REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEBE PRECISAR EN LA COMUNICACIÓN QUE HAGA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHA DEPENDENCIA, QUE ES EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO TOMADO POR EL PROCURADOR.
AMPARO EN REVISIÓN 340/2005. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-El subprocurador fiscal federal de Amparos, no se encuentra legitimado para interponer este recurso de revisión, en atención a lo siguiente.
Resulta conveniente hacer las siguientes precisiones.
Los artículos 19 de la Ley de Amparo, 14 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 105, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 32, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establecen:
Ley de Amparo.
"Artículo 19. Salvo las excepciones previstas en el primer párrafo del artículo 12 de esta ley y en el párrafo segundo del presente artículo, las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.-No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal por el conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes de departamento administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.-En estos casos y en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las propias dependencias del Ejecutivo de la Unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme la citada ley orgánica.-En los amparos relativos a los asuntos que correspondan a la Procuraduría General de la República, su titular podrá también representar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y ser suplido por los funcionarios a quienes otorgue esta atribución el reglamento de la ley orgánica de dicha procuraduría."
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
"Artículo 14. Al frente de cada secretaría habrá un secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales."
"Artículo 18. En el reglamento interior de cada una de las secretarías de Estado y departamentos administrativos, que será expedido por el presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias."
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"Artículo 105. El secretario de Hacienda y Crédito Público será suplido en sus ausencias por los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, por el oficial mayor, por el procurador fiscal de la Federación, por el subprocurador fiscal federal de Amparos, por el subprocurador fiscal federal de Legislación y Consulta, por el subprocurador fiscal federal de Asuntos Financieros o por el subprocurador fiscal federal de Investigaciones, en el orden indicado."
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
"Artículo 32. Al frente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos habrá un director general, quien tendrá las facultades siguientes: ... III. Suscribir y turnar, por acuerdo del procurador, a los secretarios de Estado, la designación como representante del presidente de la República, en los juicios de amparo en que sea señalado como autoridad responsable, para que se encuentren en posibilidad de preparar los informes, recursos y desahogo de requerimientos, y suplir al procurador cuando le corresponda esa representación;"
Del contenido de los preceptos citados se desprende que en el juicio de amparo no procede la representación de las autoridades responsables, salvo el caso del presidente de la República, quien podrá ser representado, en los términos que él mismo determine, por conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes de departamentos administrativos correspondientes, los cuales, podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes el reglamento interior de la respectiva dependencia otorgue esa atribución, y que el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, es a quien corresponde suscribir y turnar, por acuerdo del procurador, a los secretarios de Estado, correspondientes como representantes del presidente de la República en los juicios de amparo en que sea señalado como parte.
Ahora bien, mediante oficio número 529-III-DACLB-(MBG)-48267, recibido en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado el ocho de julio de dos mil cinco, el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del presidente de la República, por el secretario de Hacienda y Crédito Público y en ausencia de este último, entre otras, interpone el presente recurso de revisión. Oficio que en la parte final es del tenor siguiente:
"En representación del presidente de la República, el secretario de Hacienda y Crédito Público, y por ausencia de éste, y de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, del oficial mayor y del procurador fiscal de la Federación, con fundamento en los artículos 19 de la Ley de Amparo, 14 y 18, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 105, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigente, firma en suplencia.-Atentamente.-Sufragio efectivo. No reelección.-El subprocurador fiscal Federal de Amparos.-Lic. Oscar Molina Chie." (foja 66 del toca en revisión).
Sin embargo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, quien actúa en representación del presidente de la República, no justificó debidamente ni ante el Juez de Distrito, ni ante este Tribunal Colegiado la representación con la que se ostentó.
En efecto, a fin de acreditar dicha representación se acompañó al escrito de expresión de agravios el oficio número DGAJ/DJF/AMPP/2211, que resulta ser el mismo con el cual pretendió acreditar su representación ante el Juez de Distrito, mismo que a la letra señala:
"C. Lic. José Francisco Gil Díaz.-Secretario de Hacienda y Crédito Público.-Presente.-Me permito hacer de su conocimiento que en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, el C. Presidente de la República lo ha designado para que lo represente en todos los trámites del juicio de amparo señalado al rubro, rinda los informes que se soliciten, ofrezca pruebas e interponga los recursos conducentes. Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.-Distrito Federal, a 28 de marzo de 2005.-Con fundamento en lo establecido por el artículo 32, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.-El director general de Asuntos Jurídicos.-Lic. Rubén F. Pérez Sánchez." (foja 67 del toca en revisión y 235 del juicio de amparo).
Así las cosas, el presidente de la República, puede ser representado en los juicios de amparo en los que es parte, en los términos que él mismo determine, por el secretario de Estado a quien corresponda.
Designación que se hará por el conducto y previo acuerdo del procurador general de la República.
En el caso, del oficio suscrito por el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, se desprende que hizo del conocimiento del secretario de Hacienda y Crédito Público que en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, el presidente de la República lo designó para que lo represente en todos los trámites del juicio de amparo número 257/2005.
Asimismo, se desprende que dicha comunicación la hizo con fundamento en lo establecido por el artículo 32, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, precepto que lo faculta a suscribir y turnar, por acuerdo del procurador a los secretarios de Estado, la designación como representantes del presidente de la República en los juicios de amparo en los que sea señalado como autoridad responsable.
