IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE PROPORCIONALIDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 362/2005. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
CONSIDERANDO:
DÉCIMO. La parte quejosa en el concepto de violación primero, invoca los artículos 115, fracción IV, inciso c), segundo párrafo y 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso b), último párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; luego, refiere lo que dice, se advierte de tales normas (fojas trece, párrafo último a quince de la demanda de garantías).
Con base en esa premisa, afirma que el artículo 136 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en dos mil cinco, es inconstitucional porque exime del pago del tributo reclamado a los bienes inmuebles adquiridos por el Distrito Federal para formar parte del dominio público, soslayando que en términos del invocado artículo 115 constitucional, nadie puede gozar de exención alguna.
Agrega, que el mencionado artículo 136, se opone a lo establecido en los preceptos constitucionales antes referidos, ello porque en su opinión, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al emitir la precisada norma, rebasó el ámbito de atribuciones conferidas expresamente en la Constitución Federal, ya que, dice, la única exención válida es la que se otorga a la Federación, Estados o Municipios cuando adquieren bienes del dominio público para destinarlos a un fin público, y no así a cualquier otro fin (foja dieciocho de la demanda de garantías). Aserto que apoya con la invocación del criterio jurídico de rubro: "RENTA. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIOLA LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (EN VIGOR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE, CONFORME AL ARTÍCULO OCTAVO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO)." (misma foja).
Planteamientos, analizados en su conjunto dada la relación que guardan entre sí, que se estiman infundados por las razones expuestas a continuación.
El precepto tildado de inconstitucional es del texto siguiente:
"Artículo 136. Sólo los bienes que se adquieran para formar parte del dominio público del Distrito Federal y los que se adquieran para estar sujetos al régimen de dominio público de la Federación estarán exentos del impuesto a que se refiere este capítulo. También estarán exentos los inmuebles adquiridos por representaciones diplomáticas de Estados extranjeros acreditados en el país, siempre y cuando exista reciprocidad del Estado solicitante, y organismos internacionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Ahora bien, este Tribunal Colegiado estima que dicho precepto, al exentar del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles a la Federación; al Distrito Federal; a las representaciones diplomáticas de Estados extranjeros; o a los organismos internacionales, no infringe lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es claro que, éstos se encuentran en situación diferente a la del resto de los contribuyentes del impuesto, ya sea por el uso o destino del inmueble objeto del tributo o en virtud de la condición objetiva que refleja intereses sociales o económicos de los sujetos exentos que los diferencia del resto de los sujetos pasivos del gravamen y que amerita se les dé un tratamiento fiscal desigual por encontrarse en situación desigual.
En efecto, es obvio que la adquisición de un inmueble realizada por una de las personas oficiales que se señalan en el precepto impugnado, a la adquisición de un inmueble realizada por un particular es diversa, ya sea por el uso o destino del inmueble, puesto que, la adquisición de bienes realizada por personas oficiales, refleja intereses sociales o económicos, y la adquisición realizada por personas físicas, únicamente atiende a intereses personales; lo que sin duda, coloca en un plano distinto a los adquirientes y, por ende, el trato diferenciado que prevé la norma en estudio, está justificada objetivamente.
Apoya a la anterior consideración, por identidad de razón, el criterio jurídico de rubro y texto siguientes:
"PREDIAL. LAS EXENCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DE 1990, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El precepto legal citado no contraviene el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional al exentar del pago del impuesto predial a los propietarios o poseedores de los inmuebles que ahí se describen, a saber, los de uso común, los del Departamento del Distrito Federal, los del dominio público de la Federación, incluyendo los de organismos descentralizados en los términos de la fracción VI del artículo 34 de la Ley General de Bienes Nacionales, las pistas y predios accesorios, andenes y torres de control de los aeropuertos federales, los andenes y vías férreas, las vías y andenes de los sistemas de transporte colectivo operado por el Departamento del Distrito Federal o por entidades paraestatales adscritas al mismo y los predios que sean ejidos o constituyan bienes comunales explotados totalmente para fines agropecuarios, pues éstos se encuentran en situación diferente a la del resto de los contribuyentes del impuesto, ya sea por el uso o destino del inmueble objeto del tributo o en virtud de la condición objetiva que refleja intereses sociales o económicos de los sujetos exentos que los diferencia del resto de los sujetos pasivos del gravamen y que amerita se les de un tratamiento fiscal desigual por encontrarse en situación desigual."
