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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LA PERSONA QUE OSTENTE EL CARGO DE SÍNDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO DEL ESTADO DE COLIMA PARA PROMOVERLA (ARTÍCULO 51, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO IMPUGNADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN REPRESENTACIÓN DEL CONGRESO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA (ARTÍCULOS 37, PRIMER PÁRRAFO Y 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA SE ENCUENTRA LEGITIMADA PARA CONTESTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULOS 65, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COLIMA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL, EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (DECRETO NÚMERO 138 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 10 Y LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PUBLICADO EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE COLIMA"). VIII. SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS MUNICIPIOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. HACIENDA MUNICIPAL. SE INTEGRA CON LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A CARGO DEL MUNICIPIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO C), PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. HACIENDA MUNICIPAL. EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS REGULA EL MARCO RELATIVO A LA FACULTAD DE INICIATIVA DE LOS MUNICIPIOS EN LA MATERIA DE INGRESOS EN SUS ÁMBITOS TERRITORIALES. XI. CONTRIBUCIONES MUNICIPALES. CONFORME A LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL, LA PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE REFORMAS A LAS LEYES QUE RIGEN AQUÉLLAS DEBEN PROVENIR DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 138 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 10 Y LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO LOCAL EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019). XII. HACIENDA MUNICIPAL DE MANZANILLO, COLIMA. EL CONGRESO LOCAL CARECE DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR UNILATERALMENTE UNA EXENCIÓN A LAS ESCUELAS PÚBLICAS, FEDERALES O LOCALES RESPECTO DEL PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE LA CONEXIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, POR LO QUE INFRINGIÓ EL MANDATO CONSTITUCIONAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, RELATIVO AL PRINCIPIO DE RESERVA DE FUENTE DE INGRESOS MUNICIPALES (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 138 POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 10 Y LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO LOCAL EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚMERO 138, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 10 Y LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 11, DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL PAGO DE DERECHOS RELATIVOS A LOS S

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 316/2019. · Registro digital (IUS): 31175
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-01-13
Promovente: MUNICIPIO DE MANZANILLO, ESTADO DE COLIMA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo I, Pág.916.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 316/2019. MUNICIPIO DE MANZANILLO, ESTADO DE COLIMA. 15 DE AGOSTO DE 2022. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: SALVADOR ANDRÉS GONZÁLEZ BÁRCENA.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al quince de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS; Y

RESULTANDO

1. PRIMERO.—Demanda. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el síndico del Municipio de Manzanillo, Colima, y el director general de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Colima, promovieron controversia constitucional en contra de los actos y autoridades siguientes:

AUTORIDADES DEMANDADAS:

• Poder Ejecutivo del Estado de Colima.

• Congreso del Estado de Colima.

ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA:

• El Decreto Núm. 138 por el que se adiciona la fracción IV al artículo 10 y la fracción III al artículo 11 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, publicado el tres de septiembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

2. SEGUNDO.— Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La parte actora señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 14, 16, 31, fracción IV, y 115, primer párrafo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. TERCERO.— Conceptos de invalidez. Las normas impugnadas se combaten con sustento en los argumentos siguientes:

Primer concepto de invalidez. Violaciones al procedimiento legislativo

• El decreto impugnado fue propuesto y aprobado sin seguir el debido proceso legislativo, ya que, conforme con el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, son los Ayuntamientos quienes deben proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a derechos, facultad que forma parte del principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que asegura a los Municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas, lo cual es aplicable a la prestación del servicio público de agua y drenaje. Sin embargo, exenta del pago de derecho de conexión a la red de agua potable, drenaje y alcantarillado a las escuelas pertenecientes al sistema de educación pública del Estado o Federación, propuesto por una diputada a nombre propio y los demás integrantes de la Legislatura Local.

