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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AQUELLOS ENCAMINADOS A CONTROVERTIR LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DICTADA POR LA SALA ORDINARIA, SI NO SE HICIERON VALER EN LA APELACIÓN INTERPUESTA ANTE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.

Tipo de asunto: REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 537/2004. · Registro digital (IUS): 20877
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUBPROCURADOR DE LO CONTENCIOSO DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN REPRESENTACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, , Pág. 2017.

REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 537/2004. SUBPROCURADOR DE LO CONTENCIOSO DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN REPRESENTACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los agravios son inoperantes por una parte, e infundados por otra.

En su primer agravio aduce el recurrente que la sentencia recurrida transgrede los principios de congruencia, exhaustividad y equidad procesal, toda vez que no tomó en consideración que el artículo 19, fracciones I y II del Código Financiero del Distrito Federal, establece que están obligados al pago de los derechos de suministro de agua que se provee a los usuarios del servicio donde se encuentran instaladas tomas de agua, los que se pagarán bimestralmente; agrega que tratándose de tomas de uso doméstico, la determinación de los derechos a pagar será efectuada por la autoridad fiscal y los contribuyentes podrán optar por determinar el consumo, declararlo y pagar el monto de los derechos correspondientes.

El argumento recién expuesto es inoperante, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 53/96, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 22/97, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 247, determinó lo siguiente:

"DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL. El penúltimo párrafo de la base IV del artículo 115 constitucional, al cual remite el texto vigente del artículo 122, base primera, fracción V, inciso b), del mismo Ordenamiento Fundamental, se debe interpretar en el sentido de que dentro de la exención autorizada para bienes del dominio público de la Federación y los Estados, quedan comprendidos los organismos descentralizados como titulares de los inmuebles descritos en el artículo 34, fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales, por los servicios que preste el Municipio en materia de agua potable, toda vez que el autor del precepto constitucional, al autorizar la exención, claramente la hace extensiva no sólo a los tributos sobre la propiedad inmobiliaria, sino también a los ingresos que obtenga el Municipio por los servicios públicos a su cargo, lo cual significa que se refirió a las contribuciones causadas por aquellos servicios que se presten en relación con los bienes de dominio público en favor de la Federación, Estados u organismos descentralizados, en razón de la importancia que atribuyó a la función desarrollada a través de la afectación y destino de tales bienes sometidos al régimen de protección de que se trata."

Por ende, si el más Alto Tribunal ha resuelto que los bienes de dominio público quedan comprendidos dentro de la exención del pago de derechos por el servicio de agua pública, criterio vinculatorio para este Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, resulta inconcuso que los agravios en estudio son inoperantes.

Resulta aplicable la jurisprudencia 34 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, a foja 28, que a continuación se transcribe:

"AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."

En su segundo agravio manifiesta el recurrente que existe una incongruencia entre los argumentos expuesto por la autoridad demandada en su escrito de expresión de agravios y lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, toda vez que la Tercera Sala Ordinaria de dicho tribunal declaró la nulidad del acto impugnado para el efecto de que se respetara a la actora la exención a que tiene derecho, siendo que en el caso concreto, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en ningún momento realizó solicitud alguna en ese sentido.

Es inoperante el argumento en estudio.

El subprocurador de lo contencioso de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, al interponer recurso de apelación en contra de la sentencia dictada el tres de julio de dos mil tres, por la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señaló como único agravio que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte está obligada al pago de derechos por concepto de suministro de agua, de conformidad con el artículo 29 del Código Financiero del Distrito Federal, señalando que no se están gravando los bienes del dominio público, sino que se está cobrando la prestación de un servicio suministrado por parte del Gobierno del Distrito Federal, el cual es independiente del destino y utilización de los inmuebles.

De lo anterior se colige que la "incongruencia" planteada no se hizo valer en el escrito de expresión de agravios interpuesto contra la sentencia de primera instancia, motivo por el cual, no hubo pronunciamiento alguno por parte de la Sala Superior; es decir, la recurrente pretende introducir cuestiones novedosas en el presente recurso de revisión contencioso administrativo, motivo por el cual, resulta inoperante dicho argumento.

Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis de la entonces Tercera Sala de nuestro más Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228 Cuarta Parte, página 74, que a continuación se transcriben:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE INTRODUCEN ARGUMENTOS NO HECHOS VALER EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo se introducen razonamientos ajenos a los que se expresaron en la contestación a la demanda en el juicio natural, los mismos resultan inoperantes pues no pudo haberse incurrido en violación de garantías por el tribunal responsable al no examinar razonamientos ajenos a la litis."

Cabe destacar que la recurrente pretende combatir ante este Tribunal Colegiado de Circuito la sentencia de primera instancia dictada por la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y no lo resuelto por la Sala Superior en la resolución materia de la litis en el presente medio de impugnación.

