I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA SÍNDICA MUNICIPAL PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE UN MUNICIPIO DEL ESTADO DE COLIMA (ARTÍCULO 51, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE COLIMA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN DE LAS NORMAS GENERALES OBJETO DE LA CONTROVERSIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COLIMA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 9, NUMERAL 1, FRACCIÓN CIV, 45, NUMERAL 1,47, NUMERAL 1, 167, NUMERAL 1; 226, NUMERAL 3; 227, NUMERAL 1, Y 228, NUMERAL 2, DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA; PUESTO QUE HAN CESADO SUS EFECTOS EN VIRTUD DE LA REFORMA A LA LEY IMPUGNADA DEL 22 DE JULIO DE 2023). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LAS VIOLACIONES PROCESALES DE ÉSTE DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA PROCESAL Y DE EQUIDAD EN LA DELIBERACIÓN PARLAMENTARIA DEBE EVALUARSE ATENDIENDO A LAS PARTICULARIDADES DEL CASO CONCRETO. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. DEBE RESPETAR LA EXPRESIÓN Y DEFENSA DE LA OPINIÓN DE LAS MAYORÍAS Y MINORÍAS PARLAMENTARIAS, ASÍ COMO EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DELIBERATIVA. XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. FASES QUE LO COMPONEN. XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL DE LLEVAR A CABO UN DICTAMEN DE IMPACTO REGULATORIO PARA LA EMISIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO 195 POR EL CUAL SE EXPIDIÓ LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA). XIV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. LAS VÍAS MEDIANTE LAS CUALES LOS AYUNTAMIENTOS PUEDEN INTERVENIR EN DICHO PROCEDIMIENTO SON: A) PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS DE LEY, B) CUANDO A JUICIO DEL PODER LEGISLATIVO LOCAL SE REQUIERA LA INTERVENCIÓN DE CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL O PARAMUNICIPAL, O A PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE HAYAN MANEJADO RECURSOS DE LA HACIENDA PÚBLICA, Y C) COORDINACIÓN EN LA DICTAMINACIÓN DE LAS INICIATIVAS (INVALIDEZ DEL DECRETO 195, POR VIRTUD DEL CUAL SE EXPIDIÓ LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA", EN LA EDICIÓN ORDINARIA NÚMERO 86, SUPLEMENTO NÚMERO 8, DEL SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2022). XV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COLIMA. REGLAS QUE RIGEN LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES POR PARTE DE LAS COMISIONES DEL CONGRESO LOCAL. XVI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COLIMA. EL HECHO DE QUE EL DICTAMEN LEGISLATIVO POR EL QUE SE APROBÓ EL DECRETO IMPUGNADO SE LIMITE A SEÑALAR QUE SE REALIZARON FOROS DE CONSULTA Y ACTOS DE PARLAMENTO ABIERTO, ES INSUFICIENTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA INTERVENCIÓN LEGALMENTE REQUERIDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, ASÍ COMO DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE AQUÉL (INVALIDEZ DEL DECRETO 195, POR VIRTUD DEL CUAL SE EXPIDIÓ LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA", EN LA EDICIÓN ORDINARIA NÚMERO 86, SUPLEMENTO NÚMERO 8, DEL SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2022). XVII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COLIMA. LA OMISIÓN DE CONSULTA A LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD PREVIO A LA EMISIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO QUE IMPONE EL CUMPLIMIENTO DE DIVERSOS ACTOS PARA UNA ADECUADA PARTICIPACIÓN DE LOS INTEG
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 244/2023. MUNICIPIO DE COMALA, ESTADO DE COLIMA. 5 DE MARZO DE 2024. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 244/2023, promovida por el Municipio de Comala en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito depositado el trece de febrero de dos mil veintitrés(1) en la Oficina de Correos de México, y recibido el veintitrés de febrero siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Felipe de Jesús Michel Santana y Verónica Fermín Santana, en su carácter de Presidente y Síndica del Municipio de Comala, Estado de Colima, promovieron controversia constitucional en la que solicitaron la invalidez de los actos emitidos por las siguientes autoridades:
1. Poder Legislativo del Estado de Colima.
2. Poder Ejecutivo del Estado de Colima.
Los promoventes señalaron que en el caso no existe entidad, poder u órgano tercero interesado.