• La iniciativa no fue formalizada mediante oficio a través de criterios u opiniones técnicas y de fundado impacto presupuestario que se requiere para sustentar y robustecer el proceso legislativo que antecede a la norma, trascendiendo a ésta, por lo que resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 94/2001: "VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA."

• De considerarse que no sea exclusivo de los Ayuntamientos proponer las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, sino de una potestad tributaria compartida; el decreto impugnado sigue violando los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que tampoco se siguió el debido proceso para su discusión y aprobación, al dispensarse de todo trámite sin haber justificado que se trata de un asunto de urgencia notoria conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Local, en relación con el 86 in fine de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

• Si bien los artículos 33, fracciones I y XI, 39, fracción I, de la Constitución Local y el 83, primer párrafo, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado prevén a favor del Congreso Local y los diputados la potestad de iniciar y reformar leyes, también es cierto que ese derecho se encuentra regulado, por lo que no puede ser discrecional ni arbitrario.

• No se observaron los artículos 48 de la Constitución Local, 86 y 89 de la Ley Orgánica de la Legislatura y 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, ya que si la normativa impugnada se aprobó con dispensa de todo trámite, los legisladores debieron indicar y sustentar en las versiones videograbadas y de los diarios de debates de su discusión en el Pleno los motivos concretos, reales e incontrovertibles por los que consideraron que una exención se justifica sin la injerencia de un criterio jurídico de la Administración Municipal o de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (en adelante CAPDAM); por lo que existe carencia de motivación exhaustiva de la urgencia notoria que no ameritaba mayor examen para apartar del estudio correspondiente a una comisión legislativa como hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, conforme con el artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Legislativo Local.

• La intromisión del Legislativo y Ejecutivo Locales vulnera los artículos 115 de la Constitución Federal y el artículo 90, fracción IV, inciso C, de la Constitución Local, ya que los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a cargo del Municipio forman parte de su hacienda pública y de las contribuciones que el Congreso establezca a su favor, no en su perjuicio recaudatorio, indicando ese precepto que por ningún medio se podrán establecer exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones.

• Se debió exigir que se adjuntara a la iniciativa los impactos presupuestarios y se justificara si no conllevaba un retroceso para los fines recaudatorios del Municipio, cuando es claro que deben existir cumplimientos de disciplina financiera como se establece en los artículos 16 de la ley de la materia, en relación con el 90 y 91 de la Ley Orgánica de la Legislatura, que exigen una opinión técnica jurídica del Ayuntamiento o la expresión de un impacto presupuestario a un proyecto de decreto, así como la sociabilización de la iniciativa con el operador jurídico de la norma a través de su órgano descentralizado proveedor de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento.

• La violación reclamada no se trata de un formalismo, sino que trasciende a la invalidez de la norma, pues, en detrimento de la autonomía hacendaria del Municipio, se trastocó el principio de democracia deliberativa o deliberación parlamentaria, principalmente, tratándose del proceso legislativo de reformas a leyes tributarias municipales que incidan en los elementos del tributo como la tasa y sujeto que incide en el Municipio como ente público obligado a la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, con autonomía hacendaría y autorizado para recibir el pago de derechos por esos servicios, como sujeto directo y activo de la relación tributaria; lo anterior conforme con la jurisprudencia P./J. 111/2006: "HACIENDA MUNICIPAL. EN EL CASO DE LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EXISTE UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y EL ESTADO EN EL PROCESO DE SU FIJACIÓN."; tesis (IV Región) 2o. J/1 (10a.): "DEMOCRACIA DELIBERATIVA. CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE UNA LEY GENERAL, EL ÓRGANO LEGISLATIVO COMETE VIOLACIONES QUE TRANSGREDEN DICHO PRINCIPIO, ÉSTAS PUEDEN REPARARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL VULNERAR LA APLICACIÓN DE ESA NORMA LOS DERECHOS HUMANOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD." y la jurisprudencia 2a./J. 133/2017 (10a.): "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO."

Segundo concepto de invalidez. Inconstitucionalidad de la norma.

