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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE UN MUNICIPIO DEL ESTADO DE COLIMA (ARTÍCULO 51, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE COLIMA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN DE LAS NORMAS GENERALES OBJETO DE LA CONTROVERSIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COLIMA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DE DICHO PODER DE ÉSTE (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA AUTORIZA A EXAMINAR EN SU CONJUNTO LA DEMANDA A FIN DE RESOLVER LA CUESTIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA, CORRIGIENDO LOS ERRORES QUE SE ADVIERTAN. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ RELACIONADOS CON VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULOS 122 Y DEL 124 AL 128 DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NÚM. 195, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LAS VIOLACIONES PROCESALES DE ÉSTE DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA PROCESAL Y DE EQUIDAD EN LA DELIBERACIÓN PARLAMENTARIA DEBE EVALUARSE ATENDIENDO A LAS PARTICULARIDADES DEL CASO CONCRETO. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. DEBE RESPETAR LA EXPRESIÓN Y DEFENSA DE LA OPINIÓN DE LAS MAYORÍAS Y MINORÍAS PARLAMENTARIAS, ASÍ COMO EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DELIBERATIVA. XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. FASES QUE LO COMPONEN. XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. LOS AYUNTAMIENTOS PUEDEN INTERVENIR EN ÉSTE CUANDO: A) PRESENTAN INICIATIVAS DE LEY, B) A JUICIO DEL PODER LEGISLATIVO LOCAL SE REQUIERA LA INTERVENCIÓN DE CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL O PARAMUNICIPAL, O DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE HAYAN MANEJADO RECURSOS DE LA HACIENDA PÚBLICA, Y C) COORDINAN LA DICTAMINACIÓN DE LAS INICIATIVAS. XIV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COLIMA. REGLAS QUE RIGEN LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES POR PARTE DE LAS COMISIONES DEL CONGRESO LOCAL. XV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COLIMA. EL HECHO DE QUE EL DICTAMEN LEGISLATIVO POR EL QUE SE APROBÓ EL DECRETO IMPUGNADO SE LIMITE A SEÑALAR QUE SE REALIZARON FOROS DE CONSULTA Y ACTOS DE PARLAMENTO ABIERTO, ES INSUFICIENTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA INTERVENCIÓN LEGALMENTE REQUERIDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE AQUÉL (INVALIDEZ DEL DECRETO 195 POR VIRTUD DEL CUAL SE EXPIDIÓ LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA", EN LA EDICIÓN ORDINARIA NÚMERO 86, SUPLEMENTO NÚMERO 8, DEL SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2022). XVI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COLIMA. LA OMISIÓN DE CONSULTA A LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD PREVIO A LA EMISIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO TIENE EFECTOS INVALIDANTES, YA QUE EL CONGRESO LOCAL TENÍA LA OBLIGACIÓN DE DICTAMINAR LAS INICIATIVAS EN COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS (INVALIDEZ DEL DECRETO 195, POR VIRTUD DEL CUAL SE EXPIDIÓ LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA", EN LA EDICIÓN ORDINARIA NÚMERO 86, SUPLEMENTO NÚMERO 8, DEL SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2022). XVII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS ENTRE LAS PARTES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚM. 195, POR VIRTUD DEL CUAL SE EXPIDIÓ LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARR

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 177/2023. · Registro digital (IUS): 33331
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-06-20
Promovente: MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, ESTADO DE COLIMA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.285.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 177/2023. MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, ESTADO DE COLIMA. 7 DE MARZO DE 2024. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día siete de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 177/2023, promovida por el Municipio de Cuauhtémoc, Estado de Colima, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE.

1. PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por oficio recibido el trece de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Omar Alejandro Tapia Hernández, ostentándose como Síndico del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cuauhtémoc, del Estado de Colima promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de lo siguiente:

Normas generales:

2. La aprobación y promulgación del Decreto número 195 por el que se expidió la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima.

