ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE ESTABLECE LA MECÁNICA PARA DETERMINAR LA BASE DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 333/2005. SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN AUSENCIA DEL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y OTRA.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Los agravios expresados por la autoridad recurrente se estiman por un lado infundados, y por otro fundados.
En síntesis señala que la sentencia materia del presente recurso viola en su perjuicio los artículos 77, fracciones I y II, 78, 79 y 149 de la Ley de Amparo, en razón de que el juzgador omitió considerar los argumentos vertidos en el informe justificado con los cuales estima se acredita la constitucionalidad del precepto legal impugnado, por considerar que el Juez Federal debió analizar tales razones y en caso de considerarlos insuficientes para ello, manifestar por qué lo considera así, y no como sucede en el caso soslayar las razones hechas valer, aduciendo sus propias consideraciones respecto a la supuesta inconstitucionalidad del artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal.
Es infundado el argumento que se estudia, toda vez que en dichos preceptos legales, concretamente en los artículos 77 y 149 de la Ley de Amparo, no se prevé obligación alguna para la juzgadora de hacer referencia pormenorizada a los razonamientos contenidos en el informe justificado; además, se destaca que si el juzgador no hubiera tomado en cuenta los argumentos contenidos en el informe justificado que rindió, el motivo de inconformidad no lo constituiría la defensa de la constitucionalidad del artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, ni la circunstancia de que no haya estudiado dicho informe correctamente, sino la consistente en fijar incorrectamente la litis o, en su caso, en la variación de la misma, ya que no debe soslayarse que por regla general ésta se integra con los argumentos expuestos en la demanda de garantías y en el informe justificado correspondiente.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 56/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, correspondiente al mes de julio de 2000, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"INFORME JUSTIFICADO. NO ES OBLIGATORIO QUE EN LA SENTENCIA SE HAGA REFERENCIA PORMENORIZADA A LAS ARGUMENTACIONES CONTENIDAS EN AQUÉL. No existe obligación para el Juez de Distrito de referirse en su sentencia, necesariamente y de manera expresa, a todas y cada una de las argumentaciones que se contengan en el informe justificado que rindan las responsables, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo."
También aduce la recurrente haber sustentado en el informe rendido que el impuesto regulado en los artículos 134, 138, 141 y 142 del Código Financiero del Distrito Federal respeta la garantía de legalidad tributaria prevista en el numeral 31, fracción IV, de la Carta Magna, que establece de manera precisa los elementos del impuesto sobre adquisición de inmuebles, como los sujetos obligados al pago (personas físicas o morales), por la adquisición de inmuebles (suelo, construcciones y éstas adheridas al suelo en el Distrito Federal), los derechos relacionados con los mismos; y la tarifa (progresiva y de acuerdo al valor del inmueble); cuyo objeto es gravar la adquisición de inmuebles y los derechos relacionados con éstos, cuya base en términos del artículo 138 del ordenamiento legal citado en primer lugar, será el valor del inmueble que resulte más alto entre el valor de adquisición, el valor catastral y el valor del avalúo practicado; y por último, la época de pago será dentro de los quince días siguientes a aquel en que se realice cualquiera de los supuestos que en el artículo 142 del mismo ordenamiento se señalan; por todo lo anterior, reitera el recurrente que dicho impuesto cumple plenamente con la garantía de legalidad establecida por el artículo 16 constitucional al fijar claramente todos sus elementos.
