REVISIÓN. ESTE RECURSO ES IMPROCEDENTE POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CUANDO ACTÚA EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Y EL OFICIO SUSCRITO POR EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO PRECISA QUE LA DESIGNACIÓN SE HACE POR ACUERDO DEL PROCURADOR.
AMPARO EN REVISIÓN 471/2005. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS, EN AUSENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE LOS SUBSECRETARIOS DEL RAMO, DE INGRESOS, DE EGRESOS, DEL OFICIAL MAYOR Y DEL PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y OTRA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Es innecesaria la transcripción y análisis tanto de los agravios hechos valer en la revisión principal, como la sentencia impugnada, en virtud de que se advierte que, en el caso, la autoridad recurrente carece de legitimación procesal para interponer el presente recurso.
Antes de precisar las consideraciones que llevan a estimar que el presente recurso debe desecharse, resulta necesario señalar que en la tesis de jurisprudencia P./J. 69/97, de rubro: "REVISIÓN ADHESIVA. CUANDO EN SUS AGRAVIOS SE PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, ÉSTOS DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE A LOS EXPRESADOS EN LA REVISIÓN PRINCIPAL.", el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la regla general es que si los agravios de la revisión principal no prosperan, es innecesario el examen de los expresados en la revisión adhesiva, o bien que primero se estudien los agravios en la principal y luego, de haber prosperado aquéllos, los de la adhesiva, por tener ésta un carácter accesorio de aquélla; sin embargo, si en la revisión adhesiva se alegan cuestiones relativas a la improcedencia del juicio de garantías, éstas deben analizarse previamente a la revisión principal, por ser dicho estudio una cuestión de orden público, en términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Por otra parte, el mismo Pleno del Máximo Tribunal de la República ha sostenido que el órgano revisor al resolver sobre la procedencia de un recurso de revisión, debe estudiar, de oficio, si quien promueve tiene personalidad para interponerlo, puesto que es de orden público en el juicio de garantías analizar si quien lo interpuso es parte o tiene personalidad acreditada, en particular en los amparos contra leyes en donde el artículo 87 de la ley de la materia establece expresamente, que sólo podrán interponer el recurso de revisión las autoridades responsables encargadas de su promulgación o quienes las representen.
Sobre este último punto, conviene citar la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes: "REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO. El tribunal ad quem, al resolver la procedencia de un recurso de revisión debe estudiar, de oficio, si quien promueve tiene personalidad para interponerlo, puesto que es de orden público en el juicio de garantías analizar si quien lo interpuso es parte o tiene personalidad acreditada, en particular en los amparos contra leyes en donde el artículo 87 de la ley de la materia establece expresamente que sólo podrán interponer el recurso de revisión las autoridades responsables encargadas de su promulgación o quienes las representen." (Octava Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990. Tesis P. LIV/90, página 20).
Ahora bien, recogiendo esas ideas, este Tribunal Colegiado estima que si en la revisión adhesiva se alegan cuestiones relativas a la legitimación y personalidad de quien interpone el recurso de revisión, éstas deben analizarse previamente a la revisión principal, por ser dicho estudio una cuestión de orden público e incluso oficioso por el órgano revisor. De ahí que de acuerdo a un orden lógico-jurídico, deberán abordarse los argumentos de la adhesión en forma previa a los de la revisión principal.
En el caso a estudio, la parte quejosa, que fue quien interpuso la revisión adhesiva, aduce esencialmente que el Secretario de Hacienda y Crédito Público, carece de legitimación para interponer este medio de defensa, ya que no justificó debidamente ante el Juzgado de Distrito ni ante este Tribunal Colegiado, la representación presidencial con la cual se ostentó, pues del oficio suscrito por el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, se desprende que hizo del conocimiento del citado secretario de Hacienda y Crédito Público, que en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, el presidente de la República lo designó para que lo represente en todos los trámites del juicio de amparo número 191/2005, fundamentando su actuar en términos del artículo 32, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, sin embargo, que del contenido de dicho oficio no se aprecia que la comunicación la haya hecho en cumplimiento al acuerdo tomado por el procurador general de la República, lo que era menester para así tener por acreditada dicha representación, habida cuenta que el precitado oficio no lo suscribió el propio procurador general de la República, a quien correspondía realizarlo, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo.
Dicho argumento resulta fundado.