Señalaron como Autoridades demandadas al:

a) Poder Legislativo del Estado de Colima.

b) Poder Ejecutivo del Estado de Colima.

3. SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes narrados en la demanda, en síntesis, son los siguientes:

a) El dieciséis de diciembre del año dos mil veintidós, la LX Legislatura del Congreso del Estado de Colima, aprobó en sesión Ordinaria número siete del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, el dictamen número 97 elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad, correspondiente a expedir la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima.

b) En virtud de lo señalado en el punto anterior, con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el periódico oficial “El Estado de Colima” el Decreto número 195, por el que se expide la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima.

4. TERCERO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor, en síntesis, son los siguientes:

PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ: INVASIÓN A LAS FACULTADES MUNICIPALES CONTENIDAS EN EL INCISO d) DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO DE LAS FRACCIONES I, II, XIX y XXIV DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.

1.- La suprema Corte de Justicia de la Nación explicó en la Jurisprudencia P./J. 81/98 lo siguiente: “el sistema de distribución de competencias que establece la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, se integra básicamente en lo que atañe a las hipótesis examinadas por las facultades conferidas expresamente a la federación, las potestades asignadas en el artículo 115 de la misma a los municipios y, por las restantes que, de acuerdo con su artículo 124, corresponden a las entidades federativas. Así, el ámbito competencial de los Estados se integra, en principio, por las facultades no expresamente conferidas a la Federación o a los municipios”.

En ese sentido, en el caso de la concurrencia en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y asentamientos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala:

SE TRANSCRIBE.

De los incisos a), b) d) y f) de la fracción V del artículo 115 de la Constitución, encontramos expresamente la facultad conferida por nuestra Constitución al municipio para autorizar, vigilar y controlar la utilización del suelo, en el ámbito de sus competencias y en su jurisdicción territorial, además de las facultades de vigilancia y control que implícitamente se derivan de la facultad de otorgar licencias y permisos para construcciones, la aprobación y administración de la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como de sus reservas territoriales, pues esto se establece lo siguiente:

Por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que tiene como objetivo, según establece en la fracción II de su artículo 1 de: “Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional”; señala respecto a los municipios las siguientes facultades:

SE TRANSCRIBE.

Así, la ley general señalada concuerda y refuerza las facultades municipales para la vigilancia y sanciones de las disposiciones en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano por parte del municipio.

Sin embargo, contrario a lo establecido en los ordenamientos citados, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, señala:

Artículo 20. Atribuciones de la Secretaría.

1. En la aplicación de la presente Ley, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XXVII.

XXVIII. Verificar, en coordinación con el Ayuntamiento, la ejecución de obras y proyectos públicos o privados y demás actividades relacionadas con procesos de aprovechamiento urbano del suelo, mediante la solicitud de informes o vistas de inspección, para garantizar el cumplimiento de lineamientos señalados en la legislación y en los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;

XXIX. ...

XXX. Gestionar y coadyuvar con los Ayuntamientos en la ejecución de acciones administrativas o judiciales que procedan, en contra de quienes promuevan o ejecuten acciones ilícitas de aprovechamiento de predios, tales como lotificaciones no autorizadas, ocupación de destinos y de suelo no urbanizable, no aptos para urbanización o sujetos a riesgos;

XXXI. Calificar las infracciones y coadyuvar con los Ayuntamientos para imponer las medidas de seguridad y, en su caso, las sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas contenidas en la presente Ley y de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como dar vista a las autoridades competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia administrativa, civil o penal se deriven de las faltas y violaciones a la Legislación Urbana;

XXXII. ...

XXXIII. Inspeccionar, vigilar y verificar el cumplimiento y aplicación de disposiciones legales de su competencia, así como resolver sobre los recursos administrativos que les sean planteados y deriven de esta Ley; y

XXXIV. ...

Artículo 205. Adopción de medidas de seguridad e imposición de sanciones.