Continúa manifestando que considerar lo contrario sería contravenir el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, que establece la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público, y en la especie la quejosa en momento alguno ha obtenido una declaratoria de inconstitucionalidad que otorgue o incluya el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para dos mil cuatro, in genere, única condición y presupuesto que le daría la titularidad para pretender no pagar el referido impuesto; así, el juzgador federal violenta el artículo 16 constitucional, pues indebidamente sustenta que el precepto reclamado incluye como elemento determinante a la base gravable del tributo, el valor o una cantidad numérica determinada, argumento que estima ilegal, ya que la determinación de la base gravable a través del avalúo constituye sólo una de las alternativas para establecerlo, que a saber son: a) el valor de la adquisición; b) el valor catastral, o sea, el valor técnico que el legislador aprueba mediante ley; y c) el valor que resulte del avalúo practicado por personas autorizadas, en el caso no puede sostener que con base en una generalidad que no prueba, el avalúo es el acto mediante el cual determina el valor fiscal de los inmuebles, por tanto, resulta ilegal la conclusión del juzgador al olvidar que la alternatividad de posibilidades para determinar la base gravable se elimina en el momento en que cualquiera de tales magnitudes sea mayor.
Agrega que la base del impuesto cuya constitucionalidad se cuestiona, es un elemento definido por el órgano legislativo del Distrito Federal, dando al contribuyente los elementos para determinarlo, donde la autoridad hacendaria se somete a determinar el impuesto conforme a los lineamientos del asambleísta, de tal suerte que no hay arbitrariedad en la determinación respectiva, sino completa subordinación al texto jurídico, por tanto, el impuesto sobre adquisición de inmuebles no prescinde de ningún elemento, ya que la base está establecida en el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, enfatizando que el legislador local definió las bases impositivas para determinar la cuantía del tributo, sin que la autoridad exactora, a su arbitrio, pueda liquidar éste, sin que exista transgresión a la garantía de legalidad por existir precisión en los elementos del impuesto reclamado.
Efectivamente, es fundado el agravio reseñado con antelación, toda vez que respecto del tema tratado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 13/2005-SS sustentada entre los Tribunales Colegiados Cuarto y Octavo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante ejecutoria de fecha tres de junio de dos mil cinco, estableció que la base gravable alternativa para determinar el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles que establece el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, consistente en el avalúo practicado por la autoridad fiscal o personas registradas o autorizadas por la misma, no transgrede el principio de legalidad tributaria, atento a que la circunstancia de que la ley no contenga los criterios técnicos conforme a los cuales deba practicarse el avalúo de los inmuebles no implica una transgresión al principio de legalidad ni al diverso de reserva de ley, pues el acto de valuar un inmueble no es más que la acción de constatar, en un momento y lugar determinado, la dimensión económica de un bien, conforme a una técnica cuyos principios y reglas no son propias del contenido de una ley tributaria, ya que el objeto de ésta no es en sí regular la técnica de valuación, sino establecer los elementos a partir de los cuales debe medirse la capacidad contributiva en razón de su posición frente al objeto gravado; sin que constituya impedimento alguno a tal conclusión, que conforme al artículo 45 del Código Financiero del Distrito Federal, el manual de valuación y los lineamientos técnicos sean emitidos por la autoridad fiscal, ni que los avalúos puedan practicarse por la autoridad fiscal o por terceros autorizados, toda vez que, por una parte, no puede pretenderse que el legislador establezca en la ley las reglas de valuación de un predio, ni tampoco evitar que sea la autoridad administrativa, por sí o por un tercero perito en la materia, quien aplicando la técnica de la valuación determine el valor de un inmueble, ya que en cada caso concreto, será menester que exista un sujeto aplicador del procedimiento de valoración.