Al respecto, el artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, dispone que el recurso de revisión se podrá interponer contra las sentencias dictadas por la Sala Superior de dicho órgano, y no así, en contra de las resoluciones de las Salas ordinarias, pues contra éstas procede el recurso de apelación, según dispone el numeral 87 del ordenamiento legal invocado; por ende, si la autoridad demandada pretende combatir un fallo de primera instancia ante el Tribunal Colegiado de Circuito, resulta obvio que precluyó su derecho para hacer valer agravios en su contra, ya que debió expresarlos al interponer el citado recurso de apelación.

Con independencia de lo anterior, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte demandó la nulidad del crédito fiscal determinado mediante oficio S.F./A/799/2003, de diecinueve de marzo de dos mil tres, al estimar que el inmueble ubicado en Camino a Santa Teresa, cuatrocientos ochenta y dos, colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, identificado con el folio DFX023102 de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, es un bien del dominio público de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 2o., fracción V, 16 y 34 de la Ley General de Bienes Nacionales, razón por la cual, señaló en su primer concepto de impugnación, está exenta del pago de derechos de agua, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, sí hizo valer ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal la exención declarada por dicho órgano jurisdiccional.

En la primera parte de su tercer agravio aduce la autoridad recurrente que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en ningún momento acreditó que el inmueble en el que recayó el crédito impugnado esté destinado a brindar un servicio público, o que éste se lleve a cabo.

Es inoperante dicho razonamiento, ya que tal cuestión no se planteó al interponer el recurso de apelación ante la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y por ende, no hubo pronunciamiento alguno por parte de la Sala a quo al dictar la sentencia en revisión, por lo que está introduciendo cuestiones novedosas en el presente medio de impugnación.

Finalmente, señala la autoridad recurrente que la Sala Superior dejó en estado de indefensión a la autoridad demandada, al impedirle ejercer sus facultades para emitir un nuevo acto.

El agravio en estudio es infundado.

Los artículos 80 a 82 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal señalan:

"Artículo 80. Las sentencias que emitan las Salas del tribunal, no necesitan formulismo alguno, pero deberán contener:

"I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos. Así como el examen y valoración de las pruebas que se hayan rendido, según el prudente arbitrio de la Sala, salvo las documentales públicas e inspección judicial, que siempre harán prueba plena;

"II. Los fundamentos legales en que se apoyen, debiendo limitarlo a los puntos cuestionados y a la solución de la litis planteada;

"III. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se reconociere o cuya nulidad se declarare; y

"IV. Los términos en que deberá ser ejecutada la sentencia por parte de la autoridad demandada, así como el plazo correspondiente para ello, que no excederá de veinticinco días contados a partir de la fecha de su notificación.

"Artículo 81. Serán causas de nulidad de los actos impugnados:

"I. Incompetencia de la autoridad;

"II. Incumplimiento y omisión de las formalidades legales;

"III. Violación de la ley o no haberse aplicado la debida; y

"IV. Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquiera otra causa similar.

"Artículo 82. De ser fundada la demanda, las sentencias dejarán sin efecto el acto impugnado y las autoridades responsables quedarán obligadas a otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos que le hubieren sido indebidamente afectados o desconocidos, en los términos que establezca la sentencia."

De la lectura de los preceptos legales recién transcritos, se advierte que la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no prevé textualmente las figuras jurídicas de "nulidad lisa y llana" o "nulidad para efectos", limitándose a precisar que dicho tribunal podrá decretar la nulidad de los actos impugnados, y que sus sentencias habrán de ejecutarse en los términos que disponga el órgano jurisdiccional.

Por tanto, a efecto de determinar si la nulidad decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal debe ser lisa y llana, o en su defecto, para efectos, deberá estarse a los criterios jurisprudenciales en la materia, así como a los principios que rigen el derecho administrativo.

Precisado lo anterior, se decretará la nulidad lisa y llana cuando el acto impugnado adolezca de vicios ostensibles y particularmente graves, que bajo ninguna forma pueden ser convalidados; el resultado jurídico de este tipo de nulidad implica la existencia de cosa juzgada, por lo que la autoridad demandada no podrá emitir una nueva resolución en el mismo sentido.

Por ejemplo, la incompetencia del servidor público, prevista como causa de nulidad por el artículo 81, fracción I, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, implica la anulación lisa y llana del acto de autoridad impugnado, pues aquel funcionario que en un lugar y tiempo determinado era incompetente para emitir el acto combatido, de ninguna manera podrá subsanar tal circunstancia.

De igual manera, se puede señalar que por regla general, en los asuntos en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal estudie el fondo del asunto, en los que determine que la conducta del particular está justificada por alguna norma de carácter general, o que los hechos que generaron el acto administrativo o fiscal no encuadran en el supuesto normativo invocado por la demandada, se está ante la presencia de una nulidad lisa y llana.

