VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. SI EN EL PADRÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVO APARECE EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA A QUIEN SE PRACTICARÁ ESA DILIGENCIA, DICHO DATO DEBE INCORPORARSE EN LA ORDEN RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
AMPARO EN REVISIÓN 245/2005. DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-El agravio es infundado.
El recurrente aduce que la Juez determinó que en la especie no se había satisfecho el requisito previsto en el artículo 18, fracción III, del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal, consistente en señalar en la orden de visita de verificación el nombre, denominación o razón social de la visitada; sin embargo, al adoptarse esa decisión no se tomó en cuenta que en la orden mencionada no fue invocado el precepto reglamentario aludido, y que éste dejó de estar vigente a partir del diecinueve de febrero de dos mil cuatro, por lo que en el reglamento vigente ya no se regula la existencia de las verificaciones extraordinarias; de ahí que en la sentencia recurrida se haya suplido indebidamente la deficiencia de la queja.
Por otro lado, el inconforme considera que la Juez Federal confundió los requisitos que deben satisfacer las órdenes de visita de verificación, con la facultad de la autoridad para establecer el sistema de identificación de expedientes, porque el artículo 16 del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal, no establece ningún requisito que deba ser observado por las autoridades al emitir ese tipo de actos; hipótesis regulada por el artículo 26 del propio reglamento, por ello, no existe obligación de señalar el nombre, domicilio o razón social del visitado, como equivocadamente lo determinó la a quo. Del mismo modo, si se considera que el artículo 16, fracción III, del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal, exige el requisito aludido en la sentencia impugnada, debe estimarse que se cumplió en la especie, en tanto que en la orden de visita se apuntó que el giro mercantil de la visitada era de escuela de computación con denominación "I.C.M", siendo que de las pruebas aportadas por la quejosa dirigidas al subdirector de Protección Civil en Coyoacán el veintiocho de octubre de dos mil cuatro, se desprende que en la constancia se asentó que el programa interno de protección civil correspondía a "I.C.M.", por lo que la Juez de Distrito debió tomar en cuenta esa circunstancia y negar el amparo solicitado.
Son infundados los argumentos narrados con antelación, por los motivos siguientes:
El artículo 16 constitucional, en la parte que interesa, a la letra dispone lo que se reproduce a continuación:
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o comisiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
"...
"En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hallan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluir un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
"...
"La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. ..."
Por su parte, los artículos 16 y 26 del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal, a la letra disponen lo siguiente:
"Artículo 16. Las autoridades establecerán un sistema de identificación de expedientes para la verificación administrativa, que comprenda, entre otros datos, los relativos a:
"I. El número progresivo;
"II. El año;
"III. El nombre, denominación o razón social, en caso de que se conozca, por aparecer en el padrón respectivo;
"IV. El domicilio o ubicación del establecimiento objeto de la verificación, y
"V. La actividad preponderante que se realice en el establecimiento, objeto de verificación."
"Artículo 26. Toda visita de verificación únicamente podrá ser realizada mediante orden escrita de la autoridad competente. Esta orden deberá contener como mínimo lo siguiente:
"I. Lugar y fecha de expedición;
"II. Número de expediente que le corresponda;
"III. Domicilio o ubicación del establecimiento en el que se desahogará la visita de verificación;
"IV. Objeto y alcance de la visita de verificación;
"V. Cita de las disposiciones legales que la fundamenten;
"VI. Nombre del verificador que habrá de realizar la visita y número de su credencial;
"VII. Cargo, nombre y firma autógrafa de la autoridad que expida la orden de visita de verificación;
"VIII. El número telefónico del Servicio Público de Localización Telefónica (Locatel) y de la Contraloría General del Distrito Federal para efectos de las fracciones III y IV del artículo 24 de este reglamento;
"IX. Autoridad a la que se debe dirigir el visitado para presentar el escrito de observaciones a que se refiere el artículo 41 de este reglamento;
"X. La leyenda de que el verificador tiene prohibido solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos o servicios provenientes del visitado, y que dichos actos constituyen un delito cuando, además, impliquen hacer u omitir alguna de sus obligaciones, señalando los preceptos y sanciones aplicables.
