b) y g), IV, incisos a) y c), V y VI; 25, último párrafo; y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. QUINTO. Trámite de la controversia. En proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta acordó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 195/2023 y ordenó que se turnara al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, lo anterior, al existir conexidad con las controversias constitucionales 125/2023, 177/2023, y 190/2023, dado que en los asuntos de referencia se impugna el mismo decreto legislativo.

8. El veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, el Ministro Instructor admitió a trámite la demanda; se tuvo como demandados al Poder Ejecutivo y Legislativo, ambos del estado de Colima; tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostenta(1) y se ordenó emplazarlos para que formulara su contestación. Asimismo, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su derecho correspondiese. De igual forma, se ordenó la apertura del incidente de suspensión solicitado por la demandante.

9. Conforme a lo ordenado en el acuerdo admisorio, el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se negó la suspensión solicitada por lo que hace a la norma impugnada.

10. SEXTO. Contestación de la demanda del Poder Legislativo. Por escrito depositado en correos de México, del servicio postal del Municipio de Villa de Álvarez, Estado de Colima, el día diecinueve de mayo de dos mil veintitrés y recibido el dos de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Diputada Yommira Jockimber Carrillo Barreto, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Colima, dio contestación a la demanda.

11. La autoridad demandada manifestó en su contestación, sucintamente, lo siguiente:

Contestación precisa de cada uno de los hechos narrados en los antecedentes de la demanda:

Es cierto que del apartado de "antecedentes", contenido en el decreto número 195, por medio del cual se expidió la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, publicado en el periódico oficial "El Estado de Colima", el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, se desprende que se recibieron ante el congreso del estado diversas iniciativas.

Respecto al tercer punto de los antecedentes de la demanda, es importante esclarecer que conforme a lo señalado sobre que ninguna iniciativa presentada al Congreso del Estado, fue sujeta a un dictamen de mejora regulatoria, dentro de su proceso legislativo y su posterior evolución en dictamen de Comisiones conjuntas, respecto a la exigencia de la Ley General de Mejora Regulatoria en sus artículos 1, 66, 67, 68, 71, 73, 74 y 75 que a excepción del artículo 1 los demás se encuentran contemplado en el Título Tercero "De las herramientas del sistema nacional de mejora regulatoria'", Capítulo III "Del Análisis de Impacto Regulatorio".

Por lo anterior, resulta importante señalar lo establecido en el Capítulo VI "De la Implementación de la Política de Mejora Regulatoria por los Poderes Legislativo, Judicial, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales", el artículo 30, establece que las autoridades referidas en el capítulo VI, entre las que se encuentra este PODER LEGISLATIVO, solo están obligadas a la atención del Capítulo I del Título Tercero de la Ley General de Mejora Regulatoria en relación con el Catálogo, es decir, contrario a lo que afirma la actora, no le es aplicable el título tercero, capítulo III de la Ley, referente al Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). SE TRANSCRIBE

De la misma manera, lo reafirma el artículo 3 de la Ley General de Mejora Regulatoria, en donde establece el catálogo de glosario de términos, específicamente en la fracción XIX que define quienes son los sujetos obligados:

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: ...

XIX. Sujeto Obligado: La Administración Pública Federal y sus respectivos homólogos de las entidades federativas, los municipios o alcaldías y sus dependencias y entidades, la Fiscalía General de la República y las procuradurías o fiscalías locales.

Los poderes legislativos, judiciales, así como los organismos con autonomía constitucional de los órdenes federal o local y los organismos con jurisdicción contenciosa, que no formen parte de los poderes judiciales serán sujetos obligados para efectos de lo previsto en el Capítulo VI del Título Segundo de esta Ley;

Por lo que respecta a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus Municipios, su artículo 4 establece en las "Definiciones generales" numeral 1, fracción XXV que el Poder Legislativo, entre otros, solo serán sujetos obligados para lo previsto en el Capítulo I del Título Tercero de la Ley.

