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PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA. SU DESAHOGO ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS Y, POR ENDE, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 24/2007. · Registro digital (IUS): 20179
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, , Pág. 2160.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 24/2007.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Antes de emprender el estudio de las inconformidades que se plantean, por cuestión de técnica resolutiva cabe puntualizar que como ha quedado de manifiesto en el resultando cuarto de esta ejecutoria, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, en suplencia del error en que incurrió ... se ha corregido, al haber señalado en su demanda y también en el presente recurso que los promovió por su "propio derecho" como lo expuso, y no en nombre y representación de sus menores hijos ... todos de apellidos ...

Luego, debe estimarse como los directos quejosos a dichos menores de edad.

Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con la clave P./J. 24/96, visible en la página 5, Tomo III, junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SUPLIRSE EL ERROR CUANDO SE PROMUEVE POR DERECHO PROPIO, PERO DE SU APRECIACIÓN INTEGRAL SE DESPRENDE QUE SE PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DE OTRO. Si el artículo 79 de la Ley de Amparo impone la obligación de suplir los errores en que incurra la parte quejosa, en la cita de los preceptos constitucionales y legales, se estima que por mayoría de razón, autoriza a los tribunales de amparo para corregir el error del promovente que señala comparecer por derecho propio cuando de la apreciación integral de la demanda, se desprende que lo hace en representación de otro, pues sólo de esta manera se podría cumplir con la facultad que concede la segunda parte del citado precepto para examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión que realmente se planteó, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda; tanto más si durante las instancias del juicio natural el promovente de la demanda tuvo el reconocimiento de las autoridades responsables como representante de la parte quejosa, lo que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Amparo, lleva a admitir la señalada personalidad."

De ahí que esa situación se vea reflejada en el punto resolutivo respectivo que aquí habrá de asentarse, al margen del sentido en que a fin de cuentas se resuelva en este asunto.

Establecido lo anterior, es de adelantarse que son esencialmente fundados los motivos de inconformidad vertidos por la parte recurrente.

Para así evidenciarlo, es menester destacar que la referida ... promovió juicio de amparo en nombre y en representación de sus menos hijos ... todos de apellidos ... contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar, residente en Altamira, Tamaulipas, consistentes en lo siguiente:

"El proveído de fecha 13 de noviembre de la anualidad cursante, pronunciado en los autos que conforman el expediente número ... del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar, relativo al procedimiento ordinario civil instaurado por el señor ... en contra de la impetrante, mediante el cual la responsable procede a la deserción del recurso de revocación que propuse en contra de proveído diverso; reclamándose todas las consecuencias legales directas e indirectas que dimanen del inconstitucional acto."

Como antecedentes de tales actos, precisó que ... promovió juicio ordinario civil, mediante el cual pretende la custodia de sus descendientes ... de apellidos ... el cual se radicó bajo el expediente número ... del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar, en el que solicitó una providencia para que se le concediera la custodia correspondiente, la que fue obsequiada por la responsable.

Expuso que el día cinco de septiembre de dos mil seis se decretó la apertura de la dilación probatoria común a las partes por un lapso de cuarenta días, los primeros veinte para ofrecer el material probatorio tendiente a justificar su dicho, mientras que los subsecuentes veinte días serían para el desahogo de las pruebas admitidas. Para lo cual, la secretaria del órgano jurisdiccional de origen realizó la certificación correspondiente, haciendo constar que el periodo probatorio común a las partes iniciaría el día siete de septiembre y precluía el cuatro de octubre siguiente, mientras que el desahogo de pruebas iniciaría el día cinco de octubre y fenecía el uno de noviembre siguiente.

Asimismo, manifestó que el día uno de noviembre de dos mil seis, la responsable emitió un acuerdo en relación con la petición realizada por la licenciada ... perito propuesto por el actor, mediante el cual solicitó un mínimo de ocho sesiones para evaluar a los menores, en el que se obsequió de conformidad tal petición y se indicó que deberían comparecer al consultorio de la indicada profesionista los días ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete del mes de noviembre de dos mil seis.

Informó que interpuso recurso de revocación contra ese proveído, por considerar que dicha persona no es parte en el proceso y por ordenarse la evacuación de pruebas fuera del término, porque el mismo concluyó el uno de noviembre de dos mil seis; recurso que se desestimó de plano el día trece de noviembre de esa propia anualidad.