• La norma impugnada viola el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, al establecer la exención del pago de derechos por la recepción de servicios públicos de conexión a la red de agua potable y alcantarillado a las escuelas públicas federales o locales, cuando no está permitido, ya que el precepto establece que las leyes estatales no contendrán exenciones en favor de persona o institución alguna respecto los derechos por la prestación de los servicios públicos a cargo de los Municipios.

• No obstante que se pudiera argumentar que la exención opera sobre bienes de dominio público federal y estatal, la dispensa prevista en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal no comprende el carácter del sujeto pasivo del tributo o la función u objeto públicos; el beneficio se circunscribe a la actualización de un hecho imponible que tenga como objeto la propiedad, posesión o detentación de un bien del dominio público, como los impuestos predial y de transmisiones patrimoniales, ya que sólo en las contribuciones sobre alguna conducta relacionada con bienes raíces, el aspecto objetivo del hecho imponible se vincula directamente con la propiedad, posesión o detentación del bien inmueble; en cambio, en los derechos por servicios, el supuesto generador de la obligación tributaria es la recepción del servicio público y, por tal motivo, la calidad de un inmueble, ya sea de dominio público o no, es indiferente para la configuración del tributo.

• Los derechos por el servicio de conexión a la red de agua potable y alcantarillado no están comprendidos en la exención a que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, pues tales derechos se causan sin atender a la calidad del bien del dominio público, sino por la simple prestación del servicio público que amerita, por regla general, una contraprestación, como se estableció por esta Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 40/2010: "DERECHOS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. NO ESTÁN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, AL CUAL REMITE EL NUMERAL 122, APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCIÓN V, INCISO B), ÚLTIMO PÁRRAFO, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA."

4. CUARTO.—Radicación y turno. Por acuerdo de quince de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la presente controversia constitucional como 316/2019 y la turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.

5. QUINTO.—Admisión de la demanda. La Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve y tuvo como parte actora sólo al síndico del Municipio de Manzanillo, Colima; por otra parte, como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima, ordenándose su emplazamiento para que produjeran su contestación; asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, antes del cierre de instrucción, manifiesten lo que a su respectiva representación correspondiera.

6. SEXTO.—Acuerdos que tienen por rendidas las contestaciones a la demanda de las autoridades emisora y promulgadora. Por acuerdo de tres de enero de dos mil veinte, la Ministra instructora tuvo por contestada la demanda al Poder Ejecutivo Local, por exhibido el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado que contiene el decreto impugnado y ordenó correr traslado con copia simple de la contestación a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, poniendo a su disposición los anexos en la sección de trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

7. Mediante proveído de seis de febrero de dos mil veinte, la Ministra instructora tuvo por contestada la demanda al Poder Legislativo Local, por remitida la copia de los antecedentes legislativos del decreto impugnado y ordenó correr traslado con copia simple de la contestación a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, poniendo a su disposición los anexos en la sección de trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

8. SÉPTIMO.—Contestación del Poder Legislativo demandado. Mediante escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veinte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Colima dio contestación a la demanda, en la que expresó, en esencia, lo siguiente:

• En relación con los hechos uno a cinco, no se afirman o se niegan, pues no se trata de hechos que se encuentran supeditados a ser sujetos de dirimirse, máxime que el derecho no se encuentra condicionado a prueba conforme con la jurisprudencia 2a./J. 65/2000: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN."

• En relación con el hecho seis, el veintidós de agosto de dos mil diecinueve en la sesión ordinaria veintidós se presentó la iniciativa con dispensa de todo trámite, por lo que, si bien no fue turnada a comisiones, ello se hizo con fundamento en el artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, siendo aprobado por la asamblea en la misma sesión como máxima autoridad del Poder Legislativo, por lo que se apegó a la normativa respectiva; sin embargo, corresponde a la parte actora acreditar el agravio que resiente con el decreto impugnado, esto es, lo que dejará de percibir con la salvedad o beneficio de no pago que se reprocha, cuántas escuelas públicas iniciaron actividades para fijar una base y qué se dejará de realizar con la carencia de ese pago; ello conforme con la jurisprudencia P./J. 135/2005.