(Tesis número P. XLIII/93, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 67, julio de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, página veintiséis).
Razones y motivos que justifican lo infundado de los planteamientos analizados.
Bajo otro aspecto, la parte quejosa en el concepto de violación tercero, realiza una exposición en torno del principio de proporcionalidad tributaria, la que apoya con la invocación del criterio jurídico de rubro: "CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS." (foja veintiséis de la demanda de garantías).
Inmediatamente señala que las normas que regulan la determinación de la base del impuesto reclamado infringen el artículo 31, fracción IV, constitucional, específicamente el principio de proporcionalidad tributaria al no reflejar la verdadera y real capacidad contributiva de los obligados al tributo (foja veintisiete, párrafo final de la demanda de garantías).
Agrega que la tarifa contenida en el artículo 135 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en dos mil cinco, resulta desproporcional, toda vez que no obstante que el legislador establece diferentes tipos de rangos que demuestran diferentes capacidades contributivas, y por ende les corresponde un sacrificio económico diverso, en realidad, y según el factor de aplicación sobre el excedente del límite inferior contenido en la tarifa, les corresponde un sacrificio idéntico en cuanto al citado factor se refiere, situación que dice, convierte a la norma invocada en desproporcional (foja veintiocho, párrafo primero, de la demanda de garantías).
Aserto que apoya con los ejemplos que realiza en la foja veintiocho, dos últimos párrafos de la demanda de garantías.
Sobre el propio tópico afirma que el mencionado artículo 135 es desproporcional, dado que "... cada uno de los rangos debe significar una capacidad contributiva diversa, cuyos elementos para determinar el monto a contribuir deben ser distintos en cada uno de los rangos ..." (foja veintinueve, párrafo primero, líneas ocho y siguientes, de la demanda de garantías) ya que agrega, de no cumplirse con dicho propósito la tarifa por sí misma resulta contraria al derecho fundamental de proporcionalidad, lo que dice acontece en el presente caso (propia foja y párrafo del juicio de amparo).
Además, señala que la tarifa prevista en el artículo 135 del Código Financiero del Distrito Federal, no se determina en proporción real a la capacidad contributiva del sujeto obligado al pago del tributo.
Planteamientos, analizados en su conjunto dada la íntima relación que guardan entre sí, que se estiman infundados por las razones expuestas a continuación.
Respecto al principio de proporcionalidad tributaria (en torno del que se orientan los argumentos en análisis), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, que éste radica esencialmente en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos.
Aserto que encuentra apoyo en el criterio jurídico de rubro y texto siguientes:
"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción."
(Jurisprudencia número P./J. 10/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo de dos mil tres, página ciento cuarenta y cuatro).
Ahora, la tarifa para el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles, establecida en el artículo 135 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para dos mil cinco, contempla los valores siguientes:
"Artículo 135. El impuesto se calculará aplicando, sobre el valor total del inmueble la siguiente tarifa:
Ver tarifa 1
"En caso de adquirirse una porción del inmueble, una vez obtenido el resultado de aplicar la tarifa señalada al valor total del inmueble, se aplicará a dicho resultado, el porcentaje que se adquiera."
Según se ve, la contribución se determinará aplicando a la base gravable la tarifa transcrita.
Al analizar dicha tarifa se tiene que para el cálculo del tributo debe ubicarse la base gravable en alguno de los rangos entre los límites inferior y superior indicados en la primera y la segunda columnas.
Una vez ubicada, deberá restársele el límite inferior del rango en que oscila, siendo que a dicho resultado deberá aplicarse el factor contenido en la quinta columna del mismo rango, bajo el rubro de "Factor de aplicación sobre el excedente de límite inferior"; luego, a la cantidad obtenida se sumará la cuota fija establecida en el propio rango, siendo esa cantidad el tributo a enterar.