1. La Secretaría y las Dependencias Municipales por conducto de sus servidoras y servidores públicos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, debiendo adoptar para tal efecto las medidas de seguridad y de imposición de sanciones administrativas que establece esta Ley, independientemente de los ilícitos en que se hubiere incurrido.

Artículo 206. Aplicación de medidas de seguridad y denuncia.

1. La existencia de asentamientos humanos irregulares o la gestación de éstos, se denunciará por cualquier persona ante la Secretaría o la Dependencia Municipal, éstas sin demora, deberán coordinarse para aplicar las medidas de seguridad correspondientes o en su caso, de desalojo y demolición con cargo al peculio de los infractores. Las personas servidoras públicas que tengan conocimiento de la probable existencia de hechos que puedan ser tipificadas como delitos inmobiliarios o de fraccionadores en los términos que prevé el Código Penal para el Estado de Colima, están obligados a denunciarlos inmediatamente al Ministerio Público.

2. ...

3. La Secretaría y la Dependencia Municipal, al tener conocimiento de un asentamiento humano irregular o la formación de éste, procederán de forma coordinada, a aplicar las medidas de seguridad que correspondan de cualquier obra o ventas de predios que se realicen ilícitamente, fijando en los lugares públicos y visibles, copias del ordenamiento que disponga tal situación, el cual deberá estar fundamentado en las disposiciones de esta Ley, así como publicarlo en los periódicos de mayor circulación de la localidad o en sus páginas oficiales, como advertencia pública.

4. La Secretaría y la Dependencia Municipal, a través de sus páginas oficiales hará del conocimiento de la ciudadanía de los desarrollos inmobiliarios que se encuentran acreditados ante las autoridades correspondientes para la venta licita de lotes.

Artículo 215. Áreas no urbanizables.

1. ...

2. Cuando la Secretaría o la Dependencia Municipal detecte o tome conocimiento a través de una denuncia, ejecutará de forma inmediata las medidas de seguridad conducentes, sin perjuicio de otras responsabilidades aplicables.

3. y 4. ...

Artículo 355. Competencia.

1. La Secretaría y los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias tendrán a su cargo la vigilancia y el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. Para tal efecto, podrán adoptar y ejecutar las medidas de seguridad, determinar las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan.

De los preceptos anteriores, puede apreciarse que la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima invade la competencia municipal, en tanto que la Constitución, como la Ley General, confieren al municipio.

Sin embargo, al establecer el contenido de la fracción XX, que las sanciones administrativas, que está facultada la entidad federativa para imponer a los infractores debe ser conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, limita su aplicación a los trabajadores y servidores públicos, no así a los particulares, aunado a lo anterior, también limita sus atribuciones a infracciones derivadas de los programas estatales de desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, siendo el caso que la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Colima va más allá de esto, con la consecuente invasión a las esferas municipales.

El caso de la fracción XXV del citado artículo no deja duda que se refiere a una facultad de las legislaturas locales para crear leyes y reglamentos, sin que éstas puedan invadir la esfera municipal.

Aunado a lo anterior, permitir que ambos órdenes de gobierno ostentarán dichas facultades incidiría en una duplicación de funciones, pudiendo incluso llegar a contradecirse o imponiendo cargas innecesarias a los particulares, creando confusión en la aplicación del orden, y permitiendo que la autoridad estatal actúe de forma unilateral, ejerciendo actos de molestia en la jurisdicción municipal.

En ese orden de ideas, cobra relevancia el criterio de la Suprema Corte invocado al principio del presente asunto, sobre la forma en que opera el sistema de distribución de competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde es este ordenamiento el que confiere expresamente potestades a la Federación y a los municipios, integrándose el ámbito competencial de los Estados, en principio, por las facultades no expresamente conferidas a la federación y a los municipios.

2.- Situación similar ocurre con la facultad de defensa, vigilancia y protección de la seguridad, integridad, calidad, mantenimiento del espacio público que confiere la ley general a los municipios. Y que fue omitida en la ley local colimense.

