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Modo: Corpus Pro

BAJA DE UN POLICÍA PREVENTIVO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO, IMPLICA LA RESTITUCIÓN EN EL CARGO Y EL PAGO DE LOS HABERES NO PERCIBIDOS, SIEMPRE Y CUANDO AL MOMENTO DE DECRETARSE AQUÉLLA SE ESTUVIERE DESEMPEÑANDO EN EL PUESTO RESPECTIVO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 405/2008. · Registro digital (IUS): 21266
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DELEGADO DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y OTRO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 2652.

AMPARO EN REVISIÓN 405/2008. DELEGADO DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y OTRO.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Por lo que toca al único agravio expuesto en el recurso de revisión del quejoso, también se estima infundado.

En efecto, el recurrente combate el considerando sexto de la sentencia recurrida, manifestando que si bien se dejó insubsistente el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil seis reclamado, sin embargo, no se le restituye en el puesto y haberes que le corresponden, siendo que el a quo debió analizar el fondo de la baja y del análisis de las pruebas que obran a fojas 86 y 146 a 252 del juicio de garantías y así pudo advertirse que las faltas fueron por causas justificadas.

Aduce que la sentencia recurrida afecta los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que a pesar de haber obtenido sentencia absolutoria en la causa penal 154/2006, y al estar acreditado que faltó a su trabajo a partir de que fue detenido y sujeto a investigación (veintiuno de junio de dos mil seis), debió concedérsele el amparo para el efecto de que se le restituyera en el cargo y se le pagaran sus haberes, pues de no ser así, se permitirá a la autoridad que emita un nuevo acto que lo dé de baja afectando la impartición de justicia pronta y expedita.

Asimismo, el recurrente invoca diversas tesis aisladas relacionadas con la destitución de servidores públicos en las que procede la restitución del cargo y el pago de los haberes dejados de percibir.

De la lectura integral del considerando sexto de la sentencia recurrida se advierte que efectivamente no fue analizado el fondo de la litis planteada en relación a la orden de baja derivada del acuerdo de catorce de diciembre de dos mil seis, con número de control A-1104, esto es, analizar si aquélla fue dictada por autoridad competente y acorde a las disposiciones legales correspondientes (garantía de legalidad), en relación a los hechos atribuidos a Luis Israel Montoya Olascoaga; tampoco el a quo examinó y valoró la prueba documental de la causa penal 154/2006 que ofreció el amparista para demostrar que las faltas a sus labores (motivo de la baja), no fueron injustificadas.

En el caso, la concesión del amparo atendió a que la orden de baja reclamada resultaba violatoria de la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, al no haberse respetado las formalidades del procedimiento, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, en cuya fracción I, se establece que los asuntos en que deba conocer el Consejo de Honor y Justicia, debe hacerse saber al elemento sujeto al procedimiento la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se le imputan y pueda defenderse por sí o por persona digna de su confianza o, en su defecto, se le nombrará un defensor de oficio, concediéndole diez días hábiles para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.

El Juez a quo detalló como violación procedimental, la que enseguida se transcribe:

"... Ahora, de las copias certificadas glosadas a fojas veintiséis a veintiocho de autos, particularmente la glosada a foja veintisiete del expediente, la cual fue valorada en su oportunidad, se conoce que por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil seis, la autoridad responsable, Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, decretó la baja del quejoso como policía preventivo del Distrito Federal.-Asimismo, la autoridad responsable determinó que si el quejoso se presentaba en sus oficinas para que se iniciara el procedimiento administrativo, o bien, alguna otra autoridad ordenara el inicio del mismo, se informara a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, para que tomaran las medidas necesarias para que no se pongan en riesgo los intereses de dicha Secretaría.-Sin embargo, de las copias certificadas glosadas a fojas veintiséis a veintiocho y ciento setenta y cinco a doscientos cuarenta y uno de autos, no se advierte que la autoridad responsable, previo al dictado del acuerdo de catorce de diciembre de dos mil seis, mediante el cual decretó la baja del quejoso como policía preventivo del Distrito Federal, haya respetado la garantía de audiencia contemplada en el artículo 55 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, por lo que violó en perjuicio del impetrante del amparo el artículo 14 de la Carta Magna.-En efecto, la autoridad responsable violó la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución, ya que previo a la emisión del acto privativo, es decir, del acuerdo de baja de catorce de diciembre de dos mil seis, debió hacer del conocimiento del quejoso los hechos que se le imputaron, para que ofreciera las pruebas que estimara convenientes, formulara sus respectivos alegatos y, finalmente, la responsable dictara la resolución correspondiente.-Luego entonces, el actuar de la autoridad responsable, Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que consistió en dar de baja a la parte quejosa como policía preventivo del Distrito Federal, sin que previamente haya sido oída y vencida en juicio, ocasiona que se aparte de la garantía de audiencia contenida en el artículo 14, segundo párrafo, de la Carta Magna ...".