De la demanda de amparo de referencia tocó conocer al Juez Décimo de Distrito en el Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas, quien mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil seis ordenó registrar el juicio de mérito bajo el número estadístico ... y en términos del artículo 145 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales determinó desechar de plano la demanda de garantías, por considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, aplicado a contrario sensu, de la ley de la materia, al estimar de manera esencial que el proveído reclamado no constituía un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.

Al respecto, precisa destacar de manera literal la consideración toral en que el Juez Federal sustentó la determinación de mérito:

"En efecto, el proveído que en esta vía se combate no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues su efecto sólo se traduce en una violación procesal que, en su caso, afecta derechos adjetivos, susceptibles de ser reparados al dictarse la respectiva sentencia definitiva en el juicio natural si ésta es favorable a los intereses de la promovente, y en caso de que dicho fallo no le beneficie, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de ella, impugnando el acuerdo reclamado como violación procesal, en términos de los artículos 159, fracción IX y 161, ambos de la Ley de Amparo.

"Debe señalarse que para efecto de que sea procedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con la fracción IX del artículo antes transcrito, se entiende por actos de imposible reparación aquellos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que dimanen tales actos, aunque se obtenga sentencia definitiva favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna, dada en el trámite y resolución del juicio de donde emanan."

Inconforme con dicha resolución ... en nombre y representación de sus menores hijos ... de apellidos ... interpuso el presente recurso de revisión, en el que de manera esencial manifiesta que el proveído reclamado sí genera daños de imposible reparación a dichos menores de edad, en razón de que al desahogarse la prueba de referencia, serán sometidos a una serie de exámenes y cuestionamientos en relación a su psiquis para develar su infancia, lo que desde luego les genera un daño de aquella característica, porque se les va a obligar a revelar aspectos íntimos de su vida privada, de manera que aun de obtener una sentencia favorable a los intereses de los menores, ya no podrán ser resarcidos en el pleno goce de sus garantías individuales, porque tales cuestiones personales reveladas, serán plasmadas en el resultado del peritaje, mismo que será puesto a la vista de las partes, inclusive a la indiscreción de cualquier persona que tenga acceso al expediente, con lo cual se estarían ventilando aspectos de su intimidad e integridad física, con independencia del acto de molestia ocasionado al tener que acudir al consultorio médico durante ocho días.

Luego, añade, es evidente que se ocasionarían severos daños con el desahogo del aludido medio de convicción, porque se van a revelar situaciones que desconocen sus familiares y "descendientes", además porque su intimidad nada tiene que ver con la contienda de origen; de ahí que tengan el derecho de mantener en la intimidad las diversas etapas evolutivas de su vida personal, por lo cual no se debe permitir la ampliación del término para el desahogo de la prueba de referencia.

Acotado lo anterior, debe decirse que este cuerpo colegiado converge con el criterio expuesto por la inconforme en nombre y en representación de sus menores hijos.

Como una cuestión previa, debe precisarse que no escapa a la atención de quienes esto resuelven, que si bien el acto reclamado precisado en la demanda de amparo condigna, consiste en el auto que desechó el recurso de revocación interpuesto contra el diverso proveído, que a su vez autorizó el desahogo de la prueba pericial en psicología fuera del plazo probatorio correspondiente en los autos del juicio de origen, no debe perderse de vista el origen de aquél.

Esto es, no debe dejarse de lado la naturaleza del acto que dio origen a la demanda de garantías, ya que atendiendo a la máxima jurídica consistente en que corresponde al gobernado dar los hechos al juzgador, y éste a su vez, como conocedor de la ciencia, dar el derecho conducente, toca a la autoridad jurisdiccional determinar en cada caso concreto la teleología de los actos que se someten a su potestad; de tal manera que es menester en el caso muy particular, dados los derechos que se ventilan en el juicio natural, atender no solamente al acto que expresamente se reclama, sino también a su origen, para de esa forma estar en condiciones de desentrañar si sus efectos causan o no una ejecución de imposible reparación.

Bajo ese contexto es que se considera que los recurrentes participan de razón al estimar que con el desahogo de la prueba pericial se afectan derechos sustantivos en las personas objeto de la misma, con independencia de que en los agravios se indique que esa probanza habrá de desahogarse respecto de la citada ... y en el ocurso constitucional se hubiese relatado que la prueba pericial psicológica se practicaría en los menores de edad, cuya custodia se encuentra en debate en el juicio de donde derivan los actos reclamados, pues la irreparabilidad en las personas, que como requisito exige el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ve colmado tanto cuando involucra a un adulto como, y con mayor razón, cuando se trata de un menor de edad, ya que un examen psiquiátrico o psicológico implica entrar en lo más íntimo de una persona, lo cual, aunque se obtenga sentencia favorable, no podrá resarcirse.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y que los actos procesales tienen una ejecución irreparable si sus consecuencias afectan directamente a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre que tutela la Carta Magna a través de las garantías individuales.