• En relación con el hecho o abstención siete, se hizo la publicación del acto impugnado con sustento a las facultades que tiene el Poder Legislativo, generando un beneficio a la comunidad estudiantil al privilegiarse, la instauración de centros educativos con un ahorro económico que no es significativo como para agraviar al ente municipal.

• En relación con el hecho o abstención ocho, no es inconstitucional el acto impugnado, por el contrario, se beneficia al sector educativo.

• En lo que respecta al primer concepto de invalidez, el hecho de que la Constitución confiera libertad de administración hacendaria a Municipios ello no es un derecho absoluto, pues el artículo 35 de la Constitución Local confiere esa libertad al congreso quien cuenta con potestad tributaria.

• Los diputados tienen facultades para proponer iniciativas por lo que en el caso a la que fue presentada se le dio el trámite previsto en el artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, conforme con el cual, si la iniciativa da lugar a un debate, debe desarrollarse si así lo consideran necesario la Legislatura, por lo que no siempre tiene que haber un debate parlamentario.

• Al Municipio no se le pueden violentar derechos humanos en el presente asunto, pues no acude a la controversia con motivo de una relación de coordinación.

• El Municipio no acredita que la reforma impugnada le cause perjuicio, al no demostrar que el total de escuelas que iniciaron actividades y la cantidad que dejará de percibir con base en esa información sólo se basa en presunciones sin respaldo legal.

• En relación con el segundo concepto de invalidez, la prestación del servicio y la cuestión accesoria, como la conexión a redes, no puede percibirse como una misma acción, pues la primera es permanente y continua, mientras que la segunda es única y eventual, sin que implique una exención total, ya que el destinatario debe realizar el pago de los materiales. Para el supuesto en que se considere que sí constituye una exención, debe acreditarse si existe un dominio público sobre el inmueble, lo que no sucede.

9. OCTAVO.—Contestación del Poder Ejecutivo demandado. Mediante escrito presentado el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el consejero jurídico, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, dio contestación a la demanda, en la que expresó, en esencia, lo siguiente:

• Los hechos uno a cinco y el siete son ciertos.

• El sexto es parcialmente cierto, ya que el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve dispuso la impresión, publicación, circulación y observancia del decreto impugnado con apego en las facultades y obligaciones contenidas en el artículo 58, fracción III, de la Constitución Local.

• El punto octavo no constituye un hecho.

• No existe agravio en perjuicio de la parte actora, ya que dar publicidad por medio del Periódico Oficial al decreto impugnado es una atribución del Poder Ejecutivo de la entidad federativa, sin que con ello se ejerzan funciones que correspondan a otro Poder o nivel de gobierno. Su participación legislativa formal se limitó a lo establecido en los artículos 58, fracción III, de la Constitución Local; 2, 3, 17 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, por lo que el acto de publicación en el Periódico Oficial local no da lugar a un conflicto entre los Poderes Estatales por invasión de competencias.

• En lo que respecta al segundo concepto de invalidez, debe resaltarse la importancia del derecho humano al agua y saneamiento, promulgado por la ONU el veintiocho de julio de dos mil diez, a través de la resolución 64/292, reafirmando que son esenciales para la realización de todos los derechos humanos, lo cual debe entenderse en consonancia con la reforma constitucional de nuestro país de dos mil once y la relativa al artículo 4 de la Constitución Federal en dos mil doce; en México existe inequidad en el abastecimiento, consumo y disponibilidad del agua, generando conflictos sociales en el sistema nacional y estatal educativo.