Los razonamientos expuestos con antelación, dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 85/2005 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cuarenta y nueve, Tomo XXII correspondiente al mes de julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que resulta aplicable en la especie en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:
"ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER COMO SISTEMA DE DETERMINACIÓN ALTERNATIVA DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO RELATIVO EL AVALÚO PRACTICADO POR LA AUTORIDAD FISCAL O POR PERSONAS REGISTRADAS O AUTORIZADAS POR ELLA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE LEGALIDAD. De lo dispuesto en el numeral de referencia se advierte que el legislador estableció un sistema de determinación alternativa de la base gravable del gravamen en cuestión, en el que se prevé que el valor del inmueble que se considerará para tal efecto será el que resulte más alto entre el valor de la adquisición, el valor catastral determinado con la aplicación de los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 del mismo ordenamiento jurídico o el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por ella; ahora bien, el avalúo constituye un método que no viola el principio tributario de legalidad, en atención a que en debida observancia a dicho principio, aquello que está reservado a la ley son los diferentes métodos para la fijación de la base gravable del impuesto, misma que conforma el eje sustancial en la cuantificación de la obligación tributaria, no obstante es jurídicamente válido que una vez predeterminado en la ley el método a utilizar, se deposite en la letra de menor jerarquía normativa emitidos por la autoridad fiscal los criterios, principios y procedimientos que sean más idóneos para medir la base, tomando en cuenta aspectos técnicos, especializados, datos y factores económicos, entre otros, que incidan en aquélla en virtud del lugar y momento en que se lleve a cabo el hecho imponible de la contribución, toda vez que por virtud de la naturaleza y dinámica de estos aspectos, requieren de una actualización permanente y conocimiento de las circunstancias que operan en el mercado inmobiliario; además, el hecho de que el Código Financiero del Distrito Federal encomiende la elaboración del manual de valuación y los lineamientos técnicos a la autoridad fiscal no implica, por sí mismo, que quede al arbitrio de ésta la determinación de la base del tributo, ya que aquéllos se realizan por peritos en la materia y deben ser observados por los entes públicos locales y cualquier otra persona autorizada o registrada para realizar los avalúos, al tratarse de parámetros generales que se fundamentan en esencia, en la objetividad del método, atendiendo al desarrollo económico, social y urbano que vive la Ciudad de México y sustentados en análisis exhaustivos de las características particulares del objeto del tributo, así como a las relaciones numéricas y factores de homologación necesarios para establecer, el valor del terreno y construcción del inmueble de que se trate, luego, la debida observancia de las directrices de mérito, incluso impiden la actuación arbitraria de la autoridad y, por ende, generan certidumbre al gobernado sobre los elementos que inciden en la cuantificación del hecho imponible que se realice bajo este método de determinación."
OCTAVO. Ahora bien, en relación al recurso adhesivo interpuesto por la parte quejosa, no son de tomarse en cuenta los agravios que se exponen en el sentido de que la sentencia recurrida contiene omisiones en el estudio de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de garantías, al no resolver en forma exhaustiva y congruente la litis propuesta en el sentido de que la base del impuesto sobre adquisición de inmuebles está viciada de ilegalidad, porque no respeta el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, por lo que debería otorgársele el amparo respecto de la totalidad del sistema que establece esta obligación, ya que no se establecen con toda certeza y precisión los elementos del tributo, como es la base, pues al prever que la autoridad fiscal sea quien la determine a partir del avalúo que practique, o bien por conducto de persona autorizada por ella, infringe el principio de legalidad tributaria, al ser fijado por dicha autoridad uno de los elementos del impuesto en cuestión, a cuyo efecto fue omisa la Juez Federal de pronunciarse en la sentencia que se revisa.
En términos de lo establecido en el artículo 83, último párrafo, de la Ley de Amparo, por su naturaleza y finalidad, la revisión adhesiva es un recurso que permite a quien lo interpone (una vez que se hubiere admitido el recurso de revisión interpuesto por la parte contraria) expresar argumentos contra determinados pronunciamientos hechos por el juzgador de primera instancia que le afectan, no obstante haber obtenido un fallo favorable pero que, por virtud del recurso principal ya hecho valer, el sentido ya declarado puede variar y así, quedar firmes tales consideraciones.
Pero además de ello, según criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también puede servir dicha revisión adhesiva para robustecer las conclusiones alcanzadas por el juzgador de primera instancia, situación que aun cuando no es la razón que llevó al legislador a plasmar este medio de defensa en la ley, viene a reforzar un sistema integral en el esquema del juicio de amparo. Sobre estas premisas cabe sostener entonces que en la revisión adhesiva no se podrán estudiar argumentos que busquen destacar omisiones en el estudio de los conceptos de violación cometidas por el Juez de Distrito, pues, indudablemente, si la revisión principal prospera, es la propia Ley de Amparo la que establece y ordena que el tribunal revisor deberá considerar todas aquellas defensas cuyo estudio no realizó el Juez de la causa, como acontece en el caso de mérito, de ahí que no sea válido a través de la revisión adhesiva impugnar las aludidas omisiones, pues ello implicaría que en el aspecto formal se pierda ese carácter adhesivo, para ubicarse en un trámite diverso.