Ha sostenido también que la afectación de mérito es jurídicamente trascendente porque sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable. Situación contraria a la presentada cuando tal perjuicio no tiene una ejecución de naturaleza irreparable, es decir, cuando las consecuencias son susceptibles de extinguirse sin vulnerar los derechos fundamentales del individuo y sin dejar huella en su esfera.

En ese mismo orden de ideas, es menester también destacar el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"...

"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación."

Al respecto, el propio Máximo Tribunal del país ha establecido que los actos dentro del juicio producen una ejecución irreparable, sólo cuando afectan, de manera directa, derechos sustantivos y, únicamente de manera excepcional, en algunos casos cuando se afectan derechos adjetivos o procesales, como por ejemplo, cuando se dirimen cuestiones relativas a la personalidad de las partes, o bien, respecto de la admisión o del desahogo de algunos medios de prueba.

Tales consideraciones de que se ha dado noticia, se encuentran inmersas, entre otras, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de tesis P./J. 6/94, en la página 13, Número 76, abril de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto disponen:

"PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’, cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto."

Asimismo, en la jurisprudencia del citado Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de tesis P./J. 4/2001, en la página 11, Tomo XIII, enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido:

"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’, para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo."

Ahora bien, para el caso concreto resulta relevante precisar que históricamente las garantías individuales han sido consideradas como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios para salvaguardar las prerrogativas fundamentales, que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Tales garantías son derechos públicos subjetivos a favor de todo habitante de la República, que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la acción constitucional de amparo.

En ese sentido, es fácil determinar que el desahogo de la prueba pericial en psicología ordenada en los autos del juicio natural ocasiona perjuicios de imposible reparación, en la medida en que pueden verse afectados los derechos fundamentales del individuo que será objeto de la misma, en razón de la invasión a su intimidad e individualidad personal, pues es entrar en lo más íntimo de una persona.

En efecto, la prueba pericial en psicología es ofrecida con el objeto de determinar la personalidad y perfil psicológico de una persona y en su interrelación con los que lo rodean, en la cual se van a evidenciar características y condiciones diversas vinculadas con cuestiones que pertenecen a la más absoluta intimidad personal, lo que desde luego implica una intromisión o invasión a su individualidad, habida cuenta que se podrían poner al descubierto aspectos o características psicológicas que tal vez nada tendrán que ver con el objeto de la prueba, así como con los derechos cuestionados en el juicio correspondiente.

Cobra aplicación a las anteriores consideraciones el criterio con el que esta mayoría converge, sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificado con el número de tesis XX.1o.187 C, en la página 1201, Tomo XXI, marzo de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE PAIDOPSIQUIATRÍA O PSICOLOGÍA CLÍNICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA Y, POR ENDE, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.-Cuando en un juicio ordinario civil de divorcio necesario se ventilan cuestiones relacionadas con el déficit de atención de hiperactividad del hijo menor habido en el matrimonio, para determinar con quién de los cónyuges deberá quedar para su custodia y cuidado después de disuelto el vínculo matrimonial, y se dicta un proveído por el que se admite y ordena el desahogo de la prueba pericial en materia de paidopsiquiatría o psicología clínica, dicho auto debe ser considerado como un acto de imposible reparación que puede afectar los derechos sustantivos de las personas que serían objeto de la pericial en comento, por lo que el citado proveído debe impugnarse a través del juicio de amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del diverso 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, y no a través del amparo directo. Esto es así, en razón de que la admisión y desahogo de esa prueba pericial, aunque encuadre dentro de los actos procesales, excepcionalmente es de los que tienen una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias pueden afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre, constitucionalmente tutelados por medio de las garantías individuales; toda vez que su desahogo, tanto en la persona del menor como en la de alguno de sus progenitores, con el fin de estar en condiciones de poder determinar a quién de los padres le corresponderá la custodia del menor después de concluido el juicio de divorcio, puede tener como consecuencia una afectación que no se destruirá con el solo hecho de que quien la sufrió obtenga una sentencia favorable."