Actos cuya invalidez se demanda:
A) Decreto número 195, expedido por el Congreso del Estado de Colima, promulgado y publicado por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, por virtud del cual se expidió la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima (en adelante LAHOTDUEC), publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en la edición ordinaria número 86, suplemento número 8, del sábado treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, del que se impugnan concretamente los artículos 9, numeral 1, fracciones XXXVII, XXXIX y CIV; 24, numeral 1, fracciones V y VI; 91, numerales 1 al 7; 92; 167, numerales 1 y 2; 172, numerales 1 al 3; 227, numerales 1 y 2; y 228, numerales 1 y 2, por vulnerar la autonomía del Municipio de Colima, prevista en el numeral 115, fracción V, incisos a), b), c), d) y f), constitucional, que prevén a su favor el formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.
B) Decreto número 195, concretamente los artículos 45, numeral 1, fracciones I a la VII; 47, numerales 1 y 2; 48, numeral 1; 112, numerales 1 y 2 y 114, numeral 1, del Decreto 195 por el cual se expidió y promulgó la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, que incorporan en la figura del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo, una autoridad intermedia, entre el Municipio y el Gobierno del Estado.
C) Artículo 14 del Decreto 195 por el cual se expidió y promulgó la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, que prohíbe al catastro municipal realizar actos de su competencia en el territorio del Municipio de Comala.
2. SEGUNDO. Antecedentes. De su escrito de demanda, se desprende que el Municipio actor refiere los siguientes:
• Mediante Decreto número 265 fue expedida la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, publicada en el Suplemento del Periódico Oficial "El Estado de Colima", el siete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, que estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós.
• El veintisiete de enero de dos mil veintidós, se turnó a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad, de la LX Legislatura, la iniciativa suscrita por la Diputada Patricia Ceballos Polanco y el Diputado Roberto Chapula de la Mora, integrantes del Partido Verde Ecologista de México, para reformar los artículos 346, 347, 348, 349, 350, 351 y 352 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.
• El siete de abril de dos mil veintidós, se turnó a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad, de la LX Legislatura, la iniciativa suscrita por el Diputado Francisco Rubén Romo Ochoa, integrante del grupo parlamentario de MORENA, para expedir una nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima.
• El diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se turnó a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad, de la LX Legislatura, la iniciativa suscrita por el Diputado David Lorenzo Grajales Pérez y Diputada Sandra Patricia Ceballos Polanco, integrantes del Partido Verde Ecologista de México, para reformar los artículos 175 y 259 en su fracción V, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.
• Ninguna de las iniciativas presentadas dentro del proceso legislativo del que emergió el Decreto número 195, fue sujeta de un dictamen de mejora regulatoria, exigencia contenida en el numeral 25 de la Constitución Federal en consonancia con la Ley General de Mejora Regulatoria en sus artículos 1, 66, 67, 68, 71, 734 y 75. Nunca fue requerido por el Poder Legislativo del Estado de Colima el análisis de impacto regulatorio, ni la propuesta regulatoria inicial y mucho menos el contenido del dictamen correspondiente avalado por la autoridad regulatoria gubernamental.
• El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, la LX Legislatura del Congreso del Estado de Colima, aprobó en sesión Ordinaria número siete del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, se dio cuenta a la Asamblea con el dictamen número 97 elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad, correspondiente a expedir la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima.
• El treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el periódico oficial "El Estado de Colima" el Decreto número 195, por el que se expide la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima. Lo anterior no obstante que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima precisa, en el numeral 41, que al presentarse al Congreso un dictamen de ley o decreto por la comisión respectiva, una vez aprobado se remitirá una copia a la persona titular del Poder Ejecutivo para que, en un plazo no mayor de veinte días naturales, haga las observaciones que estime convenientes o manifieste su conformidad.
3. TERCERO. Conceptos de invalidez.
El Municipio actor desarrolló los argumentos correspondientes a los conceptos de invalidez del articulado que impugna en el apartado de su demanda correspondiente a "la norma general, acto u omisión cuya invalidez se demande", en los términos siguientes:
A. El Decreto número 195 expedido por el Congreso del Estado de Colima, mismo que fue promulgado y publicado por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, por virtud del cual se expidió la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima (en adelante LAHOTDUEC), publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en la edición ordinaria número 86, suplemento número 8, del sábado treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, impugnando concretamente los siguientes artículos de la mencionada ley.
Artículo 9. Definiciones generales.
(...)