Artículo 4. Definiciones generales

1. Para efectos de la presente Ley, se entiende por:

XXV. Sujetos Obligados: a las dependencias y entidades de la APE; los Ayuntamientos del Estado de Colima, sus dependencias y entidades.

Los poderes Legislativo y Judicial, los órganos autónomos y los órganos jurisdiccionales, que no formen parte del poder judicial, solo serán Sujetos Obligados para lo previsto en el Capítulo / del Título Tercero de la presente Ley;

En ese sentido, lo que establece el Título Tercero y Capítulo I de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus Municipios a la letra dice:

TÍTULO TERCERO DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

CAPÍTULO I

CATALOGO ESTATAL

Es decir, solamente para el Catálogo Estatal que de acuerdo a lo que dice el artículo 31 de la Ley, refiere que tiene como objeto otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatoria, así como fomentar el uso de las tecnologías de información.

El Catálogo Estatal se integra por: Registro Estatal de Regulaciones; Registro Estatal de Trámites y Servicios; Expediente para Trámites y Servicios; Registro Estatal de Visitas Domiciliarias; Registro de Protesta Ciudadana; y Buzón de Sugerencias de Mejora de Trámites y Servicios. Ninguno de ellos hace alusión al "Análisis de Impacto Regulatorio" como lo pretende hacer creer la actora.

La regulación Federal le dio al Poder Legislativo, excepcionar de su aplicación la totalidad de la Ley y en esa misma tesitura, también lo establece la legislación local de la materia, como se ha explicado anteriormente, por lo que, siendo congruente con lo que se estableció en el artículo 4, fracción XXV respecto a la definición de los Sujetos Obligados, en su capítulo VI, artículo 30 refuerza lo referido en el concepto antes citado. Por lo anterior, se concluye que la parte actora no tiene razón, al no ser el Poder Legislativo un sujeto obligado para la aplicación de los artículos 66 al 75 de la Ley General de Mejora Regulatoria.

También se menciona que los ajustes realizados a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, nacieron de una serie de trabajos exhaustivos y multidisciplinarios, tanto con desarrolladores, Ayuntamientos, Fedatarios Públicos, cámaras empresariales, entre otros; incluso, se menciona que se desarrollaron 6 foros de parlamento abierto en temas de movilidad y de asentamientos humanos, encabezados por la Comisión de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad, y cuyas propuestas y deliberaciones fueron turnadas a la Comisión respectiva para efectos de su consideración y que en la Ley de referencia fueron plasmados.

La Ley que ahora se impugna, cuenta con Sustento Constitucional y legal, ya que en materia de asentamientos humanos existe disposición en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 27 párrafo tercero. De igual manera el TERCERO transitorio de la Ley General de la materia ordena a los tres órdenes de gobierno crear o adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de la Ley.

El Decreto 195, no fue incorporado como una comunicación, sino que se incorporó dentro del orden del día de la sesión del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

Razones que se estiman pertinentes para sostener la validez del articulado de la Ley impugnada.

A). La promovente de la presente controversia demanda la invalidez de los artículos 9, fracciones XXXVII, XXXIX, CIV, 24, 91, 92, 167, 172, 227, 228 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, bajo el argumento principal de que lo establecido en dichos preceptos legales invade facultades de competencia exclusiva del Municipio y afecta su autonomía; siendo la figura de la "verificación de congruencia", prevista en el articulado de referencia, de la cual se duele principalmente.

Ahora bien, de un análisis a los preceptos legales impugnados, así como al artículo 115 Constitucional, no se desprende que el Municipio tenga una facultad exclusiva y definitiva en la materia de desarrollo urbano. Los casos de la fracción V del artículo constitucional citado deben entenderse en el contexto de las facultades concurrentes, distribuidas constitucional y legalmente y que deben ser desarrolladas en los términos de las leyes federales y estatales aplicables. En el contexto de las facultades concurrentes a las que hace referencia la fracción V, del artículo 115 Constitucional, se desprende que el legislador otorgó una mayor participación a los Municipios en materia de asentamientos humanos; sin embargo, no decretó una competencia exclusiva y excluyente de los demás niveles de gobierno.