De ahí que el desahogo de la prueba pericial en materia de psicología, al igual que su admisión, sea un acto de imposible reparación que puede afectar los derechos sustantivos de las personas que serán objeto de la pericial en comento, en razón de que si bien dicho auto reclamado encuadra en los actos procesales en los términos advertidos por el Juez de Distrito, no debe soslayarse que sus resultados pueden traer consecuencias que afectan directamente, en un grado exorbitante, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre, constitucionalmente tutelados por las garantías individuales, en razón de que la prueba podría no estar encaminada, atendiendo a la forma en que se ofreció, únicamente a establecer condiciones de poder determinar a cuál de los padres le corresponderá la custodia de los menores, sino que la práctica de dicho medio de convicción implica la realización de estudios psicológicos que podrían, en su caso, poner al descubierto otras características psicológicas que van a quedar plasmadas en el expediente judicial de que se trata y que nada tienen que ver con la cuestión que se pretende dilucidar en el fondo del negocio.

De tal forma que para preservar tal derecho a la intimidad e individualidad, el desahogo correspondiente debe ser limitado mediante niveles de control y acceso a esa información, es decir, el juzgador debe velar porque la práctica de dicha prueba pericial se lleve a cabo con las medidas de discreción que garanticen la salvaguarda de la salud mental de las personas que serán objeto de la misma, toda vez que resulta obvio que la información obtenida del dictamen correspondiente va a quedar de manifiesto en el expediente de que se trata, lo que de suyo convierte a tal desahogo en un acto de imposible reparación, porque conlleva por sí misma una afectación directa e inmediata de los derechos sustantivos de quien queda sujeto al trámite del desahogo de esta prueba, en razón de que como consecuencia directa el sujeto quedará obligado a someterse a cuestionarios y exámenes psicológicos al tenor del cual se deberán rendir los dictámenes conducentes, lo que desde luego impide que pueda ser considerada como una afectación meramente adjetiva o procesal, ya que evidentemente se trata de una orden que no solamente se circunscribe a los derechos procesales del afectado, sino que ello trasciende afectando sus derechos sustantivos, como lo es el respeto a la integridad física y mental, cuya lesión no podrá ser resarcida en momento posterior alguno, aun cuando la práctica de esta prueba sea necesaria para que el juzgador se encuentre en condiciones de decidir de manera fundada y motivada a cuál de los padres corresponda ejercer la guarda y custodia de los menores, porque según se dijo, tal desahogo podría traer consigo una afectación que ya no podrá ser reparada sólo con el hecho de que la sentencia que se dicte sea la más favorable al interés superior de los infantes, causando de esa manera un daño de imposible reparación.

Orienta, además, a lo aquí establecido, por similitud jurídica, el contenido sustancial de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de tesis 1a./J. 17/2003, en la página 88, Tomo XVII, abril de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:

"PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA.-Cuando en un juicio ordinario civil en el que se ventilan cuestiones relacionadas con la paternidad, se dicta un auto por el que se admite y ordena el desahogo de la prueba pericial para determinar la huella genética, con el objeto de acreditar si existe o no vínculo de parentesco por consanguinidad, dicho proveído debe ser considerado como un acto de imposible reparación, que puede afectar los derechos fundamentales del individuo, por lo que debe ser sujeto a un inmediato análisis constitucional, a través del juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, por la especial naturaleza de la prueba, ya que para desahogarla es necesario la toma de muestras de tejido celular, por lo general de sangre, a partir del cual, mediante un procedimiento científico, es posible determinar la correspondencia del ADN (ácido desoxirribonucleico), es decir, la huella de identificación genética, lo cual permitirá establecer no sólo la existencia de un vínculo de parentesco, sino también otras características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese estudio, pero que nada tengan que ver con la litis que se busca dilucidar y, no obstante, puedan poner al descubierto, contra la voluntad del afectado, otro tipo de condición genética hereditaria, relacionada por ejemplo con aspectos patológicos o de conducta del individuo, que pertenezcan a la más absoluta intimidad del ser humano."

En ese orden de ideas, es inconcuso que el desahogo de la prueba pericial en psicología, dada su especial naturaleza, constituye un acto de imposible reparación, en razón de que podrían violarse derechos fundamentales de la persona, desde la perspectiva de la invasión a su derecho a la intimidad e individualidad; de manera tal, que en su contra debe proceder el amparo indirecto para someter tal acto procesal a un inmediato análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte sentencia, dada la trascendencia específica, la especial naturaleza de la prueba y tomando en cuenta la extrema gravedad de los efectos de la violación.

Lo anterior, cobra mayor relevancia, si se toma en cuenta que en el auto impugnado vía el recurso de revocación, cuyo desechamiento constituye el acto reclamado, se señaló a petición de la perito designada por la parte oferente de la prueba días y horas precisas

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20179-218c7e03/prueba-pericial-en-psicologia-su-desahogo-es-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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