XXXVII. Dictamen de Impacto Urbano y Territorial: al documento que expide la dependencia municipal, derivado de la evaluación técnica y jurídica del estudio, que determina la viabilidad o inviabilidad del aprovechamiento urbano solicitado. Su expedición requerirá la concurrencia del Ejecutivo del Estado para verificar la congruencia a través de la Secretaría;
La verificación de congruencia del Ejecutivo del Estado en este dictamen invade las competencias municipales debido a que como la propia definición lo señala, es un dictamen que se deriva de la evaluación técnica y jurídica de acciones específicas y/o aprovechamientos puntuales dentro del territorio que jurisdiccionalmente pertenece al municipio, por lo que, para el análisis de ello el municipio cuenta con los programas de desarrollo urbano básicos y derivados, que son los que forman parte del Sistema Estatal de Planeación y que por ende, llevaron el proceso de verificación de congruencia y dieron cumplimiento a la concurrencia que los municipios deben guardar con el Estado en materia de planeación. Asimismo, la dictaminación de las acciones de aprovechamiento o zonificación de predios, que es el alcance del Estudio de Impacto Territorial, de conformidad con el artículo 115, fracción V, incisos a) y d), relativos a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial; y autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; es una facultad exclusiva del municipio.
XXXIX. Dictamen de Vocación del Suelo: al documento que expide la dependencia municipal fundado en los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Acto declarativo que condiciona la expedición de autorizaciones, licencias o permisos que se deriven de la legislación urbana aplicable. Su expedición requerirá la concurrencia del Estado para verificar la congruencia a través de la Secretaría.
La verificación de congruencia del Ejecutivo del Estado en este dictamen invade las competencias municipales debido a que como la propia definición lo señala, es un dictamen que condiciona la expedición de autorizaciones, licencias o permisos que se deriven de la legislación urbana aplicable para la ejecución de acciones específicas y/o aprovechamientos puntuales dentro del territorio que jurisdiccionalmente pertenece al municipio, por lo que, para el análisis de ello el municipio cuenta con los programas de desarrollo urbano básicos y derivados, que son los que forman parte del Sistema Estatal de Planeación y que por ende, llevaron el proceso de verificación de congruencia y dieron cumplimiento a la concurrencia que los municipios deben guardar con el Estado en materia de planeación. Asimismo, la dictaminación de las acciones de aprovechamiento o zonificación de predios, que es el alcance del Estudio de Impacto Territorial, de conformidad con el artículo 115, fracción V, incisos a) y d), relativos a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial; y autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; es una facultad exclusiva del municipio.
CIV. Verificación de Congruencia: al acto que realiza la Secretaría, mediante el cual se valida que el Programa o Dictamen emitido por el Ayuntamiento es congruente o guarda relación con los instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;
La definición no precisa que la verificación de congruencia tiene el alcance de validar congruencia o relación de los proyectos o dictámenes municipales con los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano estatales, por lo que, al no precisarse, se infiere que dicha validación tiene facultades de revisar congruencia o relación con los propios instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo Urbano municipales, vulnerando las atribuciones municipales al pretender revisar congruencia o relación de los análisis de los programas o dictámenes que emiten las autoridades municipales, con los propios instrumentos de planeación municipales que ya fueron debidamente aprobados. Acciones que se llevan a cabo por las áreas técnicas en la materia, determinadas en la estructura orgánica municipal. Debido a que constitucionalmente el municipio tiene facultades exclusivas para formular, aprobar y administrar la zonificación, las autorizaciones, control y vigilancia en la utilización del suelo, los planes y programas de desarrollo urbano municipal derivados y las dictaminaciones que de éstos se desprendan son una atribución exclusiva del municipio, lo anterior se consideran actos violatorios de la autonomía municipal, en donde el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (en adelante SEIDUM) se exceden en sus facultades.
Asimismo, es violatorio de la autonomía municipal debido a que la concurrencia en materia de planeación que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cumple a través de las acciones y procesos que se llevan a cabo durante la revisión y análisis de los programas de desarrollo urbano básicos de injerencia municipal definidos en el Sistema Estatal de planeación como Programas municipales, en los que el Ejecutivo Estatal a través de la SEIDUM verifica la congruencia de los instrumentos de planeación Estatales, Metropolitanos o Regionales, con los programas municipales, a través del proceso establecido en los artículos 89, 90 y 91 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima.
Artículo 24. Atribuciones:
1. Los ayuntamientos ejercerán las siguientes atribuciones técnicas y administrativas a través de la dependencia municipal:
[...]
