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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL PRESIDENTE Y SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE UN MUNICIPIO DEL ESTADO DE COLIMA (ARTÍCULO 51, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE COLIMA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN DE LAS NORMAS GENERALES OBJETO DE LA CONTROVERSIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COLIMA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE PARA COMPARECER EN EL JUICIO (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN LL, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 9, NUMERAL 1, FRACCIÓN CIV, 45, NUMERAL1, 47, NUMERAL 1, 167, NUMERAL 1, 226, NUMERAL 3, 227, NUMERAL 1, Y 228, NUMERAL 2, DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, PUESTO QUE HAN CESADO SUS EFECTOS EN VIRTUD DE LA REFORMA A LA LEY IMPUGNADA DEL 22 DE JULIO DE 2023). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LAS VIOLACIONES PROCESALES DE ÉSTE DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA PROCESAL Y DE EQUIDAD EN LA DELIBERACIÓN PARLAMENTARIA DEBE EVALUARSE ATENDIENDO A LAS PARTICULARIDADES DEL CASO CONCRETO. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. DEBE RESPETAR LA EXPRESIÓN Y DEFENSA DE LA OPINIÓN DE LAS MAYORÍAS Y MINORÍAS PARLAMENTARIAS, ASÍ COMO EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DELIBERATIVA. XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. FASES QUE LO COMPONEN. XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. NO EXISTE OBLIGACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL DE LLEVAR A CABO UN DICTAMEN DE IMPACTO REGULATORIO PARA LA EMISIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO NÚM. 195, POR VIRTUD DEL CUAL SE EXPIDIÓ LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). XIV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. LA INTERVENCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DENTRO DE LA FACULTAD CONCURRENTE DE DICHO PROCESO. XV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COLIMA. REGLAS QUE RIGEN LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES POR PARTE DE LAS COMISIONES DEL CONGRESO LOCAL. XVI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COLIMA. EL HECHO DE QUE EL DICTAMEN LEGISLATIVO POR EL QUE SE APROBÓ EL DECRETO IMPUGNADO SE LIMITE A SEÑALAR QUE SE REALIZARON FOROS DE CONSULTA Y ACTOS DE PARLAMENTO ABIERTO, ES INSUFICIENTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA INTERVENCIÓN LEGALMENTE REQUERIDA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, ASÍ COMO A LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD (INVALIDEZ DEL DECRETO 195, POR VIRTUD DEL CUAL SE EXPIDIÓ LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA", EN LA EDICIÓN ORDINARIA NÚMERO 86, SUPLEMENTO NÚMERO 8, EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). XVII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COLIMA. LA OMISIÓN DE CONSULTA A LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD PREVIO A LA EMISIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO TIENE EFECTOS INVALIDANTES, YA QUE EL CONGRESO LOCAL TENÍA LA OBLIGACIÓN DE DICTAMINAR LAS INICIATIVAS EN COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚM. 195, POR VIRTUD DEL CUAL SE EXPIDIÓ LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). XVIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS ENTRE LAS PARTES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CO

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 125/2023. · Registro digital (IUS): 33265
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-06-06
Promovente: MUNICIPIO DE COLIMA, ESTADO DE COLIMA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.349.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 125/2023. MUNICIPIO DE COLIMA, ESTADO DE COLIMA. 7 DE MARZO DE 2024. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 125/2023, promovida por el Municipio de Colima, Estado de Colima, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Colima.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE.

1. PRIMERO. Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta y el Síndico municipal de Colima, Estado de Colima, promovieron controversia constitucional en la que solicitaron la invalidez de los actos emitidos por la autoridad siguiente:

2. Entidad, poder u órgano demandado:

• Poder Legislativo del Estado de Colima.

• Poder Ejecutivo del Estado de Colima.