Lo anterior significa que la revisión adhesiva sigue la suerte de la revisión principal, es decir, de prosperar ésta se tendría que analizar la otra; y, cuando los agravios de la adhesiva son operantes, a través de ella el recurrente no puede obtener más de lo otorgado por la Juez Federal, pues de lo contrario se atentaría a la igualdad procesal de las partes de ser oídas y vencidas en la instancia correspondiente.
Tal conclusión se robustece con el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional en la tesis I.7o.A.86 K, visible en la página dos mil dieciocho, Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XX, correspondiente al mes de noviembre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto es el siguiente:
"REVISIÓN ADHESIVA. SU NATURALEZA Y FINALIDAD. En términos de lo establecido en el artículo 83, último párrafo, de la Ley de Amparo, por su naturaleza y finalidad la revisión adhesiva es un recurso que permite a quien lo interpone, no obstante haber obtenido un fallo favorable, expresar argumentos contra determinados pronunciamientos hechos por el juzgador de primera instancia que le afectan, los cuales sólo serán examinados si el recurso principal prospera, evitando así generar un estado de indefensión al quejoso y confirmando su carácter subsidiario o accidental. También puede servir este recurso, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para robustecer las conclusiones alcanzadas por el juzgador de primera instancia, situación que aun cuando no es la razón que llevó al legislador a plasmar este medio de defensa en la ley, viene a reforzar un sistema integral de argumentación plena en el esquema del juicio de amparo. Sobre estas premisas, en la revisión adhesiva es ocioso estudiar argumentos que busquen destacar omisiones en el estudio de los conceptos de violación cometidas por el Juez de Distrito, pues, indudablemente, si la revisión principal es fundada en cuanto al motivo del otorgamiento de la protección constitucional, es la propia Ley de Amparo la que establece y ordena que el tribunal revisor deberá considerar todas aquellas defensas cuyo estudio no realizó el Juez de la causa, de ahí que no es válido a través de esta instancia adhesiva impugnar las aludidas omisiones, pues ello implicaría que en el aspecto formal se pierda el carácter subordinado del recurso, para darle una naturaleza distinta, es decir, transformándolo en un medio de defensa principal, rompiendo la igualdad procesal de las partes de ser oídas y vencidas en la instancia correspondiente, otorgando a una de ellas mayor tiempo que el establecido en ley para formular sus agravios."
Atento a lo anterior, este órgano colegiado con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede a analizar los conceptos de violación omitidos por la Juez Federal.