V. Expedir el dictamen de vocación del suelo y gestionar en su caso, ante la Secretaría la verificación de congruencia;
VI. Requerir a las personas promotoras a desarrolladoras la elaboración de Estudios de Impacto Urbano, para su evaluación, emitiendo el Dictamen de Impacto Territorial y Urbano correspondiente, gestionando ante la Secretaría la verificación de congruencia correspondiente;
Se invade la esfera competencial en virtud de que el ejecutivo estatal a través de la SEIDUM tiene facultades de revisar congruencia o relación con los instrumentos de planeación municipal, definidos en el Sistema Estatal de Planeación como programas municipales básicos, sin embargo, al pretender revisar congruencia de los dictámenes que se derivan de los propios instrumentos de planeación municipales que ya fueron debidamente aprobados y reconocidos en su congruencia con los instrumentos de planeación estatal; y que las autoridades municipales emiten de acuerdo al análisis de dichos instrumentos de planeación municipal, acciones que se llevan a cabo por las áreas técnicas en la materia, determinadas en la estructura orgánica municipal, el Ejecutivo del Estado a través de la SEIDUM exceden sus atribuciones, debido a que constitucionalmente el municipio tiene facultades exclusivas para formular, aprobar y administrar la zonificación, las autorizaciones, control y vigilancia en la utilización del suelo, los planes y programas de desarrollo urbano municipal derivados y las dictaminaciones que de éstos se desprendan.
La verificación de congruencia del Ejecutivo del Estado en este dictamen invade las competencias municipales debido a que como la propia definición lo señala, es un dictamen que condiciona la expedición de autorizaciones, licencias o permisos que se deriven de la legislación urbana aplicable para la ejecución de acciones específicas y/o aprovechamientos puntuales dentro del territorio que jurisdiccionalmente pertenece al municipio, por lo que, para el análisis de ello el municipio cuenta con los programas de desarrollo urbano básicos y derivados, que son los que forman parte del Sistema Estatal de Planeación y que por ende, llevaron el proceso de verificación de congruencia y dieron cumplimiento a la concurrencia que los municipios deben guardar con el Estado en materia de planeación. Asimismo, la dictaminación de las acciones de aprovechamiento o zonificación de predios, que es el alcance del Estudio de Impacto Territorial, de conformidad con el artículo 115, fracción V, incisos a) y d), relativos a formular aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial; y autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; es una facultad exclusiva del municipio.
Artículo 91. Dictamen de congruencia y vinculación.
1. Cumplidas las formalidades de la validación del proyecto por parte del Consejo y previo a autorizarlo, se procederá a solicitar el Dictamen de congruencia y vinculación correspondiente a la Secretaría. La Secretaría contará con un término no mayor de treinta días hábiles para dictaminar, contados a partir de la recepción de la solicitud.
2. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción, la Secretaría revisará que el proyecto reúna todos y cada uno de los requerimientos establecidos en los lineamientos correspondientes. Ante la falta de alguno de ellos, requerirá para que subsane dicha omisión, dentro de los cinco días hábiles siguientes al requerimiento. En caso de no atenderse el requerimiento, se tendrá por no presentado el proyecto.
3. Cuando el proyecto reúna los requisitos establecidos en los lineamientos, la Secretaría contará con un término de hasta veinticinco días hábiles para analizar y emitir el Dictamen, en coordinación con otras dependencias y organismos con injerencia en la materia.
4. En caso de existir observaciones, la Secretaría devolverá el proyecto precisando los contenidos o aspectos específicos a atender o subsanar, a fin de emitir el Dictamen, respetando la autonomía y atribuciones legales conforme a su ámbito de competencia.
5. Notificadas las observaciones, se contará con un término de hasta veinticinco días hábiles para presentar el proyecto del programa en el que se solventen la totalidad de las mismas. En caso contrario, se tendrá por no presentado el proyecto.