3. Actos cuya invalidez se demanda:

a) El Decreto número 195, expedido por el Congreso del Estado de Colima, mismo que fue promulgado y publicado por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, por virtud del cual se expidió la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial del Estado, en la edición ordinaria número 86, suplemento número 8, del sábado 31 de diciembre de 2022, impugnando concretamente los siguientes artículos: 9, fracciones XXXVII, XXXIX y CIV; 24, numeral 1, fracciones V y VI; 91, 92, numeral 1, 167, 172, 227 y 228.

b) El Decreto número 195, por virtud del cual se expidió la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 31 de diciembre de 2022, se impugnan concretamente los preceptos que incorporan en la figura del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo, una autoridad intermedia enquistada en ese Consejo Municipal, en el cual irónicamente se encuentran tres personas de la Secretaría Estatal de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, en donde solamente dos personas son de ascendencia municipal; asimismo se cuestiona el artículo 47 de la propia Ley, relativa a la toma de decisiones por votación de los integrantes del Consejo municipal, ya que como las atribuciones vertidas en el artículo 48 señalan que, que el Consejo municipal es un órgano de consulta con el alcance de emitir opiniones fundadas y motivadas, por lo que si existe sustento legal, motivación y fundamentación en las opiniones, ésta no deberían estar sujetas a un juicio de valor individual como lo es una votación. Aunado a lo anterior, a través del acto de la votación para que el Consejo municipal determine la procedencia o improcedencia de los proyectos o programas municipales, a un órgano de carácter consultivo se le reconocen atribuciones intrínsecas de autoridad, con lo que se vulnera el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la misma manera, se cuestiona la Presidencia Honoraria que insertan en la Presidencia Conjunta, que dirigirá la Comisión Ejecutiva Metropolitana, tildándose de inválidos concretamente los siguientes preceptos: artículos 45, fracción IV, 47, 48, numeral 1, 112 y 114.

c) Del Decreto número 195, concretamente el contenido del artículo 14, que prohíbe al catastro municipal realizar actos propios de su competencia en el territorio del Municipio de Colima, pues lo obliga a la prohibición de inscripción de cualquier escritura, acto, contrato, convenio o afectación, que no se ajuste o se encuentre confeccionado de conformidad con lo dispuesto en la LAHOTDUEC o en los programas respectivos, indicando que resultarán nulos de pleno derecho los trámites y transmisiones en que se consignen operaciones ejecutadas violatorias del marco normativo.

4. SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como hechos los siguientes:

• Mediante Decreto número 265 fue expedida la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el sábado siete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, norma jurídica que estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós.

• Durante el año dos mil veintidós se recibieron diversas iniciativas por parte de los Diputados.

• Dentro del proceso legislativo del que emergió el Decreto número 195, ninguna de las iniciativas presentadas fue sujeta de un dictamen de mejora regulatoria, tan es cierto, que a lo largo de su proceso legislativo y su posterior evolución en dictamen de Comisiones conjuntas, no hay señalamientos de los dictaminadores ni por los asambleístas en pleno, respecto de la exigencia contenida en el numeral 25 de la Constitución Federal en consonancia con la Ley General de Mejora Regulatoria en sus artículos 1, 66, 67, 68, 71, 73, 74 y 75. Pues no fue requerido por el Poder Legislativo del Estado de Colima, el análisis de impacto regulatorio, ni la propuesta regulatoria inicial y mucho menos el contenido del dictamen correspondiente avalado por la autoridad regulatoria gubernamental.

• Derivado de un trabajo legislativo carente de constitucionalidad, el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós fue publicado el Decreto número 195 y con el mismo, las normas cuya invalidez se reclama.

• El dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la LX Legislatura del Congreso del Estado de Colima, aprobó en sesión Ordinaria número siete del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, el dictamen número 97 elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad, correspondiente a expedir la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima.

• Lo anterior no obstante que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima precisa, en el numeral 41, que al presentarse al Congreso un dictamen de ley o decreto por la comisión respectiva, una vez aprobado se remitirá una copia a la persona titular del Poder Ejecutivo para que, en un plazo no mayor de veinte días naturales, haga las observaciones que estime convenientes o manifieste su conformidad.