En efecto, mediante oficio número 529-III-DGACP-DCA-(ERP)-1016741205027, recibido por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, el once de octubre de dos mil cinco, el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del presidente de la República, del secretario de Hacienda y Crédito Público y por ausencia de éste y de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, del oficial mayor y del procurador fiscal de la Federación, fundando su actuar en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; 14 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 105, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigente, promovió recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en audiencia constitucional celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil cinco, que se autorizó el trece de septiembre de ese mismo año, por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad.
De dicho oficio se aprecia, que el Secretario de Hacienda y Crédito Público, actúa en representación del presidente de la República, y la quejosa manifiesta que dicha representación no se justificó debidamente ni ante el Juez de Distrito ni ante este Tribunal Colegiado.
El artículo 19 de la Ley de Amparo, establece que salvo las excepciones previstas en su párrafo segundo, y en el primer párrafo del artículo 12 de ese mismo ordenamiento legal, las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo.
En efecto, en el segundo párrafo del aludido numeral 19, se establece que no obstante que las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, el presidente de la República, sí puede ser representado por conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado, o jefes de departamentos administrativos, según corresponda el asunto y que los titulares de las dependencias, a su vez, pueden ser suplidos en los términos que establezcan los reglamentos internos, como se aprecia de su contenido, el cual es del tenor literal siguiente:
"Artículo 19. Salvo las excepciones previstas en el primer párrafo del artículo 12 de esta ley y en el párrafo segundo del presente artículo, las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal por el conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes de departamento administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En estos casos y en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las propias dependencias del Ejecutivo de la Unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme a la citada ley orgánica. En los amparos relativos a los asuntos que correspondan a la Procuraduría General de la República, su titular podrá también representar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y ser suplido por los funcionarios a quienes otorgue esta atribución el reglamento de la ley orgánica de dicha procuraduría."
Del precepto transcrito se advierte lo siguiente:
a) Que prevé la regla general, consistente en que las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo.
b) Que la excepción a la regla de mérito es la prevista en el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo.
c) Que otra excepción a la regla, es la relativa a que el presidente de la República sí puede ser representado en el juicio indicado, en los términos que él determine, por conducto del procurador general de la República, secretarios de Estado y jefes de departamento administrativo, a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias prevista en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
d) Que los representantes precitados en los casos indicados y en los juicios de amparo que se promuevan contra ellos en sus ausencias podrán ser suplidos en los términos de las leyes orgánicas respectivas y reglamentos interiores.
e) Que en virtud de la suplencia de mérito el servidor público que supla al servidor ausente asume las funciones de éste, es decir, no actúa en su representación, sino por su propia investidura.
En otras palabras, en virtud de la suplencia por ausencia del titular del órgano de Estado relativo, el suplente toma el lugar del servidor público ausente; luego, debe entenderse que el suplente, al emitir un acto en esas circunstancias, actúa en nombre propio, con el carácter de titular por ministerio de ley y no en representación de la autoridad sustituida.
Los diversos artículos 14 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establecen:
"Artículo 14. Al frente de cada secretaría habrá un secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales."
"Artículo 18. En el reglamento interior de cada una de las secretarías de Estado y departamentos administrativos, que será expedido por el presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias."
El Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su numeral 105, prevé:
"Artículo 105. El secretario de Hacienda y Crédito Público será suplido en sus ausencias por los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, por el oficial mayor, por el procurador fiscal de la Federación, por el subprocurador fiscal federal de Amparos, por el subprocurador fiscal federal de Legislación y Consulta o por el subprocurador fiscal federal de Asuntos Financieros, en el orden indicado."
Finalmente, el artículo 32, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dice:
"Artículo 32. Al frente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos habrá un director general, quien tendrá las facultades siguientes: ... III. Suscribir y turnar, por acuerdo del procurador, a los secretarios de Estado, la designación como representante del presidente de la República, en los juicios de amparo en que sea señalado como autoridad responsable, para que se encuentren en posibilidad de preparar los informes, recursos y desahogo de requerimientos, y suplir al procurador cuando le corresponda esa representación."
Del contenido de los preceptos citados se desprende, que en el juicio de amparo no procede la representación de las autoridades responsables, salvo el caso del presidente de la República, quien como se dijo con anterioridad, podrá ser representado, en los términos que él mismo determine, por conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes de departamentos administrativos correspondientes, los cuales podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes el reglamento interior de la respectiva dependencia otorgue esa atribución, y que al director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República es a quien corresponde suscribir y turnar, por acuerdo del procurador, a los secretarios de Estado correspondientes como representantes del presidente de la República en los juicios de amparo en que sea señalado como parte.