Por otra parte, la nulidad para efectos procede en los casos en que el acto impugnado esté viciado por el procedimiento que le dio origen, o que los vicios se encuentren dentro de la resolución o acto administrativo en sí, lo que doctrinalmente se conoce como vicios de nulidad relativa; la consecuencia jurídica de la declaración de nulidad implica que la autoridad subsane dichos vicios, ya sea reponiendo el procedimiento o dictando una nueva determinación.

La nulidad para efectos en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está consagrada, primordialmente, en el artículo 81, fracción II, que señala como causa de nulidad de los actos impugnados el incumplimiento u omisión de las formalidades legales.

De manera ejemplificativa, y no restrictiva, se pueden citar defectos u omisiones en el llamamiento al procedimiento administrativo (emplazamiento); no brindar oportunidad de probar y alegar; indebida fundamentación y motivación; el no constreñimiento de la resolución a la cuestión debatida, que se forma con la pretensión del Estado y las defensas del particular.

En el caso concreto, la emisión del crédito fiscal combatido fue declarado nulo por violación al artículo 34, fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales, en relación con los numerales 115, fracción IV, inciso c), y 122, base primera, fracción V, inciso b), de la Carta Magna, que encuadra en la causa de nulidad contemplada en la fracción III del artículo 82 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Por lo tanto, al haberse emitido un crédito fiscal en plena contravención a lo dispuesto por la Carta Magna, a una ley federal, así como a una jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que los bienes del dominio público están exentos del pago de derechos por el servicio de agua potable, resulta incuestionable que se está ante una nulidad "lisa y llana", es decir, la autoridad demandada no puede emitir un nuevo acto en el mismo sentido, siendo legal el efecto dado a la nulidad del crédito impugnado.

Resulta aplicable la tesis I.7o.A.254 A sustentada por este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1428, que a la letra dice:

"NULIDAD. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL DISTRITO FEDERAL. Los artículos 80 a 82 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, no prevén textualmente las figuras jurídicas de ‘nulidad lisa y llana’ o ‘nulidad para efectos’, limitándose a precisar que dicho tribunal podrá decretar la nulidad de los actos impugnados, y que sus sentencias habrán de ejecutarse en los términos que dispongan éstas. A efecto de determinar si la nulidad decretada por las Salas de dicho órgano contencioso administrativo debe ser lisa y llana o, en su defecto, para efectos, deberá estarse a los criterios jurisprudenciales en la materia, así como a los principios que rigen el derecho administrativo. Se decretará la nulidad lisa y llana cuando el acto impugnado adolezca de vicios ostensibles y particularmente graves, que bajo ninguna forma puedan ser convalidados; el resultado jurídico de este tipo de nulidad implica la existencia de cosa juzgada, por lo que la autoridad demandada no podrá emitir una nueva resolución en el mismo sentido; por ejemplo, la incompetencia del servidor público que emitió el acto impugnado y, por regla general, en los asuntos en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal estudie el fondo del asunto, determinando que la conducta del particular está justificada por alguna norma de carácter general, o que los hechos que generaron el acto administrativo o fiscal no encuadran en el supuesto normativo invocado por la demandada. Por otra parte, la nulidad para efectos procede en los casos en que el acto impugnado contenga vicios subsanables, o que los mismos se encuentren en el procedimiento que le dio origen, lo que doctrinalmente se conoce como vicios de nulidad relativa; la consecuencia jurídica de dicha determinación obliga a la autoridad a subsanar tales ilicitudes, ya sea reponiendo el procedimiento o dictando una nueva determinación; de manera ejemplificativa y no restrictiva, se pueden citar: defectos u omisiones en el llamamiento al procedimiento administrativo (emplazamiento); no brindar oportunidad de probar y alegar; indebida fundamentación y motivación; y el no constreñimiento de la resolución a la cuestión debatida, que se forma con la pretensión del Estado y las defensas del particular, como sería la falta o indebida valoración de pruebas."

La circunstancia de que erróneamente se haya encuadrado la nulidad en la fracción II del artículo 82 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, relativa al incumplimiento y omisión de las formalidades legales, es insuficiente para declarar fundado el agravio en estudio, pues los efectos y sentido de la resolución sería el mismo, de conformidad con la jurisprudencia 108 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 85, que es del tenor literal siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado."

En las relatadas circunstancias se impone declarar infundado el recurso de revisión contencioso administrativo.

Por lo expuesto y fundado en los artículos 104, fracción I-B, de la Carta Magna; 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO. Es infundado el recurso de revisión contencioso administrativo interpuesto por el subprocurador de lo contencioso de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, en representación de las autoridades demandadas, contra la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el veintisiete de enero de dos mil cuatro, en el expediente R.A. 6053/03-III-1579/03, por las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria .

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución devuélvanse los autos a la Sala de origen, y en su oportunidad, archívese el toca; regístrese la presente ejecutoria en términos del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados David Delgadillo Guerrero, Alberto Pérez Dayán y F. Javier Mijangos Navarro. Fue ponente el último de los señores Magistrados antes mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20877-f018e329/agravios-inoperantes-en-el-recurso-de-revision-contencioso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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