De lo anterior se advierte que, contrariamente a lo aducido por la parte quejosa, la tarifa a estudio es proporcional, dado que el aumento de la base gravable, aun cuando provoca un cambio de rango, no conlleva un incremento en el monto de la contribución en una proporción mayor a la que acontece dentro del rango inmediato inferior.
En efecto, la estructura de rangos, cuotas fijas y factores aplicados a la porción de la base gravable que exceda del límite inferior de aquel que se prevé en la tarifa objeto del presente análisis, no da lugar a que el incremento en un centavo del valor del bien, el cual provoca un cambio de rango al rebasar su límite superior, genere un incremento en el monto a enterar del impuesto sobre adquisición de inmuebles en una proporción que sea mayor a la que tiene lugar en el propio rango o en el inmediato inferior, porque si bien es cierto que se establece un límite inferior y un límite superior entre los cuales deberá ubicarse la base gravable, también lo es que el impuesto a pagar no está constituido por la cuota fija establecida en cada rango, sino que a ella se adiciona la cantidad que resulte de aplicar el factor a la porción que exceda del límite inferior; esto es, aun cuando la tarifa agrupa a los contribuyentes según el monto total de la riqueza que constituye la base gravable, en orden creciente, el monto de la contribución no equivale a la cuota fija, sino que además se incorpora un sistema de factores aplicados a la porción de la base gravable que exceda del límite inferior de cada rango, lo que impide la generación de un salto cuantitativo que provoque un pago desproporcional.
Entonces, la circunstancia de que a la cuota fija se agregue la cantidad que resulte de aplicar el factor a la porción que exceda del límite inferior, evita que el impuesto a enterar aumente de manera significativa por el simple hecho de que, incluso por un centavo, se deba aplicar un rango distinto, a saber, el inmediato inferior.
Es decir, al rebasar los contribuyentes en un centavo el límite superior de cualquiera de sus rangos y quedar comprendidos en el siguiente, el aumento que les resulta en la proporción que les corresponde enterar no es mayor al que por un incremento de la misma cuantía se produce en el inmediato inferior; circunstancia que, de suyo, no atenta contra la proporcionalidad, porque no genera un salto cuantitativo.
Sobre el mismo tópico relativo al principio de proporcionalidad, la quejosa señala que la tarifa establecida en el artículo 135 del Código Financiero del Distrito Federal se contrapone a tal principio, dado que no obstante que en dicho precepto se establecen diferentes tipos de rangos que demuestran diferentes capacidades contributivas, en realidad, dice, y según el factor de aplicación sobre el excedente del límite inferior contenido en la tarifa, les corresponde un idéntico factor.
Aserto que, indica, se demuestra atendiendo a los rangos "C" y "D" previstos en la referida norma, en los cuales, dice, existe "... un intervalo de valores muy grande, ya que va desde los $98,749.86 a los $296,249.36 (sic) ..." (foja veintiocho, párrafo tercero, líneas iniciales, de la demanda de garantías), pero el factor por aplicar es el mismo, consistente en 0.03261, cuando lo justo, agrega, sería un factor diverso y menor para el rango C en relación con el D; aspecto que añade se repite tratando de los rangos F y G también previstos en el artículo 135 del Código Financiero del Distrito Federal (foja veintiocho, párrafo segundo, de la demanda de garantías).
Argumento que refuerza invocando el artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta del que, dice, se advierte que ahí se reflejan capacidades contributivas diversas entre uno y otro rango o nivel, correspondiéndoles factores por aplicar diversos (foja veintinueve, párrafos finales, de la demanda de garantías).
Planteamientos que se estiman infundados por las razones siguientes.
En principio cabe destacar que no resulta desconocido que el argumento en análisis se orienta a los rangos "C" y "D", establecidos en la tabla prevista en el artículo 135 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en dos mil cinco, sin embargo, este Tribunal Colegiado abordará el examen de tal argumento en torno de los rangos "F" y "G", ya que, en este último es en el que se ubica la parte quejosa pues adquirió un inmueble superior a la cantidad ahí precisada, además de que el rango "G" fue el que se le aplicó en la determinación del impuesto que enteró.