En ese sentido, resulta indispensable mencionar los precedentes en interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió al resolver las Controversias Constitucionales 94/2009, 99/2009 y 100/2009, promovidas respectivamente por los Municipios de San Pedro Garza García, Santa Catarina y San Nicolás de los Garza, todos del Estado de Nuevo León, resueltas en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil once, que dieron lugar a las jurisprudencias siguientes:

"ASENTAMIENTOS HUMANOS. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL".

"ASENTAMIENTOS HUMANOS. VÍAS DE ANÁLISIS DE LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA EN ESA MATERIA".

Las acciones de formulación, aprobación y administración de planes de desarrollo urbano municipal, previstas en el inciso a) de la fracción V del artículo 115 constitucional, se encuentran sujetas a los lineamientos previstos en leyes federales y estatales y no exclusivamente del Municipio. Tampoco llegar al extremo contrario: al considerar que el Municipio deba quedar al arbitrio y merced de las decisiones del Estado, cuando éstas resultan arbitrarias al no contar con un control de la actuación del órgano que debe realizarlas, como es la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad perteneciente al Gobierno del Estado de Colima. La no arbitrariedad de las decisiones debe tener su límite y control en el propio dictamen de congruencia que emita la secretaría una vez que analice y verifique que los planes y programas municipales guardan congruencia entre los distintos niveles de planeación.

La verificación de congruencia deberá contener los motivos y las razones por las cuales el Gobierno Local decida sobre la viabilidad de los planes y programas municipales, justificando clara y expresamente las recomendaciones que considere pertinentes en caso de detectar irregularidades. Así, el propio artículo 9, fracción CIV, de la ley impugnada define a la verificación de congruencia.

Se trascriben las tesis de jurisprudencia: “ASENTAMIENTOS HUMANOS. LOS ARTÍCULOS 10, 28 A 31 Y 63 A 67 DE LA LEY DE VIVIENDA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, AL PREVER DIVERSAS ATRIBUCIONES ESTATALES EN ESA MATERIA REFERENTES A LA VIVIENDA, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”, “FACULTADES CONCURRENTES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEBEN SER CONGRUENTES CON LOS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO FEDERALES Y LOCALES” y “ASENTAMIENTOS HUMANOS. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO ANALIZADO EN EL CONTEXTO DE LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES CONCURRENTES EN ESA MATERIA, ES CONSTITUCIONAL”.

Por lo anterior, los argumentos de la actora se traducen en una errónea interpretación por parte del Municipio actor en cuanto a la invasión de competencias, ya que, mediante las diversas interpretaciones que ha emitido este Alto Tribunal, así como las posturas por medio de las cuales ha resuelto Controversias Constitucionales sobre el tema de Asentamientos Humanos, podemos advertir que el Supremo Tribunal ha considerado como FACULTADES CONCURRENTES las contenidas en el multirreferido artículo 115, fracción V constitucional. Asimismo, sostiene que en dicho precepto el Constituyente otorgó una mayor participación al Municipio, y no una competencia exclusiva y excluyente de los demás niveles de planeación.

Por otro lado, el Municipio actor no hace valer, en contra de ninguno de los preceptos impugnados, una afectación real a su ámbito de competencias asignado constitucionalmente.

Se cita la jurisprudencia: ASENTAMIENTOS HUMANOS. EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LOS MUNICIPIOS PARA AUTORIZAR, CONTROLAR Y VIGILAR LA UTILIZACIÓN DEL SUELO, ASÍ COMO PARA OTORGAR CONSTRUCCIONES IRRESTRICTO”.

B). Respecto a los artículos 17, párrafo primero, fracción V; Artículo 22, párrafo primero, fracción IV; Artículo 45, párrafo primero, fracción IV, Artículo 46, párrafo primero; Artículo 47

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32957-3ef169df/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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