5. TERCERO. Conceptos de invalidez. El Municipio actor, en síntesis, arguyó los siguientes conceptos de invalidez:

6. Previo al desarrollo de los conceptos de invalidez señalados en la demanda, es importante destacar que, el Municipio actor desarrolló argumentos correspondientes a los conceptos de invalidez del articulado que impugna en apartados diversos al de "Conceptos de invalidez"; pues tal y como se desarrolla en al párrafo tercero de esta ejecutoria, en el apartado IV de la demanda, relativo a "La norma general, acto u omisión cuya invalidez se demande" señaló motivos por los que solicita se supriman del orden jurídico los artículos impugnados. Lo mismo sucede en el apartado V de la demanda, relativo a los "Preceptos constitucionales que se estiman violados". Dichos argumentos no serán replicados en este apartado, ya que en general se refieren a la contravención al principio de autonomía municipal consagrado en el artículo 115, fracciones I y V, de la Constitución Federal que de igual forma desarrolla en sus conceptos de invalidez.

PRIMERO. Violación en el proceso legislativo respecto a la consulta a los municipios como competentes en materia de asentamientos humanos y por ser tenedores de la facultad concurrente como orden de gobierno fundamental en términos del artículo 115 Constitucional.

Hace referencia a los artículos 9, punto 1, fracción CIV; 14, en sus puntos 1 y 2; 17, punto 1, en su fracción V; 22, punto 1, en su fracción IV; 24, punto 1, en sus fracciones V y VI; 45; 46; 47; 73; 74; 78; 81; 91; 167; 172; 225; 226 y 227, incorporados en el Decreto número 195, con la anuencia del Poder Ejecutivo Local para facilitar:

a) Control territorial ajeno a la legalidad en el Municipio de Colima, a través de la verificación de congruencia.

b) La declaratoria de nulidad de actos municipales cuando no se obtenga la verificación de congruencia ante la autoridad estatal, aunque no se trate de los lineamientos o parámetros incorporados en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

c) La omisión y nulidad de las atribuciones, facultades y obligaciones de las comisiones permanentes de desarrollo urbano y vivienda, protección al ambiente y desarrollo sustentable, planeación, obras y servicios públicos municipales, de desarrollo metropolitano, y otras con injerencia en la materia del Cabildo municipal, conferidas en el Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, ya que pretenden que con el sólo hecho de que la SEIDUM (Secretaría de Infraestructura local) emita el Dictamen de verificación de congruencia y vinculación, el ayuntamiento debe proceder a autorizar el Proyecto correspondiente.

d) La creación del Consejo Municipal, para ejercer actos de control político territorial de la zonificación, vigilancia y control del suelo en el Municipio de Colima. Autoridad que tiene una prevalencia de más personas servidoras públicas pertenecientes al Gobierno del Estado de Colima dejando en franca desventaja en la toma de decisiones de competencia municipal a las propias autoridades del Municipio.

e) La votación del Consejo Municipal ya que tal como se describe en las atribuciones de dicho órgano de consulta, en el artículo 48, es un órgano de consulta con el alcance de emitir opiniones fundadas y motivadas, por lo que sí existe sustento legal, motivación y fundamentación en las opiniones, éstas no deberían estar sujetas a un juicio de valor individual como lo es una votación.

f) La creación de una Presidencia Honoraria y las atribuciones que como presidencia conjunta se le otorgan, al Titular del Ejecutivo Estatal, ya que se le confiere el cargo de manera permanente, no así a la presidencia ejecutiva representada por uno de los presidentes municipales que integran la metropolización, excluyendo al resto de presidentes municipales; además de otorgarle facultad para nombrar al Titular del Instituto Metropolitano quien fungirá como titular de la secretaría Técnica de la Comisión ejecutiva de metropolización, excluyendo de tal decisión al resto de los presidentes municipales que integran la metropolización. Si bien es cierto que las zonas metropolitanas tal como lo refiere el artículo 109 de esta Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, se conforman cuando dos o más Centros de Población situados en el territorio estatal formen o tiendan a formar una continuidad física, funcional o demográfica, el Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos respectivos, deben planear y regular de manera conjunta y coordinada, es también cierto que los Ayuntamientos que decidan convenir la integración de la metropolización no pierden las facultades de autonomía que les otorga el artículo 115, fracciones I, V y VI, de la Constitución Federal, relativas a la competencia de gobernar de manera exclusiva, sin la existencia de autoridad intermedia alguna.

g) El surgimiento de un marco jurídico normativo en materia de asentamientos humanos tendiente a nulificar cualquier pronunciamiento municipal, en tanto no obtiene la verificación de congruencia estatal, así como la colateral exigencia a las personas servidoras públicas municipales de formular denuncia de hechos, so pena de ser acreedoras de responsabilidades administrativas.