En el caso, se aprecia a foja 31 del presente cuaderno de revisión, que a fin de acreditar la representación en comento, se acompañó al escrito de expresión de agravios el oficio DGAJ/DJF/AMPP/23155, que resulta el mismo con el cual pretendió acreditar su representación ante el Juez de Distrito (foja 235), que en esencia establece: "Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. Dirección General de Asuntos Jurídicos. Dirección de Juicios Federales. Subdirección de Amparo. Presidencia. Juicio de amparo: 191/2005. Quejoso: Profesionales en Trastornos de Alimentación, Trauma y Adicciones Asociados, S.C. Of. DGAJ/DJF/AMPP/23155. C. Lic. José Francisco Gil Díaz. Secretario de Hacienda y Crédito Público. Presente. Me permito hacer de su conocimiento que en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, el C. Presidente de la República lo ha designado para que lo represente en todos los trámites del juicio de amparo señalado al rubro; rinda los informes que se soliciten, ofrezca pruebas e interponga los recursos conducentes. Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Distrito Federal, a 08 de abril de 2005. Con fundamento en lo establecido por el artículo 32, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. El director general de Asuntos Jurídicos. Lic. Rubén F. Pérez Sánchez."
Como se puede apreciar del oficio de representación transcrito, aunque lo suscribió el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, de su contenido no se desprende que la designación presidencial sea un acto suyo sino, como se expresa, es el propio presidente de la República quien ha decidido que el secretario de Hacienda y Crédito Público debe representarlo en este juicio de amparo, sin que para ello sea necesario el documento en que se asiente tal circunstancia, de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 55, julio de 1992, página 13, que expresa: "REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES NECESARIO QUE SE OTORGUE MEDIANTE UN ACUERDO SUSCRITO POR ESA AUTORIDAD. El artículo 19 de la Ley de Amparo permite que el presidente de la República pueda ser representado en el juicio de amparo y faculta al Ejecutivo para designar a su representante por conducto del procurador general de la República. De la lectura del mencionado precepto se sigue que la comunicación del procurador general de la República es suficiente para acreditar la representación respectiva, sin que sea necesario que se acompañe un acuerdo suscrito por el presidente de la República."
Ahora bien, resuelto este punto, resta examinar lo relativo a si el oficio mencionado se ajusta a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, en atención a que no aparece la firma del procurador general de la República, sino la del director general de Asuntos Jurídicos de esa dependencia.
En el caso, se desprende que dicha comunicación la hizo el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, con fundamento en lo establecido por el artículo 32, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, precepto que lo faculta a suscribir y turnar, por acuerdo del procurador, a los secretarios de Estado la designación como representantes del presidente de la República en los juicios de amparo en los que sea señalado como autoridad responsable.
Sin embargo, no se advierte del contenido del oficio en comento, que la comunicación la haya hecho en cumplimiento del acuerdo tomado por el procurador general de la República, lo que era menester como bien lo aduce la revisionista adhesiva, para así tener por acreditada la representación del presidente de la República por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, cuenta habida que el oficio de referencia no lo suscribió el propio procurador general de la República, a quien corresponde realizarlo en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sino que lo hace el director general de Asuntos Jurídicos, quien si bien de acuerdo con el numeral 32, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es quien está facultado para suscribir y turnar la designación como representantes del presidente de la República en los juicios de amparo en los que sea señalado como autoridad responsable a los secretarios de Estado, también lo es, que esto debe ser en cumplimiento al acuerdo tomado por el procurador.
De ahí que fuera necesario que en la designación que se realizó al secretario de Hacienda y Crédito Público, se estipulara que la misma se hacía por acuerdo del procurador general de la República, dado que es esta autoridad la facultada por la ley para que por su conducto se precisara la representación.
Por tanto, si en el caso a estudio el oficio por el cual se comunicó al secretario de Hacienda y Crédito Público que en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, el presidente lo designó para que lo representara en el juicio de amparo, origen del presente recurso de revisión no contiene la mención de que la designación se hacía en cumplimiento o por acuerdo del procurador general de la República, queda evidenciado que no se encuentra demostrada la representación por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público en el juicio de amparo y, por ende, tampoco se tiene para promover el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida por la Juez de Distrito.