"La leyenda podrá sustituirse por la transcripción literal de los preceptos que imponen las sanciones administrativas o penales correspondientes;
"XI. La leyenda de que constituye un delito ofrecer dinero, dádiva o hacer promesas al verificador o a interpósita persona para que éste o cualquier servidor público haga u omita alguna de sus obligaciones, señalando los preceptos y sanciones aplicables. La leyenda podrá sustituirse por la transcripción literal de los preceptos que imponen las sanciones penales correspondientes;
"XII. Apercibimiento de que impedir la visita de verificación constituye una infracción administrativa, señalando los preceptos y sanciones aplicables.
"El apercibimiento podrá contener la transcripción literal de los preceptos que imponen las sanciones correspondientes, y
"XIII. Los demás que señalen los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables."
El precepto constitucional reproducido establece diversos derechos públicos subjetivos, entre ellos, el concerniente a la seguridad jurídica y la inviolabilidad del domicilio de los gobernados. Al mismo tiempo, prevé algunos casos de excepción, como lo es el relacionado con la facultad otorgada a las autoridades administrativas para practicar visitas domiciliarias, para lo cual la orden respectiva debe constar por escrito y satisfacer los requisitos que la propia disposición constitucional establece respecto a los cateos, entre ellos, expresar la persona o personas que hayan de aprehenderse, lo que se traduce en materia administrativa, al señalamiento de la persona o personas a las cuales se les practicará la visita domiciliaria, lo que da certeza al gobernado sobre la intención de la autoridad de aplicarle precisamente a él la visita de verificación.
Ahora bien, el artículo 16 del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal, establece que las autoridades establecerán un sistema de identificación de expedientes para la verificación administrativa, el cual debe contener ciertos datos, entre otros, el que se refiere al nombre, denominación o razón social de la persona que aparezca registrada en el padrón respectivo. Lo anterior tiene relación con lo previsto en el primer párrafo del artículo 26 del propio reglamento, en el sentido de que toda visita de verificación debe contener como mínimo los elementos descritos en cada una de las fracciones que forman el precepto reglamentario, el cual no está redactado de manera limitativa, al haberse empleado en su texto los vocablos "como mínimo", por lo que los requisitos que enumera no son los únicos que deben satisfacer las órdenes de visita; máxime si se considera que en su fracción XIII, prevé que dichas órdenes deben cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables, de ahí que si el artículo 16 del propio reglamento establece que el sistema de identificación de expedientes fue creado para la verificación administrativa, y que en su fracción III refiere como uno de los requisitos de los expedientes el que contengan el nombre, denominación o razón social cuando se conozca por aparecer en el padrón respectivo; es de inferirse que ese dato debe contenerse en todas las órdenes de visita, lo que es acorde con el artículo 16 constitucional, sin que este órgano jurisdiccional emita pronunciamiento respecto a la constitucionalidad del artículo 26 del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal.
Hecha la exposición anterior, es necesario manifestar que el veintiuno de octubre de dos mil cuatro, el director general jurídico y de gobierno en la Delegación Coyoacán del Distrito Federal, emitió la orden de visita de verificación, de cuya parte inicial se desprende lo que se reproduce a continuación:
"Propietario y/o representante legal y/o poseedor y/o encargado del establecimiento mercantil con giro de escuela de computación con denominación ‘I.C.M.’, con razón social ‘Instituto de Capacitación y Métodos, S.A. de C.V.’, ubicado en calle Cerro de Jesús, número 67, colonia Campestre Churubusco, código postal 04210, en esta delegación" (foja 106).