NOVENO. Los conceptos de violación expuestos en la demanda de garantías son los siguientes:
"Primero. Se genera el presente agravio en virtud de que el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal resulta violatorio de la garantía de legalidad tributaria prevista por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el artículo 31 señala en su fracción IV lo siguiente: ‘Artículo 31, fracción IV.’ (se transcribe). De la lectura que se realice al precepto constitucional arriba transcrito, podemos observar claramente que la propia Constitución establece que los gobernados tienen como obligación, el contribuir al gasto público de la forma proporcional y equitativa que establezcan las leyes que fueron promulgadas para tales efectos. En este orden de ideas, podemos inferir que nuestra Constitución viene a confirmar el principio básico del derecho fiscal relativo a que toda relación tributaria debe llevarse a cabo dentro de un marco legal que la establezca y la regule. El principio de legalidad es toral para la materia tributaria, tanto así que la doctrina ha llegado a afirmar que el principio de legalidad constituye su piedra angular, la cual se expresa a través del aforismo latino nullum tributum sine lege (No puede existir ningún tributo válido sin una ley que le dé origen). De lo anterior, y examinando atentamente este principio de legalidad tributaria, a la luz de nuestro sistema general impositivo y su evolución racional e histórica, se encuentra la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, lo cual no significa tan sólo que el acto creador del tributo deba emanar del poder que, conforme a la Constitución del Estado está encargado de la función legislativa, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales de las contribuciones y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de tributos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no le quede otra cosa más que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada contribuyente. Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ‘LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.’ y ‘GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR.’ (Las transcribe). Resulta igualmente aplicable la siguiente jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual a la letra dice: ‘IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (La transcribe y cita datos). Asimismo, resulta aplicable la tesis 1a. CV/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 201, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: ‘TRÁMITE ADUANERO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN VII, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS QUE PREVÉ EL PAGO POR AQUELLAS OPERACIONES QUE SE EFECTÚEN EN TÉRMINOS DE LA LEY ADUANERA EN QUE SE UTILICE LA PARTE II, DE LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN O TRÁNSITO, SIN PRECISAR SU OBJETO, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.’ (la transcribe). Por último, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 41/96, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de 1996, página 17, de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: ‘DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA.’ (La transcribe y cita datos). Es por lo expuesto, que todos los tributos constituyen obligaciones ex lege, es decir, la fuente de ellas está representada por la conjunción de un presupuesto establecido en la ley (presupuesto, hecho imponible, hipótesis de incidencia) y un acto o un hecho de la vida real que se ajusta perfectamente a tal hipótesis. Dicho lo anterior en otras palabras, para cumplir con los principios de legalidad y certidumbre de las disposiciones fiscales, la ley impositiva debe determinar con precisión los siguientes elementos: a) sujeto; b) objeto; c) base; d) tasa o tarifa; y e) época de pago. De esta forma, los elementos del tributo como son sujeto pasivo, objeto, base la tasa o tarifa y el momento o época de pago, no pueden quedar, de ninguna manera al arbitrio de la autoridad. De todo lo expuesto, podemos concluir que el principio de legalidad obedece a los siguientes puntos: a) La autoridad fiscal no puede llevar a cabo acto o función alguna sin estar previamente facultada por una ley en sentido formal y material aplicable al caso. b) Los contribuyentes sólo están obligados a cumplir con los deberes y obligaciones que de forma expresa y previa hayan establecido las leyes. Ahora bien, en el presente asunto, el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal no cumple con lo anterior y por tanto, resulta violatorio de la garantía constitucional de legalidad tributaria, dado que no establece con toda certeza y precisión los elementos del tributo, como lo es la base. Asimismo, el aludido dispositivo legal, al prever que la autoridad fiscal sea quien determine la base del impuesto sobre la adquisición de inmuebles a partir del avalúo que al efecto practique, o bien, persona autorizada por ella, infringe el principio de legalidad tributaria, toda vez que uno de los elementos del tributo será fijado por la propia autoridad, no obstante que ello corresponde al legislador. Siguiendo el mismo orden de ideas, encontramos que la violación al principio de legalidad tributaria, en el presente asunto, se hace más evidente si se considera que el artículo reclamado establece que los avalúos que se efectúen para la determinación del impuesto referido por parte de las personas autorizadas por la autoridad fiscal, deberán seguir los procedimientos y lineamientos técnicos establecidos por la propia autoridad fiscal, según lo