6. El Dictamen debidamente fundado y motivado, señalará con precisión si existe congruencia y vinculación.
7. Si la Secretaría no emite la verificación de congruencia en el plazo señalado, se podrá impugnar esta conforme a las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios. Los servidores públicos omisos o negligentes se sujetarán a las sanciones contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La verificación de congruencia del Ejecutivo del Estado en los proyectos invade las competencias municipales debido a que como la propia definición lo señala, es un dictamen que condiciona la expedición de autorizaciones, licencias o permisos que se deriven de la legislación urbana aplicable para la ejecución de acciones específicas y/o aprovechamientos puntuales dentro del territorio que jurisdiccionalmente pertenece al municipio, por lo que, para el análisis de ello el municipio cuenta con los programas de desarrollo urbano básicos y derivados, que son los que forman parte del Sistema Estatal de Planeación y que por ende, llevaron el proceso de verificación de congruencia y dieron cumplimiento a la concurrencia que los municipios deben guardar con el Estado en materia de planeación. Asimismo, la dictaminación de las acciones de aprovechamiento o zonificación de predios, que es el alcance del Estudio de Impacto Territorial, de conformidad con el artículo 115, fracción V, incisos a) y d), relativos a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial; y autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; es una facultad exclusiva del municipio.
Artículo92. Autorización, publicación y divulgación. 1. Una vez obtenido el Dictamen, el Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, atendiendo sus respectivos ámbitos de competencia, procederán a autorizar el Programa correspondiente.
Es violatorio de la autonomía municipal debido a que omiten y nulifican las atribuciones, facultades y obligaciones de las comisiones permanentes de desarrollo urbano, ecología y vivienda, protección al ambiente y desarrollo sustentable, planeación, obras y servicios públicos municipales, de desarrollo metropolitano, y otras con injerencia en la materia, del Cabildo municipal, nótese lo que expresa la Ley Combatida:
Artículo 167. Concurrencia.
1. En virtud de la concurrencia en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, el Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría, verificará la congruencia de los dictámenes, cuando así corresponda, conforme a lo previsto en esta Ley. Sin este acto, los dictámenes serán considerados nulos de pleno derecho.
2. El Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos fomentarán la adopción de tecnologías que permitan agilizar los procesos administrativos relacionados con la expedición de dictámenes y su verificación de congruencia.
La verificación de congruencia del Ejecutivo del Estado en este dictamen invade las competencias municipales debido a que como la propia definición lo señala, es un dictamen que condiciona la expedición de autorizaciones, licencias o permisos que se deriven de la legislación urbana aplicable para la ejecución de acciones específicas y/o aprovechamientos puntuales dentro del territorio que jurisdiccionalmente pertenece al municipio, por lo que, la concurrencia constitucional en materia de planeación se llevó a cabo a través de los procesos de revisión, análisis, validación y aprobación de los instrumentos de planeación municipales, definidos en el sistema estatal de planeación como Programas Municipales básicos, que son los que llevaron el proceso de verificación de congruencia y dieron cumplimiento a la concurrencia que los municipios deben guardar con el Estado en materia de planeación. Por lo tanto, los instrumentos de planeación municipal que el propio sistema de planeación estatal en su artículo 61, fracciones 1, 2 y 3, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, denomina como derivados, así como los dictámenes, autorizaciones, permisos, licencias o validaciones que de estos emanen o se desprendan, para llevar a cabo acciones de aprovechamiento o zonificación de predios, de conformidad con el artículo 115, fracción V, incisos a) y d), relativos a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial; y autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; es una facultad exclusiva del municipio.
Por lo tanto, la nueva Ley menciona:
Artículo 172. Verificación de congruencia.
1. Con base en el Dictamen de Vocación de Suelo, el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, verificará la congruencia de las autorizaciones o determinaciones municipales, relativas a las acciones urbanísticas, aun cuando se encuentren fuera del centro de población, que impliquen:
I. La transformación de áreas urbanizables, así como las requeridas para la conservación, mejoramiento y consolidación de áreas urbanizadas;
II. La subdivisión o relotificación de predios urbanos;
III. La adecuación, modificación, intervención o demolición de inmuebles afectas al patrimonio urbano arquitectónico;
IV. El desarrollo de infraestructura vial de carácter regional, metropolitana, primaria y secundarias;
V. El desarrollo de proyectos habitacionales con más de tres mil metros cuadrados de edificación, independientemente del régimen de propiedad;
VI. El desarrollo de proyectos de alojamiento temporal, comercios, servicios, oficina o usos mixtos con más de mil quinientos metros cuadrados de edificación, independientemente del régimen de propiedad;
VII. El desarrollo de proyectos de centrales de carga, recintos logísticos, o instalaciones industriales;
VIII. El desarrollo de proyectos de equipamiento urbano e infraestructura primaria de carácter general, especial o regional; y
IX. Los aprovechamientos o instalaciones previstas en el artículo 180 de esta Ley.
2. La verificación de congruencia será emitida por la Secretaría en un plazo no mayor a cinco días hábiles, previo pago del derecho que determine la Ley de Hacienda del Estado de Colima.