• Si bien la prestación de los servicios de agua y alcantarillado corresponden a los Municipios, éstos deben considerar la trascendencia del derecho al agua y saneamiento en la vida, la salud y la dignidad del ser humano en general y de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo en lo particular, donde la educación pública experimenta una grave carencia en cuanto a esos servicios básicos, impidiendo el pleno desarrollo cognitivo y humano de cientos de miles de personas menores de edad en contextos rurales.

• La ONU alertó que el cuarenta y dos punto veintisiete por ciento de las escuelas del país no tienen drenaje, lo cual significa que el Estado ha fallado para conectar los inmuebles a la red pública o a una fosa séptica que permita el control adecuado de desechos, lo que pone en riesgo la salud de los estudiantes y el interés superior de la niñez y adolescencia en consonancia con lo establecido por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.): "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL DE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE."

• Debe privilegiarse la educación de calidad y las condiciones de salud de las personas menores de edad, al momento de resolverse la controversia constitucional, ya que la continuidad del servicio público de agua potable y conexión a la red de alcantarillado en el sistema educativo del Estado de Colima, particularmente en el Municipio de Manzanillo, están vinculadas al derecho humano al agua como elemento indispensable para vivir dignamente y como condición previa para la realización de otros derechos humanos, por ello el agua debe tratarse como bien social y cultural en beneficio del sistema educativo estatal, y no sólo en su vertiente económica. 10. NOVENO.—Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 de dicho ordenamiento, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas y aportadas durante la instrucción del juicio, así como referencia de que las partes no formularon alegatos y, finalmente, se puso el expediente en estado de resolución.

11. DÉCIMO.—Cierre de instrucción. Por acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso, se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes y se cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

12. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aplicable conforme con el artículo quinto transitorio del decreto de reformas de siete de junio del año en curso,(2) en relación con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(3) de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que se plantea la inconstitucionalidad de la fracción IV del artículo 10 y la fracción III del artículo 11 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, publicadas el tres de septiembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial Estatal, ante la presunta invasión, por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Colima, de la esfera competencial del Municipio de Manzanillo.

13. SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria,(4) establece que el plazo para la presentación de la controversia constitucional es de treinta días contados a partir de su fecha de publicación.

14. En el caso, el decreto impugnado se publicó el tres de septiembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial del Estado de Colima, en ese sentido, el referido plazo transcurrió del cuatro siguiente al dieciséis de octubre del referido año.(5)

En ese sentido, si la demanda se presentó el diez de octubre de dos mil diecinueve en la oficina de certificación judicial y correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presentación es oportuna.

15. TERCERO.—Legitimación activa. Conforme con el artículo 105, fracción I, inciso i), de la ley reglamentaria, el Municipio de Manzanillo, Colima, es un ente legitimado para promover la presente controversia constitucional. Por otra parte, el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria(6) señala que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.

16. El Municipio de Manzanillo, Colima, compareció al presente juicio por conducto de Daniel Mendoza Flores, en su carácter de síndico municipal, lo que acreditó con copia certificada de la constancia de mayoría expedida por el Instituto Electoral del Estado de Colima, correspondiente al Ayuntamiento del Municipio actor, de doce de julio de dos mil dieciocho.

17. En ese sentido, conforme con el artículo 51, fracción III, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima,(7) corresponde a los síndicos la representación jurídica del Municipio actor.

18. CUARTO.—Legitimación pasiva. Tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia constitucional el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en términos del auto admisorio dictado por la Ministra instructora.

19. Por el Congreso del Estado de Colima, comparece el diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Entidad Federativa, personalidad que acredita con la copia certificada del acta de sesión ordinaria número trece, celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, en la cual fue electo para el referido encargo.

20. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, primer párrafo, y 42, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,(8) la representación de dicho ente corresponde al presidente de la Mesa Directiva, por lo que se reconoce su legitimación para comparecer al presente juicio.

