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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 296/2008. · Registro digital (IUS): 21370
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, , Pág. 1673.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 296/2008.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Son ineficaces los conceptos de agravios que en el caso se expresan, en atención a las siguientes consideraciones.

En efecto, del contexto de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en la diligencia de lanzamiento practicada el diecinueve de junio de dos mil ocho, en los autos del expediente número ********** del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, seguido en contra de los representados de la aquí recurrente, respecto de la acción reivindicatoria ejercitada en relación con el inmueble consistente en lote de terreno marcado con el número ********** manzana ********** del Municipio de ********** inmueble del que los directos inconformes reconvinieron la prescripción positiva.

Respecto del tema de la procedencia del juicio de amparo indirecto en tratándose de actos emitidos en ejecución de sentencia, cuando el impetrante de la protección federal haya sido parte formal en el proceso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir la contradicción de tesis número 27/99, emitió el criterio jurisprudencial que con el número P./J. 32/2001, aparece publicado en la página treinta y uno del Tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril de 2001, registro número 190035, que a la letra, dice:

"AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ‘ÚLTIMA RESOLUCIÓN’, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.-La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la ‘última resolución’ que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente."

Asimismo, sobre el tema en comento, procede invocar el diverso criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado con el número 1a./J. 29/2003, localizable en la página once del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, junio de 2003, registro número 184221, con la voz:

"AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.-De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías."

Así, del contenido de los criterios jurídicos transcritos, cuya observancia es obligatoria conforme lo señala el artículo 192 de la Ley de Amparo, se tiene que en tratándose de ejecución de sentencia, sólo procederá el juicio de amparo indirecto en el caso de que el quejoso haya sido parte formal en el procedimiento, cuando se trate de la última resolución, entendiéndose por tal aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento.

Por lo tanto, si en la especie, lo que existe en el procedimiento de ejecución es la diligencia por la que se llevó a cabo el lanzamiento (acto reclamado), de suyo permite concluir que esa determinación de manera alguna constituye la última resolución emitida en esa etapa procesal, pues se carece de aquella actuación en la que se hubiere determinado el cumplimiento total de la sentencia definitiva dictada en el proceso natural.

De ahí que, contrario a lo argumentado por la revisionista, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, atento a lo previsto por el artículo 145, en relación con los numerales 114, fracción III, segundo párrafo y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y los criterios jurisprudenciales transcritos.

Vale invocar el contenido de la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 14/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página veintiuno del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril de 1997, registro número 198920, con la voz:

"AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.-Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."

En ese contexto, aun y cuando en la codificación procesal civil de la localidad existe ausencia de disposición que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia o que declare la imposibilidad material o jurídica para ello, lo cierto es que tal circunstancia en forma alguna exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta, en primer término, que la legislación local no lo prohíbe; en segundo, porque bien puede acudir a la exégesis del precepto 339 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, que prevé una certificación de la secretaría para que las sentencias produzcan los efectos de la cosa juzgada; por último, porque acorde a lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo y atendiendo al contenido de la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, transcrita con antelación, en la que el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia de la Nación dispuso que, y ello es obligatorio por disposición del artículo 192 de la aludida ley, en tratándose de ejecución de sentencia, el juicio de amparo biinstancial sólo procederá cuando se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento, entendida como aquella que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En similares términos se pronunció este órgano colegiado al resolver el juicio de amparo en revisión registrado con el número ********** en sesión de veinticuatro de julio de dos mil ocho.

Sentado lo anterior, lo que procede es confirmar el auto recurrido.

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 90, 91, y 190 de la Ley de Amparo y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se resuelve:

ÚNICO.-Se confirma el auto recurrido emitido el catorce de julio de dos mil ocho, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo número ********** por el que se desechó la demanda de garantías.

Notifíquese como corresponde; anótese en el libro de gobierno; con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos relativos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos de los ciudadanos Magistrados Isidro Pedro Alcántara Valdés, Agustín Romero Montalvo y José Manuel de Alba de Alba, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, fue ponente el segundo de los nombrados.

Conforme a lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21370-b16dbd64/amparo-indirecto-contra-actos-dictados-en-ejecucion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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