Corpus
Modo: Corpus Pro

DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 14/2006. · Registro digital (IUS): 19374
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 1817.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 14/2006.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Son inoperantes en parte, inatendibles en otra e infundados en lo demás los agravios transcritos, sin que se advierta alguna causa por la que deba suplirse la deficiencia de la queja a favor de la recurrente, conforme al artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.

Los argumentos plasmados en los conceptos de agravios hechos valer en el recurso de revisión intentado, inician afirmando que el Juez de Distrito violó en perjuicio de la hoy recurrente en el auto impugnado, las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

En este caso, la afirmación antes señalada resulta inoperante, debido a que tales aseveraciones no son factibles de ser tomadas en cuenta, ya que los Jueces de Distrito cuando actúan como autoridades de amparo, ejercen la función de control constitucional y aun cuando contra sus resoluciones proceda el recurso de revisión, éste no es un medio autónomo de defensa de las garantías individuales consagradas en favor del gobernado, sino que es un procedimiento de segunda instancia tendiente a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, por lo que no sería jurídico analizar las violaciones a los derechos fundamentales de la Carta Magna que estima infringidos la inconforme ya que, de hacerse, se imputaría implícitamente al Juez de amparo la calidad de otra autoridad responsable y de esta forma perdería su esencia la única vía permitida para reclamar la inconstitucionalidad de los actos de autoridad, que lo es el juicio de garantías, además de que se permitiría a través del recurso de revisión establecer un medio de control de la Constitución sobre otro de la misma naturaleza jurídica; de ahí que cuando en casos como éste, en la revisión se aleguen violaciones a los derechos subjetivos públicos, dichas cuestiones deben desestimarse por inoperantes, sólo en ese aspecto.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 2/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/94, visible en la página 5, Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Más adelante, la recurrente en vía de agravios expresa lo siguiente: "... existen varias violaciones al procedimiento, de entre las cuales sobresalen que dentro del expediente 498/05 del Juzgado Quinto de lo Familiar de esta ciudad, se señala como abogada patrona a la licenciada ... quien nunca acepta ni protesta su cargo; y posteriormente, en la primera diligencia dentro del expediente 498/05 del Juzgado Quinto de lo Familiar de esta ciudad, diligencia de fecha quince de junio de dos mil cinco, dentro del consistente en la junta de avenencia entre las partes, se señala como abogado patrono al licenciado ... quien exhibe cédula profesional, pero en ningún momento acredita tener título profesional legalmente registrado ante el Tribunal Superior de Justicia, tal y como lo señalan tanto el artículo 22 como el artículo 194, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado, aunado a que sin dicho requisito en términos del artículo 19 del mismo ordenamiento, dicha diligencia debe ser desechada de plano por no contar con abogado patrono y no encuadrar en ninguna de las excusas que la ley contempla para dicho supuesto, es así que en virtud de que carece de valor jurídico, debe declararse nula y, por ende, nulas también todas y cada una de las actuaciones realizadas con posterioridad. Sin embargo, tal y como se desprende de los autos del referido expediente, la Juez del conocimiento no presenta objeción alguna, por el contrario se tiene al licenciado ... aceptando y protestando el cargo de abogado patrono, sin que en ningún momento se le requiera para que cumpla con los requisitos y formalidades que la ley establece para tal fin, lo anterior denota un escaso conocimiento del nuevo Código de Procedimientos Civiles, por parte de las autoridades que tuvieron conocimiento, así como del Juez Décimo de Distrito de esta ciudad de Puebla y, por ende, una incapacidad total para aplicar dicho ordenamiento. Es así que es notorio que se violan en mi contra las formalidades esenciales del procedimiento, pues las partes nunca contamos con un abogado que cumpliera con todos y cada uno de los requisitos que la ley señala, requisitos que las autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, al igual que el Juez Décimo de Distrito de esta ciudad, pasaron por alto sin importar que se violara la ley y se dejara a la suscrita en total estado de indefensión. Cabe mencionar también, que tal y como se desprende de todas y cada una de las actuaciones practicadas dentro del juicio 498/05 del Juzgado Quinto de lo Familiar, ninguna de las actuaciones, salvo la demanda, se encuentran firmadas por el abogado patrono y, sin embargo, dichas actuaciones fueron admitidas por la Juez del conocimiento, sin tomar en cuenta lo consagrado en el artículo 19 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado, en el cual claramente establece que todos los escritos presentados por las partes, deben estar firmados por el abogado patrono, y de no llevar la firma se desecharan de plano; es decir, al desecharse de plano, se tienen por no interpuestas dichas actuaciones, por ende, deben ser declaradas nulas y tomando en cuenta que tal y como he mencionado en líneas anteriores, las partes no contamos con abogado patrono en ningún momento durante el procedimiento, toda vez que el único abogado que protesta su cargo, no acredita tener título profesional legalmente inscrito en el Tribunal Superior de Justicia, es así, que desde la diligencia de fecha quince de junio del presente año, todo lo actuado debe ser declarado nulo. De lo anteriormente narrado se desprende el escaso análisis que realiza tanto la Juez del conocimiento en su momento, como el Juez Décimo de Distrito de esta ciudad de Puebla, ya que al presentar mi demanda de garantías que fue desechada por medio de la resolución que hoy se recurre, no toma en cuenta las causas que originan la tramitación del presente juicio de garantías y únicamente se excusa en que supuestamente se actualiza una causal de improcedencia para no conocer del asunto puesto a su consideración."