21. Por el Poder Ejecutivo del Estado, comparece Luis Alberto Vuelvas Preciado, en su carácter de consejero jurídico de dicho Poder, personalidad que acredita con la copia certificada del nombramiento respectivo fechada el veinticinco de julio de dos mil dieciocho.

22. A dicho funcionario le corresponde la representación jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, en términos del artículo 65, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Colima.(9)

23. QUINTO.—Precisión de las normas impugnadas. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria, se precisa que, del análisis integral tanto de la demanda como de las constancias que obran en el expediente, lo efectivamente impugnado es el Decreto Núm. 138 por el que se adiciona la fracción IV al artículo 10 y la fracción III al artículo 11 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, publicado el tres de septiembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial Estatal, así como el proceso legislativo que dio origen a esa normativa.

24. SEXTO.—Causas de improcedencia. El Poder Ejecutivo del Estado de Colima argumenta que dar publicidad por medio del Periódico Oficial al decreto impugnado es una atribución del Poder Ejecutivo de la entidad federativa, sin que con ello se ejerzan funciones que correspondan a otro Poder o nivel de gobierno. Su partición legislativa formal se limitó a lo establecido en los artículos 58, fracción III, de la Constitución Local; 2, 3, 17 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, por lo que el acto de publicación en el Periódico Oficial local no da lugar a un conflicto entre los Poderes Estatales por invasión de competencias.

25. Es infundada la causa de improcedencia invocada, en virtud de que ha sido criterio de este Pleno que el referido argumento debe desestimarse por dos razones sustanciales:

1) No encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la ley reglamentaria, ya que de los artículos 10, fracción II; 22, fracción II; y 26, primer párrafo, de la referida ley(10) se advierte que en las controversias constitucionales tienen el carácter de parte demandada, entre otras, la entidad, Poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general controvertida, quienes deben ser señalados como tales en la demanda y a quienes el Ministro instructor debe emplazar a la controversia para que produzca la contestación respectiva.

2) La actuación de los Ejecutivos Locales tiene injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República.(11)

26. En consecuencia, al no encuadrar el argumento del Poder Ejecutivo que nos ocupa en alguna causa de improcedencia, además de que su intervención en las controversias constitucionales se justifica en virtud de los actos relacionados con la validez de la norma impugnada, es que la causal que es materia de estudio en este apartado debe desestimarse por infundada.

27. SÉPTIMO.—Catálogo de temas que serán analizados en esta resolución. Para efectos metodológicos, atendiendo a lo expuesto por el accionante en su demanda, el estudio de fondo del asunto se dividirá en los siguientes apartados:

Ver apartados

28. OCTAVO.—Parámetro de regularidad constitucional. Los planteamientos del Municipio actor cuestionan la constitucionalidad del Decreto Núm. 138 por el que se adiciona la fracción IV al artículo 10 y la fracción III al artículo 11 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Manzanillo, Colima, publicado el tres de septiembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

29. Lo anterior, entre otras cuestiones, sobre la base de la violación al principio de reserva de fuentes conforme con lo previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, al considerar que la iniciativa para modificar las tasas de los derechos y de las contribuciones que son parte de su hacienda le corresponden en exclusiva.

30. Al respecto, este Tribunal Pleno ha establecido que las violaciones al procedimiento legislativo que dio origen a la norma general impugnada son de estudio preferente, toda vez que, de resultar fundadas, comprenderá un efecto invalidante total, por lo que sería innecesario ocuparse de los vicios de fondo que se le atribuyan al precepto normativo en cuestión.

31. Lo anterior, porque no es jurídicamente posible que subsista una norma como consecuencia de un procedimiento legislativo seguido de forma irregular y en contravención a los principios democráticos que deben regir todo debate parlamentario.(12)

32. Ahora, todo proceso legislativo debe ser respetuoso de las competencias asignadas en ciertas materias a cada uno de los tres niveles de gobierno.

33. En este sentido cabe precisar que el inciso a) de la fracción III

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31175-bbc50d9d/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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