Señala que, el proceso legislativo que antecedió a la emisión del Decreto número 195, en primera instancia no fue realizado con previsión de consultas en términos de lo establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, es decir, se impuso solamente la visión de una iniciativa confeccionada por el Diputado Francisco Rubén Romo Ochoa, sin obtener como mínimo una opinión calificada por todos los Municipios integrantes del territorio del Estado de Colima.

Tampoco se tuvo la certeza jurídica de que la pretensión de una verificación de congruencia por la entidad federativa tuviera un efecto meramente transitorio o de ajuste temporal en la vigencia del Decreto 195, máxime que en las disposiciones transitorias nada se dice respecto de que esa figura jurídica que limita las decisiones del Municipio del uso de suelo se mantenga vigente por un corto tiempo, lo cual coloca en la antesala de una autoridad estatal la toma de decisiones respecto del uso y optimización del suelo del territorio de Colima y en caso de que el mismo no sea elevado a la sanción del Gobierno del Estado de Colima, le resta cualquier valor jurídico en el contexto de los asentamientos humanos.

Sin mayor sustancia que una supuesta armonización por las comisiones, se elevó al pleno un dictamen, dejando de considerarse que dentro del proceso legislativo, a la luz de los artículos 123 y 124, fracciones IV y V, y párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, existe una facultad reglada y no discrecional, para que los dictámenes además de contener una exposición clara, precisa y fundada del asunto a que se refieran, indiquen en el proceso de análisis, las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar; así como la valoración no solamente de impactos presupuestarios, sino regulatorios u otros.

Al dictamen no fue agregado opinión técnica jurídica alguna, ni respuesta o en su caso acuses de recibido de consulta efectuada, porque a ninguna autoridad conocedora de la materia de asentamientos humanos se consultó, menos fue materia de análisis detallado cada una de las posturas de los diez municipios en torno a si aceptaban ser tutelados en sus políticas públicas urbanas y de los asentamientos humanos bajo la revisión final de todos sus actos por el Gobierno del Estado de Colima, tampoco a cualquier otra instancia gubernamental, privada, social o de cualquier otra naturaleza, sobre las implicaciones de la iniciativa o asunto en estudio y análisis parlamentario.

Luego entonces, se trata de un proceso legislativo irregular, carente de sustancia y de análisis de los principios democráticos que llevaron a crear una nueva ley en materia de asentamientos humanos, imponiendo distintos parámetros a los que fueron concebidos por el Congreso de la Unión en la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH).

Lo cual trastoca el esquema constitucional con que fue concebida la autonomía municipal en la formulación de sus planes y programas de desarrollo urbano, pues estos son los únicos a los que exige aquella Ley General se sujeten a una verificación de congruencia, no así a los nimios que tienen que ver con el Vocacionamiento de uso de suelo y que corresponden a una zonificación previamente aprobada y derivada precisamente de los Programas de Desarrollo Urbano.

El Legislativo estaba constreñido y vinculado a observar bases y principios de una mejora regulatoria, que tampoco fue agotado, pues nada de ese proceso de eficiencia en la tramitología gubernamental fue sujeto de análisis parlamentario, tampoco la conveniencia de generar un Consejo Municipal a modo, conformado por el Gobierno Estatal para la toma de decisiones municipales.

Bajo esta lógica, el legislador local antes de diligenciar un procedimiento sumario, debió analizar la trascendencia que tiene para un sistema normativo el apego a la garantía de autonomía constitucional municipal, pues lo que se cuestiona es el despropósito que se persigue de que la autoridad municipal emita un acto administrativo municipal, pero este no tenga una eficacia ni vigencia, sino es desplegada la autoridad del Estado en avalar, refrendar o verificar el contenido del mismo en concordancia no con los instrumentos estatales, sino con los propios que ya tuvieron un proceso de aprobación estatal y que fueron debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, es decir, ya fueron previamente sujetos de sanción a la luz del 44 de la LGAH.