Ahora bien, resulta infundada la pretensión del quejoso revisionista pues si preferentemente fue examinado el concepto de violación a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional (determinación que ya quedó firme ante la ineficacia de los conceptos de agravio hechos valer por la autoridad responsable en su recurso de revisión), es evidente que sólo fue examinado un aspecto formal que impide resolver sobre si procede o no la reinstalación del quejoso en el puesto que desempeñaba como policía preventivo y en el pago de los haberes que dejó de recibir con motivo de la baja decretada, dado que los efectos del fallo protector sólo pueden consistir en dejar insubsistente el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil seis y subsanar la violación advertida, lo cual se traduce en notificar nuevamente al elemento policial el inicio del procedimiento administrativo disciplinario contenido en el artículo 55 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y, efectivamente, emitir una nueva resolución que concluya tal procedimiento conforme a derecho.

Apoya la anterior conclusión, la jurisprudencia 80 sostenida por nuestro Máximo Tribunal, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, Tomo VI, Común, foja 64, que dice así:

"AUDIENCIA, GARANTÍA DE. AMPARO CONCEDIDO PARA EL EFECTO DE QUE SE RESPETE. NO PUEDEN ESTUDIARSE EN EL FALLO LAS DEMÁS CUESTIONES DE FONDO.-Cuando el amparo se concede para el efecto de que las autoridades respeten la garantía de audiencia que establece el artículo 14 de la Carta Magna, brindando oportunidad de defensa a los quejosos previamente a la emisión de los actos que afecten un derecho establecido en su beneficio, no es el caso estudiar las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque precisamente esas cuestiones serán objeto de la audiencia que las autoridades deberán conceder a los quejosos."

Lo anterior es congruente con el objeto del juicio de amparo, pues una ejecutoria que conceda el amparo anula la resolución que puso fin a un procedimiento tramitado en forma de juicio y, por ende, debe reponerse ese procedimiento a partir del acto procesal que produjo la afectación a las defensas del quejoso y trascendió al resultado del fallo; de no aceptarse lo anterior, entonces el juzgador constitucional se sustituiría a la autoridad responsable, decidiendo desde ya la situación jurídica del quejoso, circunstancia que pugna con la finalidad del presente medio de control.

Por lo mismo, desde que la garantía de audiencia se erige como un derecho fundamental de defensa, su estudio resulta preferente, de ahí que su violación da lugar a que la autoridad, dejando sin efectos la resolución combatida, escuche en defensa al afectado; sin embargo, en las circunstancias de este caso, no podría ser restituido en las prestaciones que pide, pues no estaba incorporado a sus labores al momento de su baja, sino fuera de ellas, tal cual lo manifiesta y reconoce el propio quejoso.

En efecto, la protección constitucional ante la violación a las garantías de audiencia o legalidad en un procedimiento seguido en forma de juicio, consistirá en restituir el goce de la garantía constitucional violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de tal violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija.

Siguiendo esta idea, si el procedimiento administrativo que culmina con la baja o cese de un servidor público se desarrolla mientras éste se desempeña en el puesto respectivo, es obvio que cualquier violación cometida en su perjuicio, que dé lugar a otorgarle la protección constitucional, tiene como efecto que se le reincorpore al servicio y se le cubran los derechos que dejó de percibir, pues precisamente fue la resolución final la que decretó su baja, y consecuentemente, que dejara de prestar el servicio; por lo contrario, si el procedimiento se desahoga sin que el interesado esté laborando (como en el caso, que se inició por inasistencias), las citadas violaciones sólo darán lugar a que se reponga el procedimiento desde el momento en que se concretaron, sin que ello implique restitución alguna de otro derecho, pues sólo así estarán volviendo las cosas al estado en que se encontraban al momento de haberse cometido la violación, tal cual se desprende del artículo 80 de la Ley de Amparo.

En ese orden de ideas, corresponderá a la propia responsable dejarla sin efecto y desahogar conforme a la ley el procedimiento respectivo para que, de considerar que asiste razón al interesado en sus defensas, proceder a reintegrar todas aquellas prestaciones y derechos que le hubieren sido privados o, por lo contrario, resolver lo que en derecho corresponda.

En las relatadas condiciones, ante la ineficacia de los agravios, lo procedente es declarar infundados los recursos interpuestos.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 83, 85 y 91 de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-En la materia de la revisión, se confirma la sentencia de fecha cinco de agosto de dos mil ocho, autorizada el tres de septiembre del mismo año, dictada por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo número 119/2008-VII.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Israel Montoya Olascoaga, en contra de los actos y autoridades señalados en el resultando primero y en los términos precisados en el considerando sexto de la sentencia recurrida.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca; regístrese la ejecutoria en términos del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

Así, por mayoría de votos, de los Magistrados Adela Domínguez Salazar y Alberto Pérez Dayán en contra del voto particular del Magistrado F. Javier Mijangos Navarro, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiendo el engrose de mayoría al segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21266-099908f4/baja-de-un-policia-preventivo-adscrito-a-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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