Cobra aplicación, en sentido contrario, el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XXX/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 423, de rubro y texto siguientes: "PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. LA REPRESENTACIÓN QUE OTORGA POR CONDUCTO DEL DIRECTOR GENERAL DE AMPARO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NO VIOLA EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 19, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que el presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esa ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal por el conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes de departamento administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto. Por tanto, si el director general de Amparo de la Procuraduría General de la República informa al secretario del despacho respectivo la designación presidencial para ser representado en un juicio de garantías, es legal la sola mención en el oficio que lo contenga que tal comunicación se hace por acuerdo del procurador general de la República, en atención a que la expresión ‘por conducto’ que señala el precepto de referencia no debe entenderse que sea en forma personalísima a través de un oficio suscrito por el propio procurador, sino que éste puede acordar, que el comunicado se efectúe por el director general de amparo de esa institución, sin que esto implique una delegación de facultades, porque tal servidor público, en este caso, no obrará en forma autónoma con competencia exclusiva e independiente, sino cumpliendo en el caso específico una orden emitida por acuerdo de su superior."
Asimismo, se comparte el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la tesis VI.3o.A.232 A, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, agosto de 2005, página 2007, que a la letra dice: "REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEBE PRECISAR EN LA COMUNICACIÓN QUE HAGA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE ES EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO TOMADO POR EL PROCURADOR.-En términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, el presidente de la República puede ser representado en los juicios de garantías en los que sea parte, en los términos que el mismo determine, por el secretario de Estado a quien corresponda, asimismo, dicha designación se hará por conducto y previo acuerdo del procurador general de la República. Por su parte, el artículo 32, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, faculta al director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República a suscribir y turnar, por acuerdo del procurador, a los secretarios de Estado, la designación como representantes del presidente. Por tanto, en la comunicación que haga al secretario de Estado respectivo debe precisar que la hace por acuerdo del citado procurador, en atención a que no se encuentra suscrita por éste, quien es la autoridad facultada por la ley para que por su conducto se precise la representación del presidente de la República en los juicios de amparo en que éste sea parte, pues sólo así se llega al conocimiento de que efectivamente existió un previo acuerdo de la citada autoridad al respecto."
No se desatiende que el artículo 19 de la Ley de Amparo, haya sido reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de agosto de dos mil cinco, sin embargo, únicamente se reformó su primer párrafo, en el sentido de que los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, podrán ser representados directamente en el juicio por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, respecto de los actos que se les reclamen, en congruencia con la adición hecha al primer párrafo del artículo 12 de ese mismo ordenamiento legal, mediante el aludido decreto.
En consecuencia, lo procedente es desechar el recurso de revisión promovido por el subprocurador fiscal federal de Amparos, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público (quien representa al presidente de la República mexicana), de los subsecretarios del ramo, de Ingresos, de Egresos, del oficial mayor y del procurador fiscal de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal.
No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, el hecho de que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil cinco, el presidente de este órgano colegiado haya admitido a trámite el recurso de revisión, toda vez que se trata de un proveído de los previstos por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que no causan estado y, por ende, no obligan al Pleno de este Tribunal Colegiado.
Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 4a./J. 34/94, que sostuvo la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 81, septiembre de 1994, página 21, de rubro y texto siguientes: "RECURSO ADMITIDO POR AUTO DE PRESIDENCIA. LA SALA PUEDE DESECHARLO SI ADVIERTE QUE ES IMPROCEDENTE.-Tomando en consideración que en términos de los artículos 20 y 29, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tratándose de los asuntos de la competencia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus respectivos presidentes sólo tienen atribución para dictar los acuerdos de trámite, correspondiendo a dichos órganos colegiados decidir sobre la procedencia y el fondo de tales asuntos, resulta válido concluir, por mayoría de razón, que siendo el auto de presidencia que admite un recurso un acuerdo de trámite derivado del examen preliminar de los antecedentes, éste no causa estado y, por lo mismo, la Sala puede válidamente reexaminar la procedencia del recurso y desecharlo de encontrar que es improcedente.".
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 184 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-Se desecha por improcedente, el recurso de revisión interpuesto por el subprocurador fiscal federal de Amparos en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público (quien representa al presidente de la República), de los subsecretarios del ramo, de Ingresos, de Egresos, del oficial mayor y del procurador fiscal de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, en contra de la sentencia pronunciada en la audiencia constitucional, por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en el juicio de amparo 191/2005.
Notifíquese; por lista a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público adscrito a este Tribunal Colegiado, y por oficio al Juez de Distrito y a las autoridades responsables; anótese en el registro, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad archívese este toca como asunto concluido.
Así lo resolvieron, por unanimidad de votos de los Magistrados Silverio Rodríguez Carrillo, Raymundo Veloz Segura y Luis Rubén Baltazar Aceves, integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19391-4db8e197/revision-este-recurso-es-improcedente-por-falta-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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