Este Alto Tribunal ya analizó en el amparo en revisión 1738/2005 la importancia de regirse en apego a una Ley General. (Se transcriben diversos párrafos).

Así las cosas, si las Leyes Generales son producto de cláusulas insertas en el plano de la Constitución Federal y por disposición deben ser aplicadas por las autoridades federales y locales, quedaba claro que el Congreso del Estado de Colima al momento de que en Comisiones decide actualizar una nueva Ley, debía analizar escrupulosamente el impacto de una normativa en correlación también con la LGAH, que refrendó los motivos que tuvo el Constituyente Federal para crear la concurrencia de facultades entre los tres órdenes de gobierno, evitando así la invasión a la competencia municipal, pues aquella no lleva al absurdo extremo de controlar inclusive cada Vocacionamiento de uso de suelo que signa la dependencia municipal en la aplicación de la Ley de Asentamientos Humanos.

Por todo lo anterior, el Municipio actor se queja de que la mayoría parlamentaria que aprobó el Decreto controvertido, no se hubiese documentado y tampoco hubiese estudiado que el dictamen carece de una valoración puntual del impacto regulatorio correspondiente que debe generarse en el marco de una mejora regulatoria a la luz de la Ley General de Mejora Regulatoria en correlación con la LGAH.

Tampoco indicó el dictamen, si en el flujo procedimental de la obtención de autorizaciones de los asentamientos humanos, no se genera una doble tramitología para las personas interesadas en las inversiones en materia de urbanización del suelo, que no se justifica precisamente porque desde la LGAH ya fueron acotadas las únicas facultades en las que sí se precisa de la injerencia estatal.

En efecto, en ninguna forma establece el riesgo o la inexistencia de quebrantarse esa autonomía constitucional municipal, al inmiscuirse como materia de sanción estatal al vocacionamiento de uso de suelo, a los programas parciales de urbanización y a los proyectos de integración urbana que en general apruebe el Municipio de Colima, ya sea a través de su dependencia municipal o de su órgano de gobierno o cabildo; resultando así un exceso que este tipo de controles se instrumenten a través del Consejo Municipal en donde se privilegia una integración mayúscula de persona servidoras públicas provenientes del Gobierno del Estado de Colima, pero que tiene un impacto precisamente en el curso del proceso de obtención de los diversos dictámenes que debe generar el Municipio a las personas interesadas en realizar acciones urbanísticas dentro de su territorio.

El decreto aprobado, se olvida por completo que la autonomía municipal contenida en el artículo 115, fracción V, de la Ley Fundamental, impide, cual sea la finalidad pretendida por el Poder Legislativo, llegar al extremo de vulnerar la esfera de atribuciones de que constitucionalmente goza el Municipio de Colima, particularmente la de formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.

La Ley General expedida por el Congreso de la Unión en términos del 73, fracción XXIX-C, solamente produjo injerencia estatal en los siguientes apartados:

• El ayuntamiento, una vez que apruebe el plan o programa de Desarrollo Urbano, y como requisito previo a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, deberá consultar a la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de dicho instrumento con la planeación estatal y federal. Artículo 44 de la LGAH. • Corresponde a las entidades federativas: Analizar y calificar la congruencia y vinculación con la planeación estatal, que deberán observar los distintos programas municipales de Desarrollo Urbano, incluyendo los de los municipios asociados, conurbaciones o zonas metropolitanas, a través de dictámenes de congruencia estatal. Artículo 20, punto 1, fracción VII, de la LGAH.

• Inscribir en el Registro Público de la Propiedad, a petición de parte, los planes y programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios, cuando éstos tengan congruencia y estén ajustados con la planeación estatal y federal. Artículo 20, punto 1, fracción VIII, de la LGAH.