Los motivos de inconformidad transcritos con anterioridad resultan inatendibles, debido a que en realidad lo que está combatiendo la recurrente es el fondo de la resolución reclamada, y para ser tomados en cuenta por esta autoridad revisora, los mismos debieron ser encaminados a destruir las razones que el Juez de amparo expuso para desechar la demanda.

Es decir, lo que la recurrente intenta con los agravios antes citados, es demostrar la inconstitucionalidad del acto que reclama de la autoridad señalada como responsable, Juez Quinto de lo Familiar de esta ciudad de Puebla, apartándose de combatir las consideraciones que el Juez de amparo tuvo para desechar la demanda de garantías, tales como el hecho de hallarse demostrada una causa manifiesta e indudable de improcedencia, consistente en que en contra del acto reclamado, sentencia de catorce de julio de dos mil cinco, la ley que rige el acto concede un recurso o medio de defensa ordinario, a través del cual el acto reclamado puede ser revocado o modificado, mismo que previo a la instancia constitucional, debió agotarse a efecto de hacer procedente la acción de amparo, y al no haber sido así, la misma deviene improcedente.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/83 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en materia civil, ahora resuelve, visible en la página 267, Tomo IV, diciembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AGRAVIOS EN REVISIÓN. SON INATENDIBLES CUANDO SE REFIEREN A LA CUESTIÓN DE FONDO, SI SE IMPUGNA EL DESECHAMIENTO DE DEMANDA DE AMPARO. Cuando en la revisión se impugna la resolución mediante la cual el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo, considerando que existe una notoria causal de improcedencia, los agravios deben expresar razonamientos jurídicos que demuestren la ilegalidad de tal resolución, poniendo de manifiesto que los fundamentos y consideraciones del a quo son inexactas, precisando las disposiciones legales infringidas por la resolución recurrida; por tanto, si los agravios se limitan a proponer argumentos relacionados con el fondo de la controversia, dichos agravios deben calificarse de inatendibles, pues precisamente la improcedencia constituye un impedimento legal para analizar la cuestión de fondo."

Por otro lado, la recurrente insiste que el error del Juez de Distrito, al desechar su demanda, consiste en que no observó que promueve el juicio de garantías con el carácter de tercera extraña a juicio por no haber sido asesorada durante la secuela del mismo y, por tanto, no se encontraba obligada a agotar el principio de definitividad exigido.