Hoy al respecto, cabe señalar que la Ley General señala:

Artículo 74. SE TRANSCRIBE.

Artículo 75. SE TRANSCRIBE.

Sin embargo, al desarrollarse el tema los espacios públicos en la ley de asentamientos de Colima, se omitió por la legislatura mencionar y desarrollar esta facultad municipal, siendo el caso que respecto al tema dicha ley sólo refiere:

Artículo 185. Autoridades responsables.

1. La creación, recuperación, adecuación, mantenimiento y defensa del espacio público es Principio de esta Ley y una alta prioridad para el Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, por lo que en los procesos de planeación urbana, de programación de inversiones públicas y de aprovechamiento de áreas y predios en los Centros de Población, se deberá privilegiar el diseño, la calidad y la integridad de los espacios públicos, así como su protección y progresividad, teniendo en cuenta siempre la evolución de la ciudad.

Artículo 186. Uso, aprovechamiento y custodia del espacio público.

1. El uso, aprovechamiento y custodia del espacio público se sujetará a lo siguiente:

I. Prevalecerá el interés general sobre el particular;

II. Los bienes sujetos al régimen de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables;

III. Los espacios verdes abiertos destinados al esparcimiento, a la recreación o al deporte, jardines, parques o cualquier otro bien municipal de uso común con cubierta vegetal, no podrán ser destinados a otras actividades;

IV. Se promoverá la equidad e inclusión en su uso y disfrute, asegurando la accesibilidad universal y la libre circulación de todas las personas, de todos los grupos de edad, garantizando sus derechos individuales y colectivos, respetando todas las formas de diversidad y capacidad y reduciendo los mecanismos de exclusión;

V. Se ponderará la comodidad y la seguridad en el espacio público de la niñez, adultos mayores, personas con discapacidad y personas en labores de cuidado, aplicando en los proyectos técnicas de diseño ambiental y situacional para la prevención del delito y practicando auditorías de seguridad urbana con perspectiva de género;

VI. Se promoverán espacios públicos de dimensiones adecuadas que sirvan como transición y conexión entre barrios, que fomenten la movilidad no motorizada, la pluralidad y la cohesión social, de tal manera que su ubicación y beneficios sean accesibles y próximos a sus habitantes;

VII. Se establecerán lineamientos para que el diseño y traza de vialidades en los Centros de Población asegure su continuidad, privilegiando la conservación del medio ambiente, de acuerdo a las características topográficas y culturales de cada asentamiento humano; y

VIII. Se deberá asegurar la conservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, la calidad formal e imagen urbana y la conservación de los monumentos, el paisaje y el mobiliario urbano.

Artículo 187. Denuncia y participación ciudadana.

1. Toda persona tiene el derecho de denunciar ante las autoridades correspondientes, cualquier acción que atente contra la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute del espacio público.

2. Las iniciativas que pretendan afectar el espacio público para destinarlo a otros fines, deberán analizarse invariablemente con pleno respeto de los Derechos Humanos de las personas que habitan en el área de influencia de dicho destino, considerando una visión integral y promoviendo procesos participativos para informar a los vecinos las razones fundadas para ello, motivadas y sustentadas en los estudios técnicos correspondientes. Deliberada la propuesta, se establecerá en su caso, la estrategia para compensar o sustituir dicho espacio por otro de capacidad, dimensión y ubicación similar.

Artículo 188. Ocupación temporal del espacio público.

1. El Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos podrán establecer instrumentos para autorizar la ocupación temporal u otorgar la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación del espacio público con el objeto de adecuar, mantener, mejorar, modernizar, operar o recuperar dichas áreas, aplicando esquemas de inversión pública privada u otros mecanismos o modalidades de financiamiento que garanticen su gratuidad, su gestión eficiente y la transparencia en su administración.

2. La concesión u ocupación será de carácter temporal y uso definido, por lo que la autorización no conferirá a sus titulares derecho real respecto al bien, ni le otorgará acción posesoria, únicamente le concederá los derechos en tiempo y uso establecidos en las condiciones del título.