• Atender las consultas que realicen los municipios sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia de Desarrollo Urbano. Artículo 20, punto 1, fracción XXVI, de la LGAH.

Luego se afectan las competencias constitucionales municipales de esta parte actora, que igualmente se desprenden de la fracción II del artículo 115 constitucional, porque el Municipio de Colima ha expedido previamente y por exigencia del propio legislador local, un marco jurídico inherente a la mejora regulatoria, reduciendo este actuar, al incrementar el número de trámites, procesos, requisitos, lineamientos y tiempos de respuesta, en detrimento del eficiente servicio público y en regresión de los derechos de los gobernados en sus gestiones gubernamentales municipales.

Por lo anterior, el legislador local inaplicó el artículo 25 constitucional en su párrafo último, el cual se relaciona con la materia regulatoria, pues lejos de buscar trámites eficientes en la facultad que concurrentemente desarrolla el Estado y el Municipio, creo cercos que impiden la evolución de un trámite con certeza jurídica desde el seno municipal para el gobernado o solicitante.

No debe perderse de vista, que si bien es cierto la iniciativa no genera impacto presupuestario respecto del manejo financiero o presupuestario de las finanzas municipales, si afecta a la ciudadanía con el Municipio desde el momento en que este debe cubrir el derecho de un trámite en materia de asentamientos humanos, pero dependerá la vigencia de su autorización, de su permiso, de su Vocacionamiento, de su licencia de construcción inclusive, a que la autoridad estatal se pronuncie al respecto, bajo la premisa de la verificación de congruencia, Siendo que, no dispone a la fecha de un instrumento estatal denominado Programa Estatal de Desarrollo Urbano, Programa de Desarrollo Urbano Estatal, Plan Rector del Desarrollo Urbano Estatal, con el cual concurrir, coincidir o concertar congruencia.

SEGUNDO. Violación a la autonomía municipal.

Señala que pueden existir medidas legislativas vinculadas con una finalidad constitucional válidamente aceptable, donde el Poder Legislativo a través de un proceso legislativo procura homologar o adecuar ciertos preceptos jurídicos, ponderar si introduce mayores prohibiciones o refuerza los alcances de la Ley General misma, lo cual debe indicar con puntualidad precisamente demostrando las razones o motivaciones sociales que lo llevaron a ese extremo, por ejemplo:

• La incapacidad técnica de autoridades municipales o la propia solicitud de ellas de que sea el Gobierno Local quien desarrolle tal o cual facultad encomendada de inicio al Municipio;

• El abuso sistemático de una competencia municipal en detrimento de la facultad que concurrentemente se le asigna también al Gobierno del Estado de Colima;

• El análisis técnico desde el plano de la Federación, de que un Municipio determinado está dejando de cumplir con las tareas que constitucionalmente tiene encomendadas y en donde necesita tanto el refuerzo de la Federación, como del propio Gobierno del Estado.

Medida legislativa que para considerarse pertinente o apropiada constitucionalmente hablando, igualmente debe ser analizada o debatida por los asambleístas.

Cita la jurisprudencia: "LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES."

Señala que el legislador quien en el año dos mil veintidós recibió iniciativas en torno a los asentamientos humanos y en ellas se incorporaron los controles que le restan competencia al Municipio de Colima, Estado de Colima, lo mínimo que debía hacer el Poder Legislativo demandado, era interrogar a los asambleístas que dieron curso a esas iniciativas y a las autoridades encargadas de la mejora regulatoria, sobre el Dictamen de Verificación de Congruencia a cargo del Gobierno del Estado, que prevé la ley impugnada, ya que no se limitó a los programas de desarrollo urbano, sino que fue al extremo de verificar congruencia del Dictamen emitido por el Ayuntamiento para checar si este es congruente o guarda relación con los instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, lo cual genera facultades de control político y no técnico en la concurrencia de las atribuciones de asentamientos humanos. Lo cual no se deriva ni tiene su fundamento en la fracción III del artículo 1; fracción VII del artículo 10; párrafo final del artículo 23 y del diverso 44 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Si bien es cierto, que analizar y calificar la congruencia y vinculación de la planeación estatal, que deberán observar los distintos programas municipales de desarrollo urbano, no es un capricho ni una invasión de competencias municipales, sino que busca establecer un control y armonía entre poderes, sujetos a normas y procedimientos legislativos expresos, evitando el abuso y corrupción. Esta tarea debe partir de que el gobierno del Estado de Colima haya creado sus propios instrumentos de planeación Estatal con base en la preponderancia que tienen los instrumentos de planeación municipal.