3. Si la Secretaría no emite la verificación de congruencia en el plazo señalado, aplicando la negativa ficta, el promovente podrá impugnar ésta conforme a las disposiciones previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios. Las y los servidores públicos omisos o negligentes se sujetarán a las sanciones contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La verificación de congruencia del Ejecutivo del Estado en este dictamen invade las competencias municipales debido a que como la propia definición lo señala, es un dictamen que verifica la congruencia de autorizaciones o determinaciones municipales, relativas a las acciones urbanísticas, aun cuando se encuentren fuera del centro de población y condiciona la expedición de autorizaciones, licencias o permisos que se deriven de la legislación urbana aplicable para la ejecución de acciones específicas y/o aprovechamientos puntuales dentro del territorio que jurisdiccionalmente pertenece al municipio, por lo que, se considera una invasión de facultades y una violación a la autonomía municipal, ya que la congruencia en materia de planeación se llevó a cabo a través de los procesos de revisión, análisis, validación y aprobación de los instrumentos de planeación municipales, definidos en el sistema estatal de planeación como Programas Municipales básicos, que son los que llevaron el proceso de verificación de congruencia y dieron cumplimiento a la concurrencia que los municipios deben guardar con el Estado en materia de planeación. Por lo tanto, los instrumentos de planeación municipal que el propio sistema de planeación estatal en su artículo 61, fracciones 1, 2 y 3, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, denomina como derivados, así como los dictámenes, autorizaciones, permisos, licencias o validaciones que de estos emanen o se desprendan, para llevar a cabo acciones de aprovechamiento o zonificación de predios, de conformidad con el artículo 115, fracción V, incisos a) y d), relativos a formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial; y autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; es una facultad exclusiva del municipio.
Artículo 227. Dictamen Técnico y de Congruencia.
1. Al recibir la versión final del Proyecto de Integración Urbana, en un término no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de su recepción, con el objeto de solicitar la emisión del Dictamen de Congruencia.
2. La Secretaría tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de su recepción paro analizar la congruencia del Proyecto y emitir el Dictamen correspondiente. El Dictamen, previo pago correspondiente, será notificado a la Dependencia Municipal para los efectos conducentes.
La verificación de congruencia del Ejecutivo del Estado en el Proyecto de Integración Urbana invade las competencias municipales debido a que, tal como lo define el artículo 218 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, no forma parte del sistema de planeación estatal, por ende, no se constituye como un programa municipal. El Proyecto de Integración Urbana es un instrumento técnico que establece la vinculación entre los postulados del Programa Municipal o instrumentos derivados y las acciones de urbanización y edificación a ejecutar en el territorio, con el objeto de obtener las autorizaciones correspondientes a desarrollar gestiones urbanísticas integradas, mediante el cual se definirá el polígono de actuación, los usos y destinos y las normas de control de intensidad de la edificación para las áreas y predios involucrados, así como las acciones materiales relativas a las obras de urbanización y edificación, todas estas acciones urbanísticas específicas de aprovechamientos puntuales dentro del territorio que jurisdiccionalmente pertenece al municipio, relativas a la administración de la zonificación y de los planes y programas de desarrollo urbano municipal, mismas que constitucionalmente están conferidas a las facultades exclusivas del municipio, por lo que, se considera una invasión de facultades y una violación a la autonomía municipal, ya que la congruencia en materia de planeación se llevó a cabo a través de los procesos de revisión, análisis, validación y aprobación de los instrumentos de planeación municipales, definidos en el sistema estatal de planeación como Programas Municipales básicos, que son los que llevaron el proceso de verificación de congruencia y dieron cumplimiento a la concurrencia que los municipios deben guardar con el Estado en materia de planeación. Por lo tanto, los instrumentos de planeación municipal que el propio sistema de planeación estatal en su artículo 61, fracciones 1, 2 y 3, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, denomina como derivados, así como los dictámenes, autorizaciones, permisos, licencias o validaciones que de estos emanen o se desprendan, para llevar a cabo acciones de aprovechamiento o zonificación de predios, de conformidad con el artículo 115, fracción V, incisos a) y d), relativos a formular, aprobar y administrar la zonificación y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33100-69e2601f/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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