En esas condiciones y al no existir controversia alguna respecto a que la razón social de la quejosa visitada es "Instituto de Computación y Métodos, Sociedad Anónima de Capital Variable", válidamente puede concluirse que como bien lo determinó la Juez, la responsable no cumplió con el requisito de que se trata, ya que en la orden señaló como razón social de la visitada "Instituto de Capacitación y Métodos, S.A. de C.V.", cuando lo correcto es "Instituto de Computación y Métodos, Sociedad Anónima de Capital Variable", sin importar que se haya apuntado como denominación "I.C.M.", en tanto que esas siglas pueden corresponder a cualquiera de las razones sociales enunciadas; por tanto, no asiste razón al recurrente, al afirmar que el requisito comentado fue satisfecho en la especie por haberse apuntado en la orden de visita de verificación las siglas en cita y porque la amparista dirigió un escrito al subdirector de Protección Civil en la Delegación Coyoacán del Distrito Federal, en el que se señaló que el programa interno de protección civil, correspondía a "I.C.M.".
No es óbice para lo anterior, lo afirmado por el inconforme en el sentido de que la quejosa alegó la violación al artículo 18, fracción III, del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal, cuya vigencia fue hasta el diecinueve de febrero de dos mil cuatro, por lo que la Juez incurrió en una indebida suplencia de la deficiencia de la queja al otorgar el amparo solicitado. Efectivamente, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito deben corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, por lo que si en la especie en la sentencia recurrida se consideró que el requisito que la quejosa consideró no fue cumplido al emitirse la orden de visita, se regula en los artículos 16 y 26 del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal, es de inferirse que la actuación de la a quo fue únicamente una corrección de la norma reglamentaria invocada por la gobernada, y no una suplencia de la queja; consecuentemente, tampoco en este aspecto asiste razón a la ocursante.
Finalmente, debe señalarse que si bien es cierto que la Juez Federal invocó la jurisprudencia 2a./J. 103/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que fue resuelta la contradicción de tesis 84/2002-SS, de rubro: "ORDEN DE VISITA. REQUISITOS QUE DEBE CONTENER, TRATÁNDOSE DE UNA DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE NATURALEZA EXTRAORDINARIA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL Y 18 DEL REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL.", en la cual fue examinado el texto del último precepto legal mencionado, cuya vigencia fue hasta el diecinueve de febrero de dos mil cuatro, y que preveía como requisito de las órdenes de verificación administrativa el concerniente al nombre, denominación o razón social de la persona o personas a las cuales se dirigía; lo cierto es que en la sentencia impugnada fue invocada únicamente para apoyar lo relativo al conocimiento que la autoridad tenía del nombre preciso de la quejosa, porque en los autos del juicio que se revisa se advertía que la Delegación Coyoacán del Distrito Federal había otorgado declaración de apertura a la peticionaria para explotar el giro comercial, lo que hacía evidente la obligación de cumplir con el requisito multicitado (fojas 821 vuelta a 823); por ello, también en ese aspecto carece de razón el recurrente.
En las relatadas consideraciones, al resultar infundado el único agravio planteado a este órgano jurisdiccional, procede confirmar la sentencia recurrida en la materia del recurso y conceder el amparo solicitado.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 83 y 85 de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-En la materia del recurso se confirma la sentencia de fecha cuatro de abril de dos mil cinco, autorizada el veintisiete del mismo mes y año, dictada por la Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 1846/2004-IV.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege al Instituto de Computación y Métodos, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos que reclamó del director general jurídico y de gobierno; jefe de la Unidad Departamental de Calificación de Infracciones de Establecimientos Mercantiles y Protección Civil; y, verificador administrativo del Gobierno del Distrito Federal, todos de la Delegación Coyoacán del Distrito Federal, en términos de lo precisado en el considerando octavo de la sentencia impugnada.
Notifíquese; con testimonio de la resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados Adela Domínguez Salazar, F. Javier Mijangos Navarro, y Alberto Pérez Dayán. Fue ponente el segundo de los nombrados.
Nota: La jurisprudencia 2a./J. 103/2002 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, septiembre de 2002, página 269.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21937-a2a2e95e/visita-de-verificacion-administrativa-si-en-el-padron · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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