El artículo 135 del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil cinco, señala expresamente que el impuesto sobre adquisición de inmuebles será calculado "sobre el valor total del inmueble", a partir de cuyo monto se irá determinando la cantidad correspondiente. Además, en la tabla existen los siguientes conceptos: "límite inferior", "límite superior", "cuota fija" y "factor de aplicación sobre el excedente del límite inferior".
Los conceptos de "límite inferior" y "límite superior", desde luego, se refieren al citado "valor total del inmueble", el cual debe ubicarse en un rango, atendiendo a los citados límites.
La "cuota fija", una cantidad determinada e invariable que debe tenerse en cuenta para calcular el impuesto sobre adquisición de inmuebles, y a cada valor del inmueble le corresponde una, también en función del rango en el que se ubique.
Finalmente, "el factor de aplicación sobre el excedente del límite inferior", se aplica sobre el excedente que exista entre el valor total del inmueble y el límite inferior que le corresponde a dicha cantidad.
Aplicando el factor al excedente se obtiene una cantidad, a la cual se suma la citada cuota fija, con lo cual se obtiene el resultado a que se refiere el mencionado artículo 135.
Para un mejor entendimiento del problema, conviene hacer un ejercicio práctico sobre la aplicación de la tarifa a que se refiere el artículo 135, vigente en dos mil cinco, considerando como base de este ejercicio el inmueble y el valor que adquirió y pagó la parte quejosa, respecto del que se partió para el cálculo del impuesto sobre adquisición de dicho bien.
El inmueble que adquirió la parte quejosa, conforme al avalúo que sobre el mismo se realizó, arrojó un valor total de $2’975,000.00 (dos millones novecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), ahora dicha cantidad está comprendida entre el límite inferior de $1’481,246.80 (un millón cuatrocientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y seis pesos 80/100 moneda nacional) y el superior de "en adelante".
Con esos datos se obtiene el excedente del límite inferior, que en este caso es el excedente de $2’975,000.00 (dos millones novecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) con respecto a $1’481,246.80 (un millón cuatrocientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y seis pesos 80/100 moneda nacional), lo cual da como resultado $1’493,753.20 (un millón cuatrocientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y tres pesos 20/100 moneda nacional).
A este excedente del límite inferior se aplica el factor respectivo, que para esta cantidad de ingresos es de 0.04565, lo cual da como resultado la cantidad de $68,189.83 (sesenta y ocho mil ciento ochenta y nueve pesos 83/100 moneda nacional).
Finalmente, para el valor del inmueble comprendido entre $1’481,246.80 (un millón cuatrocientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y seis pesos 80/100 moneda nacional) y el superior de "en adelante", como lo es $2’975,000.00 (dos millones novecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) en este caso, la cuota fija es de $57,962.49 (cincuenta y siete mil novecientos sesenta y dos pesos 49/100 moneda nacional).
Así, tomando en cuenta los $68,189.83 (sesenta y ocho mil ciento ochenta y nueve pesos 83/100 moneda nacional), que resultaron de aplicar el factor al excedente de $2’975,000.00 (dos millones novecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) del límite inferior, y los $57,962.49 (cincuenta y siete mil novecientos sesenta y dos pesos 49/100 moneda nacional) que como cuota fija corresponden a dicha cantidad, es sencillo concluir que la cantidad a que se refiere el artículo 135 del Código Financiero del Distrito Federal, para un inmueble con un valor total de $2’975,000.00 (dos millones novecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), es de $126,152.00 (ciento veintiséis mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), impuesto sobre adquisición pagado por la inconforme (foja cuarenta y uno del amparo).
Ahora, con independencia de que, tanto para los rangos "F" y "G", en la tabla prevista en el artículo 135 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en dos mil cinco, se establezca la misma cantidad "0.4565", como factor de aplicación sobre el excedente del límite inferior, lo cierto es que, la "cuota fija" aplicada en cada rango, es el elemento preponderante para determinar la cantidad del impuesto a pagar, misma cuota que sí difiere en cantidad, entre un rango y el otro.