establece el artículo 140 del Código Financiero del Distrito Federal vigente para dos mil cinco, lo cual pone en claro que será a partir de los criterios de la autoridad y no del legislador, que la base del citado impuesto deberá ser determinada. En este mismo orden de ideas, encontramos que del artículo reclamado se advierte que en lugar de establecer los requisitos necesarios a fin de determinar la base del impuesto sobre adquisición de inmuebles, delega en la autoridad fiscal la facultad de determinar bajo su libre arbitrio, lo que puede traducirse en arbitrariedades por parte de dicha autoridad, que es precisamente lo que pretende impedir la garantía de legalidad tributaria; más aún, el que el valor del avalúo pueda ser determinado por persona autorizada por la propia autoridad fiscal, hace más evidente que el artículo reclamado viola el principio referido, pues no sólo quedará en manos de la autoridad administrativa la fijación de la base del impuesto, sino en manos de una persona distinta a ella, con independencia de que se encuentre autorizada para tal efecto. Al respecto, debe observarse que la legalidad tributaria significa, como ya se dijo, y se insiste, que la carga impositiva esté prevista en una ley, con el objeto de que no se deje al arbitrio de autoridades exactoras la fijación del tributo de uno o de sus elementos esenciales, es decir, que tales autoridades tienen sólo la obligación de aplicar las disposiciones generales, lo que da a lugar a conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos esenciales del tributo, situación que no ocurrió así con el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal. Es aplicable a lo anterior, la tesis 162 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, página 165 del tenor literal siguiente: ‘IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.’ (La transcribe). También cabe citar la jurisprudencia 168 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de integración anterior, visible en el Apéndice de 1995, página 169, que a la letra dice: ‘IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (La transcribe y cita datos). En otras palabras, el principio de legalidad tributaria se traduce en que la ley que crea el tributo defina expresamente y con toda precisión los elementos fundamentales que sirven para individualizarlo, tales como los sujetos activo y pasivo del tributo, el hecho imponible, la base gravable y la tasa o tarifa. El principio de legalidad o reserva de ley en materia tributaria tiene así el carácter de defensa de la propiedad de los ciudadanos, esto es, asegura a ésta por el hecho de que la ley formal presenta características que la hacen aparecer como el acto más idóneo para proteger los intereses de los particulares, pero sobre todo por el hecho de que la aprobación de los tributos por ley equivale a decir que dichas prestaciones coactivas vendrán impuestas por el órgano que constituye representación política de aquellos que eventualmente deberán soportar la carga derivada de tales prestaciones. Asimismo, el principio de que nadie esté obligado a satisfacer tributos que hayan sido establecidos y regulados por una ley cumple otra exigencia, que se hace consistir en la certeza o seguridad jurídica; es decir, el hecho de que la obligación de contribuir nazca únicamente como consecuencia de un hecho previsto en una norma objetiva y no en virtud de un acto discrecional de la administración de carácter singular, lo que denota, un principio de racionalidad del ordenamiento y, al mismo tiempo, una garantía de certeza. En consecuencia, el principio de reserva de ley delimita el campo de las prestaciones tributarias y en segundo lugar determina los elementos de las prestaciones que se consideran esenciales a los efectos de la reserva legislativa. Ahora bien, doctrinariamente, se habla de que existen dos tipos de reserva de ley, la absoluta y la relativa. La primera es aquella en la que la ley es la única fuente, puesto que no permite la regulación de una determinada materia a otro tipo de normas, esto es la materia será regulada única y exclusivamente por la ley formada mediante el proceso legislativo; mientras que la reserva de ley relativa, tiene lugar cuando la Constitución permite que otra parte de la materia la regulen normas secundarias; sin embargo, le impone al legislador la exigencia de que se determinen expresa y limitativamente las directrices a las que dichas normas deberán ajustarse, regulándose así los aspectos o elementos esenciales de esa materia. La reserva de la ley relativa, en consecuencia, no es un medio por el cual la autoridad exactora pueda actuar a libre arbitrio, ya que no puede traspasar la frontera que le delimita la propia reserva. Esto es, para que la ley impositiva no sobrepase la reserva de ley, esa ley debe fijar clara y precisamente los parámetros o directrices en que habrá de actuar la autoridad ocasionando que sólo aplique las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto. Lo anterior, puede resumirse en que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos esenciales de tributo. En el caso, cabe establecer que el artículo 138 reclamado en esta vía constitucional, en el que se regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, no se encuentra regulado uno de los elementos esenciales del tributo: la base gravable (entendida ésta como el valor del hecho impo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21019-b74c6ced/adquisicion-de-inmuebles-el-articulo-138-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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