Artículo 6. Utilidad pública.

1. Se declara de utilidad pública:

I. El ordenamiento y la administración sustentable del territorio y la ejecución y cumplimiento de la Ley, el Reglamento, los Programas Estatal y Municipales como instrumentos de planeación del Sistema Estatal de Planeación Territorial y las disposiciones jurídicas que para su emisión hayan resultado aplicables;

II. Las acciones de fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los Centros de Población y la implementación de sistemas de actuación para el desarrollo urbano;

III. El establecimiento, protección, conservación, restauración y mejoramiento de bienes de uso común con cubierta vegetal, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y de recarga de los mantos acuíferos;

IV. La protección, conservación y saneamiento de barrancas, cauces, cuerpos de agua, escurrimientos superficiales y humedales;

V. La conservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los Centros de Población y demás asentamientos humanos;

VI. La protección, conservación y restauración del patrimonio natural, así como de los sitios y monumentos que integran el patrimonio urbano arquitectónico del Estado;

VII. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para todo tipo de destinos y para la movilidad sustentable;

VIII. La gestión, financiamiento y ejecución de obras de equipamiento, infraestructura, servicios urbanos, conurbados y metropolitanos, así como las destinadas a la movilidad sustentable;

IX. La conducción de los procesos urbanos y la intervención en sus lógicas de funcionamiento con el objeto de propiciar la distribución equitativa de las cargas y los beneficios que genera el desarrollo urbano;

X. La constitución y administración de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la construcción de vivienda económica, inclusiva y de objetivo social;

XI. La regularización territorial y la expropiación de bienes de propiedad privada para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo urbano;

XII. La prevención de riesgos y contingencias ambientales, la atención de situaciones de emergencia, así como las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y fenómenos naturales;

XIII. La delimitación de zonas de riesgo y el establecimiento de polígonos de protección, amortiguamiento y salvaguarda para garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones estratégicas de seguridad nacional;

XIV. La expropiación de las áreas y predios necesarios para conectar una urbanización en proyecto y otras zonas urbanizadas del centro de población, siempre y cuando las obras de conexión sean congruentes con los Programas, conforme a su Proyecto de Integración Urbana; y

XV. La planeación, programación y ejecución de Programas que propicien y fortalezcan la resiliencia.

Artículo 7. Ordenamiento territorial.

1. El ordenamiento territorial y el desarrollo urbano tenderá a mejorar la calidad de vida de la población, mediante:

I. a VII. ...

VIII. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para todo tipo de uso y para la movilidad;

IX. a XIII

Artículo 78. Autoridades Responsables.

1. Los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población serán formulados, autorizados, ejecutados, controlados, evaluados, revisados, modificados o actualizados por los Ayuntamientos correspondientes, a través de la coordinación que para el efecto establezca la Dependencia Municipal con la Secretaría, el Consejo Municipal y otras dependencias y organismos con injerencia en la materia. Artículo 79. Contenido.

1. Los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población contendrán, además de los elementos básicos a que se refiere el artículo 60 de esta Ley, lo siguiente:

I. y II. ...

III. La estrategia para promover zonas urbanas densas, mixtas, compactas e incluyentes; los lineamientos para la dotación, defensa, preservación y mejora del espacio público y la calidad de su entorno y los criterios para garantizar la distribución equitativa de infraestructura, servicios y equipamiento urbano y la conectividad adecuada, privilegiando la movilidad no motorizada y los sistemas de transporte público; y

IV. ...

Artículo 86. Criterios.