Con la aprobación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, Colima, y su publicación en el medio oficial, queda formalizada la dictaminación de congruencia de parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano Estatal, el cual ha tenido diversas modificaciones, mismas que han quedado validadas en su aspecto de congruencia.

Desde la conformación del Programa de Desarrollo Urbano Municipal solamente debe de ser materia de congruencia los Planes o Programas de Desarrollo Urbano Municipales que forman parte del sistema estatal de planeación en la categoría de básicos, debido a que el resto de planes o programas derivados, estudios, proyectos, dictámenes, licencias, permisos o similares, son de atribución municipal, en la materialidad de los sucesos inclusive en el año dos mil veintidós e inicios del dos mil veintitrés, se han seguido tejiendo los lazos de subordinación, que no de concurrencia, inclusive en los vocacionamientos de uso de suelo que emite el Municipio de Colima, Colima, los cuales sí o sí deben ser avalados por el Gobierno del Estado de Colima.

Hecho que llega al extremo a partir del dos de enero de dos mil veintitrés de indicar de nulos los pronunciamientos municipales que no tengan apego o guarden sanción por las autoridades estatales. Ese límite de respeto a la autonomía municipal es el que se solicita analizar, porque no se cuestiona que el Ejecutivo local no tenga competencia concurrente, sino que abusando de esta llega al extremo de revisar por segundas o terceras ocasiones, oficios que se generan desde el plano municipal y que no trascienden a los instrumentos primarios o básicos de la planeación urbana, que debe ser respecto de los únicos en que despliegue esa facultad de supervisión o anuencia concurrente, pero anclados con el Sistema estatal de Planeación Básico y el marco estatal de desarrollo urbano que previamente haya sido dispuesto; no hacerlo de esta forma pone al Municipio de Colima, a merced de las ocurrencias, posturas o improvisaciones de los servidores públicos del Gobierno del Estado, para que discrecionalmente inclinen su valoración o votación en el Consejo Municipal, en la Comisión Ejecutiva Metropolitana y el Instituto de Planeación Metropolitana, a aquellos objetivos que les trace el poder ejecutivo en franca violación inclusive del propio Programa de Desarrollo Urbano Municipal previamente sancionado, además del hecho de que la competencia y autonomía de los órganos internos de control es por orden de gobierno y no existe una responsabilidad compartida respecto de aquellas determinaciones en donde se confronte lo resuelto por el Municipio, contra lo deseado por el Estado de Colima y viceversa.

El Congreso de la Unión, al emitir la Ley General en la materia (LGAH), tenía como propósito evitar tales excesos, indicando puntualmente en los artículos 10, 11, 19 y 23, lo siguiente:

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Por ello, si a la fecha no existe un programa estatal de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima y no existió uno tampoco durante la vigencia de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado que fue abrogada, es claro que no existe justificación tampoco al inicio del dos mil veintitrés para que la autoridad estatal pretenda con el aval del Congreso del Estado, inclusive estar al pendiente de los vocacionamientos de uso de suelo que el Municipio expida, pues ya hubo una previa congruencia respecto del Programa de Desarrollo Urbano municipal, como lo fue el del año dos mil trece y su actualizado del dos mil quince. Máxime que la verificación de congruencia no parte de su vinculación con un programa Estatal, por lo que en tanto no existan ordenamientos estatales no se debe exigir al Municipio que inclusive se obtenga un dictamen estatal para los programas derivados.

Resulta por tanto una violación a la Constitucional Federal que el numeral 172 del Decreto número 195 atribuya que, con base en el Dictamen de Vocación de Suelo, el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, verificará la congruencia de las autorizaciones o determinaciones municipales, rela

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33265-04104f6e/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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