Como se puede apreciar del oficio de representación transcrito, éste aunque lo suscribió el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, de su contenido no se desprende que la designación presidencial sea un acto suyo, sino como se expresa, es el propio presidente de la República quien ha decidido que el secretario de Hacienda y Crédito Público deba representarlo en el juicio de amparo.
Sin embargo, del contenido del citado oficio se desprende que en modo alguno precisa que la comunicación la hace en cumplimiento del acuerdo tomado por el procurador general de la República.
Lo que era menester para así tener por acreditada la representación del presidente de la República por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, cuenta habida que el oficio de referencia no lo suscribe el propio procurador general de la República, a quien corresponde realizarlo en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sino que lo hace el director general de Asuntos Jurídicos, quien si bien de acuerdo con el citado artículo 32, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República es quien está facultado para suscribir y turnar la designación como representantes del presidente de la República en los juicios de amparo en los que sea señalado como autoridad responsable a los secretarios de Estado, también lo es que esto debe ser en cumplimiento al acuerdo tomado por el procurador.
De ahí que es menester que en la citada comunicación se estipule que la misma se hace por acuerdo del procurador general de la República, dado que es esta autoridad la facultada por la ley para que por su conducto se precise la representación.
Por tanto, si en el caso el oficio por el cual se comunica al secretario de Hacienda y Crédito Público que en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, el presidente lo designa para que lo represente en el juicio de amparo origen del presente, no contiene la mención de que la comunicación se hace en cumplimiento o por acuerdo del procurador general de la República, por ende no se encuentra demostrada la representación por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público del presidente de la República, en el juicio de amparo, y por ende para promover el recurso de revisión en contra de la ejecutoria emitida por el Juez de Distrito.
Al respecto, se reitera la tesis de este Tribunal Colegiado, publicada con el número VI 3o.A 232 A, en la página dos mil siete, Tomo XXII, agosto de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece:
"REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEBE PRECISAR EN LA COMUNICACIÓN QUE HAGA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE ES EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO TOMADO POR EL PROCURADOR.-En términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, el presidente de la República puede ser representado en los juicios de garantías en los que sea parte, en los términos que él mismo determine, por el secretario de Estado a quien corresponda, asimismo, dicha designación se hará por conducto y previo acuerdo del procurador general de la República. Por su parte, el artículo 32, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, faculta al director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República a suscribir y turnar, por acuerdo del procurador, a los secretarios de Estado, la designación como representantes del presidente. Por tanto, en la comunicación que haga al secretario de Estado respectivo debe precisar que la hace por acuerdo del citado procurador, en atención a que no se encuentra suscrita por éste, quien es la autoridad facultada por la ley para que por su conducto se precise la representación del presidente de la República en los juicios de amparo en que éste sea parte, pues sólo así se llega al conocimiento de que efectivamente existió un previo acuerdo de la citada autoridad al respecto."
En suma, al ser improcedente el recurso de que se trata, se impone también su desechamiento.
No obstaculiza la conclusión a la que se arriba en este considerando, el hecho de que el medio de disconformidad haya sido admitido a trámite por acuerdo de presidencia, toda vez que se trata de un proveído de los previstos por el numeral 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que no causan estado y, por ende, no obligan al Pleno de este Tribunal Colegiado.
Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia que sostuvo la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página doscientos noventa y seis, que es del contenido siguiente:
"RECURSO ADMITIDO POR AUTO DE PRESIDENCIA. LA SALA PUEDE DESECHARLO SI ADVIERTE QUE ES IMPROCEDENTE.-Tomando en consideración que en términos de los artículos 20 y 29, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tratándose de los asuntos de la competencia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus respectivos presidentes sólo tienen atribución para dictar los acuerdos de trámite, correspondiendo a dichos órganos colegiados decidir sobre la procedencia y el fondo de tales asuntos, resulta válido concluir, por mayoría de razón, que siendo el auto de presidencia que admite un recurso, un acuerdo de trámite derivado del examen preliminar de los antecedentes, éste no causa estado y, por lo mismo, la Sala puede válidamente reexaminar la procedencia del recurso y desecharlo de encontrar que es improcedente."
También se cita la tesis que sostuvo el entonces Primer Tribunal Colegiado de este circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y uno, página cuatrocientos cuarenta y seis, que lleva por rubro y texto:
"REVISIÓN, RECURSO DE. AUNQUE HAYA SIDO ADMITIDO, EL PLENO DEL TRIBUNAL COLEGIADO PUEDE DESECHARLO.-El auto que admite a trámite dicho recurso por el presidente del Tribunal Colegiado no decide en forma absoluta sobre su procedencia, pues tal circunstancia, por ser de orden público puede ser abordada por el Pleno, que al momento de pronunciar la ejecutoria respectiva puede desecharlo."
Por lo expuesto se resuelve:
ÚNICO.-Se desecha por improcedente, el recurso de revisión interpuesto por el subprocurador fiscal Federal de Amparos, quien firma en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del presidente de la República, por el secretario de Hacienda y Crédito Público, en contra de la sentencia pronunciada el dieciséis de junio de dos mil cinco, por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo número 257/2005.
Notifíquese; regístrese, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ma. del Pilar Núñez González (presidenta y ponente), Manuel Rojas Fonseca y Clemente Delgado Salgado, secretario autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia concedida al Magistrado Jaime Raúl Oropeza García.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19262-216adf7b/representacion-del-presidente-de-la-republica-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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