Por lo anterior es que, al establecerse tanto en los rangos "F" y "G" un mismo "factor de aplicación sobre el excedente del límite inferior", ello, no depara ningún perjuicio a la parte quejosa, dado que, se insiste, el elemento determinante para el cálculo del impuesto, lo es la cuota fija señalada en dicha tabla, misma que sí difiere notablemente entre un rango y el otro, es decir, para los inmuebles comprendidos entre el rango "F", cuyo límite inferior va de $740,623.41 a $1’481,246.79, corresponde una cuota fija de $24,153.02, mientras que para los ubicados en el rango "G", cuyo límite inferior comprende inmuebles con valor de $1’481,246.80 y el límite superior "en adelante", corresponde una cuota fija de $57,962.49.
De ahí lo infundado de los planteamientos analizados, pues se ha demostrado que aun cuando en los rangos "F" y "G" se prevé un factor de aplicación idéntico "0.04565", ello no irroga perjuicio alguno dado que no es este el elemento preponderante para el establecimiento del impuesto a enterar, sino sólo constituye un elemento más de toda la mecánica que implica tal tributo.
Bajo otro aspecto, pero insistiendo en el principio de proporcionalidad, la parte quejosa indica que tal principio se infringe en el artículo 135 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en dos mil cinco, en razón de existir ahí establecida una cuota fija, la que no atiende a la real capacidad contributiva de los sujetos del impuesto.
Lo anterior, dice, se justifica considerando que dentro del primer rango, se establece una cuota fija de inmuebles cuyo valor inicia de los 0.11 pesos hasta los 61,718.69 pesos, situaciones que implica, dice, que al margen del valor del inmueble, siempre que éste no exceda de la cantidad últimamente precisada, se pagará una cantidad igual a la cuota fija de 116.35 pesos, lo que, afirma, es desproporcional porque sin importar la verdadera capacidad contributiva del sujeto del impuesto, deberá pagar una cuota igual.
Añade, que debe observarse que "... la cuota fija en los subsecuentes niveles al primer rango se determina de considerar la diferencia entre las cantidades establecidas en los límites superior e inferior multiplicada por el factor contenido en la tarifa más la cuota fija del rango anterior, luego entonces, significa que el primer rango al ser inconstitucional por la cuota fija, los subsecuentes rangos también resultan inconstitucionales por resultar desproporcionales ..." (foja treinta, párrafo penúltimo, de la demanda de garantías).
Argumento que dice se justifica tomando en consideración el rango B, en el que se establece una cuota fija de 117.16 pesos, misma que, dice, debiera ser el impuesto determinado en el rango inmediato anterior de comparar o determinar la diferencia entre el límite superior e inferior multiplicado por un factor pero en el caso del rango "A" no existe factor.
Argumentos que se estiman infundados, por las razones expuestas a continuación.
Para mayor claridad, debe tenerse presente nuevamente, el contenido del artículo 135 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en dos mil cinco, que es del texto siguiente:
"Artículo 135. El impuesto se calculará aplicando, sobre el valor total del inmueble la siguiente tarifa:
Ver tarifa 2
"En caso de adquirirse una porción del inmueble, una vez obtenido el resultado de aplicar la tarifa señalada al valor total del inmueble, se aplicará a dicho resultado, el porcentaje que se adquiera."
Como puede apreciarse, dicho precepto establece una tarifa para efectuar el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles, en atención al valor total del inmueble de que se trate, estableciendo diferentes rangos de valor, para cada uno de los cuales contempla límites inferior y superior, una cuota fija y un porcentaje para aplicar sobre el excedente del límite inferior.
Dada su estructura, la tabla en cuestión permite calcular el impuesto predial en función del valor total del inmueble, el cual debe ubicarse en alguno de los diversos rangos que contempla el artículo, y hecho lo anterior se deberá aplicar el factor previsto en el rango correspondiente, no necesariamente al total del valor del inmueble, sino únicamente al monto en que éste exceda del límite inferior del rango correspondiente, y al producto de esa operación se le ha de sumar la cuota fija prevista para cada rango.