En primer lugar, cabe precisar que para efectos del juicio de garantías, se entiende por persona extraña, en primer término, aquella que no figura ni está vinculada al juicio o procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, lo que implica afectación a su esfera jurídica al ser una auténtica y directa violación a la garantía de audiencia prevista en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, donde la propia Carta Magna en su artículo 107, fracción III, inciso c), párrafo segundo, permite la procedencia inmediata del juicio de amparo sin necesidad de cumplir con el principio de definitividad; en segundo lugar, queda incluida en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente, ya que se equipara a un tercero extraño, sin embargo, tal carácter se pierde cuando existe una resolución judicial dirigida precisamente contra una persona determinada, en la cual se le identifica nominalmente, porque al quedar notificada se incorpora a esa persona a la relación jurídico-procesal, y la participación le resulta del contenido del mandamiento judicial, sin embargo, en el presente caso no se está en ninguno de los supuestos detallados, consiguientemente, al no ser ajena al juicio de origen, su acción de garantías para reclamar la resolución enderezada en su contra y que afirma le causa perjuicio, queda supeditada a la regla establecida en los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 107 constitucional, en donde se condiciona la procedencia del juicio de amparo al previo agotamiento de los recursos ordinarios procedentes.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 19/92 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, tomo 58, octubre de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIÉNES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquel que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo."

No obstante, si bien es cierto que los extraños a juicio no se encuentran obligados a agotar recursos y pueden acudir en demanda de sus garantías en forma inmediata, también lo es que para considerárseles con dicho carácter, es menester que no sean parte en juicio y, excepcionalmente, como lo sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se estiman extraños a juicio quienes, siendo parte en él, reclaman el indebido emplazamiento, lo que resulta lógico, ya que desconocen la existencia del juicio que se sigue en su contra, hipótesis esta última que no se actualiza cuando quienes siendo parte en el juicio conocen de su existencia y, por tanto, tienen obligación de acudir al mismo a fin de conocer lo que se resuelva o deje de resolverse, para estar en aptitud de interponer los medios ordinarios de defensa que correspondan, cuando crean lesionados sus intereses, situación esta última en la que se encuentra la hoy recurrente pues basta ver lo dicho por ella en su escrito de demanda de amparo, en el cual bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de antecedentes manifestó:

"6. Por todo lo anterior, con fecha diecisiete (17) de mayo del año en curso, se firmó la demanda y el convenio de divorcio voluntario entre el señor ... y la suscrita ... el cual se admitió con el número de expediente 498/2005 de los del Juzgado Quinto de lo Familiar de esta ciudad de Puebla."

"8. Debo manifestar a vuestra superioridad que aun cuando dentro del juicio 498/2005 del Juzgado Quinto de lo Familiar, la suscrita intervine dentro del procedimiento, lo hice sin ningún tipo de asesoría legal ..."

De lo anterior, se desprende que la promovente del amparo no es tercera extraña al procedimiento, ya que en el juicio natural fue parte, sujetándose a esa relación procesal, pues la sola circunstancia de que la afectada conozca de la existencia del juicio y comparezca al mismo, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, fundamentalmente por la comparecencia al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso a través de los medios de impugnación que marque la ley que rige el acto y, por tanto, obligada a cumplir con los principios rectores del juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad.

Del mismo modo, tampoco es dable considerar como lo pretende hacer valer la recurrente, que tenga el carácter de tercera extraña a juicio, por el hecho de no haber sido asesorada correctamente durante la secuela procesal pues, en todo caso, el no haberse cumplido con lo que actualmente ordena el código adjetivo civil vigente, constituye una violación al procedimiento, impugnable al momento que se interponga el recurso correspondiente en contra de la sentencia definitiva, sin embargo esta situación no da pie a que sea procedente el juicio biinstancial.

Por todo lo anterior, es evidente que la quejosa debió interponer el recurso de apelación antes de ocurrir al juicio de garantías, y al no haberlo hecho así, se surte en su contra la causal de improcedencia contenida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que motiva, en términos del diverso arábigo 145 de la ley de la materia, a desechar la demanda de garantías por su manifiesta e indudable improcedencia, habida cuenta que no se está en el supuesto de excepción que señala el referido dispositivo, esto es, la ahora recurrente de ningún modo es tercera extraña al juicio, ni el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se trata de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, como es, penas de mutilación y de infamia, marcas, azotes, palos, el tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes, ni cualquier otra pena inusitada, que además son propios de la materia penal y, por tanto, en esas condiciones, debe confirmarse el auto sujeto a revisión.