1. Los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que integran el Sistema Estatal de Planeación Territorial además de articular lo previsto en los artículos 7 y 59 de esta Ley, tenderán a:

I. a IV.

V. Promover la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público, la restauración de los espacios naturales, el paisaje, las áreas de valor escénico, así como la conservación, preservación y protección del patrimonio urbano arquitectónico y el mejoramiento de la imagen urbana;

VI. y VI. ...

De lo que se aprecia que nuevamente la legislatura local hace nugatoria la facultad de los municipios. Sin embargo, no se pierde de vista que a primera vista se pudiera pensar que del contenido de los artículos 78 y 79 se desprende dicha facultad, sin embargo, aquí la facultad se encuentra enmarcada únicamente en lo referente a los programas de desarrollo urbano de centros de población, además de encontrarse sujeta a la coordinación de la dependencia municipal con la secretaría, lo cual difiere y mengua dicha facultad en relación a como lo establece la ley general, la cual es mucho más amplia y no está sujeta a coordinación alguna.

Igual situación acontece con el artículo 86, pues en el mismo, la facultad se encuentra supeditada a los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que integran el sistema estatal de planeación territorial, y mucho menos especifica que es el municipio el titular de dicha facultad.

Por ende, también existe violación a la competencia municipal y debe señalarse la inconstitucionalidad en dicho tema.

3.- La creación de la figura del Registro Estatal de Peritos y del Comité Estatal de Peritos contemplados en la ley impugnada, también vulnera la distribución de competencias, además de violentar la fracción cuarta del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, la ley impugnada, señala:

Artículo 20. Atribuciones de la Secretaría.

1. En la aplicación de la presente Ley, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XVI. ... ;

XVII. Establecer y operar el Registro Estatal de Peritos o Peritas en los términos previstos en esta Ley y promover la homologación de perfiles y la capacitación de peritos o peritas y personas servidoras públicas involucradas en el ordenamiento territorial, ecológico y la gestión urbanística del Estado;

XVIII. a XXXIV. ...

Artículo 343. Registro.

1. Las y los peritos de proyecto, de obra y en supervisión municipal en la modalidad de urbanización deberán tramitar y obtener su registro ante la Secretaría previa validación del Comité Estatal de Peritos. El registro estatal otorga la posibilidad de ejercer la función pericial en todo el Estado, previo pago de derechos a la hacienda pública estatal.

2. ...

Artículo 344. Comité Estatal de Peritos.

1. El Comité Estatal de Peritos es el órgano colegiado responsable de certificar, registrar y acreditar a las y los peritos, en la modalidad de actuación y alcance de responsabilidad que corresponda, así como de vigilar y evaluar su desempeño; integrada por la Secretaría, las Dependencias Municipales y representantes de la Academia, Colegios de Arquitectos, Ingenieros Civiles y profesiones afines que establezca el Reglamento Interno.

Artículo 346. Atribuciones del Comité Estatal de Peritos.

1. El Comité Estatal de Peritos tendrá las siguientes atribuciones:

I. Validar que los aspirantes a obtener o conservar su registro en el padrón de peritos de la Entidad cumplan con los requisitos establecidos;

II. Promover la capacitación de las y los peritos, así como evaluar y verificar su actuación y desempeño;

III. Coadyuvar en la capacitación de funcionarios de las dependencias responsables del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano;

IV. Emitir su opinión técnica colegiada, cuando las autoridades estatales y municipales soliciten su intervención con respecto a la aplicación de normas y procedimientos que regulan el desarrollo urbano en la Entidad;

V. Elaborar su reglamento interno, así como lineamientos, manuales y demás instrumentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;

VI. Promover actividades de investigación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en coordinación con las instituciones de educación superior para apoyar la gestión del desarrollo urbano y la participación social; y

VII. Las demás que señale esta Ley u otras disposiciones aplicables.

Artículo 347. Integración del Comité Estatal de Peritos.

1. El Comité Estatal de Peritos estará integrado por:

I. Una Presidencia, representada por la persona titular de la Secretaría;

II. Una Secretaria Técnica, representada por la persona titular de la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría;

III. La persona titular del Instituto Metropolitano de Planeación;

IV. Las personas titulares de las dependencias municipales competentes en materia de desarrollo urbano;

V. Un representante por cada una de las instituciones de educación superior públicas y privadas con injerencia en la materia; y

VI. Un representante por cada uno de los colegios de profesionistas de arquitectos, ingenieros civiles y disciplinas afines, legalmente establecidos y acreditados en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

Artículo 348. Integración y difusión del registro de peritos.