Con esa mecánica, el legislador ha impedido que al tener que ubicarse el contribuyente en un rango superior, deba pagar un impuesto exageradamente mayor al que hubiese pagado de ubicarse en el rango inmediato anterior, pues aunque la tasa sea mayor, ésta sólo se aplicará sobre el excedente del límite inferior y no sobre la totalidad del valor del inmueble, esto es, no se está en presencia de tarifas de rango fijo, como lo afirma la parte quejosa.
De ahí lo infundado de los argumentos últimamente analizados.
También en el mismo concepto de violación tercero, la parte quejosa indica que el artículo 135 del Código Financiero del Distrito Federal, es inconstitucional, dado que obliga a los sujetos a que contribuyan al gasto público partiendo de una capacidad contributiva irreal, pues dicha norma establece que cuando se adquiera una porción del inmueble, tal como acontece en la especie, al tratarse de un bien en condominio o en un extremo, por tratarse de un bien inmueble en copropiedad, el impuesto debe determinarse no en función del sacrificio o capacidad contributiva que se tiene, la cual debe ser medida en función al monto que se erogó para adquirir el bien inmueble, sino en el valor total del inmueble, sin importar que el contribuyente precisamente adquirió sólo una parte del inmueble su capacidad contributiva debe y está circunscrita en esa porción (foja treinta y tres, del juicio de amparo).
Planteamiento que refuerza con los argumentos vertidos en la foja treinta y uno, párrafos antepenúltimo y siguientes de la demanda de garantías.
Argumento que se estima infundado por las razones expuestas a continuación.
Los artículos 135 y 139 del Código Financiero del Distrito Federal, vigentes en dos mil cinco, son del texto siguiente:
"Artículo 135
"...
"En caso de adquirirse una porción del inmueble, una vez obtenido el resultado de aplicar la tarifa señalada al valor total del inmueble, se aplicará a dicho resultado, el porcentaje que se adquiera."
"Artículo 139
"...
"Cuando se adquiera sólo una porción del inmueble o el usufructo o la nuda propiedad, la base gravable que se considerará para el cálculo del impuesto, será el valor del inmueble en su totalidad. Al impuesto determinado se le aplicará la proporción correspondiente a la parte que fue adquirida y el resultado será el monto del impuesto a pagar."
En esas normas se establece la mecánica para el cálculo del impuesto reclamado cuando lo que se adquiera sea solamente una porción del inmueble, que es la siguiente:
Ver tabla
Como se ve, a la base gravable, constituida por el valor del inmueble en su totalidad, se aplicará la tarifa correspondiente y al resultado se aplicará el porcentaje respectivo a la parte adquirida, siendo esta la contribución a pagar.
El procedimiento descrito evidencia lo infundado del planteamiento en análisis, porque si bien la base del impuesto está constituida por el valor total del inmueble, ello no significa que el contribuyente pague en una proporción distinta a la porción adquirida, tan es así, que la última operación aritmética consiste en aplicar a la cantidad que debiera enterarse en caso de haber adquirido la totalidad del inmueble, un porcentaje equivalente a la parte efectivamente adquirida, lo que implica que el monto de la contribución es proporcional y equitativo.
A mayor abundamiento, no obstante que la adquisición de una porción de un inmueble implica el dominio sobre una parte en específico, precisamente la adquirida, ese nuevo derecho de propiedad no puede considerarse independiente del todo; esto es, no debe soslayarse que la fracción de que se trata no deja de formar parte del inmueble, tan es así, que la existencia de elementos comunes incrementa el valor de cada una de las porciones, las que se disfrutan conjuntamente con el, o, los propietarios de las restantes.
Bajo ese entendido, se estima jurídicamente correcto que la base tributaria esté integrada por el valor total del bien, aun cuando lo que se adquiera sea sólo una parte y que sólo después de llevar a cabo los cálculos indicados en la tarifa, se aplique un porcentaje equivalente a la fracción adquirida, para obtener el impuesto a pagar.
De estimar lo contrario, esto es, que el porcentaje en cuestión debe aplicarse al valor total
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19149-0dfbdc75/impuesto-sobre-adquisicion-de-bienes-inmuebles-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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