Efectivamente, previo a intentar acudir al juicio de garantías, debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el principio de definitividad, que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b), fracción III, del artículo 107 de la Constitución General de la República, para que en el caso de serle adversos los resultados, hasta entonces acudir a la Justicia Federal a demandar el amparo y protección.

Soporta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 17/2003, sustentada por el Pleno del más Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de dos mil tres, Novena Época, página 15, con el rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad."

Así como la tesis emitida por este propio órgano colegiado, visible en la página 951, Tomo XVIII, noviembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "-Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas."

Por último, es falso cuando dice la recurrente que no impugnó como tal la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de origen, sino sólo las consecuencias jurídicas que tiene o puede tener la ejecución de dicha sentencia, por las múltiples violaciones al procedimiento, por lo cual, en este caso tampoco se actualizaba la causal de improcedencia a que hace alusión el Juez Federal.

Para observar mejor lo antes expuesto, se torna necesario citar los actos reclamados, hechos valer en la demanda de garantías presentada ante el Juez de amparo:

"Acto reclamado. De la autoridad ordenadora reclamo la sentencia definitiva de fecha catorce de julio del presente año, dictada dentro del expediente número 498/05 del Juzgado Quinto de lo Familiar de esta ciudad de Puebla, relativo al juicio de divorcio voluntario, promovido por el señor ... y la suscrita, en virtud de que en todo lo actuado dentro de dicho juicio se cometieron múltiples violaciones al procedimiento, desde el escrito de demanda hasta la sentencia definitiva dictada dentro de dicho expediente, dejando en total estado de indefensión a la suscrita en virtud de las razones que más adelante señalaré a detalle, condenándome al cumplimiento de una sentencia a todas luces injusta para con la suscrita.-De las autoridades ejecutoras, reclamo el cumplimiento en la ejecución de dicha sentencia, en virtud de que en todo lo actuado dentro de dicho juicio se cometieron múltiples violaciones al procedimiento, desde el escrito de demanda hasta la sentencia definitiva dictada dentro de dicho expediente, dejando en total estado de indefensión a la suscrita, en virtud de las razones que más adelante señalaré a detalle, condenándome al cumplimiento de una sentencia a todas luces injusta para con la suscrita."

Es por eso, que por reclamar la sentencia de catorce de julio de dos mil cinco dictada por el Juez Quinto de lo Familiar de esta ciudad de Puebla, vía biinstancial, el Juez Federal acertadamente, desechó la demanda de garantías, por encontrarse una causal de improcedencia con fundamento en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Ahora bien, por lo que toca a los actos de ejecución derivados de la sentencia definitiva que dice está combatiendo, los primeros de ninguna manera pueden desvincularse de dicha sentencia, pues en ella tienen su origen, de ahí que si lo que trata de hacer la impetrante de garantías, es solicitar la admisión de la demanda de garantías, sólo por el hecho de decir que lo que pretendía combatir en realidad eran únicamente los actos de ejecución de la sentencia dictada por el Juez responsable, lo cierto es que de manera alguna lo dijo ante el Juez Federal, por tanto, ello no la hace ahora procedente. Además, lo relativo a las violaciones procesales que aduce serían materia, en todo caso, del medio de defensa ordinario que la recurrente omitió promover en su oportunidad.

En las condiciones anotadas, al resultar inoperantes en una parte, inatendibles en otra e infundados en una última, los agravios esgrimidos por la recurrente, y al no advertirse que se hubiera cometido en su contra alguna violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa y que este tribunal deba reparar de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es confirmar el auto que se revisa.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 83, fracción I, y 85, fracción I, de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma el auto sujeto a revisión.

SEGUNDO.-Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ... en contra de los actos que reclama del Juez Quinto de lo Familiar, diligenciario encargado de los expedientes pares de su adscripción, registrador público de la Propiedad y del Comercio y Juez Primero del Registro del Estado Civil de las Personas, todas de esta ciudad, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Gustavo Calvillo Rangel, Raúl Armando Pallares Valdez y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19374-5d1f35a6/definitividad-las-excepciones-a-este-principio-son-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.