1. La Secretaría integrará, administrará y difundirá el registro pormenorizado de las y los peritos que reúnan los requisitos correspondientes para que pueden (sic) desarrollar esa función en todo el Estado, notificando periódicamente a las dependencias municipales, para su debido reconocimiento.

Artículo 349. Registro y refrendo.

1. El registro en el padrón estatal de peritos será vitalicio, debiendo refrendar éste cada tres años, durante el primer año del ejercicio constitucional de los Ayuntamientos, acreditando su pago del derecho que corresponda y su actualización profesional de acuerdo a los requisitos que establezca el Comité Estatal de Peritos.

2. El registro podrá ser cancelado cuando el perito incurra en las faltas previstas en esta Ley, en el Reglamento o cuando éste decida no ejercerlo, dejando de cubrir los derechos y otras obligaciones relacionadas con su registro.

De los preceptos anteriores, se observa la creación injustificada de un organismo estatal con atribuciones que corresponden única y exclusivamente a las responsabilidades del municipio, consagradas en el artículo 115 constitucional, que establece las respectivas jurisdicciones, que organizan la administración pública municipal, para que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia para asegurar la participación ciudadana y vecinal.

La creación de dicha figura sin sustento jurídico alguno, vulnera la potestad y libertad municipal de ejecutar las funciones y responsabilidades que la ley suprema le otorga para administrar el territorio y zonificación dentro de sus límites de competencia.

Además, la ausencia de un marco legal y de regulación específica de esa nueva figura vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica, lo que se puede traducir en arbitrariedades y viene a duplicar los procesos administrativos en la materia, entre las dependencias municipales y estatales perjudica el objetivo primordial que se estableció con la ley General de asentamientos.

Se vulnera además las atribuciones de los municipios expresamente conferidas en el artículo 11, fracción XI, de la Ley General. Por tal motivo, es invasiva e injustificada la propuesta de intervención de un organismo estatal de peritos.

Aunado a lo anterior, también existe una vulneración a la hacienda municipal, pues cabe señalar que la fracción cuarta del particular 115 constitucional, en su parte conducente, señala:

SE TRANSCRIBE.

Como se puede apreciar de los preceptos transcritos de la ley impugnada, pretende que los peritos se registren a nivel estatal, previo el pago de derechos al Estado, a efecto de ejercer como peritos de proyecto, de obra y en supervisión municipal.

Afectando con ello la hacienda municipal, pues el al respecto cabe señalar la Ley de Hacienda del Municipio de Cuauhtémoc, señala:

Artículo 69. Las personas físicas o morales que pretendan inscribirse o refrendar su inscripción como directores responsables de obra, corresponsables de obra y supervisores municipales de obra de urbanización y edificación, así como los peritos urbanos y en edificación, deberán obtener la autorización correspondiente y pagar los derechos conforme a las siguientes tarifas.

Artículo 70. Los ejecutores de obra que por contrato otorgue al ayuntamiento, quedan obligados a aportar por concepto de inspección y vigilancia, el 5 al millar del monto de cada una de las estimaciones, cuyos importes serán retenidos por la tesorería municipal y destinados a la construcción y mantenimiento de áreas recreativas.

Sin embargo, el artículo 343 de la ley local no sólo implica una invasión de competencia que merma la hacienda municipal, sino que también se corre el riesgo de imponer un doble pago a los ciudadanos, quienes tendrán que pagar 2 veces para poder ejercer como peritos.

De igual forma, el artículo 270 en su numeral 3, se extralimita al otorgar a la Comisión Estatal de Peritos y a la secretaría, facultades sobre el municipio. Dicho precepto establece:

Artículo 270. Plazo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33331-f4a5bd0c/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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